BOC - 2021/116. Lunes 7 de Junio de 2021 - 2874

III. Otras Resoluciones

Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud

2874 - Dirección General de Derechos Sociales e Inmigración.- Resolución de 19 de mayo de 2021, por la que se acuerda la revocación parcial de la Resolución de 19 de junio de 2020, que acuerda denegar determinadas prestaciones económicas denominadas Ingreso Canario de Emergencia, y se acuerda la concesión tras su revisión de oficio en cuanto al interesado con documento de identidad 10177910L.

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Vista la Resolución del Director General de Derechos Sociales e Inmigración nº 2606/2020, de 19 de junio, por la que se acuerda denegar determinadas Ayudas del Ingreso Canario de Emergencia a los/las interesados/as que constan en su anexo, así como examinado el expediente nº 17815/2020-0518094917, resultan relevantes los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El 19 de junio del 2020, se dicta resolución de esta Dirección General por las que "... Se acuerda denegar la prestación económica, denominada Ingreso Canario de Emergencia ...", en cuyo anexo se encuentran relacionado el interesado con documento de identidad 10177910L, con el siguiente motivo de denegación:

"D) Tenencia de un patrimonio, el solicitante o los miembros de su unidad de convivencia, excluida la vivienda habitual, que supere los 50.000 euros, valorados de acuerdo con las reglas de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio".

El 7 de julio de 2020, se publica en el Boletín Oficial de Canarias nº 136, a los efectos de su notificación a los interesados.

Segundo.- El 5 de abril de 2021, el interesado presenta, con número de Registro de Entrada 538454/2021, certificado de Vida Laboral, y expresa su disconformidad con la Resolución del Director General de Derechos Sociales e Inmigración nº 2606/2020, de 19 de junio.

Tercero.- Consta en el expediente, en cuanto a Patrimonio, certificado del Catastro donde se señala una sola propiedad, urbano; referencia catastral: 8017911DF2881G0002IZ, valor 52.295,85 euros.

A ello le son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Director General de Derechos Sociales e Inmigración tiene competencias para resolver el presente procedimiento corresponde a la Dirección General de Derechos Sociales e Inmigración, conforme a lo dispuesto en el artículo 10 del citado Decreto ley 6/2020, de 17 de abril, de medidas urgentes de carácter social dirigidas a las personas en situación de vulnerabilidad como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Segundo.- El artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, regula la revocación de los actos administrativos, disponiendo que "las Administraciones Públicas podrán revocar, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico".

En el presente caso, es claro que la denegación de la prestación económica denominada Ingreso Canario de Emergencia a los interesados señalados en el anexo, es un acto de gravamen o desfavorable, que limita o restringe y, en definitiva, perjudica a las personas interesadas, que ha de revocarse parcialmente toda vez se ha detectado el error material o de hecho en que se ha incurrido al denegarla.

Asimismo, no constituye la revocación una dispensa o exención no permitida por las leyes, entendida la dispensa como el acto administrativo por virtud del cual se exonera a un particular de la obligación de cumplir una ley de carácter general o de satisfacer un requisito legal.

Tampoco resulta contraria al principio de igualdad (artículos 1.1 y 14 de la Constitución Española; artículo 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre), al interés público ni al ordenamiento jurídico.

Tercero.- El 4 de noviembre se publica en el Boletín Oficial de Canarias la Ley 3/2020, de 27 de octubre; de medidas urgentes de carácter social dirigidas a las personas en situación de vulnerabilidad como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y de modificación de la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias, que deroga el Decreto ley 6/2020, de 17 de abril, de medidas urgentes de carácter social dirigidas a las personas en situación de vulnerabilidad como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, modificado por el Decreto ley 9/2020, de 7 de mayo. Resultando así de aplicación la reciente Ley publicada.

Cuarto.- El 29 de mayo de 2020, se publica en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) la Orden de 21 de mayo de 2020, por la que se aprueba una instrucción interpretativa sobre diversos artículos del Decreto ley 6/2020, de 17 de abril, de medidas urgentes de carácter social dirigidas a las personas en situación de vulnerabilidad como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Dicha Orden viene a aclarar diversos aspectos del Decreto ley 6/2020 que han permitido verificar el error material que se ha cometido al apreciar algunas de las solicitudes de ICE.

Quinto.- De acuerdo con la Ley 3/2020, de 27 de octubre, artículo 3

"1. Podrán ser beneficiarias de dicha prestación aquellas personas que constituyan unidades de convivencia que, a la entrada en vigor del Decreto ley 6/2020, de 17 de abril, y en el mes anterior:

a) No obtengan rendimientos del trabajo o derivados del ejercicio de actividades económicas o profesionales.

b) No obtengan prestaciones, pensiones o ayudas de cualquier tipo.

c) No obtengan cualquier otro tipo de ingreso. A estos efectos no se tendrán en consideración los ingresos derivados de las ayudas contempladas en el apartado 4 de este artículo.

3. No podrán ser beneficiarias aquellas personas cuyo patrimonio o el de los miembros de su unidad de convivencia, excluida la vivienda habitual, supere los 50.000 euros, valorados de acuerdo con las reglas de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio.

4. A efectos de la determinación de los requisitos previstos en este artículo, no se tendrán en cuenta las ayudas que con carácter finalista otorguen las administraciones públicas o entidades sociales, para paliar situaciones de necesidad social, becas, subvenciones de vivienda, prestación familiar por hijo a cargo o pensión alimenticia en casos de separación familiar.

5. No podrán ser beneficiarias aquellas personas que tengan cubiertas sus necesidades básicas de alojamiento y alimentación, por estar alojadas en centros o establecimientos de titularidad pública, o aquellos gestionados en colaboración con entidades del tercer sector u otro tipo de entidad privada, salvo en los casos exceptuados en el artículo 4.5 de la Ley de la PCI".

Además, en cuanto a requisitos, el artículo 4, de dicha Ley, establece:

a) La persona titular de la prestación tiene que ser mayor de 18 años.

b) Las personas destinatarias de la prestación deben residir de manera efectiva en cualquier municipio de Canarias.

c) Las personas destinatarias de la prestación no pueden ser titulares y/o beneficiarias de la PCI como miembros de otro núcleo familiar.

Sexto.- Por otro, el artículo 6 de la Ley 3/2020, de 27 de octubre, establece que "El importe de esta prestación será el 150% de las cuantías previstas en el artículo 14 de esta Ley, y se tendrán en cuenta las cuantías asignadas por número de personas integrantes de la unidad de convivencia para una mensualidad." Resultando así los nuevos importes aprobados:

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Séptimo.- Existe crédito suficiente y el gasto tiene cabida con cargo a la aplicación presupuestaria 23.07.231I.480.01 L.A. 234G0976 Ayudas Integración Social-Renta Ciudadana, para el 2021.

Octavo.- Detectado error en la interpretación del patrimonio, se procede a su revisión, promoviendo de oficio la revocación parcial de la Resolución del Director General de Derechos Sociales e Inmigración, nº 2606/2020, de 19 de junio, por la que se acuerda denegar determinadas Ayudas del Ingreso Canario de Emergencia a los/las interesados/as que constan en su Anexo, una vez que ha sido comprobado que el interesado cumplía con todos los requisitos para ser beneficiario de esta prestación.

Vista la Ley 3/2020, de 27 de octubre, de medidas urgentes de carácter social dirigidas a las personas en situación de vulnerabilidad como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y de modificación de la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias, así como la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y demás normativas de general aplicación,

R E S U E L V O:

Primero.- Revocar parcialmente la Resolución del Director General de Derechos Sociales e Inmigración, nº 2606/2020, de 19 de junio, por la que se acuerda denegar determinadas Ayudas del Ingreso Canario de Emergencia, en lo que al interesado con número de documento de identidad 10177910L.

Segundo.- Acordar la prestación económica denominada Ingreso Canario de Emergencia al interesado con número de documento de identidad 10177910L, por la cuantía de setecientos treinta y cuatro euros con cuatro céntimos (734,04 euros).

Tercero.- Imputar el gasto que se deriva de dichas prestaciones económicas a la aplicación presupuestaria 23.07.231I.480.01 L.A. 234G0976 Ayudas Integración Social-Renta Ciudadana, para el 2021.

Cuarto.- Interesar de la Consejería de Hacienda, Presupuesto y Asuntos Europeos se proceda al abono de la prestación económica consignada en la presente Resolución.

Quinto.- Determinar que el presente expediente está sujeto al control financiero permanente previsto en el Capítulo IV del Decreto 4/2009, de 27 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Intervención General. Asimismo, podrá ser objeto en su caso, de control por los órganos competentes de la Intervención General, la Audiencia de Cuentas de Canarias o el Tribunal de Cuentas.

Sexto.- Notificar la presente Resolución de concesión a la persona beneficiaria, a través de la publicación en el Boletín Oficial de Canarias, así como correo electrónico a la dirección facilitada en la solicitud, comunicándole que dicha notificación supone que acepta todas y cada una de las condiciones, requisitos y obligaciones que se contienen en la misma.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Viceconsejería de Derechos Sociales (artículo 2.2 del Decreto 43/2020, de 16 de abril, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud) en el plazo de un mes, contados a partir del día siguiente a la notificación de la presente Resolución, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 y concordantes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, todo ello sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.

Santa Cruz de Tenerife, a 19 de mayo de 2021.- El Director General de Derechos Sociales e Inmigración, Francisco Javier Bermúdez Díaz.



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