BOC - 2003/040. Jueves 27 de Febrero de 2003 - 924

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Turismo y Transportes

924 - Secretaría General Técnica.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 17 de febrero de 2003, que notifica Resolución de este Centro Directivo, resolutoria del recurso de alzada nº 204/02 interpuesto por D. Luis Suárez Hurle, en representación de la entidad mercantil Cabuérniga, S.L.

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Vistos los repetidos intentos de notificación de la citada Resolución en el domicilio que figura en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de la mencionada Consejería, sin que haya sido recibida por la entidad recurrente.

Visto lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a la entidad mercantil Cabuérniga, S.L., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Apartamentos Tagoror, la Resolución de 22 de noviembre de 2002 (libro nº 1, folio 126, nº 185), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de alzada nº 204/02 (expediente nº 020/02), interpuesto contra la Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias nº 319, de fecha 11 de julio de 2002.

Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.

Santa Cruz de Tenerife, a 17 de febrero de 2003.- La Secretaria General Técnica, Rosa María Rodríguez Martín.

A N E X O

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Turismo y Transportes por la que se resuelve el recurso de alzada nº 204/02 interpuesto por D. Luis Suárez Hurle, en representación de la entidad mercantil Cabuérniga, S.L.

Visto el recurso de alzada nº 204/02 formulado por D. Luis Suárez Hurle, en representación de la entidad mercantil Cabuérniga, S.L., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Apartamentos Tagoror sito en calle Avenida de Alféreces Provisionales, 9, Playa del Inglés, término municipal de San Bartolomé de Tirajana, contra la Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias nº 319 de fecha 11 de julio de 2002, recaída en el expediente sancionador nº 020/02, y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El acto impugnado se dictó en resolución de expediente sancionador iniciado con motivo de la comisión de infracción administrativa a la normativa turística consistente en incumplimiento de las medidas de seguridad y protección contra incendios en establecimientos turísticos alojativos, establecidas en los Decretos 305/1996 y 39/1997.

Hecho que determinó la imposición de sanción de multa en cuantía de mil quinientos ocho euros con cincuenta y cuatro céntimos (1.508,54 euros).

Segundo.- Contra la Resolución sancionadora ha sido interpuesto recurso de alzada solicitando se dicte la pertinente resolución ordenando el archivo de las presentes actuaciones por no existir la infracción que se imputa al establecimiento objeto del expediente, a tal fin se exponen, en síntesis, los siguientes argumentos:

1. Dar por reproducido el escrito de alegaciones de fecha 18 de febrero de 2002.

2. Que el hecho imputado ha quedado desvirtuado toda vez que la fecha en que se levanta el acta de inspección, es decir, el 23 de enero de 2000, aún no había concluido el plazo legal establecido para la ejecución de las medidas seguridad y protección contra incendios.

3. Que el certificado de conformidad no se ha podido presentar en la medida en que el mismo se expide a la terminación de las obras, y en la fecha del acta aún no había finalizado el plazo establecido por Ley.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La Secretaria General Técnica de la Consejería de Turismo y Transportes es competente para conocer y resolver el presente recurso en virtud de lo dispuesto en la Orden Departamental de fecha 9 de octubre de 1995 (B.O.C. nº 136, de 23.10.95) por la que se le delega la competencia de resolución de los recursos administrativos interpuestos contra actos dictados por órganos del Departamento en materia de Turismo y de Transportes.

Segundo.- El recurso en cuestión reúne los requisitos formales determinantes de su admisión a trámite.

Tercero.- La instrucción del procedimiento sancionador ha sido sustanciada de conformidad con lo previsto en el artículo 81 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, y en los artículos 8 y siguientes del Decreto 190/1996, de 1 de agosto (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto), regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo, con respeto a las garantías y principios constitucionales que afectan a la potestad administrativa sancionadora, reproducidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Constatado error material en la Resolución sancionadora, -normas sustantivas infringidas-, página nº 2, que consecuentemente se reitera en la Propuesta de Resolución, página nº 2 y en la Resolución sancionadora, página nº 3, al transcribirse " ... de 27 de mayo de 1997", debiendo figurar "... de 20 de marzo de 1997", sobre la base del artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que preceptúa que "Las Administraciones Públicas podrían rectificar en cualquier momento de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos" se procede, en consecuencia, a subsanar el citado error material.

El hecho imputado en el expediente sancionador nº 020/02 consiste en el incumplimiento de las medidas de seguridad y protección contra incendios en establecimientos turísticos alojativos, establecidas en los Decretos 305/1996 y 39/1997. Este hecho comprende en base a los dispuesto en el Decreto 305/1996, de 23 de diciembre, sobre medidas de seguridad y protección contra incendios en establecimientos turísticos alojativos, no sólo la presentación ante el Cabildo Insular competente del proyecto correspondiente, ajustado a lo dispuesto en el artículo 5 del citado Decreto 305/1996, de 23 de diciembre, sino también la obtención del informe de adecuación del Proyecto a la normativa de aplicación en materia de seguridad y protección contra incendios, de conformidad con lo dispuesto en al artículo 6 del citado Decreto 305/1996, de 23 de diciembre, la ejecución de las obras necesarias y la obtención del informe técnico de conformidad recogido en el artículo 7 del mismo Decreto 305/1996, de 23 de diciembre. Con este fin el mismo Decreto establece en su Disposición Transitoria Primera, apartados uno, dos y tres, una serie de plazos desde la fecha de su entrada en vigor, es decir el 1 de abril de 1997. De esta manera para la redacción del proyecto de seguridad y protección contra incendios, el plazo de un año, es decir, hasta el 1 de abril de 1998. Para la ejecución de las siguientes actuaciones: elaboración del Plan de Emergencias y Evacuación, - instalación de extintores, - la señalización de las salidas, - el desbloqueo de las salidas existentes, - la limpieza de campanas, filtros y similares, - la eliminación de materiales combustibles en almacenes, - la impartición de cursos del nivel I para todo el personal del establecimiento, - la contratación del mantenimiento de los equipos existentes en el establecimiento, y por último, la colaboración en cada unidad alojativa del plano de "UD. está aquí"; se establece también el plazo de un año, es decir, el mismo, finalizó el 1 de abril de 1998. En el apartado 3 de la citada Disposición Transitoria Primera, se establece para el resto de las obras y actuación el plazo de tres años, es decir, hasta el 1 de abril del año 2000, excepto las sustitución de las puertas de las habitaciones por otras, cuyas características técnicas se correspondan con lo establecido en el anexo II para lo cual se dispondrá de un plazo de cinco años.

Con fecha de 23 de marzo del 2000, se levanta acta de inspección nº 12.053 en la que se constata que: "El interviniente muestra al inspector actuante el justificante de haber presentado en el Cabildo Insular de Gran Canaria el proyecto sobre medidas de seguridad y protección contra incendios, con fecha 10 de marzo de 2000, a que se refieren los Decretos 305/1996, y 39/1997. Dice el Sr. Arbelo que la dirección de la empresa Cabuérniga tiene previsto cerrar el establecimiento entre el 24 de abril y el 30 de junio del presente año para poder realizar las correspondientes obras de restauración y equipamiento", en base al valor probatorio de tales actas que viene amparado por el artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, en relación con el artículo 25.2 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, sobre el procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia de turismo y de la inspección de turismo.

Con fecha 31 de enero de 2002, se dicta Resolución de iniciación de expediente sancionador por la que en base al acta de inspección nº 12.053, de 23 de marzo de 2000 y conforme al artículo 75.8 en relación con el 76.18 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo en Canarias, se califica como grave la infracción cometida por la entidad expedientada y se establece como sanción que pudiera corresponder de multa en cuantía de seis mil diez euros con doce céntimos (6.010,12 euros).

Presentadas alegaciones por la entidad expedientada con entrada en esta Consejería de Turismo y Transportes el 19 de febrero de 2002, registro nº 57.683, aporta la misma una serie de documentos: remisión de informe favorable sobre el proyecto de medidas de seguridad y protección contra incendios del Patronato de Turismo de Gran Canaria de fecha de 26 de abril de 2000, Registro nº 243; así mismo presenta escrito de D. Humberto Martínez García, como colaborador del Instituto de Seguridad Laboral, por el que comunica su intención de en los días 12, 13 y 14 de junio de 2001, de impartir el curso de nivel 1 correspondiente al año en curso, para la formación de personal del complejo denominado Tagoror, escrito firmado el 11 de junio de 2001, con Registro de entrada nº 208 de 13 de junio de ese año, en el Patronato de Turismo de Gran Canaria, y por último un certificado de Dña. Raquel Rosales Veras, Ingeniero Técnico Industrial de la empresa instaladora contra incendios Femesa, de 8 de febrero de 2002, por el que certifica la instalación de 26 bocas de incendios.

De todo ello se constata y en base a las prescripciones de la Disposición Transitoria Primera, apartados uno y dos, que en la fecha en que se levanta el acta de inspección nº 12.053, es decir, el 23 de marzo de 2000, la entidad expedientada no cumple con las prescripciones de la citada Disposición Transitoria Primera, ya que como se ha dicho en líneas anteriores en los apartados uno y dos, de la misma, el plazo para la redacción del proyecto así como para la ejecución de determinadas actuaciones, tales como la impartición de cursos de nivel 1 para todo el personal del establecimiento, es el de un año desde la entrada en vigor del citado Decreto 305/1996, de 23 de diciembre, el 1 de abril de 1997, luego el plazo finalizó el 1 de abril de 1998, con independencia del plazo de tres años que para el resto de las actuaciones establece el apartado tercero de la citada Disposición Transitoria Primera, el cual finalizó el 1 de abril de 2000.

Por todo ello se dicta Propuesta de Resolución, el 13 de mayo de 2002, por la que en base a que las alegaciones y documentos aportados por la empresa expedientada no desvirtúan el hecho infractor, y teniendo en cuenta que la misma carece de antecedentes por haber infringido la normativa turística vigente, propone atenuar la cuantía de la sanción a mil quinientos ocho euros con cincuenta y cuatro céntimos (1.508,54 euros).

Con fecha 11 de julio de 2002, se dicta la Resolución sancionadora nº 319, hoy recurrida en alzada, por lo que en atención al principio de proporcionalidad establecido en el artículo 131 de la Ley 30/1996, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, en relación con el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, y dado que la empresa expedientada no ha desvirtuado el hecho infractor, se calificaba la infracción como grave y se mantiene la sanción de multa propuesta en cuantía de mil quinientos ocho euros con cincuenta y cuatro céntimos (1.508,54 euros).

Por todo lo anteriormente expuesto y teniendo en consideración el informe de recurso de alzada de 1 de octubre de 2002, de la Viceconsejería de Turismo, del Gobierno de Canarias, por el que no se aprecian argumentos que desvirtúen el hecho imputado, toda vez que no se acredita mediante informe técnico de conformidad la ejecución del proyecto de medidas de seguridad y protección contra incendios, considerando por tanto la Resolución recurrida conforme a Derecho, procede ratificar la Resolución de 11 de julio de 2002, manteniendo la sanción de multa impuesta por ser conforme a Derecho los pronunciamientos contenidos en la misma.

Visto el dictamen nº HAB.I.TUR.136/02-C emitido con fecha 19 de noviembre de 2002 por la letrada habilitada de la Dirección General del Servicio Jurídico.

Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación,

R E S U E L V O:

Desestimar el recurso de alzada nº 204/02 promovido por D. Luis Suárez Hurle, en representación de la entidad mercantil Cabuérniga, S.L. titular de la explotación turística del establecimiento denominado Apartamentos Tagoror sito en calle Alféreces Provisionales, 9, Playa del Inglés, término municipal de San Bartolomé de Tirajana y confirmar la Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias nº 319 de fecha 11 de julio de 2002 recaída en el expediente sancionador nº 020/02, que determinó la imposición de una sanción de multa en cuantía de mil quinientos ocho euros con cincuenta y cuatro céntimos (1.508,54 euros), manteniéndose, en consecuencia todos sus pronunciamientos.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a su notificación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en cuya circunscripción tenga su domicilio el recurrente o ante la Sala correspondiente en función a la sede del órgano que dictó el acto impugnado (en Las Palmas de Gran Canaria), a elección del recurrente, sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.



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