BOC - 2010/015. Lunes 25 de Enero de 2010 - 377

III. OTRAS RESOLUCIONES - Presidencia del Gobierno

377 - Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información.- Resolución de 30 de diciembre de 2009, del Director, por la que se aprueban las bases reguladoras para el período 2009-2011, del régimen de la concesión de ayudas en la forma de subvenciones y préstamos para la realización de actuaciones de extensión de infraestructuras de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de la Sociedad de la Información.

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Examinado el expediente tramitado por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información relativo a la aprobación de las bases reguladoras para el período 2009-2011 del régimen de concesión de ayudas en la forma de subvenciones y préstamos para la realización de actuaciones de extensión de infraestructuras de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de la Sociedad de la Información.

Vista la propuesta de la Secretaría General de la Presidencia.

En el ejercicio de las competencias delegadas por el Decreto 81/2008, de 10 de junio, del Presidente (BOC nº 119, de 16.6.08)), y teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

Primero.- La investigación científica, el desarrollo e innovación tecnológica se ha convertido en uno de los factores clave para el crecimiento económico a largo plazo y, con ello, del bienestar de la sociedad en general. La Unión Europea ha situado la política de ciencia y tecnología en uno de sus ejes centrales, y como una de las piezas principales de la renovada Estrategia de Lisboa para el crecimiento y el empleo.

La política de ciencia, tecnología e innovación, que tiene como finalidad la generación de conocimiento mediante el desarrollo de actividades de investigación, y en último término la creación de riqueza y de mejora de los niveles de bienestar social, debe contribuir a alcanzar los objetivos planteados en el marco de la política de la Unión Europea orientada a mejorar de modo significativo el esfuerzo general en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i).

En el caso de España, la principal herramienta de programación de la política científica y tecnológica es el VI Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica para el período 2008-2011, aprobado mediante acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de septiembre de 2007 y que puede consultarse en la dirección http://www.plannacionalidi.es.

En la elaboración de dicho VI Plan, se ha tomado como referencia la Iniciativa Ingenio 2010, aprobada por el Gobierno en junio de 2005, que es el instrumento para conseguir la convergencia con la Unión Europea en materia de I+D+i mediante una mayor dotación de recursos y la puesta en marcha de actuaciones estratégicas.

Para dar cumplimiento a los objetivos establecidos en dicho plan nacional de I+D+i, se ha considerado necesario articular un conjunto de ayudas directas que estimulen la realización de esta acción estratégica orientada a conseguir el adecuado desarrollo y utilización de las Tecnologías, Aplicaciones, Servicios y Contenidos de la Sociedad de la Información para contribuir al éxito de un modelo de crecimiento económico basado en el incremento de la competitividad y la productividad, la promoción de la igualdad social y regional, la accesibilidad universal y la mejora del bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos.

En esta acción estratégica se incluyen medidas del Plan Avanza, cuyo objetivo global es el conseguir la convergencia en Sociedad de la Información con la Unión Europea y entre las Comunidades Autónomas en el año 2010.

Dentro de este marco, la disponibilidad, capilaridad y adecuada vertebración de infraestructuras de telecomunicaciones acordes a las demandas actuales, tanto en un ámbito empresarial como hacia la ciudadanía, representa un factor altamente estratégico que condiciona, enormemente, el crecimiento de un modelo de sociedad y economía apoyada en la creación, distribución y tratamiento de la información.

El despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones se ha visto positivamente favorecido en aquellos entornos donde se ha propiciado la existencia de competencia efectiva en el mercado de las telecomunicaciones, ejemplo de lo cual se puede observar en la España peninsular.

En territorios aislados, fragmentados y con una importante dispersión poblacional como representa el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias, la relevancia de la existencia de unas infraestructuras de telecomunicaciones que atiendan las demandas actuales requeridas, así como permitan dar servicio a la mayor parte de empresas y ciudadanos, se convierte en crítica.

Canarias, para la que además se suman los inconvenientes de su compleja orografía, así como de su lejanía al continente europeo, reconocida en su condición de Región Ultraperiférica (RUP), presenta un desarrollo del mercado de las telecomunicaciones desigual al producido en la España peninsular.

Esta circunstancia es puesta de manifiesto por la CMT en su "Resolución por la que se pone fin al período de información previa sobre las condiciones de prestación de los cables submarinos existentes entre la Península y las Islas Canarias y se procede a la apertura de un procedimiento de modificación de la oferta de referencia de líneas alquiladas troncales de Telefónica de España, S.A.U.", de marzo de 2008, y en su "Resolución sobre la modificación de la oferta de referencia de líneas alquiladas troncales de Telefónica de España, S.A.U. en lo que respecta a la ruta Península-Canarias", de septiembre de 2008, donde se constatan los siguientes hechos:

· Alta concentración de la oferta, siendo en 2008 la cuota de Telefónica en Canarias del 77,0%, frente al 56,4% de media en el resto de España (más de 20 puntos porcentuales por debajo).

· Cuota del cable un 37% inferior a la que esta tecnología ostenta en el conjunto del país. Adicionalmente, la oferta de ONO en Canarias es menos diversificada y competitiva en velocidades y productos respecto a la que realiza en la Península.

· Práctica ausencia de desagregación del bucle. A excepción del operador de ONO, el resto de operadores utiliza en Canarias el acceso indirecto nacional, que deja un menor margen de maniobra para realizar ofertas atractivas y diferenciadas de las de Telefónica.

· Escasa presencia de otros operadores de telecomunicaciones (los que no son Telefónica ni ONO), dándose la circunstancia de que entre 2007 y 2008 estos alternativos han experimentado un incremento de su cuota de mercado de banda ancha a nivel nacional, mientras que su cuota en Canarias disminuía.

· En cuanto a la banda ancha móvil, Canarias se sitúa en 2008 cinco puntos porcentuales por debajo de la media nacional en población con acceso al menos a una red 3G (85,5% frente al 90,3% nacional).

· Escasa disponibilidad de servicios de banda ancha, lo que se traduce en la existencia de zonas sin servicio o con unas prestaciones inferiores a las disponibles en el mercado.

En conclusión, las condiciones de competencia en la Comunidad Autónoma de Canarias difieren de las del conjunto del Estado tanto en el mercado mayorista de líneas troncales como en los servicios de banda ancha minoristas, traduciéndose en un mercado de telecomunicaciones que presenta una alta concentración, una ausencia de oferta (tanto en precios como en diversidad de productos) por parte de los operadores alternativos, la existencia de importantes zonas con una cobertura de servicios de banda ancha en condiciones precarias, así como de otras a las cuales el mercado no considera y que, por tanto, se encuentran excluidas de la Sociedad de la Información.

Segundo.- Que con fecha 29 de junio de 2006, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITYC) y la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías suscribieron el "Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de Canarias para el desarrollo del Plan Avanza" cuyo objeto principal es conseguir la adecuada utilización de las TIC, y así, contribuir al éxito de un modelo de crecimiento económico basado en el incremento de la productividad y la competitividad, en la promoción de la igualdad social y regional, en la accesibilidad universal y en la mejora del bienestar y de la calidad de vida de los ciudadanos. En dicho Convenio Marco para el desarrollo del Plan Avanza se prevé la firma de adendas para la ejecución de su objeto.

Tercero.- Con fecha 1 de diciembre de 2008 se suscribió, entre el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, una Adenda al Convenio Marco de Colaboración para el desarrollo del Programa de Infraestructuras de Telecomunicaciones en el ámbito del Plan Avanza, que tiene por objetivo fomentar la existencia de infraestructura de banda ancha que actúe como catalizador imprescindible para el desarrollo de la Sociedad de la Información.

Cuarto.- El Gobierno de Canarias, en coordinación con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, consciente de la realidad de las telecomunicaciones en Canarias, ha establecido una estrategia de ayudas públicas, en el marco del Plan Avanza, que persigue favorecer las inversiones necesarias para extender la cobertura de los servicios de telecomunicaciones especialmente a las zonas rurales con condiciones similares a las disponibles en las zonas urbanas, como medio para potenciar su desarrollo económico y la incorporación de sus ciudadanos y empresas a la Sociedad de la Información.

Esta estrategia se apoya sobre los principios de equidad y cohesión territorial, preeminencia de la iniciativa privada, libre competencia, coordinación de la situación actual de las infraestructuras disponibles en cada zona y neutralidad tecnológica. Las ayudas no estarán condicionadas al despliegue de una solución tecnológica concreta. Serán los agentes, el mercado y las posibilidades que la tecnología ofrezca en cada momento los que determinen la solución más apropiada.

Quinto.- En virtud de la Resolución de 4 de marzo de 2008, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, se efectúa la convocatoria para la concesión de ayudas para la realización de proyectos y acciones de la Acción Estratégica de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, en particular, el Subprograma Avanza Infraestructuras, que tenía por objeto, entre otros, proyectos de acción social orientados al desarrollo de actuaciones relativas a la implantación de la banda ancha y otros servicios de telecomunicaciones en entornos rurales y aislados, redes rurales de alta capacidad, proyectos pilotos para servicios avanzados de telecomunicaciones y redes de acceso para servicios públicos locales, todo ello de conformidad con las previsiones contenidas en la Orden ITC/464/2008, de 20 de febrero, por la que se regulan las bases, el régimen de ayudas y la gestión de la Acción Estratégica de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.

De acuerdo con las disposiciones del Reglamento (CE) nº 659/1999, del Consejo, de 22 de marzo, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE, dichas bases fueron notificadas a la Comisión Europea para su autorización, indicándose en la Decisión con número de ayuda N 73/2008, de 17 de junio de 2008, que las mismas son compatibles con el mercado común de conformidad con el artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado CE.

Sexto.- Con fecha 7 de octubre de 2009, la Dirección General de Asuntos Económicos con la Unión Europea emite informe favorable a la Propuesta de Resolución, al ser compatible con la normativa comunitaria.

Asimismo, toda vez que la citada propuesta de Resolución guarda identidad sustancial con las bases reguladoras contenidas en la Orden ITC/464/2008, en relación al objeto y finalidad de las ayudas a conceder en la forma de subvenciones y préstamos, no es necesaria su notificación previa a la Comisión Europea.

Séptimo.- Con fecha 30 de diciembre de 2009, la Intervención General emite informe favorable de fiscalización.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 129/2008, de 3 de junio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Presidencia del Gobierno (BOC nº 115, de 10.6.08)), la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, bajo la dependencia directa del Presidente del Gobierno, es el órgano, con rango de Dirección General, encargado de desempeñar las competencias relativas a las políticas y programas públicos en materia de investigación, desarrollo tecnológico, innovación empresarial y despliegue de la sociedad de la información de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (CAC), así como de las entidades dependientes de la misma.

Específicamente, tiene atribuidas las competencias relativas al desarrollo de la sociedad de la información en el ámbito externo de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y específicamente, el estudio, impulso, dirección y coordinación de la política general sobre telecomunicaciones, tecnologías de la información y desarrollo de la sociedad de la información en la Comunidad Autónoma de Canarias, el seguimiento y coordinación de los proyectos para el desarrollo de la Sociedad de la Información impulsados en el marco de actuaciones de ámbito nacional y europeo, la promoción del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad canaria y la gestión de programas de ayudas y subvenciones para el desarrollo de la sociedad de la información en Canarias; la elaboración de programas de apoyo a las empresas para la utilización de los servicios que provee la sociedad de la información, así como el fomento de la creación de instrumentos empresariales para su desarrollo.

Por el Decreto 81/2008, de 10 de junio, del Presidente, se delegan en el Director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, las competencias que correspondan al titular del departamento según las normas reguladoras de las subvenciones, y se deja sin efecto la delegación conferida en el apartado tercero del Decreto 383/2007, de 3 de diciembre, del Presidente (BOC nº 248, de 13 de diciembre).

Segunda.- La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (B.O.E. nº 276, de 18 de noviembre), regula el régimen jurídico general de las subvenciones otorgadas por las Administraciones Públicas. Asimismo, de conformidad con la previsión contenida en su Disposición adicional sexta, los créditos sin interés, o con interés inferior al del mercado, concedido a particulares se regirán por su normativa específica y, en su defecto, por las prescripciones de esta ley que resulten adecuadas a la naturaleza de estas operaciones, en particular, los principios generales, requisitos y obligaciones de beneficiarios y entidades colaboradoras, y procedimientos de concesión.

Tercera.- El artículo 9 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, dispone que en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma, los titulares de los Departamentos de la citada Administración Pública establecerán las oportunas bases reguladoras de la concesión.

El procedimiento para la aprobación y modificación de las bases reguladoras contendrá la iniciativa del órgano gestor en la que se especificará la adecuación de las mismas al plan estratégico de subvenciones, la propuesta de la Secretaría General Técnica que deberá pronunciarse sobre la legalidad de las mismas y el informe previo de la Intervención General.

Cuarta.- El artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, referido a delegación de competencias, dispone que los órganos de las diferentes Administraciones Públicas podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros órganos de la misma Administración, aun cuando no sean jerárquicamente dependientes, o de las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de aquéllas.

Por todo ello, y en el ejercicio de las competencias delegadas por el Decreto 81/2008, de 10 de junio, del Presidente (BOC nº 119, de 16.6.08)),

R E S U E L V O:

Primero.- Aprobar las bases reguladoras para el período 2009-2011 que figuran en el anexo I de la presente Resolución, el régimen de ayudas en la forma de subvenciones y préstamos para la realización de actuaciones de extensión de infraestructuras de telecomunicaciones para acceso a los servicios de la Sociedad de la Información.

Santa Cruz de Tenerife, a 30 de diciembre de 2009.- El Director (p.d. Decreto 81/2008, de 10 de junio, del Presidente; BOC nº 119), Juan Ruiz Alzola.

A N E X O I

BASES ESPECÍFICAS

Primera.- Objeto.

Las presentes bases tienen por objeto la regulación del régimen de ayudas y la gestión de las Actuaciones de Extensión de Infraestructuras de Telecomunicaciones para el Acceso a los Servicios de la Sociedad de la Información.

Segunda.- Ámbito temporal.

1. El ámbito temporal de vigencia de las presentes bases reguladoras coincide con el del VI Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011, esto es, desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias hasta el 31 de diciembre de 2011.

2. Las ayudas destinadas a los proyectos cuyos tipos se definen en la base específica tercera, podrán tener carácter plurianual. Las ayudas estarán condicionadas a la existencia de consignación presupuestaria en cada ejercicio y a los requisitos que, para los compromisos de gastos de esta naturaleza, establece el artº. 49 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria.

3. En el caso de proyectos o acciones cuyo plazo de ejecución se extienda más allá del año 2011, último año de vigencia del referido Plan Nacional, el pago de las ayudas correspondientes podrá llevarse a cabo hasta la finalización de su ejecución, de acuerdo con lo previsto en las presentes bases reguladoras, según establezcan las respectivas resoluciones de concesión de ayudas.

Tercera.- Objetivos.

1. Las actuaciones relacionadas en esta orden tienen como finalidad contribuir a la consecución de los objetivos de la Acción Estratégica de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, 2008-2011. En este sentido se señalan como metas:

1º) Situar a Canarias en la vanguardia del conocimiento.

2º) Promover un tejido empresarial altamente competitivo.

3º) Promover Servicios públicos digitales y de calidad.

4º) Desarrollar un nuevo contexto digital basado en infraestructuras y servicios avanzados de telecomunicación.

2. Para lo que deberá abordar retos correspondientes a la eficiencia de las infraestructuras y redes de información.

Cuarta.- Tipo de proyectos y acciones objeto de ayuda.

Los proyectos, enmarcados en el Subprograma Avanza Infraestructuras, se considerarán de acción social, pudiendo ser objeto de ayudas los orientados a facilitar alguna de las siguientes actuaciones:

A) Desarrollo de la banda ancha y otros servicios de telecomunicaciones en entornos rurales y aislados:

a) Actuación dirigida a apoyar la prestación de servicios de banda ancha que permitan satisfacer la demanda a la población residente en los entornos rurales y aislados en condiciones similares a las disponibles en las zonas urbanas, donde actualmente no existan tales ofertas ni para las que hay planes de cobertura en un futuro próximo.

b) Actuación dirigida a apoyar la prestación de servicios de televisión digital que permitan satisfacer la demanda a la población residente en los entornos rurales y aislados en condiciones similares a las disponibles en las zonas urbanas, donde actualmente no existan tales ofertas ni para las que hay planes de cobertura en un futuro próximo.

c) Actuación dirigida a apoyar la prestación de servicios de telefonía móvil, que permitan satisfacer la demanda a la población residente en los entornos rurales y aislados en condiciones similares a las disponibles en las zonas urbanas, donde actualmente no existan tales ofertas ni para las que hay planes de cobertura en un futuro próximo.

Las zonas para las que se podrá conceder financiación serán las zonas menos favorecidas de Canarias en las que no existan los servicios objeto de la ayuda, y en las que ninguna empresa del sector tenga planes de prestar dichos servicios en un futuro próximo. Para ello se elaborarán listas con zonas prioritarias, que serán puestas a disposición de todas las partes interesadas. Además de estas zonas prioritarias, los solicitantes de ayudas podrán también proponer otras zonas geográficas, en las cuales puedan demostrar que no hay infraestructuras adecuadas para proveer servicios avanzados de telecomunicación.

Las ayudas no estarán condicionadas al despliegue de una solución tecnológica concreta, siendo los solicitantes de las ayudas los que deberán expresar en los proyectos la solución tecnológica más adecuada adaptada a cada ámbito territorial. Las prestaciones mínimas de los servicios serán las establecidas en el anexo IX.

Asimismo, las entidades beneficiarias de las ayudas deberán presentar los términos y condiciones que proponen con objeto de facilitar a los demás operadores el acceso abierto a las infraestructuras subvencionadas en condiciones no discriminatorias de suministro.

B) Redes rurales de alta capacidad: actuación dirigida a apoyar el desarrollo de infraestructuras de red troncal, capaces de conectar determinados municipios rurales a las grandes redes de transmisión de datos, con unas capacidades adecuadas para la provisión de servicios avanzados de telecomunicación para la población residente en los entornos rurales y aislados en condiciones similares a las disponibles en las zonas urbanas, y donde actualmente no hay planes en este sentido en un futuro próximo.

Las zonas para las que se podrá conceder financiación serán las zonas menos favorecidas de Canarias, en las que no existan infraestructuras de telecomunicaciones adecuadas para dar servicios avanzados de telecomunicaciones, y en las que ninguna empresa del sector tenga planes para realizar inversiones en estas redes en un futuro próximo. Para ello se elaborarán listas con zonas prioritarias, que serán puestas a disposición de todas las partes interesadas. Además de estas zonas prioritarias, los solicitantes de ayudas podrán también proponer otras zonas geográficas, en las cuales puedan demostrar que no hay infraestructuras adecuadas para proveer servicios avanzados de telecomunicación.

Las ayudas no estarán condicionadas al despliegue de una solución tecnológica concreta, siendo los solicitantes de las ayudas los que deberán expresar en los proyectos la solución tecnológica más adecuada adaptada a cada ámbito territorial.

Asimismo, las entidades beneficiarias de las ayudas deberán presentar los términos y condiciones que proponen con objeto de facilitar a los demás operadores el acceso abierto a las infraestructuras subvencionadas en condiciones no discriminatorias de suministro.

C) Proyectos piloto para servicios avanzados de telecomunicaciones: actuación orientada a acelerar la introducción y maduración de nuevas tecnologías de banda ancha y servicios avanzados de telecomunicación en los entornos rurales. El objetivo es probar en determinadas zonas rurales tecnologías que están a punto de implantarse o ya se implantan en las grandes ciudades, pero que no se prevé su extensión a corto plazo al mundo rural.

Se trata de proyectos de ámbito territorial reducido, en todo caso inferior al de una isla, en zonas rurales y aisladas y limitados en el tiempo a un máximo de dos años. Las ayudas estarán condicionadas al despliegue de una solución tecnológica concreta en cada proyecto, siendo los solicitantes de las ayudas los que deberán proponer la solución tecnológica más adecuada adaptada a cada ámbito territorial.

D) Redes de acceso para servicios públicos locales: actuación dirigida a la implantación de redes públicas de telecomunicación en el ámbito local que permitan el acceso de los ciudadanos únicamente a los servicios públicos de sociedad de la información que ofrecen las Administraciones públicas. Estas redes no podrán prestar el servicio de acceso a Internet.

Las ayudas no estarán condicionadas al despliegue de una solución tecnológica concreta, siendo los solicitantes de las ayudas los que deberán expresar en los proyectos la solución tecnológica más adecuada adaptada a cada ámbito territorial.

Las actuaciones para el desarrollo de la banda ancha y otros servicios de telecomunicaciones avanzados en entornos rurales y aislados, así como las Redes rurales de alta capacidad se regirán por los principios de equidad y cohesión territorial, preeminencia de la iniciativa privada, libre competencia, coordinación a distintos niveles entre las Administraciones públicas, coordinación con la situación actual de las infraestructuras y servicios disponibles en cada territorio, neutralidad tecnológica y gradualidad. Para ello, en las convocatorias de ayudas derivadas de estas bases se establecerá la documentación técnica y económica específica que los solicitantes deberán aportar.

Se considerarán zonas de aplicación prioritaria las áreas incluidas en las listas publicadas en las convocatorias que desarrollen las presentes bases.

Quinta.- Presupuestos mínimos y máximos de los proyectos objeto de ayuda.

Los proyectos y acciones que presenten solicitud de ayuda no precisan tener un presupuesto mínimo.

Sexta.- Beneficiarios.

Conforme a la definición del artículo 11 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, podrán tener la condición de beneficiario en los términos del anexo VI:

A) Empresas: entidad, cualquiera que sea su forma jurídica, que ejerza una actividad económica y que esté válidamente constituida en el momento de presentación de la solicitud de ayuda. Se integran en este concepto las sociedades mercantiles públicas, los Entes públicos empresariales y los empresarios individuales.

Dentro del concepto empresa se diferencian las pequeñas y medianas empresas, que a su vez se definen y subdividen según se indica a continuación:

a) Pequeña y mediana empresa (PYME):

i) Cuando en las presentes bases se aluda a pequeñas y medianas empresas (PYME), se entenderá por tales, de acuerdo con el anexo I del Reglamento (CE) nº 70/2001, de la Comisión, de 12 de enero de 2001, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales a las pequeñas y medianas empresas (Diario Oficial de las Comunidades Europeas L10 de 13.1.01), modificado por el Reglamento (CE) nº 364/2004, de la Comisión, de 25 de febrero de 2004 (D.O.U.E. L63 de 28.2.04), las empresas que cumplan los siguientes requisitos:

(1) Que empleen a menos de 250 personas.

(2) Que su volumen de negocio anual no exceda de 50 millones de euros, o su balance general anual no exceda de 43 millones de euros.

(3) Que el cómputo de los efectivos y límites en el caso de empresas asociadas o vinculadas se efectúe como disponen los artículos 3 a 6 del anexo I del Reglamento (CE) nº 70/2001, de la Comisión, antes citado.

b) En la categoría PYME se define a una pequeña empresa como una empresa que ocupa a menos de 50 personas y cuyo volumen de negocio anual o cuyo balance general anual no supera los 10 millones de euros, computándose los límites de acuerdo con el anexo I del Reglamento (CE) nº 70/2001, de la Comisión, antes citado.

c) En la categoría PYME se define a una microempresa como una empresa que ocupa a menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supera los 2 millones de euros, computándose los límites de acuerdo con el anexo I del Reglamento (CE) nº 70/2001, de la Comisión, antes citado. Las convocatorias derivadas de estas bases podrán prever que la participación de las microempresas se lleve a cabo exclusivamente en la modalidad de proyecto o acción tecnológica en cooperación.

B) Centros de Investigación y Desarrollo: las Universidades Públicas, los Organismos Públicos de investigación reconocidos como tales por la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación de la Investigación Científica y Técnica; cualquier entidad dependiente de las Administraciones Públicas que tenga en su objeto la realización de actividades de I+D, con independencia de su forma jurídica.

También se admitirán Universidades y entidades privadas, con personalidad jurídica propia y sin ánimo de lucro, con capacidad o actividad demostrada en la realización directa de actividades de investigación y desarrollo.

C) Centro tecnológico: persona jurídica, legalmente constituida sin ánimo de lucro, que estatutariamente tenga por objeto contribuir, mediante el perfeccionamiento tecnológico y la gestión tecnológica, a la mejora de la competitividad de las empresas y que esté inscrita como Centro de Innovación y Tecnología (CIT) en el Registro regulado por el Real Decreto 2.609/1996, de 20 de diciembre, a la fecha de presentación de la solicitud.

D) Otras Entidades de Derecho Público: las previstas en el artº. 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, distintas a las mencionadas anteriormente.

E) Entidades sin fines de lucro legalmente constituidas, siempre que no puedan ser consideradas empresas. La carencia de fines de lucro debe encontrarse explícitamente reconocida en los estatutos o normas de funcionamiento de la entidad.

F) Las entidades locales definidas en el artículo 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

G) Las siguientes agrupaciones o asociaciones empresariales:

a) Unión temporal de empresas (UTE).

b) Agrupación de interés económico, formada por empresas, o empresas con otras entidades (AIE).

c) Asociaciones empresariales sectoriales sin ánimo de lucro que realicen entre sus actividades proyectos y actuaciones de investigación, desarrollo e innovación para su sector. La carencia de fines de lucro debe encontrarse explícitamente reconocida en los estatutos o normas de funcionamiento de la entidad.

d) Agrupaciones Empresariales Innovadoras ("clusters" innovadores) inscritas en el Registro Especial de Agrupaciones Empresariales Innovadoras del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio: grupos constituidos de entidades independientes -empresas, pequeñas, medianas y grandes, y organismos de investigación-, activas en sectores y regiones concretos cuyo objetivo es estimular actividades innovadoras mediante el fomento de intensas relaciones mutuas y de la práctica de compartir conocimientos especializados y contribuir con eficacia a la transferencia tecnológica, la creación de redes y la divulgación de información entre las empresas integrantes de la agrupación.

e) Otras agrupaciones de los beneficiarios citados en los subapartados A a G de esta base específica sexta.

H) Conforme al artículo 11.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, cuando el beneficiario sea una persona jurídica, los miembros asociados del beneficiario que se comprometan a efectuar la totalidad o parte de las actividades que fundamentan la concesión de la ayuda en nombre y por cuenta del primero tendrán igualmente la condición de beneficiarios, si a su vez cumplen los requisitos para serlo establecidos en el apartado séptimo. En las resoluciones de convocatorias se regularán los requisitos y características especiales que deban cumplir este tipo de beneficiarios y la importancia relativa de la actuación que puedan realizar.

I) El anexo VI establece los tipos de beneficiario que pueden participar en cada tipo de proyecto, establecido en la base específica cuarta.

Séptima.- Requisitos y obligaciones de los beneficiarios.

1) Los beneficiarios no podrán encontrarse incursos en ninguna de las circunstancias que prohíben la obtención de la condición de beneficiario, recogidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2) Los beneficiarios deberán cumplir las obligaciones recogidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como las instrucciones específicas que, en aplicación y cumplimiento de las presentes bases, comunique la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información en materia de ejecución, seguimiento, pago de las ayudas, información y publicidad, justificación y control del gasto.

3) No podrán tener la condición de beneficiarios las empresas que se encuentren sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una Decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda al beneficiario ilegal e incompatible con el mercado común.

4) En el caso de que las ayudas concedidas con cargo a las presentes bases estuvieran cofinanciadas con fondos comunitarios, la resolución de concesión notificará a los beneficiarios la obligación del cumplimiento de la normativa sobre dichos fondos.

5) Los beneficiarios deberán comunicar al órgano instructor, si se produce el caso, la obtención de otras ayudas, subvenciones, ingresos o recursos para la ejecución de las actividades financiadas, tan pronto como tengan conocimiento de ello y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

6) Asimismo los beneficiarios deberán comunicar, tan pronto como tengan conocimiento de ello y, en todo caso, con la solicitud de la ayuda, otras posibles ayudas concedidas, entre las que se incluyen las concedidas al amparo de la norma comunitaria de mínimis, durante el ejercicio fiscal en curso y los dos anteriores, cualquiera que fuera el objeto de las mismas.

Octava.- Modalidades de participación. Subcontratación.

1) Todos los proyectos y acciones definidos podrán realizarse conforme a una de las siguientes modalidades:

a) Proyecto o acción individual: proyecto o acción realizados por una sola entidad siendo ésta cualquiera de las citadas en la base específica sexta. Estos proyectos podrán contar, en todo caso, con subcontrataciones reguladas en el subapartado 2 de este apartado.

b) Proyecto o acción en cooperación: proyectos en cuyo desarrollo participen más de uno de los mencionados como beneficiarios, que pueden pertenecer o no al mismo tipo de sujetos, cuyas relaciones estén formalizadas documentalmente mediante un contrato, convenio o acuerdo en el que se establezcan los derechos y obligaciones de los distintos sujetos participantes. Estos proyectos podrán contar con las subcontrataciones reguladas en el subapartado 2 de este apartado. No obstante, una entidad participante en una solicitud de ayudas no podrá figurar, en la misma solicitud, como subcontratada por otro participante de la misma solicitud.

c) En los proyectos o acciones en cooperación que se presenten, las entidades participantes deberán formar una agrupación sin personalidad jurídica, rigiéndose por el contrato, convenio o acuerdo que la regule, al amparo del artículo 11.3, párrafo segundo, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. El representante de la agrupación será el solicitante de la ayuda y el responsable de la realización del proyecto o acción ante la Administración. A tal fin, canalizará la relación con los participantes y, llegado el caso, aportará la documentación justificativa de la realización del proyecto o acción. El pago de la ayuda concedida se realizará al representante, quien se responsabilizará de la transferencia a cada participante de los fondos que le correspondan. Todo ello, sin perjuicio de los derechos y obligaciones que, derivados de la condición de beneficiarios, tienen el representante y los participantes, en particular, la de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. En el caso de ayudas concedidas en el marco del régimen de ayudas de mínimis, el representante será el encargado de realizar las labores de información, verificación y control establecidas en el Reglamento (CE) nº 1998/2006, de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de mínimis, respecto a las empresas participantes en el proyecto, y a remitir toda la documentación aplicable al órgano instructor de las ayudas.

d) En los proyectos en cooperación, las intensidades de ayuda definidas en el base específica duodécima se determinarán individualmente para cada beneficiario.

2) Cuando en la realización de un proyecto se subcontrate parte de su ejecución, el coste de la subcontratación no podrá superar el 95 por ciento del coste total del proyecto.

3) Según lo indicado en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se entiende que un beneficiario subcontrata cuando concierta con terceros la ejecución total o parcial de la actividad que constituye el objeto de la subvención. Queda fuera de este concepto la contratación de aquellos gastos en que tenga que incurrir el beneficiario para la realización por sí mismo de la actividad financiada.

4) Cuando la subcontratación exceda del 20 por ciento del importe de la ayuda y dicho importe sea superior a 60.000 euros, deberá celebrarse un contrato por escrito entre las partes y su celebración deberá ser autorizada previamente por el órgano concedente de la ayuda. En ausencia de autorización expresa, se entenderá autorizada la celebración del contrato por el órgano concedente de la ayuda, cuando se publique la resolución de concesión.

5) Cuando los beneficiarios estén sometidos al régimen de contratación previsto en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y prevean que los plazos del procedimiento de adjudicación del contrato no van permitir su presentación antes de la resolución de concesión de la ayuda, lo pondrán de manifiesto ante el órgano concedente. En estos casos la resolución de concesión condicionará la autorización del contrato a su adjudicación de acuerdo con lo previsto en la citada ley. El contrato y la motivación de su adjudicación se remitirán en el momento de la justificación de la ayuda.

6) No podrá realizarse la subcontratación con personas o entidades en quienes concurra algunas de las circunstancias detalladas en el artículo 29.7 de la referida Ley General de Subvenciones.

Novena.- Entidades colaboradoras.

La entrega y disposición de fondos o bienes públicos en que consistan las ayudas en la forma de subvenciones y préstamos podrán realizarse a través de entidades colaboradoras, que actuarán a estos efectos en nombre y por cuenta de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias o de las Entidades de Derecho Público vinculadas o dependientes de la misma.

Será entidad colaboradora aquella que, actuando en nombre y por cuenta del órgano concedente a todos los efectos relacionados con la subvención, entregue y distribuya los fondos públicos a los beneficiarios cuando así se establezca en las bases reguladoras, o colabore en la gestión de la subvención sin que se produzca la previa entrega y distribución. Estos fondos, en ningún caso, se considerarán parte integrante de su patrimonio. Pueden ser entidades colaboradoras, las empresas públicas de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma y la Fundaciones que estén bajo el protectorado de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma.

No podrán obtener la condición de entidad colaboradora las personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias previstas en el artº. 13.2 de la Ley General de Subvenciones, salvo que por la naturaleza de la subvención se exceptúe por su normativa reguladora.

Las entidades colaboradoras vendrán obligadas al cumplimiento de las obligaciones recogidas en el artº. 15.1 de la Ley General de Subvenciones. Asimismo, habrán de acreditar el cumplimiento de las condiciones de solvencia y eficacia previstas en la Orden de 10 de marzo de 1995, de la Consejería de Economía y Hacienda.

Los fondos públicos que reciban las entidades colaboradoras para su distribución en concepto de ayudas o subvenciones no se integrarán en su patrimonio, ni podrán retenerse o minorarse para remunerar o compensar los gastos a los que pudiera dar lugar su colaboración.

La participación de las entidades colaboradoras en la entrega y distribución de las ayudas y subvenciones deberá formalizarse en un convenio de colaboración, en la que regularán las condiciones y obligaciones asumidas por aquéllas.

Décima.- Modalidades de ayudas a la financiación de proyectos.

1) Las ayudas a la financiación de proyectos y acciones objeto de estas bases podrán concederse con arreglo a las siguientes modalidades:

a) Subvenciones.

b) Préstamos.

2) El apoyo que reciban los beneficiarios podrá revestir una o varias de las modalidades enumeradas en el punto anterior, en función de las características de cada proyecto y del tipo de beneficiario, respetando los límites de intensidad de ayuda y de importe establecidos en las bases específicas duodécima y decimotercera, respectivamente.

3) En razón a que las ayudas en forma de préstamo suponen un equivalente teórico monetario en términos de subvención, la Comisión de evaluación prevista en la base general quinta, podrá proponer la concesión de un préstamo, en lugar de la subvención que se hubiera solicitado por el interesado, en el caso de las convocatorias que incluyan ambos tipos de ayudas. El interesado, a su vez, deberá indicar si, en caso de serle denegada la subvención, solicita o no un préstamo entendiéndose que la negativa faculta a la Comisión para no proponer ningún tipo de ayuda.

4) Compatibilidad con otras ayudas. Las ayudas que se otorguen al amparo de la presente orden podrán ser compatibles con otras ayudas, ingresos o recursos que se otorguen para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones públicas o Entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de otros organismos internacionales.

5) Las ayudas podrán estar cofinanciadas con Fondos comunitarios en los términos y casos en que así se recoja en las resoluciones de convocatoria.

6) En el caso de cofinanciación de proyectos o acciones cofinanciadas por los Fondos Estructurales comunitarios, las ayudas estarán sujetas a las disposiciones del Título V "Contribución financiera de los Fondos" del Reglamento (CE) nº 1083/2006, del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al FEDER, al FSE y al Fondo de Cohesión (D.O.U.E. L 210, de 31.7.06).

Undécima.- Modalidades de ayuda según tipo de proyecto o acción y beneficiario.

Podrán concederse subvenciones y préstamos a todos los tipos de proyectos y acciones especificados en la base específica cuarta.

Duodécima.- Financiación de proyectos y acciones: Intensidad de ayuda.

1) Las subvenciones y préstamos de los que puedan beneficiarse los proyectos se financiarán con cargo a las aplicaciones presupuestarias que se determinen en las correspondientes convocatorias y procedimientos de selección.

2) Los instrumentos de financiación en forma de subvenciones y préstamos se podrán conceder con carácter plurianual, de acuerdo con las características de los proyectos y acciones, siempre que se cumplan los requisitos previstos en el artículo 49 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria.

3) Se entiende por intensidad de ayuda, el importe bruto de la misma expresado en porcentaje de los costes subvencionables del proyecto. Todas las cifras empleadas se entenderán antes de deducciones fiscales o de otro tipo. Cuando se conceda una ayuda en forma de préstamo, se considerará como importe de este tipo de ayuda el equivalente bruto en términos de subvención. El tipo de interés que deberá emplearse a efectos de actualización y a fin de calcular el importe de ayuda de un préstamo con bonificación de intereses será el tipo de referencia establecido por la Comisión Europea en el momento de la concesión. La ayuda pagadera en varios plazos se actualizará a su valor en el momento de su concesión. La intensidad de ayuda se calculará por cada beneficiario.

La intensidad bruta máxima de las ayudas en forma de subvención será la siguiente:

Decimotercera.- Características de los préstamos.

Las características de las ayudas en forma de préstamos serán las siguientes:

1) Importe máximo del préstamo: hasta el 100 por ciento del coste financiable de los proyectos.

2) Plazo máximo de amortización de catorce años incluyendo un período de carencia máximo de dos años, modulable en la respectiva resolución de concesión, atendiendo a la naturaleza y características del proyecto o acción, así como a los límites establecidos para la subvención bruta equivalente por el Marco Comunitario sobre Ayudas Estatales aplicable y, en su caso, el Mapa de ayudas regionales contemplado por la Comisión Europea en las Directrices sobre Ayudas de Estado de finalidad regional para el período 2007-2013 (2006/C 54/08 y 2007/C 35/03).

3) Tipo de interés de aplicación del 0 por ciento anual.

4) Los gastos generados por los préstamos y los impuestos derivados de los mismos serán del exclusivo cargo del beneficiario.

5) La Comisión de Evaluación prevista en la base general quinta podrá proponer a la ACIISI la exigencia de la constitución de garantías a los beneficiarios para la devolución del préstamo concedido, en función del importe del préstamo y de la solvencia financiera del beneficiario.

Decimocuarta.- Conceptos susceptibles de ayuda.

Las ayudas se destinarán a cubrir actuaciones que estén directamente relacionados con el desarrollo del proyecto para el que se hayan concedido y que se realicen en el período de realización del proyecto. Se consideran subvencionables los siguientes conceptos:

a) Aparatos y equipos dedicados al proyecto, así como su instalación.

b) Subcontrataciones exclusivamente derivadas del proyecto.

c) Infraestructuras y obra civil de red y acceso asociada a los proyectos.

De conformidad con lo previsto en el artº. 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 12.000 euros en el supuesto de suministro de bienes de equipo o prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica, o la cuantía de 30.000 euros en el supuesto de coste por ejecución de obra, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por las especiales características de los gastos subvencionables, no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo suministren o presten.

La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

En ningún caso se considerarán gastos financiables los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación ni los impuestos personales sobre la renta.

BASES GENERALES

Primera.- Solicitudes.

1. La presentación de solicitudes se tramitará, con carácter general, mediante la cumplimentación del formulario web diseñado al efecto disponible en la sede electrónica de la ACIISI: y validarlo, imprimiendo el formulario una vez completado, firmarlo y presentarlo mediante el procedimiento establecido en la base general segunda.

El correo electrónico (cuenta declarada por la empresa solicitante) será el método preferente de contacto entre la ACIISI y la entidad solicitante, por lo que la misma se comprometerá a mantener actualizada dicha dirección de contacto.

La ACIISI podrá requerir a la entidad solicitante cuanta documentación y/o información adicional relacionada considere necesaria para la adecuada comprensión y evaluación del proyecto o actuación.

La presentación de la solicitud conlleva la autorización a la ACIISI (o a la entidad colaboradora que se establezca para la gestión de este programa), salvo manifestación en contrario por el solicitante, para recabar los certificados a emitir y por la Tesorería General de la Seguridad Social, en los que se acredite que el solicitante se encuentra al corriente en sus obligaciones con dichas administraciones. En cualquier caso la ACIISI se reserva el derecho a requerir directamente al solicitante en caso de que la información obtenida presente alguna incidencia.

Si la solicitud aportada fuera incompleta o presentara errores subsanables se requerirá al interesado para que en el plazo de 10 días hábiles subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con advertencia de que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud.

Los requerimientos a los que se hace referencia en este artículo, así como cualquier otro que pudiera realizarse por la ACIISI, se publicarán en la sede electrónica de la ACIISI y se comunicarán por correo electrónico a la dirección indicada por el solicitante en el modelo de solicitud.

2. No obstante lo establecido en el apartado anterior, los interesados podrán utilizar medios electrónicos para la tramitación de su solicitud mediante los correspondientes modelos o sistemas electrónicos de solicitud. Los formularios y documentos electrónicos para cumplimentar y presentar las solicitudes de bonos tecnológicos estarán disponibles en la sede electrónica de la ACIISI, los cuales se cumplimentarán necesariamente con los medios electrónicos de ayuda disponibles en la referida dirección de Internet. Dicho modelo podrá ser modificado en las convocatorias que se realicen en el marco de la presente Resolución.

Si el interesado hubiera elegido la utilización de tales medios electrónicos para la gestión electrónica de su solicitud, las instancias, solicitudes, comunicaciones y demás documentación exigible relativa a los proyectos objeto de la ayuda serán presentadas en el Registro electrónico de la ACIISI.

Las solicitudes se presentarán mediante sistemas de identificación y autentificación electrónica, de acuerdo con lo dispuesto en el artº. 5.2 del Decreto 56/2009, de 18 de mayo, del Presidente, por el que se regula la utilización de medios electrónicos en la ACIISI. El D.N.I. electrónico (DNIe), la firma electrónica, el certificado electrónico o las claves concertadas con las que se firme la solicitud deberán corresponder obligatoriamente con la del solicitante. Asimismo, toda la documentación complementaria que los interesados deban aportar en la fase procedimental correspondiente deberá venir firmada electrónicamente por una persona que ostente poder bastante en el seno de la entidad que representa. En caso de que el firmante sea una persona distinta de la que firmó la solicitud de ayuda se deberá aportar la acreditación del poder con que actúa el nuevo firmante que deberá ser suficiente para ejercer dicha representación.

El incumplimiento de alguna de estas obligaciones podrá ser causa de inadmisión de la solicitud o desistimiento, según la fase procedimental de que se trate.

A la solicitud citada, se acompañarán, en su caso, escrituras de constitución de la entidad solicitante o documentación equivalente acreditativa de la personalidad y desarrollo de su actividad económica, así como acreditación válida del poder del firmante de la solicitud, que deberán ser aportados mediante documentos digitalizados.

Si la documentación aportada no reuniera los requisitos exigidos, se requerirá al interesado para que, en el plazo de 10 días hábiles desde el día siguiente al de la recepción del requerimiento, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con advertencia de que si no se hiciese, se le tendrá por desistido de su solicitud, de acuerdo con lo establecido en el artº. 71 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

3. La presentación de la solicitud con firma electrónica permitirá el acceso, con el mismo certificado, a la sede electrónica electrónico de la ACIISI, donde se podrán consultar los documentos presentados y el estado de tramitación del expediente. Asimismo, conllevará la aceptación para recibir todas las comunicaciones y notificaciones que se realicen a lo largo de la tramitación del expediente electrónico a través de dicha sede electrónica. Adicionalmente a la publicación de comunicaciones y notificaciones a través de la sede electrónica de la ACIISI, se pondrá a disposición del interesado un sistema complementario de alertas por medio de correo electrónico, mensajes SMS o, en su defecto, fax.

4. Los solicitantes no estarán obligados a presentar los documentos que ya obren en poder de la ACIISI, de conformidad con lo previsto en el artº. 35.f) de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, debiendo indicar en el formulario de solicitud el número de expediente que le fue comunicado en aquella ocasión, siempre que no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento que corresponda. En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el órgano competente podrá requerir al solicitante su presentación o, en su defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos a que se refiere el documento, con anterioridad a la formulación de la propuesta de resolución.

5. De conformidad con el artº. 15.1 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, la presentación de la solicitud para la obtención de la ayuda conllevará la autorización del solicitante para que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social a través de certificados electrónicos. El solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar dicha certificación cuando le sea requerida por la Administración.

6. La publicación de las resoluciones provisionales y definitivas, así como de las resoluciones de concesión y sus posibles modificaciones ulteriores y de los demás actos del procedimiento en la indicada sede electrónica de la ACIISI, surtirá todos los efectos de la notificación practicada según lo dispuesto en el artº. 59.6.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con los procedimientos de concurrencia competitiva. Desde esta dirección de Internet, los interesados tras identificarse electrónicamente de forma segura, podrán consultar las propias resoluciones.

Segunda.- Plazo de presentación.

1. El plazo de presentación de solicitudes será a partir del día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de Canarias de la Resolución de la correspondiente convocatoria hasta las fechas indicadas en la misma.

2. Sin perjuicio de la utilización de medios electrónicos para la presentación de solicitudes en el Registro electrónico de la ACIISI de conformidad con lo previsto en el apartado 2 de la base general primera, las solicitudes se presentarán en cualquiera de las dependencias o formas previstas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como en el artículo 3 del Decreto 164/1994, de 29 de julio, por el que se adaptan los procedimientos administrativos de la Comunidad Autónoma de Canarias a la citada Ley. No obstante, preferentemente, se presentarán en alguno de los siguientes lugares:

a) Registros de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (calle Cebrián, 3, 3ª planta, 35003-Las Palmas de Gran Canaria y/o Plaza Sixto Machado, 3, 38009-Santa Cruz de Tenerife).

b) Cabildos Insulares.

3. Asimismo, la presentación de la solicitud de subvención implicará la aceptación de la inclusión del solicitante, en su caso, en la lista de beneficiarios que se publicará electrónicamente, o por otros medios, con el nombre de los proyectos y la cantidad de fondos públicos asignados a ellos.

4. Las solicitudes deberán ir acompañadas de los siguientes documentos:

a) Impresos normalizados, según anexo II.

b) Memoria explicativa y presupuesto del proyecto, según anexo III.

c) Memoria técnica, según anexo IV.

d) Escritura de constitución o equivalente.

e) Poder del representante.

f) C.I.F. o N.I.F. del solicitante.

g) Certificados de estar al corriente del pago de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social, salvo autorización del solicitante a la ACIISI para su consulta por vía telemática, certificación o declaración jurada con la relación mensual de trabajadores dados de alta en el último año natural y copia del TC1 y TC2 del mes anterior al de la solicitud.

h) Plan de financiación y previsión de ingresos y gastos.

i) Último estado de cuentas auditado e informe de auditoría.

Tercera.- Inicio del período subvencionable.

Los proyectos subvencionables deberán iniciarse y por tanto ser realizados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria anual correspondiente.

Cuarta.- Instrucción del procedimiento.

1. El órgano competente para la instrucción del procedimiento será la ACIISI, pudiendo delegar esta facultad en las entidades colaboradoras que oportunamente se establezcan, al que corresponde realizar de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución, de acuerdo con lo establecido en el artº. 24 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2. Una vez recibida la solicitud, se examinará si reúne los requisitos exigidos y si se acompaña a la misma la preceptiva documentación, requiriéndose en caso contrario al interesado para que, en el plazo de diez (10) días subsane, y/o complete los documentos y/o datos que deben presentarse según se indica en la base general segunda, advirtiéndose de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42, de conformidad con lo establecido en el artículo 71.1, ambos de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Quinta.- Evaluación: órganos y criterios de evaluación.

1. Las solicitudes serán objeto de un procedimiento de evaluación en el que intervienen el órgano competente para la instrucción del procedimiento y una Comisión de Evaluación, que será nombrada por el Director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información y que estará formada por un mínimo de 5 miembros, con la composición que se describe en el anexo VII. Su funcionamiento se regirá por lo dispuesto en el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La Comisión de Evaluación podrá asesorarse de entidades y expertos externos cuando lo considere necesario.

2. En la evaluación de los proyectos y acciones objeto del presente régimen de ayudas, la Comisión de Evaluación evaluará la oportunidad estratégica y el impacto potencial de los mismos, pudiendo asistirse de evaluadores externos de solvencia técnica y garantizada imparcialidad.

3. La evaluación se realizará basándose en los criterios que se relacionan en el anexo VIII. La puntuación total de la evaluación estará normalizada en el rango entre 0 y 100 puntos.

4. En caso de solicitudes con igualdad de puntuación, a efectos de resolver los casos de empate, se tendrán en cuenta de manera sucesiva los siguientes criterios de prioridad:

a) Proyectos con mayor beneficio socio-económico.

b) Proyectos con mayor impacto territorial y demográfico.

5. La Comisión podrá recabar de la entidad solicitante las aclaraciones que estime necesarias para una mejor comprensión y valoración.

6. Los resultados de las evaluaciones, el informe de la evaluación final y la propuesta de estimación o desestimación de las solicitudes de financiación de proyectos efectuada por la Comisión de Evaluación y, en su caso, por las entidades y/o evaluadores externos, se trasladarán al órgano instructor.

Sexta.- Propuesta de resolución provisional.

1. El órgano instructor, sobre la base del informe de la Comisión de Evaluación, formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que deberá ser notificada a los interesados propuestos como beneficiarios en el plazo de 10 días a partir de la fecha de su adopción, según el artº. 58.2 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, requiriéndoles para que en el plazo de 15 días presenten la aceptación expresa de la subvención. En caso de que no se otorgue la aceptación expresa dentro del referido plazo, se entenderá que el interesado no acepta la subvención.

2. Los interesados que hubieran elegido la utilización de medios electrónicos para comunicarse con la ACIISI, podrán consultar en la sede electrónica de la misma dicha propuesta de resolución provisional. En el plazo indicado en el párrafo anterior (15 días hábiles) a contar desde el momento de la comparecencia por el interesado en la sede electrónica, deberán presentar en el Registro electrónico junto con la aceptación, que irá firmada electrónicamente por el solicitante, anexada la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y ante la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) en caso de que la comprobación realizada por el órgano instructor fuera insatisfactoria, por medio del certificado acreditativo expedido por el órgano competente.

La publicación surtirá todos los efectos de la notificación practicada según lo dispuesto en el artículo 59.6.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con los procedimientos de concurrencia competitiva. Desde dicha sede electrónica, los interesados tras identificarse electrónicamente de forma segura, podrán consultar las propuestas de resolución provisional y definitiva y las propias resoluciones de concesión.

3. La propuesta de resolución deberá expresar:

a) El solicitante o la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de ayudas.

b) La cuantía de la ayuda que se propone conceder.

c) En el caso de concesión de préstamos, sus condiciones, dentro de los límites establecidos en las presentes bases.

d) El resultado de la evaluación efectuada.

e) La justificación de las modificaciones al proyecto o acción propuesto por el solicitante, que hayan condicionado la propuesta de resolución.

4. El reparto de los créditos disponibles en cada uno de los lotes previstos en el apartado quinto de la parte dispositiva de la presente Resolución, podrá ser redistribuido sobre el resto atendiendo a los criterios de valoración relacionados en el anexo VIII, de tal forma que se asignarán por orden de puntuación decreciente por cada lote hasta que se agoten los créditos, correspondiendo el remanente de los mismos a quien figure en último lugar por orden de puntuación. Si en este último caso, no resultasen créditos suficientes para la financiación del proyecto en su totalidad, se prevé la posibilidad de reformulación de su solicitud para ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable.

La solicitud reformulada se someterá de nuevo a la consideración de la Comisión de Evaluación y, una vez que merezca su conformidad, se formulará la propuesta de resolución definitiva que será remitida, con todo lo actuado, al órgano competente para que dicte la resolución de concesión.

En cualquier caso, la reformulación de solicitudes deberá respetar el objeto, condiciones y finalidad de la subvención, así como los criterios de valoración establecidos respecto de las solicitudes.

Si propuesta por el órgano instructor la reformulación de la solicitud, el interesado no contesta en el plazo que a tal efecto se le otorgue, se mantendrá el contenido de la solicitud inicial.

Séptima.- Resolución.

1. Transcurrido el plazo para la aceptación expresa de los solicitantes, de acuerdo con lo previsto en el artº. 89 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se adoptará por el Director de la ACIISI la propuesta de resolución de concesión que resuelve el procedimiento.

2. La propuesta de concesión expresará el solicitante o relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención, y su cuantía, especificando su evaluación.

Si no se aceptase la subvención por alguno de los solicitantes incluidos en la propuesta de resolución provisional, y se hubiera liberado crédito para atender al menos una de las solicitudes denegadas que siguen en orden de puntuación, la ACIISI podrá incluir en la propuesta de concesión, sin necesidad de nueva convocatoria, al solicitante o solicitantes por orden de puntuación que reuniendo los requisitos establecidos en las bases, no hubieran resultado beneficiarios en la propuesta de resolución provisional por haberse agotado la dotación presupuestaria.

3. En la propuesta de resolución de concesión se contendrá tanto el otorgamiento de las subvenciones, como la propuesta de desestimación y la no concesión, por desistimiento, o la imposibilidad material sobrevenida. La resolución de concesión pondrá fin a la vía administrativa y contra ella podrá interponerse potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación de la resolución.

4. En el caso de que en la resolución de concesión se hubiese incluido a solicitantes que no hubieran resultado beneficiarios en la propuesta de resolución provisional, se les concederá un plazo de 15 días hábiles para que presenten la aceptación expresa de la subvención. En caso de que no se otorgue la aceptación dentro del referido plazo, se entenderá que el interesado no acepta la subvención. Los solicitantes que hubieran aceptado la propuesta de resolución provisional no deberán presentar nueva aceptación.

5. La resolución provisional y la concesión no crean derecho alguno a favor del beneficiario propuesto frente a la Administración, mientras no hayan sido notificadas y aceptadas.

6. La fecha límite para resolver será el establecido en la correspondiente convocatoria a partir de la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

A la vista de las solicitudes presentadas, previo cumplimiento de los trámites oportunos por el órgano competente, se podrá ampliar el plazo de resolución hasta la fecha máxima autorizada.

7. En la resolución de concesión de las ayudas se hará constar:

a) Identidad del beneficiario o beneficiarios de la ayuda concedida, así como a los que no resulten beneficiarios y los motivos de su denegación.

b) Proyecto o acción apoyada, así como sus características y motivación.

c) Importe de la ayuda concedida.

d) Condiciones técnicas y económicas que ha de cumplir el proyecto o acción objeto de la ayuda concedida.

e) En el caso de concesión de préstamos, las características de la ayuda concedida, dentro de las fijadas en la base específica decimotercera, así como el calendario de reembolsos que se deben cumplir.

f) Documentación e informes técnicos y económicos que justifiquen la realización del proyecto o acción objeto de ayuda, así como los plazos en los que se debe justificar la realización del proyecto o acción objeto de la ayuda concedida.

g) Obligación por parte del perceptor de la ayuda de expresar en sus referencias al proyecto o acción, que el mismo ha sido apoyado por las entidades que se indiquen en la convocatoria.

h) Cuantos extremos sean necesarios por las características del proyecto o acción objeto de la ayuda.

8. La notificación de la resolución se producirá en el plazo de 10 días a partir de la fecha de la resolución, según el artº. 17.3.g) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, a cada una de las empresas beneficiarias, así como las condiciones específicas y generales que deberán cumplir. Asimismo, y dentro del mismo plazo, serán notificadas aquellas solicitudes que resulten desestimadas o desistidas.

9. Los interesados que hubieran elegido la utilización de medios electrónicos para comunicarse con la ACIISI, podrán consultar en la sede electrónica de la misma dicha resolución de concesión, entendiéndose producida la notificación desde el momento de la comparecencia de tales interesados en dicha sede electrónica.

Octava.- Modificación de la resolución de concesión de ayudas.

1. Las acciones subvencionadas deberán ejecutarse en el tiempo y forma aprobados que se recojan en la resolución de concesión. No obstante, cuando surjan circunstancias concretas que alteren las condiciones técnicas o económicas tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda, en aspectos tales como el importe de la inversión aprobada, de sus conceptos, o el cumplimiento de plazos para la realización del proyecto o acción, el beneficiario podrá solicitar la modificación de la resolución de concesión. Cualquier cambio en el proyecto requerirá el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Que el cambio no afecte a los objetivos perseguidos con la ayuda, incluidos los de finalidad regional, así como a sus aspectos fundamentales ni a la determinación del beneficiario; que la actividad a realizar conforme a la modificación esté comprendida, dentro de la finalidad prevista en el proyecto de inversión/línea de actuación contemplado en la Ley de Presupuestos para la Comunidad Autónoma de Canarias, ni dañe derechos de tercero.

b) Que las circunstancias que justifiquen la modificación no hayan dependido de la voluntad del beneficiario inicial.

c) Que los nuevos elementos o circunstancias que motivan la modificación, de haber concurrido en la concesión inicial, no hubiesen determinado la denegación o disminuido la cuantía de la subvención concedida.

2. No obstante, en casos debidamente justificados el órgano instructor podrá autorizar incrementos en los conceptos susceptibles de ayuda de la base específica undécima y que figuren en la resolución de concesión, compensables con disminuciones de otros, siempre que no se altere el importe total de la subvención y se compruebe que permiten la consecución o mejora de los objetivos previstos en el proyecto, sin necesidad de modificar la resolución de concesión.

3. Dará lugar a la modificación de la resolución de concesión por el órgano concedente, sin que en ningún caso pueda variarse el destino o finalidad de la subvención, la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias:

a) La alteración de las circunstancias o de los requisitos subjetivos u objetivos tenidos en cuenta para la concesión de la ayuda.

b) La obtención por el beneficiario de subvenciones concedidas por otros órganos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias o por otras Administraciones o Entes públicos para el mismo destino o finalidad.

c) La superación de los topes previstos en la normativa comunitaria como consecuencia de la acumulación de subvenciones en los períodos establecidos en la misma.

4. Tanto la solicitud de modificación por el beneficiario como la comunicación de las circunstancias que den lugar a la modificación por el órgano concedente, deberán presentarse antes de que concluya el plazo para la realización de la actividad.

Novena.- Garantías.

1. Con carácter general, el beneficiario de subvenciones estará exento de la constitución de garantías para el abono anticipado de las mismas, salvo en aquellos proyectos que determine el Director de la ACIISI, a propuesta razonada de la Comisión de Evaluación, en función de la complejidad técnica y la importancia económica del proyecto, en cuyo caso será exigida al beneficiario con carácter previo al abono del anticipo por el órgano concedente, o en su caso, entidad colaboradora. En todo caso, quedarán exonerados de su constitución siempre que trate de los beneficiarios a los que se refiere el apartado siguiente.

2. Se eximirán de la constitución de garantías para el pago de los préstamos aquellos proyectos o acciones que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:

a) Cuando se trate de los beneficiarios señalados en el artº. 42.2 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

b) Los beneficiarios que a tal efecto contempla el artículo 38.8 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.

3. La aportación de los resguardos de constitución de garantías (Mandamiento de Constitución de Depósitos-Valores) previstas en los apartados anteriores no supone la generación de derecho alguno frente a la Administración, ni prejuzga el contenido de la resolución de concesión, ni genera derecho subjetivo a la concesión de ayuda por el interesado.

Si no se presentaran ante el órgano competente dentro del plazo para la presentación de las solicitudes que fije la convocatoria, tendrá como efecto la retención del pago de la ayuda, dando lugar a la pérdida del derecho al cobro de la misma si previamente el solicitante ha sido requerido por el órgano instructor a tal fin.

Décima.- Abono.

1. Las subvenciones y los préstamos serán siempre abonados con anterioridad a la realización del proyecto o acción y tras dictarse resolución de concesión. El pago quedará condicionado a que exista constancia por parte del órgano gestor de que el beneficiario cumple los requisitos establecidos en la presente Resolución, así como los señalados en el artº. 34 de la Ley General de Subvenciones, entre ellos el de estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

A tenor de lo preceptuado en el artº. 19.5 del citado texto legal, los rendimientos financieros que se generen por los fondos librados por los beneficiarios incrementarán el importe de la subvención concedida y se aplicarán igualmente a la actividad subvencionada.

En el caso de que no conste la situación del beneficiario respecto de tales obligaciones, se le requerirá para que en el plazo máximo de 15 días desde el día siguiente a la notificación del requerimiento, aporte los oportunos certificados. La no aportación o la aportación extemporánea conllevará la pérdida del derecho al cobro de la ayuda.

2. Asimismo, el pago del préstamo quedará condicionado a la presentación, en su caso, de las garantías en los casos previstos en la base general novena.

Decimoprimera.- Justificación de la realización del proyecto o actuación.

1. La justificación de las subvenciones y los préstamos se realizará de acuerdo con lo establecido en el Capítulo IV, artículos 22 y siguientes del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, los artículos 30 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como en la normativa aplicable de los Fondos Comunitarios.

2. La justificación por el beneficiario del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión del préstamo se realizará según la modalidad de cuenta justificativa, bien con aportación de justificantes de gasto, en los términos previstos en el artº. 25 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, o bien con aportación de informe de auditor, de conformidad con lo preceptuado en el artº. 27 del citado Decreto. En el contenido de dicha cuenta justificativa deberá figurar necesariamente la documentación acreditativa de los rendimientos financieros generados por el abono anticipado de la subvención o pago del préstamo correspondiente, salvo que el beneficiario sea una Administración Pública.

Cuando los beneficiarios sean entidades locales, la justificación por parte de la Corporación local correspondiente se realizará, a tenor de la previsión contenida en el artº. 34 del indicado Decreto territorial, a través de un certificado emitido por el titular del órgano que ha percibido la subvención o el préstamo por el que se acredite la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad de la subvención, así como de informe emitido por el órgano de la Intervención u órgano de control equivalente que acredite la veracidad y regularidad de la documentación justificativa de la subvención.

En el caso de los beneficiarios que puedan optar por presentar cuenta justificativa con aportación de informe de auditor, la aportación de los justificantes de gastos de la memoria económica justificativa según anexo XX será sustituida por un informe de un auditor de cuentas inscrito como ejerciente en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, de acuerdo con lo previsto en el artº. 74 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

Este informe tendrá por objeto la comprobación de la adecuación a la Resolución de concesión y a las instrucciones relativas a la justificación de ayudas, que a tal efecto dicte la ACIISI, de las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico mercantil o con eficacia administrativa y de la documentación acreditativa del pago.

3. En base a las características de los beneficiarios de los préstamos de la presente convocatoria, por tratarse de interesados con un elevado grado de implantación y uso de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC) y de la naturaleza de los proyectos y actuaciones financiables, las cuentas justificativas, comunicaciones y demás documentación exigible relativa a los proyectos objeto de la ayuda podrán ser presentadas en el registro electrónico de la ACIISI. Las instrucciones y modelos electrónicos estarán disponibles en la sede electrónica de la ACIISI.

Las cuentas justificativas, que podrán revestir la forma de aportación de justificantes de gasto, o bien mediante informe de auditor de cuentas colegiado en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, se presentarán mediante firma electrónica. El certificado electrónico con el que se firme la cuenta justificativa deberá corresponder al solicitante de la misma.

La presentación electrónica de la documentación justificativa, se entenderá comprende tanto la presentación inicial, en el plazo indicado anteriormente, como las posibles subsanaciones que sean solicitadas a los beneficiarios por el órgano gestor a través del registro electrónico de la ACIISI.

Los beneficiarios que no dispongan de documentos electrónicos para la justificación de los préstamos podrán aportar copias digitalizadas compulsadas de los originales en papel. A estos efectos, se considerarán compulsados los documentos digitalizados presentados con firma electrónica avanzada, según el artº. 35.2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.

4. El plazo que se concede para justificar el proyecto o actuación será de tres meses contados a partir de la finalización del plazo de realización de la actividad subvencionada.

5. La ACIISI o la entidad colaboradora correspondiente llevará a cabo la comprobación de la justificación documental de la subvención, a cuyo fin revisará la documentación que obligatoriamente deba aportar el beneficiario. La citada comprobación técnico-económica comprenderá:

a) La realización de la actividad o la adopción de la conducta conforme a las condiciones impuestas en la concesión.

b) El empleo de los fondos recibidos en el desarrollo de la actividad o en la adopción de las conductas subvencionadas.

c) El coste real de la actividad o conducta subvencionadas.

d) La concesión de otras subvenciones o de cualesquiera atribuciones patrimoniales gratuitas, públicas o privadas, para la misma actividad o conducta.

e) La obtención de ingresos propios o afectos a la actividad o conducta subvencionadas.

f) El cumplimiento de los demás requisitos o condiciones exigidos por presentes bases reguladoras y demás establecidos en el citado Decreto 36/2009, de 31 de marzo.

El pronunciamiento de la ACIISI respecto de la aplicación de los fondos se entenderá sin perjuicio de las actuaciones de control financiero que competen a la Intervención General.

6. Transcurrido el plazo establecido de justificación sin haberse presentado la misma, se requerirá al beneficiario para que en el plazo improrrogable de quince (15) días sea presentada. La falta de presentación de la justificación en el plazo establecido en este apartado llevará consigo la exigencia del reintegro de la ayuda no justificada y demás responsabilidades establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

La presentación de la justificación en el plazo adicional establecido en este apartado no eximirá al beneficiario de las sanciones que, conforme a la Ley General de Subvenciones, correspondan.

7. La realización de modificaciones no autorizadas en el presupuesto financiable supondrá la devolución de las cantidades desviadas.

Decimosegunda.- Obligaciones del beneficiario.

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el beneficiario de la subvención queda sometido a las siguientes obligaciones:

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión del préstamo.

b) Justificar ante el órgano concedente, en su caso, el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como facilitar las comprobaciones encaminadas a garantizar la realización del proyecto o actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute del préstamo.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente o la entidad colaboradora, en su caso, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información les sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

d) Comunicar a la ACIISI la aceptación del préstamo correspondiente la concesión de la subvención, así como la subcontratación total o parcial del proyecto o actividad financiada, de acuerdo con la Ley General de Subvenciones.

e) Cumplir con sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social de forma que quede acreditada esta circunstancia en el momento previo al otorgamiento de la ayuda en los términos establecidos en la normativa vigente en la materia, y a la acreditación de su personalidad jurídica referida al momento de la solicitud de la ayuda.

f) Presentar ante la ACIISI la documentación acreditativa de la realización y pago del proyecto o actividad financiada mediante el préstamo concedido.

g) Respetar la normativa medioambiental vigente, de modo que se asegure el desarrollo de los objetivos del proyecto subvencionado dentro de un marco de desarrollo sostenible y del fomento a la protección y mejora del medio ambiente, tal y como se recoge en el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea.

h) Conservar los documentos justificativos de la realización de las actividades subvencionadas, y los relacionados con los gastos y pagos y con las auditorías correspondientes durante un plazo de quince años o durante un plazo mayor en tanto puedan ser objeto de comprobación y control. Se conservarán los originales de los documentos -o copias certificadas conformes con los originales- sobre soportes de datos generalmente aceptados.

i) Disponer de libros contables y registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil, así como los estados contables. Sin menoscabo de lo anteriormente expuesto, el beneficiario deberá identificar aquellos bienes inventariables (equipos y soportes informáticos, bienes materiales de cualquier naturaleza, etc.) que hayan sido cofinanciados con Fondos Estructurales mediante los adhesivos que con tal fin facilitará la ACIISI.

j) Los beneficiarios con carácter general en todas las acciones relacionadas con el objetivo del programa, y en particular con las actividades que generen los proyectos financiados, son responsables de su difusión, debiendo hacer conocedor y partícipe al ACIISI de todas las acciones promocionales y de comunicación previstas tanto en la fase previa de solicitud como, con la suficiente antelación, a lo largo del desarrollo de las mismas, incluida la difusión de los resultados en soportes físicos o electrónicos, debiendo utilizar para ello la normativa de imagen que determine la ACIISI.

k) Garantizar que el proyecto subvencionado no sufra, antes de transcurridos cinco años desde su término, una modificación sustancial, entendiendo por ésta aquella modificación que afecte a su naturaleza o a sus condiciones de ejecución o que otorgue a una empresa o a un organismo público ventajas indebidas, y que se derive de un cambio en la naturaleza de la propiedad de una infraestructura o del cese de una actividad productiva.

l) Las actuaciones subvencionadas no deberán vulnerar en ningún caso el principio de no discriminación por razón de sexo, raza, origen étnico, religión, convicciones, minusvalías, edad, u orientación sexual. Así mismo facilitarán, o al menos no impedirán, la accesibilidad para las personas discapacitadas.

m) Presentar una declaración responsable por parte del representante legal de la empresa de las ayudas recibidas en los últimos tres años -incluido el actual- de ésta u otra administración sometida a la regla comunitaria de mínimis, así como de aquellas ayudas recibidas para los mismos costes subvencionables.

La totalidad de ayudas sujetas al régimen de mínimis concedidas a una empresa no será superior a 200.000 euros durante cualquier período de tres ejercicios fiscales. Si se trata de una empresa que opera en el sector del transporte por carretera, la ayuda total de mínimis no será superior a 100.000 euros durante ese mismo período. Cuando la ayuda de mínimis se acumule a otras ayudas estatales por los mismos gastos subvencionables, dicha acumulación no podrá dar lugar a una intensidad superior a la fijada en el reglamento de exención de que se trate o la decisión correspondiente adoptada por la Comisión.

n) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas.

ñ) Destinar los bienes al fin concreto para el que se concedió la subvención, por un período de tiempo no inferior a cinco años.

o) Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de las inversiones, en los términos que se establezca en la resolución de concesión.

p) Cumplir con cuantas obligaciones se establecen en la normativa de aplicación especificada en el apartado correspondiente a los beneficiarios.

2. El incumplimiento de estas obligaciones dará lugar a la minoración o revocación, y en su caso, al reintegro de la cantidad abonada en la forma de subvención o préstamo, y a la exigencia del interés de demora desde el momento del pago de la misma, en los términos previstos por la legislación vigente en materia de subvenciones.

3. La rendición de cuentas de los perceptores de subvenciones a que se refiere el artículo 34.3 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento del Tribunal de Cuentas, se instrumentará a través del cumplimiento de la obligación de justificación al órgano concedente o entidad colaboradora, en su caso, de la subvención, regulada en el párrafo b) del apartado 1 de esta base.

4. La obligación de dar cumplimiento a las normas de información y publicidad según pone de relieve el artículo 69 del Reglamento (CE) nº 1083/2006, del Consejo, por el que se establecen las disposiciones generales relativas a los Fondos Estructurales (DO L 210, de 31.7.06) y contenidas en el Reglamento (CE) nº 1828/2006, de la Comisión, de 8 de diciembre, según redacción publicada en el DO L 45, de 15 de febrero de 2007, en el caso de que la ayuda tenga financiación comunitaria. Específicamente, el artículo 8 del citado Reglamento establece las responsabilidades de los beneficiarios relativas a medidas de información y publicidad. En aplicación del artículo citado, el beneficiario se asegurará de que las partes que intervienen han sido informadas de la financiación comunitaria. Cualquier documento relativo al proyecto objeto de subvención incluirá una declaración en la que se informe de que el programa operativo, si procediera, ha sido cofinanciado con el Fondo Estructural que corresponda.

En cuanto al emblema del FEDER, la entidad beneficiaria deberá observar lo dispuesto en el anexo I del Reglamento 1828/2006, de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006, que fija normas de desarrollo para el Reglamento (CE) nº 1083/2006, del Consejo, e incluirá la referencia al "Fondo Europeo de Desarrollo General" y la declaración "Canarias objetivo de progreso".

5. Asimismo, en todas las actividades y resultados objeto del presente régimen de subvenciones y préstamos será obligatorio incluir sin distinción el logotipo de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, así como la dirección de la página web de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (http://www.gobiernodecanarias.org/aciisi). Además se deberán incluir todos aquellos que se indiquen en la convocatoria o en la resolución estimatoria de concesión de la ayuda.

6. La aceptación de la subvención por parte de la entidad beneficiaria implica su aceptación de ser incluido en una lista de beneficiarios publicada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.2.d) del indicado Reglamento 1828/2006, de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006.

7. No podrán tener la condición de beneficiarios las empresas que se encuentren sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una Decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda al beneficiario ilegal o incompatible con el mercado común.

Decimotercera.- Reintegro.

1. No será exigible el abono de la ayuda en la forma de préstamo o, en su caso, procederá la devolución íntegra de las cantidades percibidas, cuando concurra alguno de los supuestos de los artículos 19.3 y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

El procedimiento se regirá según lo previsto en el Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.

2. Serán causa de reintegro las siguientes:

a) El incumplimiento total o parcial de los requisitos y obligaciones establecidas en las presentes bases y demás normas aplicables, así como las que se establezcan en la correspondiente resolución de concesión, dará lugar a la apertura de un expediente de incumplimiento, cuya resolución, previa audiencia del interesado, podrá dar lugar a la revocación de la ayuda concedida parcial o totalmente y la obligación de reintegrar la cuantía que se establezca en función de los criterios aplicables y los intereses de demora correspondientes, conforme a lo dispuesto en el Título II (reintegro de subvenciones), Título III (control financiero) y en el Título IV (infracciones y sanciones) de la Ley General de Subvenciones.

b) Cuando se declare judicial o administrativamente la nulidad o anulación de la Resolución de concesión por aplicación de lo dispuesto en los artículos 36 y 37 de la citada Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, procederá la devolución de la subvención concedida.

c) Deberán devolverse las cantidades no justificadas debidamente por incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los términos establecidos en el artículo 30 de la reseñada Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y, en su caso, en las normas reguladoras de la subvención.

d) Procederá el reintegro de la totalidad de la cantidad percibida por resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero previstas en los artículos 14 y 15 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como por el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o Entes públicos o privados, nacionales, de la Unión europea, o de organismos internacionales.

e) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a los beneficiarios, así como de los compromisos por éstos asumidos con motivo de la concesión de la subvención distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad procedentes de cualesquiera Administraciones o Entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

f) Igualmente en el supuesto contemplado en el apartado 3 del artículo 19 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad subvencionada, así como la exigencia del interés de demora correspondiente.

g) También procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondientes, a tenor de lo preceptuado en el artº. 37.1 de la Ley General de Subvenciones desde el momento del pago de la subvención o del préstamo hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro y los rendimientos financieros correspondientes, en los siguientes casos:

1. Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran impedido.

2. Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención.

3. Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los términos establecidos en el artículo 30 de esta Ley, y en su caso, en las normas reguladoras de la subvención.

4. Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de esta Ley.

5. Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero previstas en los artículos 14 y 15 de esta Ley, así como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o Entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

6. Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las entidades colaboradoras y beneficiarios, así como de los compromisos por éstos asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, siempre que afecten o se refieran al modo en que se han de conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención.

7. Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las entidades colaboradoras y beneficiarios, así como de los compromisos por éstos asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o Entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

8. La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 87 a 89 del Tratado de la Unión Europea, de una decisión de la cual se derive una necesidad de reintegro.

9. En los demás supuestos previstos en la normativa reguladora de la subvención.

El procedimiento de reintegro se ajustará a lo establecido en el artículo 40 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, en todo aquello que no se oponga a los preceptos básicos recogidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

3. El incumplimiento total de los fines para los que se concedió la ayuda, de la realización de los gastos financiables, o de la obligación de justificación, dará lugar a la pérdida al derecho al cobro de la ayuda concedida y, en su caso, al reintegro del pago anticipado más los rendimientos financieros correspondientes y los intereses de demora desde el momento del pago hasta la fecha en que se acuerde el reintegro.

4. Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por éste una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos y de las condiciones de otorgamiento de la ayuda, se tendrá en cuenta el siguiente criterio: el incumplimiento parcial de los fines para los que se concedió la ayuda, de la realización de la inversión financiable, o de la obligación de justificación, dará lugar a la pérdida al derecho al cobro de la ayuda asignada al beneficiario o, en su caso, al reintegro del pago anticipado más los rendimientos financieros correspondientes, los intereses de demora, en el porcentaje correspondiente a la inversión no efectuada o no justificada.

5. Transcurrido el plazo establecido de justificación sin haberse presentado la misma, se requerirá al beneficiario para que en el plazo improrrogable de quince (15) días sea presentada. La falta de presentación de la justificación en el plazo establecido en este apartado llevará consigo la exigencia del reintegro de la ayuda no justificada y demás responsabilidades establecidas en la Ley General de Subvenciones.

La presentación de la justificación en el plazo adicional establecido en este apartado no eximirá al beneficiario de las sanciones que, conforme a la Ley General de Subvenciones, correspondan.

6. La realización de modificaciones no autorizadas en el presupuesto financiable, supondrá la devolución de las cantidades desviadas.

Decimocuarta.- Acumulación de ayudas.

1. Dado que el presente Programa es susceptible de cofinanciación con Fondos Estructurales, específicamente con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), los mismos costes subvencionables no podrán acogerse a ayudas procedentes de otros instrumentos comunitarios, ni con el Fondo Social Europeo de Desarrollo Regional (FSE), tal como establece el artículo 54.5 del Reglamento General de los Fondos Estructurales.

2. En todo caso, la acumulación de ayudas para los mismos gastos subvencionables no podrá superar el coste real de los mismos.

Decimoquinta.- Normativa de aplicación.

En lo no regulado por estas bases se estará a lo establecido en las siguientes normas:

1. En relación a la normativa de la Unión Europea:

- Reglamento (CE) nº 1083/2006, del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) nº 1230/1999 (DO L 210, de 31.7.06).

- Reglamento (CE) nº 1828/2006, de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006, que fija normas de desarrollo para el Reglamento (CE) nº 1083/2006, del Consejo (según redacción publicada en el DO L 45, de 15.2.07).

- Reglamento (CE) nº 1081/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativo al Fondo Social Europeo y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1784/1999 (DO L 210, de 31.7.06).

2. En el ámbito de la legislación española (normativa reguladora de procedimiento):

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (B.O.E. nº 276, de 18.11.03), en lo referente a sus preceptos básicos;

- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (B.O.E. nº 176, de 25.7.06).

- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99).

3. En el ámbito de la normativa autonómica:

- Decreto Territorial 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 170, de 31.12.97)), en lo que no se oponga o contradiga a los preceptos básicos de la Ley General de Subvenciones.

- Acuerdo del Gobierno de Canarias de 23 de julio de 2001, modificado por el de 22 de abril de 2002, en virtud del cual el porcentaje mínimo subvencionable no podrá ser inferior al 20% de los gastos subvencionables, limitándose la cuantía mínima de la subvención a 3.000 euros, salvo en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma que será de 601 euros.

4. Resto de normativa que pudiera afectar a las ayudas públicas.

Decimosexta.- Final.

Se faculta al Director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información para interpretar el contenido de las presentes bases.



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