BOC - 2007/113. Jueves 7 de Junio de 2007 - 915

III. OTRAS RESOLUCIONES - Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

915 - Dirección General de Ordenación del Territorio.- Resolución de 23 de mayo de 2007, por la que se hace público el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 27 de abril de 2007, relativo al Documento de Referencia: Directrices de Ordenación.- Expte. nº 2007/0635.

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En ejecución de la legislación aplicable, por la presente,

R E S U E L V O:

Ordenar la inserción en el Boletín Oficial de Canarias del Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de fecha 27 de abril de 2007, relativo al Documento de Referencia: Directrices de Ordenación, expediente 2007/0635, cuyo texto se adjunta como anexo.

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de mayo de 2007.- El Director General de Ordenación del Territorio, Miguel Ángel Pulido Rodríguez.

A N E X O

La Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, en sesión celebrada el 27 de abril de 2007, adoptó, entre otros, el siguiente Acuerdo:

Primero.- Resolver las alegaciones e informes presentados en los mismos términos en que se propone en el informe técnico del Servicio de Ordenación Territorial de la Dirección General de Ordenación del Territorio, introduciéndose en el documento de referencia tipo las correcciones derivadas de la estimación de las mismas y de los informes emitidos que, por otra parte, no se consideran sustanciales.

Segundo.- Aprobar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, y en el artículo 26.6 del Reglamento de procedimiento de los instrumentos de ordenación del sistema de planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de mayo, el Documento de Referencia para elaborar Informes de Sostenibilidad de las Directrices de Ordenación, expediente 2007/0635, cuyo texto se transcribe:

"1. INTRODUCCIÓN.

La Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (Diario Oficial nº L 197, de 21.7.01), fue incorporada al ordenamiento jurídico estatal mediante la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, que entró en vigor al día siguiente a su publicación (B.O.E. nº 102, de 29.4.06). El ordenamiento jurídico canario en materia de ordenación de recursos naturales y del territorio ha sido adaptado a dicha Ley a través del Reglamento de procedimientos de los instrumentos de ordenación del sistema de planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de mayo (B.O.C. nº 104, de 31.5.06).

La finalidad de esta normativa es doble: de un lado, la integración de los aspectos ambientales en la preparación y aprobación de los planes y programas, mediante la realización de una evaluación ambiental de aquellos que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente; del otro, facilitar a los ciudadanos y las instituciones públicas y privadas el conocimiento de esta evaluación y su participación en el proceso de ordenación.

El procedimiento de evaluación establecido en la Ley 9/2006 descansa, en su fase inicial, en el informe de sostenibilidad ambiental, definido en los artículos 2.e) y 8.1 como un documento a elaborar por el órgano promotor, que forma parte del plan y que tiene por objeto identificar, describir y evaluar los probables efectos significativos sobre el medio ambiente que puedan derivarse de la aplicación del plan, así como unas alternativas razonables y técnicas y ambientalmente viables. El artículo 9 de la citada Ley encomienda a la Administración ambiental la elaboración y tramitación de documentos de referencia que establezcan "la amplitud, nivel de detalle y el grado de especificación del informe de sostenibilidad" de los diferentes instrumentos de planeamiento.

2. CRITERIOS.

2.1. El informe de sostenibilidad es un documento que constituirá una "parte integrante de la documentación del plan" (artº. 8.4 de la Ley 9/2006), lo que conlleva evitar la repetición o duplicación de la información que se encuentre en otros documentos de las Directrices de Ordenación, tanto por lógica como aplicando la voluntad de no reiteración expresada, entre otros, en el artº. 8.3 de la Ley 9/2006.

En este sentido, ha de tenerse en cuenta que la exigencia de integrar en el plan el contenido necesario para evaluarlo ambientalmente está determinada, en el sistema legal canario, con mayor grado de extensión y detalle que el exigido en la legislación estatal, a través del Reglamento de Contenido Ambiental de los Instrumentos de Planeamiento, aprobado mediante Decreto 35/1995, de 24 de febrero. Sin embargo, a diferencia de los instrumentos de planeamiento insular y territorial, resulta difícil o impropio aplicar las determinaciones establecidas en dicho Reglamento a las Directrices de Ordenación, excepto respecto de eventuales determinaciones específicas. Entre las razones, debe señalarse la extensión del ámbito territorial de ordenación propio de las Directrices, que normalmente abarca la totalidad del archipiélago, la variedad de ámbitos funcionales susceptibles de ser ordenados por las diferentes Directrices de carácter general o sectorial y, por último, el carácter de marco, con escaso grado de concreción territorial, propio de su ámbito sustantivo de ordenación.

2.3. Por tanto, los informes de sostenibilidad de las Directrices de Ordenación habrán de tener, en mucha mayor medida que el resto de los planes de ordenación, un carácter autónomo, con menos referencias al contenido ambiental propio del instrumento y con una más directa relación con los contenidos establecidos en el anexo I de la Ley 9/2006. Al propio tiempo, la especificidad del contenido sustantivo propio del instrumento, reclamará un contenido igualmente específico del informe de sostenibilidad, que se corresponda al grado de precisión y finalidad de cada una de las Directrices de Ordenación formuladas, a justificar dentro del marco general que se establece en el presente documento de referencia.

2.4. Para elaborar la propuesta de criterios ambientales y principios de sostenibilidad, se han seguido básicamente los establecidos en el Texto Refundido y en las Directrices de Ordenación General, aprobadas mediante Ley 19/2003, de 14 de abril (B.O.C. nº 73, de 15.4.03), que recogen y complementan, aplicándolos a la realidad territorial canaria, los principios generales de sostenibilidad formulados a nivel internacional y estatal.

En lo que se refiere a la propuesta de indicadores de sostenibilidad, se señalan como referencia los definidos en el Estudio del sistema de indicadores para el seguimiento de las Directrices de Ordenación General, elaborado por mandato de estas últimas (DOG 138.1) y que se encuentra en tramitación, debiendo el informe de sostenibilidad incorporar justificadamente de entre éstos los indicadores de sostenibilidad que se ajusten al objeto de las directrices de Ordenación, pudiendo, en todo caso, añadir otros nuevos que en función de este objeto fueran más acertados para el seguimiento de los efectos en el medio ambiente de la aplicación o ejecución del Plan.

A N E J O

DOCUMENTO DE REFERENCIA PARA ELABORAR INFORMES DE SOSTENIBILIDAD DE LAS DIRECTRICES DE ORDENACIÓN.

1. Contenido, objetivos y relaciones.

El Informe contendrá un esbozo de la estructura, contenidos y objetivos principales de las Directrices y de las relaciones que pudiera tener con otros planes y programas cuyo contenido pudiera ser afectado significativamente por sus determinaciones, con particular referencia a los Planes Insulares y Planes Generales de Ordenación.

En el caso de modificaciones o revisiones de un documento anterior, se abordará en este apartado la eventual necesidad de reconsideración del modelo, en función del objetivo o la obligación de la variación a introducir y al margen del resultado final de la revisión. En función de lo anterior, se justificarán los objetivos principales, el alcance de la modificación o revisión abordada y, en consecuencia, las características de la evaluación ambiental que se pretende realizar del documento.

2. Situación actual y problemática existente.

Se analizarán de forma sucinta los aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente y su probable evolución en caso de no aplicar las Directrices.

Dentro del apartado, se hará una específica referencia a los problemas ambientales existentes que sean relevantes para las Directrices, en el ámbito territorial y funcional objeto de las mismas, particularmente en cuanto pudiera afectar a cualquier zona de particular importancia ambiental designada de conformidad con la legislación aplicable sobre espacios naturales y especies protegidas.

3. Características ambientales.

Se describirán de forma clara, sintética y sucinta las características ambientales de las zonas que pudieran verse afectadas de manera significativa por las Directrices de Ordenación, especialmente cuando afecten al suelo rústico, al litoral y a los espacios naturales protegidos, lugares de interés comunitario, zonas de especial protección de aves o áreas de importancia para las aves.

La información e inventario estará orientada a la ordenación, por lo que habrá de dirigirse igualmente hacia los ámbitos y actividades que se señalan en el apartado 6 del presente documento de referencia, relativo a los efectos.

4. Objetivos de protección ambiental.

Se analizarán los objetivos de protección ambiental de referencia en los ámbitos internacional, comunitario, estatal o regional que guarden relación con las Directrices en redacción y la manera en que tales objetivos y cualquier aspecto ambiental se han tenido en cuenta durante su elaboración. Habrán de considerarse los objetivos y criterios ambientales que señala el Texto Refundido para el planeamiento en general, en sus artículos 2.2, 3.1 y 5, así como las Directrices 3.1, 7 y 8 de Ordenación General.

Conforme a lo establecido en el artículo 9.1 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, se establecerán indicadores de los objetivos ambientales y principios de sostenibilidad aplicables, que deberán justificarse en cada caso. La evaluación de los efectos y de las alternativas podrá realizarse mediante la aplicación de un sistema de indicadores que, en su caso y justificadamente, podrá incorporar los anteriores así como los indicadores de seguimiento señalados en el apartado 8 del presente documento.

5. Alternativas.

Contendrá una exposición sucinta de las alternativas planteadas, resumiendo las razones de la selección planteada en las Directrices, basada en los efectos diferenciales de cada una de ellas sobre el medio ambiente y su grado de adecuación a los criterios y objetivos ambientales definidos. Tal como establece el artº. 8.1 de la Ley 9/2006, las alternativas a considerar habrán de ser razonables y técnica y ambientalmente viables, e incluir la alternativa cero o posibilidad de no realización de las Directrices o de aquellas determinaciones no derivadas directamente de un mandato legal.

En el caso de modificaciones o revisiones de un documento anterior, especialmente cuando tengan como causa la adaptación a normas legales, deberán incluirse entre las diferentes alternativas las referidas al alcance de la variación realizada.

6. Efectos.

Se evaluarán, de forma sucinta y clara, los efectos significativos en el medio ambiente, incluidos aspectos como la biodiversidad, la población, la salud humana, la fauna, la flora, la tierra, el agua, el aire, el medio litoral, el paisaje, los factores climáticos, los bienes materiales y el patrimonio cultural, incluido el patrimonio histórico, y la interrelación entre estos factores. Estos efectos deben comprender los efectos secundarios, acumulativos, sinérgicos, a corto, medio y largo plazo, permanentes y temporales, positivos y negativos.

Previamente, habrán de identificarse las determinaciones de las Directrices de Ordenación susceptibles de provocar efectos más significativos sobre el medio ambiente, sobre las que incidirán especialmente la referencia y el análisis.

La evaluación de los efectos diferenciará sus características cualitativas conforme a lo indicado en la Ley, desde la generación de posibles efectos secundarios y sinergias al carácter positivo o negativo de los mismos y procurará una cuantificación diferencial de los mismos de forma razonada, aunque pueda ayudarse mediante parámetros y métodos matemáticos.

7. Medidas.

Se especificarán las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, contrarrestar cualquier efecto significativo negativo en el medio ambiente por la aplicación de las Directrices. Entre estas medidas, el informe de sostenibilidad deberá incluir referencias específicas a las adoptadas en relación con los efectos más significativos detectados en al análisis realizado conforme al anterior apartado.

8. Seguimiento.

Se incluirá una síntesis de las medidas previstas para el seguimiento de los efectos en el medio ambiente de la aplicación o ejecución de las Directrices, para identificar con prontitud los efectos adversos no previstos y permitir llevar a cabo las medidas adecuadas para evitarlos, mediante el establecimiento de condiciones de revisión o modificación de las mismas. Se procurará que, en la medida de lo posible, el establecimiento de valores que señalen, en función de su evolución en el tiempo, la necesidad de considerar la modificación o revisión de partes específicas del instrumento de ordenación. Igualmente se procurará la elaboración de un plan de vigilancia apoyado en la elaboración, por el órgano promotor y con la colaboración del órgano ambiental, de informes periódicos sobre la evolución de indicadores. Se recomienda utilizar como referencia los indicadores definidos en el Estudio del sistema de indicadores para el seguimiento de las Directrices de Ordenación General.

9. Resumen.

Se incluirá un resumen no técnico de la información contenida en el informe de sostenibilidad en virtud de los párrafos precedentes.

10. Administraciones Públicas afectadas y público interesado.

En función del ámbito territorial y funcional de cada una de las Directrices de Ordenación, se justificará la determinación de las Administraciones Públicas y del público interesado, señalándose indicativamente los siguientes.

10.1. Administración General del Estado, cuando afecte a las competencias, bienes o intereses de las administraciones a continuación relacionadas.

- Ministerio de Medio Ambiente. Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental.

- Ministerio de Medio Ambiente. Dirección General para la Biodiversidad.

- Ministerio de Medio Ambiente. Dirección General de Costas.

- Ministerio de Fomento.

- Ministerio de Defensa.

10.2. Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias.

- Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda. Viceconsejería de Infraestructuras.

- Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda. Instituto Canario de la Vivienda.

- Consejería de Economía y Hacienda. Instituto Canario de Estadística.

- Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

- Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Dirección General de Cooperación y Patrimonio Cultural.

- Consejería de Sanidad.

- Servicio Canario de la Salud.

- Consejería de Empleo y Asuntos Sociales.

- Consejería de Turismo.

- Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías.

10.3. Administración insular y municipal.

- Cabildos Insulares.

- Asociación de Municipios canarios más representativa.

10.4. Universidades.

- Departamentos de las Universidades canarias afectados por razón de la materia.

10.5. Cámaras de Comercio.

- Cámaras de Comercio e Industria de Canarias.

10.6. Asociaciones ambientalistas.

- Ben Magec-Ecologistas en Acción.

- WWF/Adena.

- Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza ATAN.

10.7. Otros interesados.

- Organizaciones empresariales y sindicales más representativas de Canarias.

- Colegios Oficiales profesionales afectados por razón de la materia.

- Cualquier otra persona física o jurídica que pueda entenderse como público interesado, según la definición dada por el artículo 10.2 de la Ley 9/2006.

La fase de consultas y puesta a disposición del público de la versión correspondiente de las Directrices de Ordenación, incorporando como anexo el Informe de sostenibilidad ambiental, se efectuará mediante inserción del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de Canarias, disponiendo de un plazo de cuarenta y cinco días para su examen y formulación de observaciones."

Tercero.- El presente Acuerdo será debidamente notificado a cuantas personas, físicas o jurídicas, tengan la condición de interesado, así como a las que hubieran presentado alegaciones o sugerencia, o en su caso, hubiesen emitido informe a la consulta, en unión de la propuesta del Servicio sobre la estimación o desestimación de las mismas.

Cuarto.- El presente Acuerdo se publicará en el Boletín Oficial de Canarias y entrará en vigor el mismo día de su publicación en este Boletín.

Contra el presente acto, por ser de trámite, no cabe recurso alguno, pudiendo, no obstante, interponer el que considere más oportuno a su derecho si entendiese que se dan algunos de los supuestos excepcionales establecidos en el artículo 107 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La presente notificación se expide a reserva de los términos exactos que resulten de la ratificación del acta correspondiente, a tenor de lo previsto en el artículo 18.2 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, aprobado por Decreto 129/2001, de 11 de junio.- El Secretario de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, Salvador Trujillo Morales.



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