BOC - 2020/236. Miércoles 18 de Noviembre de 2020 - 4339

III. Otras Resoluciones

Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad

4339 - Dirección General de la Función Pública.- Resolución de 28 de octubre de 2020, por la que se clasifica el puesto de trabajo de Vicesecretario/a General, existente en la plantilla del Ayuntamiento de La Oliva (provincia de Las Palmas), en clase segunda, con la naturaleza de puesto de colaboración inmediata a la funciones públicas de Secretaría, se dispone su reserva a la Escala de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, Subescala de Secretaría, categoría de entrada, y se establece como forma de provisión la de concurso.

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Examinado el expediente iniciado a solicitud del Ayuntamiento de La Oliva (provincia de Las Palmas), para la clasificación del puesto de trabajo de Vicesecretario/a General, clase segunda, como puesto de colaboración inmediata a la Secretaría, reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, Subescala de Secretaría, categoría de entrada.

Vista la propuesta formulada por el Servicio de Función Pública Local.

Y teniendo en cuenta los siguientes

I. Antecedentes

1º) En virtud de oficio de 14 de julio de 2020, la Viceconsejería de Administraciones Públicas y Transparencia remitió el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de La Oliva, en sesión celebrada el día 25 de junio de 2020, por el que se solicitó de esta Dirección General la clasificación del puesto de trabajo de Vicesecretario/a General, clase segunda, como puesto de colaboración inmediata a la Secretaría, reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, Subescala de Secretaría, categoría de entrada.

Dicho acuerdo fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 83, de 10 de julio de 2020.

2º) Esta Dirección General, mediante el oficio de 5 de agosto de 2020 (Registro de Salida General nº 343100/2020; APJS nº 14673/2020), solicitó de la Corporación la remisión, en el plazo de diez días, de la documentación que se relaciona a continuación:

1. Para comprobar la correcta clasificación de los puestos de trabajo necesarios, existentes en la Corporación, de acuerdo con los criterios de población y presupuestarios establecidos en la normativa básica estatal:

- Certificado comprensivo de la cifra de población del municipio, conforme a los datos del último padrón de habitantes.

- Certificado comprensivo de los recursos de que dispone la Corporación local, según el último presupuesto aprobado.

2. Para comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa básica estatal, respecto de la clasificación del puesto de colaboración de Vicesecretario/a General:

- Certificado comprensivo de los acuerdos de aprobación inicial y definitiva del Presupuesto de la Corporación para el ejercicio 2020, y, a través de él, de la aprobación de la Plantilla de Personal para el presente ejercicio, donde figura la plaza de nueva creación, así como publicación de los preceptivos anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia.

- Certificado acreditativo de que existe consignación presupuestaria para la creación del puesto de trabajo de Vicesecretario/a General y que dicha creación no supone incremento del Capítulo I del presupuesto de gastos, de acuerdo con las limitaciones establecidas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

- Certificado acreditativo del grupo y subgrupo de clasificación funcionarial del puesto de Vicesecretario/General, Subescala y categoría, nivel de complemento de destino, cuantía del complemento específico, sistema de provisión y demás indicaciones que puedan constar en el Anexo de Personal, ante la ausencia de Relación de Puestos de Trabajo o instrumento organizativo similar.

3º) El Ayuntamiento de La Oliva, en virtud de oficio de su Alcaldesa de 1 de octubre de 2020, remitió la documentación siguiente, que se recibió en esta Dirección General, a través del Sistema de Interconexión de Registros (SIR), el día 2 siguiente:

- Certificado del acuerdo de aprobación inicial de la Plantilla de Personal, a través del Presupuesto para el ejercicio 2020, en sesión ordinaria de 26 de diciembre de 2020 (BOP nº 1, de 1.1.2020), y de la aprobación definitiva, en el Boletín Oficial de la Provincia nº 17, de 7 de febrero de 2020. En dicha Plantilla, figura la plaza de Vicesecretario/a General. El total de ingresos y gastos asciende a la cuantía de 31.322.000 euros.

- Certificado de la cifra de población del municipio, que, a 1 de enero de 2019, asciende a 26.580 habitantes.

- Certificado comprensivo del informe del Interventor General, de 1 de octubre de 2020, en el que se pone de manifiesto que existe consignación presupuestaria para la plaza de Vicesecretario/a General, sin que la creación de la plaza haya implicado incremento del Capítulo 1, por encontrarse dotada en ejercicios anteriores.

- Publicación en el Boletín Oficial de la Provincia nº 17, de 7 de febrero de 2020, de aprobación definitiva del Presupuesto de la Entidad Local para 2020.

- Certificado comprensivo de las fechas de aprobación inicial y definitiva del Presupuesto para 2020 y publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

- Certificado comprensivo de que la plaza de Vicesecretario/a General queda clasificada en el Grupo A, Subgrupo A1, con nivel 28 de complemento de destino y un complemento específico de 1.208,19 euros al mes. El sistema de provisión será el propio de los puestos reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

4º) De acuerdo con los datos que obran en el Registro integrado de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, en la Plantilla del Ayuntamiento de La Oliva, figuran creados, y debidamente clasificados, como puestos reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, los siguientes puestos necesarios o de existencia obligatoria:

- Secretaría, de clase primera. Reservado a la Subescala de Secretaría, categoría superior. Vacante por inexistencia de titular definitivo. Sus funciones son desempeñadas, mediante adscripción en comisión de servicios, por doña Claudia Ravetllat Vergés, funcionaria de Administración Local con habilitación de carácter nacional, titular del puesto de trabajo de Secretaría, clase segunda, del Ayuntamiento de Tegueste, en virtud de autorización conferida por la Resolución de esta Dirección General nº 766/2019, de 1 de agosto, comisión de servicios prorrogada por la Resolución nº 778/2020, de 17 de julio.

- Intervención, de clase primera. Reservado a la Subescala de Intervención-Tesorería, categoría superior. Vacante por inexistencia de titular definitivo. Sus funciones son desempeñadas por don Francisco Roberto Díaz Pérez, en virtud de nombramiento interino conferido por la Resolución de esta Dirección General nº 973/2018, de 13 de noviembre.

- Tesorería. Reservado a la Subescala de Intervención-Tesorería, sin distinción de categoría. Sus funciones son desempeñadas, en régimen de acumulación, por doña Elena Gómez Santamaría, funcionaria de Administración Local con habilitación de carácter nacional, titular del puesto de trabajo de Tesorería del Ayuntamiento de Tías, en virtud de la autorización conferida por la Resolución de esta Dirección General nº 942/2018, de 5 de noviembre.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Competencia para la creación, clasificación, supresión y modificación de la clasificación de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

El artículo 92 bis, apartado 4, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, adicionado por el apartado veinticinco del artículo primero de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, dispone que el Gobierno, mediante Real Decreto, regulará las especialidades de la creación, clasificación y supresión de puestos reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, así como las que puedan corresponder a su régimen disciplinario y de situaciones administrativas.

Las previsiones contenidas en el citado precepto han sido objeto de desarrollo en virtud del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional (BOE nº 67, de 17.3.18).

El artículo 15.3, párrafo segundo, del citado Real Decreto, atribuye a las Comunidades Autónomas la competencia para clasificar los llamados «puestos de colaboración», con arreglo a los criterios que allí se establecen.

El artículo 71.2.b) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, aprobado por Decreto 382/2015, de 28 de diciembre (BOC nº 252, de 30.12.15) -en la actualidad, Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, de acuerdo con el artículo 1º del Decreto 119/2019, de 16 de julio, del Presidente, por el que se determinan el número, denominación y competencias de las Consejerías (BOC nº 136, de 17.7.19)-, atribuye a la Dirección General de la Función Pública la competencia para la creación, clasificación, modificación de la clasificación y supresión de los puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, a propuesta de la corporación local respectiva, de acuerdo con lo establecido en la normativa estatal.

El Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad conserva su vigencia ex Disposición transitoria primera del Decreto 203/2019, de 1 de agosto, por el que se determina la estructura central y periférica, así como las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias (BOC nº 149, de 5.8.19).

La eficacia de las modificaciones que se operen en la Plantilla de la Corporación, en el ámbito de puestos reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, queda condicionada, empero, al acto formal de clasificación que ha de emanar de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, y a su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, trámite que omite el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo -a diferencia de la previsión del artículo 9 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio-, pero que resulta de obligado cumplimiento, al tratarse de un acto administrativo plúrimo, que trae causa en el instrumento organizativo vigente en la entidad (artº. 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; STS de 5 de febrero de 2014, recaída en recurso de casación nº 2986/2012).

Segunda.- Naturaleza jurídica y funciones de los denominados «puestos de colaboración».

El derogado artículo 165.1 del texto refundido de Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, en la redacción dada por el apartado 1 del artículo 2.5 del Real Decreto Legislativo 2/1994, de 25 de junio, dispuso que, con independencia de los puestos de trabajo mínimos reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional a que se refieren los artículos anteriores, las Corporaciones locales, en los términos que reglamentariamente se determinaran por la Administración del Estado, podrían crear otros puestos de trabajo reservados igualmente a funcionarios que posean dicha habilitación, cuya clasificación correspondería a las Comunidades Autónomas.

El desarrollo reglamentario se efectuó en virtud del referido Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio. Así, el artículo 2.g) definía los puestos de colaboración como aquellos que las Corporaciones locales pueden crear discrecionalmente para el ejercicio de las funciones de colaboración inmediata a las de Secretaría, Intervención o Tesorería, y a los que corresponde la sustitución de sus titulares en caso de vacante, ausencia, enfermedad o abstención legal o reglamentaria, así como para el ejercicio de las respectivas funciones reservadas que, previa autorización de la Alcaldía o Presidencia, les sean encomendadas por dichos funcionarios titulares. Y añade que estos puestos serán clasificados a propuesta de la Corporación y estarán reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional de la subescala y categoría que proceda.

El artículo 15 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, que derogó el Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, permite, asimismo, que las entidades locales puedan crean otros puestos de trabajo que tengan atribuidas las funciones de colaboración inmediata y auxilio a las de Secretaría, Intervención y Tesorería. Dichos puestos quedan reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, y ejercerán sus funciones bajo la dependencia funcional y jerárquica del titular de la Secretaría, Intervención o Tesorería, respectivamente. Les corresponderán las funciones reservadas que, previa autorización del Alcalde o Presidente de la Corporación, les sean encomendadas por los titulares de los puestos reservados de Secretaría, Intervención y Tesorería; y, asimismo, les corresponderá la sustitución de los titulares de los puestos de Secretaría, Intervención y Tesorería, en los casos de vacante, ausencia, enfermedad o concurrencia de causa de abstención o recusación legal o reglamentaria de los mismos.

El artículo 15.3.b) dispone que, en las Entidades Locales cuyos puestos de Secretaría e Intervención estén clasificados en clase primera, los puestos de colaboración a las funciones de secretaría podrán ser clasificados en primera, segunda o tercera clase, y ser adscritos, respectivamente, a las subescalas de Secretaría, categoría superior, Secretaría, categoría de entrada, y a la subescala de Secretaría-Intervención. Los puestos de colaboración a las funciones de intervención, podrán ser clasificados en primera, segunda o tercera clase, y ser adscritos, respectivamente, a las subescalas de Intervención-Tesorería, categoría superior, Intervención-Tesorería, categoría de entrada y a la subescala de Secretaría-Intervención.

La creación y supresión de estos puestos de colaboración constituye, pues, la manifestación del ejercicio de una potestad discrecional que la normativa señalada atribuye a las entidades locales, y que se exterioriza a través del acto de modificación de la Plantilla y de la Relación de Puestos de Trabajo. En todo caso, el acto habrá de ser motivado, por exigencia del artículo 35.1.i) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Tercera.- Motivos aducidos por la Corporación para creación del puesto de trabajo de Vicesecretario/a General, clase segunda.

En la propuesta de la Alcaldía, de 17 de junio de 2020, la Corporación exterioriza los motivos para solicitar la clasificación del puesto de trabajo:

1. El puesto de trabajo de Secretario General, de clase primera, lleva vacante muchos años, no habiendo sido cubierto de forma definitiva. La Secretaría se ha venido cubriendo a través de nombramiento accidental, nombramiento interino, nombramiento provisional y excepcional, y, en este último año, en comisión de servicios.

No existe, pues, habilitado de la categoría a que pertenece el puesto interesado en su provisión. Si se crea una Vicesecretaría de clase segunda, acaso haya una oportunidad para que algún habilitado nacional de los que, con anterioridad, han mostrado interés para cubrir la Secretaría, tenga opciones para quedarse con carácter definitivo.

2. El municipio de La Oliva no cuenta prácticamente con Técnicos. Tras la realización hace años de un Expediente de Regulación de Empleo, le ha costado mucho a la Corporación reconstruir su plantilla. A fecha de hoy solo dispone de un técnico de contratación y de un técnico de urbanismo, los dos contratados laborales e indefinidos no fijos, circunstancia que determina que el titular del puesto de Secretaría General tenga que informar la totalidad de los expedientes, además de cumplir con las funciones reservadas. Lo que resulta prácticamente imposible. Recientemente se han convocado procesos selectivos para la creación de una bolsa de técnicos de administración general. Pocos han sido los aprobados y se prevén dificultades para que los miembros de la bolsa vengan a tomar posesión en la Corporación, puesto que algunos ya se encuentran trabajando en otras Administraciones, en las que tienen mejor salario. Actualmente no se dispone ni de técnico de patrimonio, ni técnico de recursos humanos, ni técnicos para atender a las áreas de cultura, deportes, festejos, servicios sociales, así como todos los expedientes derivados de la concesión de subvenciones nominativas y sujetos a concurrencia, asumiendo todo ello la Secretaría General, además del deber de cumplimiento de las funciones reservadas.

3. Alta complejidad urbanística. Desde la modificación del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, han quedado reservados a los funcionarios con habilitación de carácter nacional los informes en materia de urbanismo de gran trascendencia, tales como convenios urbanísticos y las modificaciones del planeamiento. Estos informes son de alta envergadura y complejidad en la medida en que el Ayuntamiento cuenta con Normas Subsidiarias aprobadas del año 2000 y, por lo tanto, no tiene un Plan General aprobado, y cuenta con muchas urbanizaciones pendientes de recepcionar, además de contar con alta extensión de espacio natural protegido.

4. La crisis del COVID ha puesto acento en esta cuestión. La ejecución presupuestaria de esta Corporación solo es posible si esta corporación cuenta con medios técnicos adecuados. Todas las funciones reservadas a los habilitados nacionales son indispensables para poder contratar, siguiendo los procedimientos legalmente establecidos y con los informes preceptivos.

5. En la misma situación, se encuentra la aprobación de las bases reguladores de las subvenciones, que requieren informe preceptivo de la Secretaría General y siendo también instrumento indispensable para la ejecución presupuestaria.

6. El Ayuntamiento no cuenta con ningún técnico funcionario de carrera del subgrupo A1 a quien encomendar las funciones de Secretario General en ausencia de la Secretaria actual, ya sea por vacaciones o baja por incapacidad, dependiendo de las comisiones circunstancias que otorga el Cabildo, sujetas a su decisión, lo que crea una total parálisis de la Administración durante la ausencia del Secretario.

En definitiva, se trata de un Ayuntamiento de alta complejidad y con más de 30.000.000 euros de presupuesto. De acuerdo con lo señalado anteriormente, necesita, para dar cumplimiento a todas las funciones reservadas, de un segundo puesto reservado a habilitados nacionales, en clase segunda, en la medida en que la plaza reservada a la Secretaria General como de clase primera no se ha cubierto durante muchos años.

Cuarta.- Características y requisitos para su desempeño.

Las características y requisitos del puesto de trabajo son las siguientes

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Quinta.- Repercusión presupuestaria.

La Intervención General del Ayuntamiento de La Oliva, en informe de 1 de octubre de 2020, señala que, examinado el Presupuesto para el ejercicio 2020, existe consignación presupuestaria para la plaza de Vicesecretaría, vacante y contenida en la Plantilla de Personal Funcionario al servicio de la Corporación. Afirma, además, que dicha plaza no supone incremento alguno del Capítulo 1 del Presupuesto del ejercicio 2020, pues ya se encuentra dotada inicialmente de ejercicios anteriores.

Sexta.- Inscripción del puesto de trabajo en el Registro integrado de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

De conformidad con el artículo 23, párrafo primero, del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, en el Ministerio de Hacienda y Función Pública existirá un Registro de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, integrado con las Comunidades Autónomas, donde se inscribirán y anotarán todos los puestos reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, así como actos que afecten a la vida administrativa de estos funcionarios. Este Registro tendrá carácter electrónico.

Y el párrafo cuarto añade que las Comunidades Autónomas efectuarán en dicho Registro las anotaciones referentes a la clasificación de los puestos reservados, a nombramientos, tanto definitivos como de carácter provisional, en puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, así como las tomas de posesión y los ceses correspondientes. Asimismo, anotarán las sanciones disciplinarias de su competencia.

En el ejercicio de la competencia atribuida, esta Dirección General, de acuerdo con la propuesta formulada por la Corporación local,

R E S U E L V E:

1. Clasificar el puesto de trabajo de Vicesecretario/a General, existente en la Plantilla del Ayuntamiento de La Oliva (provincia de Las Palmas), en clase segunda, como puesto de colaboración inmediata a las funciones públicas de Secretaría, reservado a la Escala de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, de la Subescala de Secretaría, categoría de entrada.

2. Establecer como forma de provisión del puesto de trabajo la de concurso.

3. Inscribir el puesto de trabajo en el Registro integrado de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

4. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Canarias, y comunicarla a la Subdirección General de Relaciones con otras Administraciones, de la Dirección General de la Función Pública, del Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, los interesados en el expediente que no sean Administraciones Públicas podrán interponer con carácter potestativo recurso de reposición en el plazo de un mes ante esta Dirección General, de conformidad con el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; o, directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, bien ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga el demandante su domicilio, bien ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife.

Las Administraciones Públicas podrán interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, bien ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en cuya circunscripción tengan su sede, bien ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, sin perjuicio de poder efectuar el requerimiento previo en la forma y plazo determinados en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Los plazos serán contados desde el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, a 28 de octubre de 2020.- La Directora General de la Función Pública, Laura María Martín Pérez.



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