BOC - 2019/101. Martes 28 de mayo de 2019 - 2637
I. Disposiciones generales
Consejería de Educación y Universidades
2637 - DECRETO 79/2019, de 13 de mayo, por el que se fijan y regulan los precios públicos, por la prestación de servicios académicos y administrativos, de las universidades públicas canarias, para el curso académico 2019-2020.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 134, apartado 1 del Estatuto de Autonomía de Canarias, corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias, respetando la autonomía universitaria, la competencia de desarrollo legislativo y de ejecución en materia de enseñanza universitaria.
La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su artículo 81, apartado 3, letra b), establece que en relación con los estudios conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, los precios públicos por la prestación de servicios académicos y demás derechos que legalmente se establezcan, los fijará la Comunidad Autónoma dentro de los límites que establezca la Conferencia General de Política Universitaria, y estarán relacionados con los costes de prestación del servicio, en los siguientes términos:
"1º Enseñanzas de Grado: los precios públicos cubrirán entre el 0 por 100 y el 25 por 100 de los costes en primera matrícula; entre el 30 por 100 y el 40 por 100 de los costes en segunda matrícula; entre el 65 por 100 y el 75 por 100 de los costes en la tercera matrícula; y entre el 90 por 100 y el 100 por 100 de los costes a partir de la cuarta matrícula." Se modifica este punto por la disposición final décima cuarta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.
"2º Enseñanzas de Máster que habiliten para el ejercicio de actividades profesionales reguladas en España: los precios públicos cubrirán entre el 15 por 100 y el 25 por 100 de los costes en primera matrícula; entre el 30 por 100 y el 40 por 100 de los costes en segunda matrícula; entre el 65 por 100 y el 75 por 100 de los costes en la tercera matrícula; y entre el 90 por 100 y el 100 por 100 de los costes a partir de la cuarta matrícula."
"3º Enseñanzas de Máster no comprendidas en el número anterior: los precios públicos cubrirán entre el 15 por 100 y el 50 por 100 de los costes en primera matrícula; entre el 30 y el 65 por 100 en segunda matrícula y entre el 65 y el 100 por 100 de los costes a partir de la tercera matrícula." Se modifica este punto por la disposición final séptima de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.
Continúa el artículo 81, apartado 3 de la Ley Orgánica en los siguientes términos:
"Los precios públicos podrán cubrir hasta el 100 por 100 de los costes de las enseñanzas universitarias de Grado y Máster cuando se trate de estudiantes extranjeros mayores de dieciocho años que no tengan la condición de residentes, excluidos los nacionales de Estados miembros de la Unión Europea y aquellos a quienes sea de aplicación el régimen comunitario, sin perjuicio del principio de reciprocidad.
El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y previo informe de la Conferencia General de Política Universitaria y del Consejo de Universidades, podrá adoptar las medidas necesarias para el desarrollo y aplicación de este sistema, así como modificar excepcionalmente las horquillas establecidas atendiendo a la singularidad de determinadas titulaciones, su grado de experimentalidad y el porcentaje del coste cubierto por los precios públicos de los últimos cursos académicos."
La disposición adicional séptima del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/1994, de 29 de julio, en la redacción dada por la Ley 4/2012, de 25 de junio, de Medidas Administrativas y Fiscales, establece que las contraprestaciones a percibir por los servicios académicos de carácter universitario, tienen la consideración de precios públicos.
El presente Decreto se ajusta a los principios de buena regulación contenidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Respecto a los principios de necesidad y eficacia, el Decreto es de interés general ya que establece los precios públicos por la prestación de servicios académicos y administrativos de las universidades públicas; los fines perseguidos quedan clarificados en el articulado y, en tanto en cuanto afecta a ambas universidades públicas, se trata del instrumento más adecuado para garantizar la consecución de sus fines. En virtud del principio de proporcionalidad, la iniciativa contiene la regulación imprescindible para atender al pago de los citados precios públicos y no existen otras medidas menos restrictivas de derechos, o que impongan menos obligaciones a los destinatarios. A fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, el Decreto es coherente con el resto del ordenamiento jurídico. En aplicación del principio de transparencia, esta iniciativa normativa ha sido sometida a un período de información pública durante su proceso de elaboración, posibilitando una participación activa de los destinatarios. Por otra parte, en aplicación del principio de eficiencia, la iniciativa normativa no introduce nuevas cargas administrativas. Finalmente, se han cuantificado y valorado, por parte de los departamentos competentes, las repercusiones y efectos del gasto público, cumpliéndose los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
Por otro lado, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en la elaboración del presente Decreto se ha realizado la correspondiente evaluación de impacto de género. Asimismo, se integra transversalmente el principio de igualdad entre ambos sexos.
Teniendo en cuenta la brecha de género y la desigualdad existente en las tasas de empleo y en la enseñanza y actividad profesional de las carreras técnicas, así como la necesidad de reducirlas, las universidades públicas canarias procurarán la promoción de la matrícula en las carreras técnicas existentes en su oferta formativa con el fin de disminuir la brecha de género en las personas egresadas en dicho tipo de titulaciones, mediante campañas publicitarias, jornadas de motivación y orientación profesional, incentivos específicos y transitorios mediante bonificación en tasas universitarias, etc. Asimismo, velarán por la igualdad de oportunidades y no discriminación por razón de sexo en el acceso a las universidades según lo establecido en los artículos 42.3 y 46.2.b) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. Igualmente, las universidades públicas canarias tendrán presente lo dispuesto en el artículo 10. Lenguaje no sexista e imagen pública en medios de comunicación social y publicidad, de la Ley 1/2010, de 26 de febrero, canaria de igualdad entre mujeres y hombres.
En su virtud, a propuesta conjunta de las Consejeras de Hacienda y de Educación y Universidades, y previa deliberación del Gobierno en su reunión celebrada el día 13 de mayo de 2019,
D I S P O N G O:
Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación.
El presente Decreto tiene como objeto fijar y regular los precios públicos por la prestación de servicios académicos y administrativos de las universidades públicas canarias para el curso académico 2019-2020.
Artículo 2.- Precios públicos de la actividad docente.
1. El precio de las materias o asignaturas se calculará de conformidad con el número de créditos de cada una de ellas; según las veces que se haya formalizado la matrícula, tal y como se recoge en el Anexo 1 y según el grado de experimentalidad asignado a cada uno de los títulos relacionados en el Anexo 2.
2. Los precios por la prestación de enseñanzas conducentes a la obtención de los títulos oficiales son los siguientes:
a) Los precios por enseñanzas conducentes a la obtención de títulos oficiales de grado son los establecidos en el apartado 1.1 de la tarifa primera del Anexo 1 del presente Decreto.
b) Los precios por la prestación de enseñanzas conducentes a la obtención de títulos de máster tanto habilitantes como no habilitantes para el ejercicio de actividades profesionales son los establecidos, respectivamente, en los apartados 1.2 y 1.3 de la tarifa primera del Anexo 1 del presente Decreto.
c) Los precios de los títulos de másteres conjuntos con universidades no canarias se corresponderán con los más bajos establecidos para las universidades participantes.
d) La aplicación de los precios establecidos para las titulaciones de grado y máster que se relacionan en los mencionados apartados 1.1, 1.2 y 1.3 de la tarifa primera del Anexo 1, se efectuará siempre que dichas titulaciones hayan sido verificadas por el Consejo de Universidades y autorizadas por la Comunidad Autónoma de Canarias.
3. Para la actividad docente de los estudios de doctorado se aplicarán los precios que figuran en el apartado 1.4 de la tarifa primera del Anexo 1 del presente Decreto.
4. Los precios, por la prestación de enseñanzas propias de las universidades canarias, para la inscripción del estudiantado que curse determinadas materias con autorización de la universidad, o por la contraprestación por los materiales didácticos y servicios específicos en los sistemas metodológicos semipresenciales o no presenciales en los estudios conducentes a títulos oficiales, serán fijados por el Consejo Social de cada universidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 81, apartado 3, letra c) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
Artículo 3.- Aplicación de bonificaciones y exenciones sobre la tarifa primera.
Las bonificaciones y exenciones que procedan conforme a la normativa vigente, se llevarán a cabo una vez calculado el importe de la matrícula según lo establecido en este Decreto. En ningún caso, la liquidación de matrícula, tras aplicar las exenciones o bonificaciones correspondientes, podrá resultar negativa ni originará derechos de devolución. Para la aplicación de las bonificaciones y exenciones sobre la tarifa primera es necesario que el alumnado cumpla con los requisitos correspondientes en el periodo ordinario de matrícula.
Artículo 4.- Formas de pago de la matrícula.
1. En el plazo ordinario de matrícula se podrá elegir la forma de efectuar el pago de los precios públicos establecidos en la tarifa primera del Anexo 1, bien haciéndolo efectivo mediante un pago único, en el momento de formalizar la matrícula, bien de forma fraccionada en seis plazos, en los periodos que esta norma establece. En el caso de hacer efectiva, mediante un pago único, la formalización de la matrícula dentro del plazo ordinario, se autoriza a las universidades a aplicar una bonificación de hasta el 3% del importe total a abonar, excluidas la tarifa tercera y el seguro escolar.
2. La formalización de la matrícula implica el abono completo de los conceptos correspondientes de la tarifa tercera, el seguro escolar y el importe íntegro de la tarifa primera o, en su caso, el primer plazo.
3. Las personas solicitantes de becas, si reúnen los requisitos académicos establecidos en la convocatoria, podrán dejar en suspenso el pago de los precios públicos de la tarifa primera, en las condiciones fijadas en el artículo 17.2.
4. Para el pago de los precios públicos correspondientes a los estudios de doctorado, cada universidad podrá establecer un régimen específico de fraccionamiento.
Artículo 5.- Traslado y apertura de expediente.
1. Quienes soliciten traslado de expediente para matricularse en una universidad pública canaria, deberán abonar el precio correspondiente a la apertura de expediente.
2. Quienes estén matriculados en una universidad pública canaria y soliciten traslado de expediente a otra universidad, deberán abonar las tarifas correspondientes.
3. No se exigirá el pago de las tarifas por traslado y apertura de expediente entre las universidades públicas canarias para cursar titulaciones conjuntas entre las mismas.
Artículo 6.- Derechos derivados de la matrícula.
1. En cuanto al régimen de convocatorias y prórrogas, el pago de la matrícula del curso dará derecho a dos convocatorias, incluyendo, en su caso, la de diciembre de 2020, en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; y a tres convocatorias en la Universidad de La Laguna, atendiendo, en todo caso, a las circunstancias académicas contempladas en las normas de progreso y permanencia de cada universidad.
2. El estudiantado admitido en el procedimiento de preinscripción que no formalice la matrícula en el período ordinario que se establezca, perderá la opción a formalizarla.
Artículo 7.- Plazos de abono de la matrícula.
1. En la modalidad de pago único, el abono deberá efectuarse en el momento de formalizar la matrícula y antes de que finalice el plazo ordinario de formalización de la misma.
2. En la modalidad de pago fraccionado, el abono deberá efectuarse de conformidad con el siguiente calendario:
1er plazo: antes de que finalice el plazo ordinario para la formalización de la matrícula.
2º plazo: hasta el 11 de noviembre de 2019.
3er plazo: hasta el 11 de diciembre de 2019.
4º plazo: hasta el 17 de febrero de 2020.
5º plazo: hasta el 11 de marzo de 2020.
6º plazo: hasta el 14 de abril de 2020.
3. No obstante, las personas que se encuentren matriculadas solo de créditos que se cursen en un mismo cuatrimestre, o quienes tengan previsto finalizar sus estudios en diciembre de 2019 o enero de 2020, en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; o en enero o marzo de 2020, en la Universidad de La Laguna, deberán tener abonado el importe total de la matrícula en el plazo que establezcan las universidades, en cualquier caso, antes de la fecha de inicio de los exámenes correspondientes a dichas convocatorias.
4. El estudiantado de los cursos de acceso a la universidad para personas mayores de 25 y de 45 años que opte por la modalidad de pago fraccionado, lo hará en dos pagos, coincidiendo con el primer y segundo plazo fijados en el apartado 2 de este artículo.
Artículo 8.- Pago extemporáneo, impago y suspensión de la matrícula de oficio.
1. Una vez formalizada la matrícula, la falta de pago de alguna de las fracciones del importe del precio público en los plazos previstos generará una deuda con la universidad que supondrá la suspensión de oficio de la matrícula, por lo que no se podrá: realizar actividades formativas; presentarse a examen; ser calificado; expedir certificaciones con calificaciones del curso en el que el alumnado presente una deuda; ni iniciar traslados de expediente, hasta tanto no se rehabilite la matrícula. Todo ello salvo lo previsto en los apartados siguientes.
2. Antes del día 15 de mayo de 2020, se podrá efectuar el pago fuera de los plazos señalados en el artículo anterior, pero incrementando los precios públicos con el recargo del 5% por pago extemporáneo y los intereses de demora que procedan, calculados a partir del día siguiente al de finalización del plazo del pago no ingresado, conforme a los artículos 26 y 27 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. En caso de inicio del período ejecutivo, le será de aplicación, para el cálculo de la deuda, lo previsto en el artículo 28 de la citada Ley General Tributaria.
3. Excepcionalmente, los rectorados de las universidades podrán conceder el pago extemporáneo, cuando concurran en la persona solicitante circunstancias que lo justifiquen suficientemente, y siempre que dicho pago se efectúe antes de la fecha de inicio del período de exámenes. En este caso, podrán exigirse los intereses de demora y el recargo por pago extemporáneo que, en su caso, correspondan, en aplicación de lo previsto legalmente para estos supuestos.
Artículo 9.- Pagos atrasados de matrícula de cursos anteriores.
1. La liquidación de los derechos no satisfechos en cursos anteriores podrá hacerse efectiva antes de la formalización de la matrícula del curso 2019/2020, con el recargo e interés de demora que corresponda.
2. El estudiantado podrá acogerse al fraccionamiento de la liquidación resultante por derechos no satisfechos en cursos anteriores. En este supuesto, la mitad de la cuantía deberá abonarse en el momento de formalizar la matrícula del presente curso y la cantidad restante antes del 11 de diciembre de 2019. Cuando no se abone la liquidación de la deuda de cursos anteriores, se aplicará lo previsto en el artículo 8.1.
3. En el supuesto de que transcurran más de cuatro años desde la declaración de la suspensión de la matrícula, la universidad anulará la misma con la consecuente baja de la deuda.
Artículo 10.- Anulación de la matrícula a instancia de parte.
1. La solicitud de anulación total o parcial de la matrícula a instancia de parte, efectuada antes del 15 de octubre de 2019, ante el órgano correspondiente de la universidad, y que se ajuste a las normas de la misma, conllevará la devolución de las cuantías abonadas en concepto de precio público por actividad docente y no supondrá cómputo en número de matrículas, ni los efectos derivados de esta. En todo caso, las devoluciones que procediesen, no incluirán los conceptos abonados por la tarifa tercera y el seguro escolar.
2. La solicitud de anulación total o parcial de matrícula a instancia de parte, en fecha posterior a la señalada en el apartado 1, no conllevará la devolución de lo abonado hasta el momento en concepto de precio público por actividad docente, no computándose el número de matrículas ni los efectos derivados de esta. Para ello, las universidades fijarán un plazo que deberá concluir antes de la fecha de inicio del período de exámenes.
3. La universidad podrá estimar la anulación de matrícula, en el caso, de que concurran los supuestos de devolución del precio público previsto en el artículo 221 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1994, de 29 de julio.
4. En cualquier caso, las personas solicitantes de beca, así como los becarios y becarias, que soliciten la anulación de la matrícula, habrán de presentar además, un justificante de renuncia o de desistimiento de su solicitud de beca.
Artículo 11.- Centros o institutos universitarios privados adscritos.
El estudiantado de los centros o institutos universitarios privados adscritos abonará a la universidad, en concepto de servicios académicos y administrativos, las cantidades que se acuerden en el convenio de adscripción que, en ningún caso, serán inferiores al 25% de lo establecido en el apartado 1 de la tarifa segunda y en el apartado 2 de la tarifa tercera del Anexo 1.
Artículo 12.- Reconocimiento, adaptación y transferencia de créditos.
1. Para estudios realizados en centros públicos españoles, los procedimientos de reconocimiento, adaptación y transferencia serán gratuitos.
2. Para estudios realizados en centros privados, españoles o extranjeros, el reconocimiento y la transferencia implicará el abono del 25% de los precios públicos establecidos en la tarifa primera del Anexo 1.
3. En el caso de reconocimiento de actividades profesionales, se abonará el 25% de los precios públicos que se establecen en la tarifa primera del Anexo 1.
Artículo 13.- Alumnado con Premio Extraordinario en Bachillerato.
Quedarán exentas del pago de los precios públicos establecidos en la tarifa primera del Anexo 1, en el primer curso de los estudios universitarios y por una sola vez, las personas que obtengan el Premio Extraordinario de Bachillerato. En el caso de que el premio le fuera concedido con posterioridad al pago del precio público, la universidad podrá optar entre devolverle su importe, o descontárselo en el primer pago por dicho concepto que haya de realizar con posterioridad a la concesión del premio.
Artículo 14.- Matrículas de Honor.
1. La obtención de una o varias matrículas de honor, en el curso académico inmediatamente anterior y en cualquier tipo de enseñanza universitaria oficial, dará derecho a una bonificación en el importe de la siguiente matrícula. Este derecho se reconocerá, tanto cuando el estudiantado se mantenga en una misma enseñanza, como cuando cambie de enseñanza, ciclo y/o nivel.
2. Para el cálculo de la bonificación, se tomará el precio establecido por crédito en la primera matrícula, multiplicado por el número de créditos de la o las asignaturas en las que se obtuvo matrícula de honor.
Artículo 15.- Alumnado con matrícula de honor global en alguna de las enseñanzas oficiales que dan acceso a los estudios universitarios.
Las personas que hayan obtenido matrícula de honor global en alguna de las enseñanzas oficiales que dan acceso a los estudios universitarios, estarán exentas, por una sola vez y para el primer curso, del pago del precio público establecido en la tarifa primera del Anexo 1 y, además, para la realización de las siguientes pruebas: las que se determinen para el acceso a la universidad y las específicas para el acceso a determinados centros.
Artículo 16.- Exención del precio público por la expedición de un título universitario por cambio de su denominación oficial o por haber obtenido premio extraordinario de fin de titulación universitaria.
1. Estarán exentos del pago del precio público por la expedición del título, quienes nuevamente soliciten su expedición debido a una modificación en su denominación original, por haber perdido validez oficial el primero.
2. En el ámbito de aplicación de la Orden de 30 de abril de 1990 por la que se regula el procedimiento de expedición de determinados títulos y diplomas oficiales de Educación Superior y de Postgrado, estará exento del pago por la expedición del título académico, el estudiantado que haya obtenido premio extraordinario de fin de titulación universitaria.
Artículo 17.- Personas solicitantes de becas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y/o a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias.
1. Las personas beneficiarias de becas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, y/o a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias estarán exentas del abono de los precios públicos fijados en la tarifa primera del Anexo 1 del presente Decreto, a satisfacer por la prestación de servicios académicos universitarios. En el caso de que las personas solicitantes de becas hayan adelantado el abono de los precios públicos de la tarifa primera del Anexo 1 y acrediten la concesión de la beca correspondiente, las universidades llevarán a cabo el reintegro de dicho pago, en el plazo de un mes, siempre y cuando la beca financie la matrícula y no se le haya abonado directamente a las personas interesadas.
2. Quienes, al formalizar la matrícula, se acojan a la exención provisional del pago por haber solicitado beca, al reunir los requisitos académicos establecidos en la convocatoria, y posteriormente no obtuviesen la condición de becarios o becarias con derecho a la correspondiente ayuda o les fuere revocada la beca concedida, tendrán la obligación de abonar el precio correspondiente a la matrícula en todas las asignaturas en los términos previstos por la legislación vigente y, en todo caso, en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, antes del inicio del periodo de exámenes de la convocatoria extraordinaria; y en la Universidad de La Laguna antes del inicio del periodo de exámenes de la convocatoria de junio. No obstante, las universidades podrán solicitar cautelarmente el abono de los precios públicos, cuando observen un incumplimiento académico de la persona solicitante de la beca, o cuando tengan constancia de que esta no ha solicitado la beca con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y la complementaria con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias.
3. Una vez realizada la notificación o publicado el listado definitivo que refleje la denegación de la beca, las universidades darán a las personas interesadas un plazo para el abono de la matrícula. Asimismo, las universidades podrán establecer la posibilidad de realizar pagos fraccionados para las personas solicitantes de beca cuya solicitud no hubiera sido resuelta después de finalizar el sexto plazo del calendario de abono fraccionado de la matrícula. La interposición de alegaciones o recursos no paralizará el procedimiento de pago, exceptuando el caso en que por parte de alguna de las administraciones implicadas se curse notificación oficial de error o incorrección en la resolución de la beca.
4. Cuando se requieran informes, aclaraciones o certificaciones académicas para el estudio de solicitudes de beca con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias, se tramitarán de oficio entre las administraciones educativas correspondientes.
Artículo 18.- Materias sin docencia.
Se establece una modalidad específica de matrícula para la convocatoria de examen de asignaturas sin docencia, en razón de la extinción de los títulos, consistente en el abono de un 25 por ciento de los precios públicos contenidos en la tarifa primera del Anexo 1 del presente Decreto.
Artículo 19.- Acceso para personas mayores de 25, 40 y 45 años.
De acuerdo con los procedimientos específicos de acceso y admisión regulados en el Capítulo IV del Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de grado, se establecen las siguientes categorías de acceso a las universidades públicas canarias:
1. Acceso para personas mayores de 25 años.
a) El abono del precio previsto en el apartado 2.a) de la tarifa segunda del Anexo 1, para la prueba de acceso para personas mayores de 25 años, dará derecho a su realización y a la asistencia al curso preparatorio por una única opción.
b) En el caso de realizar una segunda prueba, con el propósito de mejorar la nota obtenida en una prueba anterior y/o con el fin de cambiar de opción, se abonará el precio establecido en el apartado 2.c) de la tarifa segunda del Anexo 1; si además quisiera matricularse desde el inicio y realizar el curso preparatorio, abonará el 50 por ciento del precio establecido en la tarifa segunda, apartado 2.a) de dicho anexo.
c) En el caso de realizar una prueba por otra opción, si así lo permiten las normas propias de cada universidad, se abonará el precio establecido en el apartado 2.b) de la tarifa segunda del Anexo 1, por cada opción adicional; si además quisiera matricularse desde el inicio y realizar el curso preparatorio, abonará el 50 por ciento del precio establecido en la tarifa segunda, apartado 2.a) de dicho anexo.
2. Acceso para personas mayores de 40 años.
El precio para el acceso para las personas mayores de 40 años con experiencia laboral o profesional acreditada, queda establecido en el apartado 2.d) de la tarifa segunda del Anexo 1.
3. Acceso para personas mayores de 45 años.
El abono previsto en el apartado 2.e) de la tarifa segunda del Anexo 1, para la prueba de acceso para personas mayores de 45 años, dará derecho a la realización de las citadas pruebas y a la asistencia a su curso preparatorio. En el caso de realizar una segunda prueba, con el propósito de mejorar la nota obtenida en una prueba anterior, se abonará el precio establecido en el apartado 2.f) de la tarifa segunda de dicho anexo y si, además, desea volver a matricularse desde el inicio y realizar el curso preparatorio, abonará el 50 por ciento del precio establecido en la tarifa segunda, apartado 2.e) del citado anexo.
Artículo 20.- Alumnado con discapacidad.
En virtud de la disposición adicional vigésimo cuarta de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y el artículo 19 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, las personas que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, quedarán exentas del pago de los precios públicos establecidos en el presente Decreto.
Artículo 21.- Víctimas del terrorismo.
En virtud del artículo 38 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, las personas que hayan sido víctimas de bandas armadas o de actos de terrorismo, así como sus cónyuges y descendientes en primer grado, estarán exentas del pago de los precios públicos establecidos en el presente Decreto, siempre que se acredite ante la universidad con la resolución administrativa o judicial que les hubiere reconocido dicha condición.
Artículo 22.- Víctimas de violencia de género.
En virtud del artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, las mujeres, sus hijos menores y los menores sujetos a su tutela, o guarda y custodia, que tengan la condición de víctimas de la violencia de género a la que hace referencia la citada Ley, gozarán de exención total del pago de los precios públicos establecidos en el presente Decreto. Dicha situación de violencia de género se acreditará de acuerdo con lo establecido en la legislación estatal reguladora de la misma.
Artículo 23.- Participantes en operaciones internacionales de paz y seguridad.
Las personas que sufran lesiones invalidantes comprendidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto-Ley 8/2004, de 5 de noviembre, sobre indemnizaciones a los participantes en operaciones internacionales de paz y seguridad, así como a sus descendientes en primer grado y cónyuges de las personas fallecidas, en su caso, estarán exentas del pago de los precios públicos establecidos en el presente Decreto.
Artículo 24.- Familias numerosas.
En virtud del artículo 12.2.a) de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, se establece exención para los miembros de las familias numerosas clasificadas en la categoría especial y una bonificación del 50% para los de categoría general en el pago de los precios públicos establecidos en el presente Decreto.
Artículo 25.- Alumnado en Programas de movilidad.
Quedarán exentas del pago de los precios públicos establecidos en la tarifa primera, del Anexo 1 las personas que se matriculen en las universidades públicas canarias, en virtud de un acuerdo de movilidad con una universidad perteneciente a un país no integrado en el Espacio Europeo de Educación Superior, para estancias inferiores a un curso académico, siempre que haya reciprocidad en la exención de pago.
Artículo 26.- Acceso a la universidad mediante prueba y exoneración del precio público por necesidades económicas justificadas.
1. El apartado 1 de la tarifa segunda del Anexo 1, en concepto de pruebas para acceso a la universidad y de pruebas específicas para acceso a determinados centros y titulaciones, se refiere al procedimiento de acceso a las universidades públicas para cursar enseñanzas oficiales de grado.
2. Podrá, por necesidades económicas justificadas, previo informe vinculante de la Viceconsejería de Hacienda y Planificación, exonerarse del pago del precio público del apartado 1 de la tarifa segunda del Anexo 1 quienes acrediten que los ingresos de los miembros de su unidad familiar no superen los siguientes umbrales económicos:
Miembros unidad familiar Euros/Año
1 10.527,43
2 14.738,40
3 20.633,76
4 28.887,26
5 40.442,16
La Viceconsejería de Educación y Universidades dictará las instrucciones necesarias para la correcta interpretación y aplicación de esta exoneración.
Disposición adicional primera.- Compensaciones de precios públicos.
Cualquier reducción de precios públicos prevista en el ordenamiento jurídico será compensada anualmente en los presupuestos de la universidad mediante transferencias, siempre y cuando exista disponibilidad presupuestaria para ello.
Disposición adicional segunda.- Información a proporcionar por las universidades públicas canarias al alumnado en el momento de formalizar matrícula.
Las universidades públicas canarias, en el ámbito de su autonomía y a solicitud de la administración autonómica, colaborarán con esta facilitando al alumnado, en el momento de formalizar la matrícula, junto al precio final a abonar, información acerca del enlace informativo del Gobierno de Canarias sobre universidades, servicios y becas: "https://www.gobiernodecanarias.org/universidades/".
Disposición adicional tercera.- Titulaciones pendientes de autorización o de renovación de la acreditación.
Solo se podrá proceder a la matriculación en las enseñanzas en trámites de autorización, modificación, sustitución o renovación de la acreditación, siempre que antes del día 16 de septiembre de 2019 las titulaciones correspondientes hayan renovado su acreditación, estén verificadas, y la Conferencia General de Política Universitaria haya establecido su oferta de plazas y la Comunidad Autónoma las haya autorizado.
Disposición adicional cuarta.- Habilitación a las universidades.
Se autoriza a las universidades públicas canarias a dictar los actos de ejecución necesarios para la aplicación del presente Decreto, dando cuenta de ello a la Consejería competente en materia de universidades en un plazo máximo de quince días.
Disposición derogatoria única.- Derogación normativa.
Queda derogado el Decreto 89/2018, de 18 de junio, por el que se fijan y regulan los precios públicos a satisfacer por la prestación de servicios académicos y administrativos de las universidades públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias, para el curso académico 2018-2019.
Disposición final primera.- Habilitación normativa.
Se faculta a la persona titular de la Consejería competente en materia de universidades para introducir mediante orden los plazos de tramitación de las matrículas de las universidades públicas canarias, así como para cualquier otra competencia de las previstas en el artículo 32.c) de la Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias o en el artículo 218 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/1994, de 29 de julio, para el establecimiento de precios públicos.
Disposición final segunda.- Modificación del Decreto 30/2004, de 23 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de las becas, ayudas y subvenciones a los estudios universitarios y a la investigación, desarrollo tecnológico e innovación.
Con efectos desde la entrada en vigor de este Decreto y vigencia indefinida, se modifica el Decreto 30/2004, de 23 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de las becas, ayudas y subvenciones a los estudios universitarios y a la investigación, desarrollo tecnológico e innovación, en los términos que se exponen a continuación:
El apartado 2 del artículo 1, queda redactado del siguiente modo:
"Corresponde aprobar las bases y efectuar las convocatorias al titular de la Consejería que resulte competente, a iniciativa de la Dirección General que corresponda y de acuerdo con el procedimiento previsto para la elaboración de reglamentos, solo cuando sean bases de vigencia indefinida."
El resto del artículo permanece con la misma redacción.
Disposición final tercera.- Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias y será de aplicación para los precios públicos correspondientes al curso académico 2019-2020.
Dado en Canarias, a 13 de mayo de 2019.
EL PRESIDENTE
DEL GOBIERNO,
Fernando Clavijo Batlle.
LA CONSEJERA
DE HACIENDA,
Rosa Dávila Mamely.
LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN
Y UNIVERSIDADES,
Soledad Monzón Cabrera.