BOC - 2017/193. Jueves 5 de Octubre de 2017 - 4709

III. Otras Resoluciones

Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda

4709 - ORDEN de 26 de septiembre de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria en régimen de concurrencia competitiva, de la concesión de subvenciones destinadas a financiar proyectos de investigación en materia de prevención de riesgos laborales en Canarias, para el ejercicio 2017.

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Examinada la iniciativa de la Dirección General de Trabajo sobre la convocatoria y aprobación de las bases de subvenciones destinadas a financiar proyectos de investigación en materia de prevención de riesgos laborales en Canarias.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES DE HECHOS

Primero.- El Plan de Actuación del Instituto Canario de Seguridad Laboral 2017-2018, tiene como objetivos generales, la mejora continua de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, la reducción continuada de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y el avance en la implantación de una cultura preventiva. Dentro de este marco el Plan en su Objetivo Operativo 4,3 Potenciar la investigación en materia de seguridad y salud en el trabajo, se propone la Acción nº 68. Establecer ayudas a proyectos de investigación sobre seguridad y salud en el trabajo.

Segundo.- La inversión en proyectos de investigación en materia de Prevención de Riesgos Laborales se contempla entre las actuaciones recogidas en el Plan Estratégico de Subvenciones de esta Consejería 2016-2018 aprobado por Orden Departamental nº LOR2016CA00186 de 8 de abril de 2016, actualizado por Orden Departamental nº LOR2017CA00124 de 21 de marzo de 2017. Dentro del Programa 494 B "Promoción de prevención de riesgos laborales y asesoramiento técnico", Proyecto de Inversión 157G0032 denominado "Prevención de Riesgos Laborales".

Tercero.- Existe crédito adecuado y suficiente en los vigentes Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2017, en la Sección 23 Consejería de Empleo Políticas Sociales y Vivienda, Servicio 16 Dirección General de Trabajo, Programa 494B Promoción de la Prevención de Riesgos Laborales y asesoramiento Técnico, Proyecto de Inversión 157G0032 denominado "Prevención de Riesgos Laborales", aplicación presupuestaria 23.16.494 B.770.00.

Vistos los hechos anteriores, son de aplicación los siguientes

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.1 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, modificado por el Decreto 5/2015, de 30 de enero, el procedimiento para la aprobación y modificación de las bases reguladoras contendrá la iniciativa del órgano gestor en la que se especificará la adecuación de las mismas al plan estratégico de subvenciones, la propuesta de la Secretaría General Técnica que deberá pronunciarse sobre la legalidad de las mismas y el informe previo de la Intervención General.

Asimismo el artículo 14.1 del citado decreto establece que el procedimiento para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva se iniciará de oficio, mediante convocatoria publicada en el Boletín Oficial de Canarias, aprobada por el órgano competente para conceder subvenciones, indicándose en el apartado 5 del mismo artículo, el contenido que tendrá necesariamente la convocatoria.

Segundo.- Los artículos 3 y 9 del citado Decreto 36/2009, determinan que los titulares de los Departamentos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma, serán competentes para conceder subvenciones, así como para aprobar las oportunas bases reguladoras de la concesión y el artículo 14.1 del mismo, establece que la convocatoria será aprobada por el órgano competente para conceder subvenciones.

Dicha competencia puede delegarse, a tenor de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en otros órganos de la misma Administración, aun cuando no sean jerárquicamente dependientes, o en los Organismos públicos o Entidades de Derecho Público vinculados o dependientes de aquellas.

Tercero.- La presente convocatoria y las bases de la misma se ajustan a lo dispuesto tanto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, en lo que se refiere a sus preceptos básicos y supletoriamente los no básicos, así como al Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, modificado por el Decreto 5/2015, de 30 de enero, Reglamento nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de funcionamiento de la UE a las ayudas de mínimis (Diario Oficial de la Unión Europea nº L 352, de 24 de diciembre de 2013).

De acuerdo con todo lo anterior, en el ejercicio de las competencias atribuidas en el artículo 29, letra m) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias (BOC nº 96, de 1.8.90), el artículo 3 del Decreto 103/2015, de 9 de julio, por el que se determinan el número, denominación y competencias de las Consejerías, así como el Decreto 124/2016, de 19 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda (BOC nº 188, de 27.9.16) y finalmente el Decreto 2/2017, de 4 de enero, del Presidente, de nombramiento como Consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias (BOC nº 4, de 5.1.17),

R E S U E L V O:

Primero.- Autorizar el gasto por importe de cien mil (100.000,00) euros con cargo a la aplicación presupuestaria 23.16.494B.770.00 de los vigentes Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2017.

Segundo.- Aprobar las bases reguladoras de subvenciones, que figuran en el Anexo I, destinadas a financiar proyectos de investigación en materia de prevención de riesgos laborales en Canarias; y efectuar la convocatoria de las mismas, en régimen de concurrencia competitiva.

Tercero.- El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación de la presente orden en el Boletín Oficial de Canarias.

La presentación de solicitudes presumirá la aceptación expresa, formal e incondicional de las bases y del acto de la convocatoria.

Cuarto.- El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento será de seis meses, a contar a partir del siguiente al de finalización del plazo de presentación de solicitudes. Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, se entenderán desestimadas las solicitudes.

Quinto.- Se delega en la persona titular de la Dirección General de Trabajo, el ejercicio de las siguientes competencias:

a) Resolver el concurso de la presente convocatoria.

b) La modificación de esta Orden y la ampliación de los plazos establecidos en la misma.

c) El inicio y resolución de los procedimientos sancionadores.

d) Modificar, cuando proceda, la resolución de concesión.

Sexto.- La presente Orden producirá sus efectos el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, en el plazo de un (1) mes, a partir del día siguiente al de su notificación, conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos (2) meses, contados a partir del siguiente al de la notificación, según lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa; significándole que en el caso de presentar recurso de reposición no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta la resolución expresa del recurso de reposición, o hasta que se produzca la desestimación presunta del mismo. Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

Santa Cruz de Tenerife, a 26 de septiembre de 2017.

LA CONSEJERA DE EMPLEO,

POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA,

Cristina Valido García.

A N E X O I

BASES REGULADORAS DE SUBVENCIONES DESTINADAS A FINANCIAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN CANARIAS.

Base 1ª.- Objeto.

1. Las presentes bases tienen por objeto regular el régimen de concesión de subvenciones a proyectos de investigación en materia de Prevención de Riesgos Laborales en Canarias.

Base 2ª.- Beneficiarios.

1. Serán beneficiarios de la concesión de las subvenciones reguladas en la presente Orden, las personas físicas y las personas jurídicas, que estén radicadas en la Comunidad Autónoma de Canarias.

2. No podrán ser beneficiarios de esta subvención las entidades que se dedique a los sectores recogidos en el artículo 1 del Reglamento nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de funcionamiento de la UE a las ayudas de mínimis (Diario Oficial de la Unión Europea nº L 352, de 24 de diciembre de 2013).

3. Los beneficiarios no podrán encontrarse incursos en ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13.2 y 3 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

Base 3ª.- Obligaciones de los beneficiarios.

Son obligaciones del beneficiario:

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención.

b) Justificar, ante el órgano concedente, el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimento de la finalidad que determine la concesión o disfrute de la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, la Intervención General, la Audiencia de Cuentas de Canarias o el Tribunal de Cuentas, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos recibidos.

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se halla al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, así como llevar una contabilidad separada de la actividad subvencionada, bien mediante cuentas específicas dentro de su contabilidad oficial, bien mediante libros de registro abiertos al efecto, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.

En dichas cuentas o registros se han de reflejar una por una las facturas y demás justificantes de gasto con identificación del acreedor y del documento, su importe con separación del IGIC e impuestos indirectos que no sean subvencionables, la fecha de emisión, la fecha de pago, así como todos los recursos aplicados a la realización de la actividad. También se reflejarán todos los gastos e ingresos de la actividad aunque solo una parte del coste estuviera subvencionada.

g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control, por un periodo no inferior a cuatro años.

h) Adoptar las medidas de difusión contenidas en el artículo 18 de la mencionada Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, Reglamento que la desarrolla, así como el artículo 12 del repetido Decreto 36/2009, de 31 de marzo. Así pues, en cualquiera de las medidas de difusión que sean elegidas por el beneficiario con el fin de dar a conocer el carácter subvencionable del programa, durante el tiempo de su ejecución, se deberá incluir la identidad corporativa gráfica del Gobierno de Canarias, con leyendas relativas a la financiación pública, utilizadas en carteles, placas conmemorativas, materiales impresos, medios electrónicos o audiovisuales o bien en menciones realizadas en medios de comunicación.

A tal fin y, atendiendo a las previsiones contenidas en el Decreto 184/2004, de 21 de diciembre, por el que se aprueba la Identidad Corporativa del Gobierno de Canarias y se establecen las Normas para su mantenimiento y utilización, actualizado mediante la Orden de 8 de marzo de 2010 (BOC nº 58, de 23.3.10) y Orden de 26 de diciembre de 2012, por el que se aprueba la revisión de los epígrafes 4.8.18 y 4.8.19 del Manual de Identidad Corporativa Gráfica del Gobierno de Canarias (BOC nº 253, de 28.12.12), la identidad corporativa que deberá tener en cuenta el beneficiario, será la siguiente:

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El beneficiario podrá descargarse este modelo de logotipos en el Manual de la Identidad Gráfica del Gobierno de Canarias, en la siguiente dirección:

http://www.gobiernodecanarias.org/identidadgrafica/zona_de_descarga.jsp

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artº. 37 de la Ley General de Subvenciones.

j) Realizar y acreditar la realización de la actividad que fundamenta la concesión de la misma, en el plazo y con los medios establecidos en la presente Orden.

k) Acreditar el coste total de la actividad o conducta subvencionada así como el importe de las ayudas, subvenciones u otros auxilios económicos recibidos de cualesquiera Administraciones, Entes públicos, entidades privadas o particulares.

l) Comunicar al órgano concedente las alteraciones que se produzcan en las circunstancias y requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de la subvención.

m) Respetar las prohibiciones establecidas en el artículo 29.7 de la citada Ley 38/2003, en relación al artículo 68.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que la desarrolla, en lo relativo a las personas o entidades vinculadas con el beneficiario.

n) Cumplir, en su caso, con el compromiso de asumir el coste que resulte de la diferencia entre el importe total del proyecto y la subvención que le sea concedida.

ñ) Comunicar al órgano concedente las ayuda recibidas con carácter de mínimis, durante el periodo de los dos ejercicios fiscales anteriores a la convocatoria y durante el ejercicio fiscal en curso de la convocatoria. En tal sentido, se tendrá en cuenta las ayudas concedidas a una única empresa, de conformidad con la definición contenida en el artículo 2.2 del Reglamento (UE) nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de mínimis.

Base 4ª.- Actividad subvencionable.

1. Serán subvencionables los proyectos de investigación, desarrollo e innovación en materia de prevención de riesgos laborales. Considerando la áreas de actuación contempladas en el Plan de Actuación del ICASEL para los años 2017-2018, se priorizarán los proyectos de investigación relacionados con:

- Diseño de mecanismos de protección, dispositivos, procedimientos y equipos de trabajo que incidan en la protección de la seguridad y salud de los trabajadores.

- Aspectos preventivos de los trastornos musculoesqueléticos de origen laboral.

- Desarrollo de metodologías originales de evaluación de riesgos ergonómicos y psicosociales. Se exceptúan las aplicaciones o desarrollos informáticos de métodos existentes.

- Estudios para la sustitución de agentes químicos peligrosos en el ámbito laboral por otros que no lo sean o lo sean en menor grado.

- Disminución de la presencia de agentes químicos cancerígenos en el ámbito laboral: formaldehído y agentes generadores de formaldehído.

- Impacto en la salud del personal trabajador por exposición a la radiación solar.

- El ámbito de la prevención de riesgos laborales bajo la perspectiva de la discapacidad física o psíquica.

- El ámbito de la prevención de riesgos laborales bajo la perspectiva de las PYMEs, especialmente en las microempresas.

Base 5ª.- Gastos subvencionables.

Se considerarán gastos subvencionables los que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, realizados dentro del periodo de ejecución del mismo y debidamente especificados en la solicitud:

1. Gastos de ejecución del proyecto debidamente justificados como:

- Compra de material fungible destinado a la ejecución del proyecto, y de material bibliográfico y documental.

- Compra o amortización de aparatos y equipos que se destinen exclusivamente a la ejecución del proyecto.

Serán subvencionables los gastos de amortización de aparatos y equipos cuya utilización venga necesariamente obligada por la ejecución de las actividades a desarrollar en el proyecto. Para la admisión del coste de amortización, debe quedar justificado que los elementos amortizados tienen relación directa con la naturaleza y el contenido del proyecto. En caso de que los aparatos y equipos no se utilicen en toda su vida útil para el proyecto de investigación, únicamente se considerarán subvencionables los costes de amortización correspondientes a la duración del proyecto calculados de acuerdo con la normativa contable nacional pública y privada. Será imprescindible, para que este gasto se financie, detallar en la memoria del proyecto el procedimiento de cálculo seguido para determinar dichos costes de amortización debiendo quedar claramente explicada la imputación que en concepto de gastos de amortización se atribuyen al proyecto. En la solicitud de ayuda solo se podrá imputar cada año la cuota de amortización correspondiente o el importe de las cuotas de leasing cuando la compra de los aparatos y equipos se realice por este medio. Para justificar los gastos de amortización deberá aportarse la escritura de titularidad del bien o la factura de compra y el correspondiente documento justificativo del pago. En el caso de arrendamiento financiero, será subvencionable la parte proporcional de la cuota mensual excluidos los costes financieros. En este supuesto habrá de aportarse copia del contrato incluido cuadro de amortización y los recibos de pago. Se excluyen los aparatos y equipos ligados a la actividad meramente productiva.

Cálculo de la amortización:

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- Contratación de servicios externos estrictamente necesarios para la realización del proyecto hasta un porcentaje del 40% del coste subvencionable para la realización del proyecto.

- Gastos correspondientes a viajes y dietas, debiendo consignarse lugar, duración e interés del viaje para el proyecto de investigación, si se dispone de esta información en el momento de cursar la solicitud y su porcentaje máximo no podrá sobrepasar el 20% de la cuantía total del presupuesto del proyecto.

- Gastos de personal propio de la entidad beneficiaria, que deberá acreditar el número de horas dedicadas al proyecto y coste de las mismas. Su porcentaje máximo no podrá sobrepasar el 30% de la cuantía total del presupuesto del proyecto.

2. Retribuciones de personal contratado en régimen general de la Seguridad Social expresamente para el desarrollo del proyecto. En este supuesto, el solicitante deberá acreditar que el personal es contratado de forma expresa para el proyecto y justificar su necesidad en la memoria del proyecto, debiendo aportar, además el correspondiente contrato.

3. Costes indirectos: gastos del proyecto que por su naturaleza no pueden imputarse de forma directa al mismo (consumo eléctrico, teléfono ...), siendo su cuantía como máximo un 2% del total de la cantidad solicitada.

No se podrán contemplar gastos correspondientes a la adquisición de material o mobiliario de uso exclusivamente administrativo.

En ningún caso serán gastos subvencionables:

a) Los intereses deudores de las cuentas bancarias.

b) Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.

c) Los gastos de procedimientos judiciales.

Los tributos son gastos subvencionables cuando el beneficiario de la subvención los abona efectivamente. En ningún caso se consideran gastos subvencionables los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación.

Se significa que se considerará gasto realizado, el efectivamente pagado con anterioridad a la finalidad del periodo de justificación.

2.- El límite para el pago en efectivo de facturas o de documentos justificativos del gasto se fija en 3.000 euros por expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, acompañándose el correspondiente recibí del acreedor/proveedor.

De tal forma serán subvencionables los gastos cuyo pago se realice en efectivo siempre que:

- No se supere el límite de 3.000,00 euros por expediente.

- No exista ninguna operación que supere los 2.500,00 euros.

3.- El órgano concedente de la subvención y la Intervención General podrán comprobar el valor de mercado de los gastos subvencionables. Se entenderá como valor de mercado el que hubiera sido acordado en condiciones normales de mercado entre partes independientes. Para determinar dicho valor se podrán utilizar los siguientes métodos:

a) Precio de mercado del bien o servicio de que se trate o de otros de características similares, efectuando, en este caso, las correcciones necesarias para obtener la equivalencia, así como para considerar las particularidades de la operación.

b) Supletoriamente resultarán aplicables:

1) Precio de venta de bienes y servicios calculado mediante el incremento del valor de adquisición o coste de producción de los mismos en el margen que habitualmente se obtiene en operaciones equiparables concertadas con personas o entidades independientes o en el margen que habitualmente obtienen las empresas que operan en el mismo sector en operaciones equiparables concertadas con personas o entidades independientes.

2) Precio de reventa de bienes y servicios establecido por el comprador de los mismos, minorado en el margen que habitualmente obtiene el citado comprador en operaciones equiparables concertadas con personas o entidades independientes o en el margen que habitualmente obtienen las empresas que operan en el mismo sector en operaciones equiparables concertadas con personas o entidades independientes, considerando, en su caso, los costes en que hubiera incurrido el citado comprador para transformar los mencionados bienes y servicios.

c) Cuando no resulte aplicable ninguno de los métodos anteriores, se aplicará el precio derivado de la distribución del resultado conjunto de la operación de que se trate, teniendo en cuenta los riesgos asumidos, los activos implicados y las funciones desempeñadas por las partes relacionadas.

Base 6ª.- Cuantía de la subvención.

1. La cuantía individualizada de la ayuda será del 100% del presupuesto subvencionable, con un importe máximo, en todo caso, de veinte mil (20.000,00) euros y con un mínimo de diez mil (10.000,00) euros.

2. En ningún caso será subvencionable el IGIC no definitivamente soportado o recuperable por cualquier medio por la persona o empresa beneficiaria de la subvención.

3. En caso de que el presupuesto presentado por la persona o empresa solicitante incluyera gastos considerados como no subvencionables, se procederá a su eliminación o depuración al objeto de determinar el presupuesto subvencionable de gastos que servirá de base para la determinación del importe de la subvención.

4. Se deberá tener en cuenta que la totalidad de las ayudas otorgadas en concepto de mínimis, no podrá superar el importe 200.000,00 euros establecido en el artículo 3.1 y 3.2 del Reglamento nº 1407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de funcionamiento de la UE a las ayudas de mínimis (Diario Oficial de la Unión Europea nº L 352, de 24 de diciembre de 2013).

Base 7ª.- Criterios de valoración

1. Se creará una Comisión de Valoración de las solicitudes presentadas, con la composición y funciones previstas en la base reguladora 9.

2. Para la valoración de las solicitudes presentadas, la Comisión de Valoración tendrá en cuenta los siguientes criterios, que serán utilizados para la priorización y ponderación (hasta un máximo de 100 puntos) de las solicitudes de ayudas hasta el agotamiento del gasto autorizado, levantando acta de su decisión.

La evaluación de cada uno de los criterios se realizará contestando y calificando cada una de las especificaciones que se contemplan a continuación:

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La evaluación de cada uno de los criterios se realizará contestando y calificando cada una de las especificaciones que se contemplan en la ficha de evaluación para cada uno de los criterios (Anexo III).

3.- En cualquier momento del proceso de evaluación, con anterioridad a la resolución, podrá solicitarse a la entidad solicitante que presente aclaraciones tendentes a clarificar el contenido del proyecto.

Base 8ª.- Solicitudes y documentación.

1. Las solicitudes, según Anexo V, acompañada de la documentación requerida en el apartado 3 de esta base, así como del proyecto que se pretende ejecutar, todo ello de conformidad a lo establecido en los artículos 14 y 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y del Anexo VI, podrán presentarse en las dependencias de la Dirección General de Trabajo en Las Palmas de Gran Canaria o en Santa Cruz de Tenerife.

Asimismo, se podrán presentar en cualquiera de los registros, oficinas o representaciones señaladas en el artículo 3.1 del Decreto 164/1994, de 29 de julio (BOC nº 102, de 19 de agosto), o bien en la forma prevista en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En el caso de que se optara por presentar la solicitud en una oficina de Correos, deberá hacerse en sobre abierto para que la instancia sea fechada y sellada por el funcionario de Correos antes de ser certificada.

2. En la solicitud, el interesado hará constar lo siguiente:

- Que no ha recibido ayudas o subvenciones con el mismo objeto de cualquier Administración o Ente público. En otro caso, hará constar las que haya solicitado y el importe de las recibidas.

- Que no ha recibido ayudas u otras atribuciones patrimoniales gratuitas de entidades privadas o particulares para el mismo destino o, en su caso, el importe de las recibidas.

- Que no se halla inhabilitado para recibir ayudas o subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma.

- Que acepta las bases, condiciones, requisitos y obligaciones que se contienen en la presente convocatoria.

3. Las solicitudes irán acompañadas de la siguiente documentación administrativa:

a) Documentos acreditativos de la personalidad del solicitante y, en su caso, de la representación de quien actúa en su nombre.

b) Declaración responsable acreditativa de no estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario de subvenciones, establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

c) En el caso de una entidad: haber realizado la Evaluación de Riesgos Laborales y el Plan de Prevención adoptando una modalidad de organización de la prevención, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, con las modificaciones introducidas por el Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, y tener elaborada la planificación preventiva con carácter anual.

d) Cualquier otro documento necesario para acreditar que el solicitante reúne los requisitos tenidos en cuenta para la valoración de las solicitudes, de acuerdo con lo previsto en la base séptima.

e) Declaración responsable de si se ha recibido o no alguna otra ayuda con carácter de mínimis durante el periodo de los dos ejercicios fiscales anteriores a la convocatoria y durante el ejercicio fiscal en curso de la convocatoria; y si procede, relación de todas las ayudas solicitadas o concedidas, con indicación de los importes y de las entidades subvencionadoras de conformidad con el Anexo VI de la presente orden.

4. Documentación técnica: los proyectos que se presenten han de definir, en el mismo orden en que se relacionan en este apartado, lo siguiente:

1. Memoria del proyecto de investigación (Anexo II A) con los siguientes apartados:

- Resumen del proyecto de investigación.

- Antecedentes y estado actual del tema. Se deberá describir el estado actual de los conocimientos, productos, procesos y tecnologías en relación con los objetivos del proyecto, identificando las desventajas y/o limitaciones de lo ya existente, así como los avances que supondrían el logro de los objetivos.

- Bibliografía más relevante.

- Hipótesis-Objetivos generales y operativos.

- Interés del proyecto-Metodología.

- Instalaciones, instrumentos y técnicas disponibles para realizar el proyecto.

- Plan de trabajo. Cronograma.

- Distribución de tareas y responsabilidades.

- Experiencia del equipo investigador sobre el tema.

- Utilidad práctica de los resultados en relación con la prevención de riesgos laborales.

- Justificación de la ayuda solicitada.

- Presupuesto del proyecto desglosado (Anexo II B).

2. Informe de viabilidad del proyecto de investigación en el que se haga constar la viabilidad del proyecto de investigación en todos sus términos (Anexo II C).

3. Currículos normalizados de todos los Investigadores que participen en el proyecto, limitando las publicaciones a los últimos seis años (Anexo II D).

Si alguno de los documentos exigidos ya estuviera en poder de cualquier órgano de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, el solicitante podrá acogerse a lo establecido en el párrafo 3, del artículo 28 de la mencionada Ley 39/2015, de 1 de octubre, siempre que se haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su caso, emitidos. Se presume que esta consulta es autorizada por el interesado, salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa o la ley especial aplicable requiera consentimiento expreso, debiendo, en ambos casos, ser informados previamente de sus derechos en materia de protección de datos de carácter personal.

En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el órgano competente para la instrucción podrá requerir al solicitante su presentación, o, en su defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos a que se refiere el documento, con anterioridad a la formulación de la propuesta de resolución.

La presentación de la solicitud y documentación anexa supondrá la aceptación de las bases de esta convocatoria.

Base 9ª.- Comisión de Valoración.

1. Se constituirá una Comisión de Valoración, presidida por el/la titular de la Dirección General de Trabajo o por la persona que designe, y de la que formarán parte: el/la Director/a del Instituto Canario de Seguridad Laboral, tres personas del Cuerpo Técnico del mencionado Instituto, que actuarán como personas expertas en los aspectos técnicos de las solicitudes; y un funcionario/a del Instituto que actuará como Secretario/a, todos designados por el/la titular de la Dirección General de Trabajo.

2. Son funciones de la Comisión de Valoración, analizar y valorar las solicitudes y documentación, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la base séptima anterior de la presente Orden y formular, al titular de la Dirección General de Trabajo, las propuestas de aprobación o denegación de solicitudes de subvención.

Base 10ª.- Procedimiento de concesión.

El procedimiento de concesión se realizará mediante concurrencia competitiva y se ajustará a lo previsto en el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Capítulo II del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, debiendo instruirse por el Servicio correspondiente de la Dirección General de Trabajo.

Base 11ª.- Instrucción y resolución de la convocatoria.

1. El órgano competente para la instrucción del procedimiento de concesión de las subvenciones objeto del presente concurso será la Dirección General de Trabajo.

2. Recibida la solicitud, se comprobará que reúne los requisitos exigidos, así como del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social y que viene acompañada de la preceptiva documentación, requiriéndose en caso contrario al interesado para que en el plazo de diez (10) días hábiles, subsane o complete los documentos o datos indispensables, advirtiéndose de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21, y de conformidad con lo establecido en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

El requerimiento se notificará a los solicitantes mediante su publicación en la página web, http://www.gobcan.es/trabajo

3. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe emitido por la comisión de evaluación, elevará propuesta de resolución provisional debidamente motivada al órgano concedente, el cual la adoptará la resolución y ordenará su notificación mediante la publicación en la página web, http://www.gobcan.es/trabajo

4. Dentro de los diez días siguientes a la publicación de la resolución provisional, los interesados deberán presentar la aceptación expresa de la subvención.

En caso de que no se otorgue la aceptación en dicho plazo, se entenderá que el interesado no acepta la subvención.

5. Cuando la resolución de concesión propuesta coincida en todos sus términos con el contenido de la solicitud del beneficiario, el órgano concedente podrá aprobar la resolución de concesión sin realizar los trámites de resolución provisional y aceptación.

Base 12ª.- Reformulación de solicitudes.

Cuando el importe de la subvención de la propuesta de resolución provisional sea inferior a la solicitada, se ofrecerá al interesado la posibilidad de reformular su solicitud, para ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable, de acuerdo con lo previsto en el artículo 17 del Decreto 36/2009.

El plazo para presentar la solicitud reformulada será de 10 días contados a partir de la publicación de la propuesta de resolución provisional.

En cualquier caso, la reformulación de solicitudes deberá respetar el objeto, condiciones y finalidad de la subvención, así como los criterios de valoración establecidos respecto de las solicitudes o peticiones.

Base 13ª.- Resolución.

Transcurrido el plazo para la aceptación expresa de la subvención, el órgano instructor elevará al órgano concedente la propuesta de resolución definitiva de concesión.

Si no se acepta la subvención por algunos de los solicitantes incluidos en la resolución provisional de concesión, y se hubiera liberado crédito suficiente para atender al menos una de las solicitudes denegadas que siguen en orden de puntuación, el órgano instructor podrá incluir en la propuesta de resolución definitiva de concesión, sin necesidad de una nueva convocatoria, al solicitante o solicitantes por orden de puntuación que reuniendo los requisitos establecidos en las bases, no hubieran resultado beneficiario en la propuesta de resolución provisional por haberse agotado la dotación presupuestaria.

La Resolución se notificará a los solicitantes mediante su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

En el caso de que en la Resolución se hubiesen incluido a solicitantes que no hubieran resultado beneficiarios en la propuesta de resolución provisional, se les concederá un plazo de 10 días hábiles para que presenten la aceptación. En caso de no hacerlo, se entenderá que no aceptan la subvención.

Base 14ª.- Modificación de la Resolución de concesión.

1. Una vez recaída la resolución de concesión, el beneficiario podrá solicitar la modificación de su contenido, siempre que no dañe derechos de tercero y se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que la actividad o conducta a realizar conforme a la modificación solicitada esté comprendida dentro de la finalidad prevista en la línea de actuación o proyecto de inversión contemplado en la Ley de Presupuestos y de las actividades o conductas establecidas en las bases reguladoras, o, en su defecto, en la resolución de concesión.

b) Que las circunstancias que justifiquen la modificación no hayan dependido de la voluntad del beneficiario inicial.

c) Que los nuevos elementos o circunstancias que motivan la modificación, de haber concurrido en la concesión inicial, no hubiesen determinado la denegación o disminuido la cuantía de la subvención concedida.

2. Dará lugar a la modificación de la resolución de concesión por el órgano que la haya dictado, sin que en ningún caso pueda variarse el destino o finalidad de la subvención, la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias:

a) La alteración de las circunstancias o de los requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de una subvención.

b) La obtención por el beneficiario de subvenciones concedidas por otros órganos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma o por otras Administraciones o Entes públicos para el mismo destino o finalidad.

c) La obtención de ayudas u otras atribuciones patrimoniales gratuitas de entidades privadas o particulares para el mismo destino o finalidad.

d) La superación de los topes previstos por la normativa comunitaria como consecuencia de la acumulación de subvenciones en los períodos establecidos en la misma.

3. Tanto la solicitud de modificación prevista en el punto 1 de la presente base como la comunicación de las circunstancias a que hace referencia el punto 2 deberán presentarse antes de que concluya el plazo para la realización de la actividad.

Base 15ª.- Plazo de ejecución de las actividades subvencionadas.

El plazo para realizar la actividad será:

- Desde el 1 de enero hasta el 30 de noviembre de 2017, para los beneficiarios que no se les hayan establecido el abono anticipado de la subvención.

- Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2017, para los beneficiarios que se les hayan establecido el abono anticipado de la subvención.

Base 16ª.- Compatibilidad de ayudas.

La subvención concedida no será compatible con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedente de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados.

Base 17ª.- Abono de las subvenciones.

1. Con carácter general el abono de las subvenciones se efectuará previa justificación por el beneficiario, y en la parte proporcional a la cuantía de la subvención justificada, de la realización de la actividad, proyecto, objetivo o adopción del comportamiento para el que se concedió.

2. No obstante lo anterior, cuando la entidad acredite ante la Dirección General de Trabajo que no dispone de recursos suficientes para finananciar transitoriamente la ejecución de la actividad o proyecto subvencionado, la resolución de concesión de la subvención podrá establecer el abono anticipado total o parcial de la subvención concedida, en función de las disponibilidades de tesorería, previa solicitud del mismo conforme al Anexo VII de la presente orden.

Base 18ª.- Plazo y medios de justificación de la subvención.

1. El plazo de justificación será:

- Hasta el 15 de diciembre de 2017, para los beneficiarios que no se les hayan establecido el abono anticipado de la subvención.

- Hasta el 15 de febrero de 2018, para los beneficiarios que se les hayan establecido el abono anticipado de la subvención.

2. La justificación se realizará conforme a lo estipulado en el artículo 28 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, en el que se regula la modalidad de cuenta justificativa simplificada, siempre que el importe de la subvención sea inferior a 60.000 euros, debiendo aportar:

a) Memoria justificativa de las actuaciones llevadas a cabo. En dicha memoria se describirán las actividades realizadas y los objetivos conseguidos, de acuerdo con el calendario previsto en el proyecto, adjuntando los productos resultantes del proyecto (bases de datos, programas informáticos, publicaciones, ponencias). Los resultados serán publicados en la web del ICASEL, donde podrán ser consultados por cualquier interesado en ellos.

b) Resumen ejecutivo del proyecto, siguiendo el modelo del Anexo IV, con un mínimo de 10 páginas y un máximo de 30, que podrá ser difundido por la Dirección General de Trabajo, tanto en formato electrónico como en papel. No obstante, la Dirección General de Trabajo podrá solicitar la totalidad de la documentación generada en la ejecución del proyecto y comprobar in situ, el desarrollo y ejecución del mismo.

c) Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, y por cada uno de ellos, los datos siguientes de las facturas o documentos de valor probatorio: acreedor, número de factura, breve descripción del objeto, importe, fecha de emisión, fecha y medio de pago, identificación de la anotación contable e impuesto soportado. En caso de que la subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto, se indicarán las desviaciones acaecidas.

d) Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.

e) Los tres presupuestos que, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley General de Subvenciones, deba de haber solicitado el beneficiario.

Por muestreo aleatorio simple, se requerirá al beneficiario un mínimo del 25% de los justificantes, que permitan obtener evidencia razonable sobre la adecuada aplicación de la subvención, solicitando al beneficiario la remisión de los justificantes de gasto seleccionados, así como, en su caso, la acreditación de los correspondientes pagos, que incluirá, como regla general, los justificantes bancarios de la salida de fondos. De no ser posible, de una manera justificada, la presentación del justificante bancario de salida de fondos, podrá presentarse el recibí de la empresa proveedora firmado, sellado y con fecha.

Si vencido el plazo de justificación la entidad no hubiese presentado los correspondientes documentos, se le requerirá para que los aporte en el plazo de quince días, comunicándole que, transcurrido el mismo sin atender el requerimiento, se entenderá incumplida la obligación de justificar.

Base 19ª.- Subcontratación de las actividades subvencionadas.

1. La realización de la actividad subvencionada es obligación personal del beneficiario sin otras excepciones que las establecidas en estas bases dentro de los límites fijados en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en su Reglamento. Se podrá subcontratar la ejecución parcial de la actividad que constituye el objeto de la subvención, con el límite del 40 por ciento del importe de la actividad subvencionada, sumando los precios de todos los subcontratos.

2. Los beneficiarios de las subvenciones no podrán emplear los fondos recibidos por este concepto en la adquisición de bienes o servicios entregados o prestados por personas o entidades vinculadas con el perceptor, sus administradores o apoderados. A efectos de lo dispuesto en el artículo 29.7.d) de la Ley General de Subvenciones, desarrollado por el artículo 68 de su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, se considerará que existe vinculación con aquellas personas físicas o jurídicas o agrupaciones sin personalidad en las que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Personas físicas unidas por relación conyugal o personas ligadas con análoga relación de afectividad, parentesco de consanguinidad hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segundo.

b) Las personas físicas y jurídicas que tengan una relación laboral retribuida mediante pagos periódicos.

c) Ser miembros asociados del beneficiario a que se refiere el apartado miembros o partícipes de las entidades sin personalidad jurídica a que se refiere el apartado 3, del artículo 11 de la Ley General de Subvenciones.

d) Una sociedad y sus socios mayoritarios o sus consejeros o administradores, así como los cónyuges o personas ligadas con análoga relación de afectividad y familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o de afinidad hasta el segundo.

e) Las sociedades que, de acuerdo con el artículo 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, reguladora del Mercado de Valores, reúnan las circunstancias requeridas para formar parte del mismo grupo.

f) Las personas jurídicas o agrupaciones sin personalidad y sus representantes legales, patronos o quienes ejerzan su administración, así como los cónyuges o personas ligadas con análoga relación de afectividad y familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o de afinidad hasta el segundo.

g) Las personas jurídicas o agrupaciones sin personalidad y las personas físicas, jurídicas o agrupaciones sin personalidad que conforme a normas legales, estatutarias o acuerdos contractuales tengan derecho a participar en más de un 50 por ciento en el beneficio de las primeras.

Asimismo, cuando el importe de la subvención concedida sea inferior al coste global de la actividad o adopción de la conducta que fundamentó su concesión, siendo la realización completa de la misma el requisito para la obtención de aquella, la diferencia no podrá corresponder a adquisiciones de bienes o servicios entregados o prestados por personas o entidades vinculadas.

3. La Administración podrá comprobar, dentro del período de prescripción, el coste así como el valor de mercado de las actividades subcontratadas, al amparo de las facultades que le atribuyen los artículos 32 y 33 de la Ley General de Subvenciones.

Base 20ª.- Publicidad.

Se deberá dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de la actividad subvencionada, de conformidad con lo establecido en el apartado 4, del artículo 18 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones. A estos efectos, y según lo dispuesto en el artículo 12.1 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, se establece la obligatoriedad de la inclusión de la Identidad Corporativa Gráfica del Gobierno de Canarias, así como leyendas relativas a la financiación pública en carteles, placas conmemorativas, materiales impresos, medios electrónicos o audiovisuales, o bien en menciones realizadas en medios de comunicación. Siempre que se haga publicidad a través de cualquier medio de comunicación o carteles anunciadores de la inversión subvencionada, será obligatorio hacer constar explícitamente que se subvenciona por la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias. El incumplimiento de la citada obligación será causa de reintegro del importe total de la subvención.

La utilización de la imagen institucional del Gobierno de Canarias se ajustará a los criterios generales establecidos en el Decreto 184/2004, de 21 de diciembre, por el que se aprueba la identidad corporativa del Gobierno de Canarias y se establecen las normas para su tratamiento y utilización.

Base 21ª.- Reintegro.

Conforme a lo establecido en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los supuestos que se indican a continuación, a los que les serán de aplicación los criterios de graduación siguientes:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran impedido. En este caso, procederá el reintegro de la totalidad de la cantidad percibida.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención. En caso de incumplimiento parcial, la cantidad a reintegrar será un porcentaje de lo percibido equivalente al porcentaje de incumplimiento, previa valoración y motivación de la justificación presentada por el beneficiario.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los términos establecidos en las normas reguladoras de la subvención. Deberán devolverse las cantidades no justificadas debidamente.

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4, del artículo 18 de la Ley 38/2003 y 31.3 del Reglamento que la desarrolla, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. En este caso, la cantidad a reintegrar será del 20% del importe de la subvención, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 del Reglamento General de Subvenciones, sin perjuicio de las medidas que se pudieran adoptar de conformidad con el artículo 31.3 del citado Reglamento.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero previstas en los artículos 14 y 15 de la citada Ley 38/2003, así como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. En este caso, procederá el reintegro de la totalidad de la cantidad percibida.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a los beneficiarios, así como de los compromisos por estos asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, siempre que afecten o se refieran al modo en que se han de conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención. En caso de incumplimiento parcial, la cantidad a reintegrar será un porcentaje de lo percibido equivalente al porcentaje de incumplimiento, previa valoración y motivación de la justificación presentada por el beneficiario.

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración, así como de los compromisos por estos asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privado, nacionales de la Unión Europea o de organismos internacionales. En caso de incumplimiento parcial, la cantidad a reintegrar será un porcentaje de lo percibido equivalente al porcentaje de incumplimiento, previa valoración y motivación de la justificación presentada por el beneficiario.

Los criterios de graduación indicados serán de aplicación, cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime, de modo significativo, al cumplimiento total y se acredite por este una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos.

En el supuesto contemplado en el apartado 3, del artículo 19 del referido texto legal, procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad subvencionada, así como la exigencia del interés de demora correspondiente.

Asimismo, no será exigible el abono o procederá el reintegro del exceso en cualquiera de los supuestos siguientes:

a) Cuando la cantidad recibida exceda del porcentaje del coste total de la actividad o conducta fijado en las bases de la convocatoria o en la resolución de concesión.

b) Cuando, por concesión de ayudas y subvenciones de otros Departamentos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma, de otras Administraciones o Entes públicos, la cuantía de las ayudas y subvenciones concedidas o recibidas supere el coste del objeto de la ayuda o subvención.

c) Cuando por haber recibido cualquier ayuda o auxilio económico de entidades privadas o particulares para el mismo destino, la cuantía de las ayudas o subvenciones concedidas supere el coste del objeto de las mismas.

d) Cuando por obtención de otros ingresos propios de la actividad o conducta subvencionada o afectos a las mismas o a la situación, estado o hecho en que se encuentre o soporte el beneficiario, la cuantía de las ayudas o subvenciones concedidas supere el coste del objeto de las mismas.

e) Cuando por acumulación de ayudas o subvenciones la cantidad recibida supere la cuantía compatible con la normativa comunitaria.

En todos los supuestos de reintegro indicados anteriormente, además de la devolución, total o parcial, de los fondos públicos percibidos indebidamente, se exigirá el interés legal de demora devengado desde el momento de abono de los mismos, que de conformidad con la previsto en el artículo 19.2 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria resultará de aplicación el interés legal fijado en la Ley estatal de Presupuesto para cada ejercicio.

El interés de demora a que se refiere el apartado anterior se calculará sobre el importe a reintegrar de la subvención concedida o, en su caso, sobre la cuantía del exceso del coste que deba reintegrarse.

Base 22ª.- Infracciones y sanciones.

En cuanto a las infracciones y sanciones, se regirán por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. En su artículo 65 se establece el régimen de prescripción de infracciones y sanciones: 1. Las infracciones prescribirán en el plazo de cuatro años a contar desde el día en que la infracción se hubiera cometido. 2. Las sanciones prescribirán en el plazo de cuatro años a contar desde el día siguiente a aquel en que hubiera adquirido firmeza la resolución por la que se impuso la sanción.

Asimismo se regirán por lo establecido en el Título IV del Reglamento de la citada Ley, en el artículo 154 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, y en el Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, en todo aquello que no se oponga a los preceptos, de carácter básico, que se recogen en la Ley General de Subvenciones y su Reglamento.

Base 23ª.- Prescripción.

El régimen aplicable a la prescripción es el establecido en el artículo 153 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria.

Base 24ª.- Régimen jurídico.

La presente bases se ajustan a lo dispuesto tanto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, en lo que se refiere a sus preceptos básicos y supletoriamente los no básicos, así como al Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, modificado por el Decreto 5/2015, de 30 de enero, Reglamento nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de funcionamiento de la UE a las ayudas de mínimis (Diario Oficial de la Unión Europea nº L 352, de 24 de diciembre de 2013).



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