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BOC Nº 229. Lunes 8 de noviembre de 2021 - 4681

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III. Otras Resoluciones - Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

4681 Secretaría General de Técnica.- Resolución de 27 de octubre de 2021, por la que se ordena la publicación del Convenio de Cooperación entre la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, la Universidad de La Laguna y la Real Academia Española por el que se instrumenta la concesión de una subvención directa por parte de esta Consejería a la Universidad de La Laguna para su incorporación a la red panhispánica de equipos colaboradores del Diccionario Histórico de la Lengua Española.

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BOC-A-2021-229-4681. Firma electrónica - Descargar

El artículo 20 del Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, establece que los órganos u organismos del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de sus secretarías generales técnicas u órgano equivalente, deberán publicar los convenios en el Boletín Oficial de Canarias dentro de los veinte días siguientes a su firma.

En el plazo indicado en el apartado anterior, deberán publicar también en el Boletín Oficial de Canarias, los anexos, adendas, prórrogas y otros actos de modificación o extinción del convenio.

En cumplimiento de los fundamentos jurídicos citados y con la finalidad de facilitar el público conocimiento de los compromisos asumidos en el ámbito de la actividad convencional del sector público autonómico,

RESUELVO:

Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de Canarias del Convenio de Cooperación entre la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, la Universidad de La Laguna y la Real Academia Española por el que se instrumenta la concesión de una subvención directa por parte de esta Consejería a la Universidad de La Laguna para su incorporación a la red panhispánica de equipos colaboradores del Diccionario Histórico de la Lengua Española.

Santa Cruz de Tenerife, a 27 de octubre de 2021.- El Secretario General Técnico, Manuel Peinado Bosch.

ANEXO

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES, LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA Y LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA POR EL QUE SE INSTRUMENTA LA CONCESIÓN DE UNA SUBVENCIÓN DIRECTA POR PARTE DE ESTA CONSEJERÍA A LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA PARA SU INCORPORACIÓN A LA RED PANHISPÁNICA DE EQUIPOS COLABORADORES DEL DICCIONARIO HISTÓRICO DE LA LENGUA ESPAÑOLA.

En Canarias, a 22 de octubre de 2021.

REUNIDOS

De una parte, la Excma. Sra. Dña. Manuela de Armas Rodríguez, en su calidad de Consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, según nombramiento efectuado por Decreto 52/2020, de 19 de junio, del Presidente (BOC nº 123, de 20.6.2020), y actuando en nombre y representación de la Comunidad Autónoma de Canarias, en virtud de las competencias que le otorgan el artículo 29.1, letra k), de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias (BOC nº 225, de 19.9.1990) y el artículo 5.2, letra g), del Decreto 7/2021, de 18 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes (BOC nº 41, de 1.3.2021).

De otra parte, la Sra. Dña. Rosa María Aguilar Chinea, Rectora Magnífica de la Universidad de La Laguna (en adelante ULL), con CIF Q3818001D y domicilio en calle Molinos de Agua, s/n, de La Laguna, en nombre y representación de la Universidad de La Laguna, nombrada por Decreto 85/2019, de 4 de junio (BOC nº 107, de 6.6.2019), en virtud de las competencias otorgadas por el artículo 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y en uso de la facultad atribuida por los artículos 167 y 168 de los Estatutos de la Universidad de La Laguna, aprobados por Decreto 89/2004, de 6 de julio, del Gobierno de Canarias (BOC nº 143, de 26.7.2004).

Y de otra parte, el Excmo. Sr. D. Santiago Muñoz Machado, en su calidad de director de la Real Academia Española (en adelante RAE), domiciliada en Madrid, en la calle Felipe IV, 4, con CIF Q2868010F, actuando en nombre y representación de esta institución en virtud de las atribuciones conferidas por sus Estatutos, aprobados por Real Decreto 1109/1993, de 9 de julio, y modificados por los Reales Decretos 1857/1995, de 17 de noviembre, y 1554/2005, de 23 de diciembre, y en calidad de vicepresidente de la Fundación pro Real Academia Española (en adelante Fundación pro-RAE), entidad con domicilio social en Madrid, en la calle Felipe IV, 4, y con CIF G80719511, de acuerdo con lo establecido en sus Estatutos vigentes, aprobados por el Patronato de la Fundación el 17 de diciembre de 2020.

Las partes actuantes se reconocen capacidad legal necesaria y suficiente para suscribir el presente Convenio y a tal efecto

EXPONEN

I.- Que la Comunidad Autónoma de Canarias, en virtud del artículo 137 de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, tiene “competencia exclusiva sobre el patrimonio cultural, sin perjuicio del artículo 149.2 de la Constitución, que en todo caso incluye la regulación del régimen jurídico de los bienes, actividades y demás manifestaciones que lo integran por sus valores históricos, arquitectónicos, artísticos, arqueológicos, etnográficos, paleontológicos, científicos o técnicos, así como los bienes inmateriales de la cultura popular canaria y las particularidades lingüísticas del español hablado en Canarias”.

En ejecución de esta competencia, se dictó la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias (en adelante LPCC), cuyo artículo 14, letra f) impone a las administraciones públicas de Canarias “Promover la investigación tendente a profundizar en el conocimiento de sus valores, impulsando la creación de centros especializados, facilitando el acceso de personal investigador a la información patrimonial, colaborando en la formulación y desarrollo de proyectos de investigación, así como a su difusión”.

La Comunidad Autónoma de Canarias tiene como competencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 15.2, letra j) de la LPCC, promover y coordinar la política de investigaciones del patrimonio cultural de Canarias con otras administraciones e instituciones competentes.

Asimismo, el artículo 132 de la citada ley, precisa que la Comunidad Autónoma de Canarias promoverá la investigación en las materias relativas a la conservación y el enriquecimiento del patrimonio cultural de Canarias y establecerá los medios de colaboración adecuados a dicho fin con las universidades y los centros de formación e investigación especializados, públicos y privados.

Dentro de la Administración Autonómica, corresponde a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, la dirección de la política de patrimonio cultural, según lo dispuesto en el artículo 8, letra a), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, aprobado por Decreto 7/2021, de 18 de febrero (BOC nº 41, de 1.3.2021). Para cumplir esta finalidad, el Reglamento Orgánico le atribuye, en su artículo 5.2, letra g) la competencia para suscribir convenios con otras administraciones, instituciones y entidades públicas o privadas.

Como así establece el artículo 22.A) de este Reglamento, dentro de esta Consejería la Dirección General de Patrimonio Cultural es el órgano responsable de la gestión de las competencias en materia de patrimonio cultural; entre otras, la de defender, conservar y acrecentar el patrimonio cultural canario en los términos previstos en la legislación vigente.

II.- Que la Universidad de La Laguna, en adelante ULL, tiene entre los fines asignados el de: “Contribuir a la creación y desarrollo del conocimiento a través de la investigación, la discusión, la reflexión y la crítica”, conforme dispone el artículo 2.a) de sus Estatutos.

Asimismo, de acuerdo con el artículo 90 de sus Estatutos, la ULL tiene entre sus objetivos esenciales, “el desarrollo de la investigación científica, técnica y artística y la formación de investigadores y atenderá tanto a la investigación básica como a la aplicada, favoreciendo especialmente las iniciativas Investigadoras que ayuden al desarrollo Integral de Canarias”.

III.- Que la RAE es una corporación de derecho público que tiene como principal misión estatutaria velar por la unidad de la lengua española, en estrecha colaboración con las veintidós Academias de América, Filipinas y Guinea Ecuatorial que integran con ella la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE). Para alcanzar este fin, elabora y perfecciona las obras lingüísticas que, como los Diccionarios -tanto el común de consulta general como el histórico-, la Gramática y la Ortografía, cimentan esa unidad; publica diccionarios de léxico especializado que contribuyan al mejor conocimiento, buen uso y difusión del idioma, impulsa estudios e investigaciones sobre la historia y el presente del español, así como promueve la difusión de ediciones literarias, especialmente clásicas, y de textos no literarios que juzgue importantes para el conocimiento de la lengua y las letras españolas.

IV.- Que, en cumplimiento de sus fines, la RAE trabaja en la elaboración del Diccionario Histórico de la Lengua Española (DHLE), un diccionario nativo digital que analiza la historia del léxico desde una perspectiva relacional, atendiendo a los vínculos etimológicos, morfológicos y semánticos que enlazan las palabras.

V.- Que el DHLE ha sido reconocido y aprobado como proyecto académico panhispánico por la ASALE en su XVI Congreso (Sevilla, noviembre de 2019). Para llevarlo a cabo, la RAE ha acordado la creación de una red de equipos colaboradores, formados por expertos en la historia del léxico de nuestra lengua vinculados a universidades y centros de investigación del ámbito hispanohablante, con el propósito de convertir al DHLE en un proyecto de investigación abierto a la comunidad científica. La iniciativa responde a la voluntad de la RAE de servir como cauce aglutinador del trabajo de distintos organismos de investigación, implicados en tareas con objetivos comunes a los de algunos proyectos realizados en esta corporación, como el DHLE.

VI.- Que la Fundación pro-RAE es una organización sin ánimo de lucro que tiene como finalidad esencial y meta primordial de su actuación, con carácter general, respaldar, en la medida de sus posibilidades, todas aquellas actividades que legalmente constituyen el objeto o fines de la RAE, tal como están establecidos en sus Estatutos, y con carácter más concreto, colaborar con la RAE financiando y difundiendo sus trabajos, tanto propios como desarrollados en colaboración con la ASALE, particularmente la elaboración y actualización de sus Diccionarios, Gramáticas y Ortografías y otras obras panhispánicas, publicación de ediciones solventes y de facsímiles de escritores de habla española, actividades que se realicen conjuntamente con Comunidades Autónomas de España que posean lenguas oficiales, así como en el ámbito internacional, y cualquier otra actividad relativa a investigaciones y estudios científicos y culturales que la RAE considere necesario acometer. La Fundación pro-RAE, bajo la presidencia de honor de Su Majestad el Rey de España, está integrada por las Comunidades Autónomas de la nación, así como por personas físicas y jurídicas de todo el mundo.

VII.- Que el 21 de febrero de 2017 la RAE y la ULL suscribieron un protocolo general de actuación para el desarrollo conjunto de actividades de investigación y divulgación sobre la obra de Viera y Clavijo y otros autores de la Ilustración en Canarias y los valores histórico-patrimoniales transmitidos por su época, que redunden en beneficio del conocimiento de la lengua española. El protocolo incluye como objetivos destacados la investigación en el ámbito de la lexicografía española y la puesta en valor del patrimonio documental e histórico canario, que son de especial interés para el Diccionario Histórico de la Lengua Española (DHLE). Está previsto que cada iniciativa particular de colaboración pueda ser objeto de un acuerdo específico para su realización.

VIII.- Tal y como establece el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE nº 276, de 18.11.2003) y reitera el artículo 21.1.b) del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 68, de 8.4.2009), podrán concederse, con carácter excepcional, subvenciones directas cuando se acrediten “razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.”

El presente Convenio supone una subvención, por procedimiento de concesión directa, ya que la ULL es la única entidad en el ámbito de Canarias que coopera hace años con la RAE y cuenta con un equipo académico competente para colaborar en la red panhispánica, organizada por la RAE, para la producción del DHLE. Con ello queda, por tanto, suficientemente acreditadas las razones de interés público y social que justifican la excepcionalidad y la imposibilidad de convocatoria pública de esta concesión.

IX.- Que es interés común de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, de la ULL y de la RAE la colaboración en la elaboración del diccionario histórico de la lengua española a través de la participación de la ULL en la Red de equipos colaboradores formados por expertos en la historia del léxico del español.

X.- Que el trabajo que se desarrollará supondrá un beneficio para las tres instituciones, por cuanto va a contribuir a consolidar la presencia del vocabulario diferencial en este macroproyecto del español y a la redacción de voces patrimoniales del español.

XI.- Por todo lo anterior, las instituciones comparecientes manifiestan su interés en colaborar conjuntamente en el desarrollo de la materia objeto del presente Convenio y lo formalizan con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto del Convenio.

El objeto del presente Convenio es regular la cooperación entre la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, la ULL y la RAE en el DHLE a través de la creación de un equipo investigador que se incorporará a la red panhispánica de colaboradores impulsada por la RAE para el desarrollo de esta obra. Para hacer efectiva la realización de este objeto se lleva a cabo, mediante este Convenio, la concesión de una subvención directa por parte de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes a la ULL.

Segunda.- Actuaciones.

En virtud del presente Convenio, el Gobierno de Canarias se compromete a:

- La financiación mediante el otorgamiento de una subvención directa, por importe de ciento cuarenta y cuatro mil novecientos treinta y un euros con sesenta céntimos (144.931.60 euros) a la ULL para la creación de un equipo investigador que se incorporará a la red panhispánica de colaboradores del DHLE.

Por su parte, la ULL propiciará la constitución de un equipo especializado en historia de la lengua, formado por un director y cuantos investigadores se consideren oportunos, que colaborará en el proyecto mencionado conforme a los términos establecidos en el presente Convenio y al plan de trabajo previamente establecido.

1. Constitución del equipo.

La directora del equipo, Dña. Dolores Corbella Díaz, asume el compromiso de constituir, bajo su coordinación, un equipo de investigación en la ULL. El equipo estará adscrito al grupo de investigación consolidado de la ULL LexHis (Lexicografía e Historia).

2. Obligaciones del equipo.

La directora del equipo es responsable del cumplimiento de las obligaciones referentes a su cargo y que se establecen en el presente Convenio. No será responsable del incumplimiento siempre que sea debido a hechos o circunstancias sobrevenidas por causas de fuerza mayor o ajenas a su voluntad.

3. Duración de la actividad del equipo.

El periodo de actividad del equipo se corresponderá con la duración del Convenio.

Complementariamente, la ULL se compromete a apoyar cuantas actividades e iniciativas promueva la RAE en relación con la red panhispánica de equipos colaboradores del DHLE.

4. Cronograma.

El cronograma general del proyecto durante el periodo se resume en las siguientes fases:

I.- Primera etapa: constitución, activación y desarrollo inicial (octubre 2021).

• Fase preparatoria.

Dedicada a las gestiones administrativas de constitución de los equipos.

• Fase experimental.

Comienza a partir de la presentación pública de la red, con la presencia e implicación de todos los grupos comprometidos hasta el momento.

Tiene como objetivo esencial poner en marcha los equipos de la red, contrastar el funcionamiento de todos los procesos y empezar el trabajo efectivo.

• Primera fase de desarrollo.

En esta etapa todos los equipos funcionarán a pleno rendimiento, conforme al ritmo de su integración en la fase experimental.

II.- Segunda etapa: consolidación y ampliación.

• Segunda fase de desarrollo (2022-2025).

En esta etapa se producirán nuevas incorporaciones a la red que permitan asegurar el cumplimiento del objetivo previsto.

Al tiempo que continúa la elaboración del DHLE, a finales de 2022 se podría realizar una publicación que presentase un primer resultado del trabajo de la red.

El cronograma interno del equipo debe considerar los siguientes aspectos:

- Formación (estancia de investigación y talleres).

Previamente al inicio de los trabajos, será necesario que el coordinador del equipo investigador efectúe una estancia de investigación en la RAE. La estancia tendrá una duración de entre dos y cuatro semanas, y podrá fragmentarse en períodos más breves (de, al menos, una semana) en función de las obligaciones docentes u de otro tipo del miembro del equipo investigador, así como de la situación sociosanitaria.

Cada año se celebrará al menos una reunión general y podrán llevarse a cabo talleres monográficos, impartidos por integrantes del equipo central, como apoyo a las tareas de redacción.

- Ritmo de redacción de artículos.

La productividad establecida para el equipo investigador estará determinada por el número y circunstancias de sus integrantes. Se excluyen de los compromisos de redacción los directores de los equipos, aunque en la práctica puedan participar igualmente en las tareas; para los restantes integrantes se proponen con carácter orientativo los siguientes baremos mínimos procedentes de la experiencia del equipo central:

Ver anexo en la página 45757 del documento Descargar

• Al final de cada año: 100% de la cantidad de artículos fijada en el documento de desarrollo del plan de trabajo complementario de este Convenio.

La RAE, como impulsora del proyecto, asume las responsabilidades siguientes:

1. Gestionar en las instancias oficiales competentes el reconocimiento del DHLE como proyecto de investigación y su consideración como tal a todos los efectos oportunos de acreditación, investigación y transferencia.

2. Coordinar, a través de su equipo central del DHLE, todos los grupos de la red y asumir, en particular, las tareas siguientes:

2.1. Formación de cada uno de los equipos a través de una estancia de investigación inicial en la RAE, talleres periódicos en los centros y una reunión anual de todos los grupos colaboradores.

2.2. Establecimiento del ámbito de trabajo de cada equipo, de acuerdo con las prioridades del proyecto y la competencia o cualificación de los investigadores.

2.3. Puesta a disposición del equipo investigador de los mismos materiales y herramientas con los que trabaja el equipo central.

2.4. Atención y tutela de los investigadores en caso necesario.

2.5 Validación del trabajo realizado por el equipo para su integración en el DHLE.

A todos estos efectos, la interlocución en el equipo central corresponderá al coordinador del DHLE.

3 Otorgar reconocimiento público al trabajo del equipo. La RAE incluirá la mención del equipo en los créditos del DHLE (con identificación de los nombres y funciones de sus integrantes), una vez que hayan entregado en tiempo y forma los artículos comprometidos y que estos se hayan incluido en alguna de las publicaciones en la web corporativa previstas en el plan de trabajo. En esos créditos se asignará un identificador al equipo, que figurará en cada uno de los artículos redactados y publicados.

4. Considerar a la ULL como miembro de la red panhispánica de colaboradores del DHLE. La RAE hará constar esta condición en los créditos de la obra y en las menciones a la misma que figuren en la documentación institucional y académica.

Tercera.- Delimitación de las obligaciones.

Para la consecución de los objetivos a los que aspira el presente Convenio, la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, se compromete a realizar una aportación económica total de ciento cuarenta y cuatro mil novecientos treinta y un euros con sesenta céntimos (144.931.60 euros) repartida en cuatro anualidades.

Por su parte, la ULL se compromete a prestar asistencia técnica, y poner a disposición los recursos humanos y materiales propios.

Además, la ULL queda sujeta a siguientes obligaciones, contenidas en el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones:

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención.

b) Justificar, ante el órgano concedente, el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimento de la finalidad que determine la concesión o disfrute de la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, la Intervención General, la Audiencia de Cuentas de Canarias o el Tribunal de Cuentas, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competente, tanto nacionales como comunitario, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas.

Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos recibidos.

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se halla al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en la forma que se determine reglamentariamente.

f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, así como llevar una contabilidad separada de la actividad subvencionada, bien mediante cuentas específicas dentro de su contabilidad oficial, bien mediante libros de registros abiertos al efecto, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.

En dichas cuentas o registros se han de reflejar una por una las facturas y demás justificantes de gastos con identificación del acreedor y del documento, su importe con separación del I.G.I.C. e impuestos indirectos que no sean subvencionables, la fecha de emisión, la fecha de pago, así como todos los recursos aplicados a la realización de la actividad. También se reflejarán todos los gastos e ingresos de la actividad, aunque solo una parte del coste estuviera subvencionada.

g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control, por un periodo no inferior a cuatro años.

h) Adoptar las medidas de difusión contenidas en el artículo 18 de la mencionada Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, Reglamento que la desarrolla, así como el artículo 12 del repetido Decreto 36/2009, de 31 de marzo. Así pues, en cualquiera de las medidas de difusión que sean elegidas por el beneficiario con el fin de dar a conocer el carácter subvencionable del programa, durante el tiempo de su ejecución, se deberá incluir la identidad corporativa gráfica del Gobierno de Canarias, con leyendas relativas a la financiación pública, utilizados en carteles, placas conmemorativas, materiales impresos, medios electrónicos o audiovisuales o bien en menciones realizadas en medios de comunicación.

El beneficiario podrá descargarse este modelo de logotipos en el Manual de la Identidad Gráfica del Gobierno de Canarias, en la siguiente dirección: http://www.gobiernodecanarias.org/identidadgrafica/descargas/

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de dicha Ley.

j) Realizar y acreditar la realización de la actividad que fundamenta la concesión de la misma, en el plazo y con los medios establecidos en la Orden.

k) Acreditar el coste total de la actividad o conducta subvencionada, así como el importe de las ayudas, subvenciones u otros auxilios económicos recibidos de cualesquiera Administraciones, entes públicos, entidades privadas o particulares.

l) Comunicar al órgano concedente las alteraciones que se produzcan en las circunstancias y requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de la subvención.

m) Respetar las prohibiciones establecidas en el artículo 29.7 de la citada Ley 38/2003, en relación con el artículo 68.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que la desarrolla, en lo relativo a las personas o entidades vinculadas con el beneficiario.

Ver anexo en la página 45760 del documento Descargar

n) Cumplir, en su caso, con el compromiso de asumir el coste que resulte de la diferencia entre el importe total del proyecto y la subvención que le sea concedida.

ñ) Cumplir, en todo momento, lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre protección de datos de carácter personal y demás normativa de aplicación.

Será de cuenta de la entidad beneficiaria la obtención de las autorizaciones sectoriales preceptivas pertinentes para la realización de la actividad subvencionada.

La RAE, por su parte, se compromete a prestar asesoramiento informático, al alojamiento de la web y a la transferencia de datos.

Los recursos que pudiera obtener la RAE para el desarrollo de este proyecto serán transferidos a la universidad a través de la Fundación pro-RAE.

Cuarta.- Plazo de vigencia.

Este Convenio entrará en vigor el día de su firma y tendrá una duración de cuatro (4) años.

Quinta.- Destino de la subvención y plazo de realización.

Dicha subvención irá destinada a financiar la participación de la ULL en la red de equipos colaboradores (formados por expertos en la historia del léxico de nuestra lengua vinculados a universidades y centros de investigación del ámbito hispanohablante) creada por la RAE para contribuir a la construcción del DHLE, siguiendo las actuaciones que se especifican en la cláusula segunda del presente Convenio. En concreto y según el Plan de Financiación aportado por la ULL, será:

Gastos previstos:

Contrato de investigación de un técnico superior

(licenciado o doctor) a tiempo completo (30.439 euros anualidad) 121.756 euros

Viajes (estancias y dietas) (2.500 euros anualidad) 10.000 euros

Total inicial de gastos 131.756 euros

Costes indirectos (10%) 13.175,60 euros

Año 2021 36.232,90 euros

Año 2022 36.232,90 euros

Año 2023 36.232,90 euros

Año 2024 36.232,90 euros

TOTAL 144.931,60 euros

Sexta.- Gastos subvencionables.

Se consideran gastos subvencionables los contemplados en el artículo 31 de le Ley General de Subvenciones, y a los efectos previstos en este Convenio, los gastos subvencionables deberán corresponder de manera indubitada a la naturaleza de la actividad subvencionada y resulten estrictamente necesarios.

En ningún caso, el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado.

Solo se admitirá el pago en metálico de facturas o documentos justificativos del gasto con un máximo de 3.000 euros por expediente.

No podrán pagarse en efectivo las operaciones, en las que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional, con un importe igual o superior a 2.500 euros o su contravalor en moneda extranjera, de conformidad con el artículo 7.1 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la preservación y lucha contra el fraude.

Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, para el contrato menor, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren o salvo que el gasto se hubiere realizado con anterioridad a la subvención.

La elección entre las ofertas presentadas que deberán aportarse en la justificación se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

De conformidad con lo establecido en el artículo 31 de la Ley General de Subvenciones, para el supuesto de adquisición, construcción, rehabilitación y mejora de bienes inventariables, el beneficiario deberá destinar los bienes objeto de subvención al fin concreto para el que se concedió la subvención, por un periodo no inferior a dos años. El incumplimiento de la obligación de destino referida en el párrafo anterior, que se producirá en todo caso con la enajenación o el gravamen del bien, será causa de reintegro, quedando el bien afecto al pago del reintegro cualquiera que sea su poseedor, salvo que resulte ser un tercero protegido por la fe pública registral o se justifique la adquisición de los bienes con buena fe y justo título o en establecimiento mercantil o industrial, en caso de bienes muebles no inscribibles.

Séptima.- Prohibición de concertar por el beneficiario la ejecución total o parcial de las actividades subvencionadas con personas o entidades vinculadas con la entidad beneficiaria.

De conformidad con el artículo 29.7, letra d), de la Ley General de Subvenciones, en relación con el artículo 35.4 del Decreto 36/2009, en ningún caso podrá concertarse por el beneficiario la ejecución parcial de las actividades subvencionadas con:

a) Personas o entidades incursas en alguna de las prohibiciones para ser beneficiario de una subvención.

b) Personas o entidades que hayan percibido otras subvenciones para la realización de la actividad objeto de contratación.

c) Intermediarios o asesores en los que los pagos se definan como un porcentaje de coste total de la operación, a menos que dicho pago esté justificado con referencia al valor de mercado del trabajo realizado o los servicios prestados.

d) Personas o entidades vinculadas con el beneficiario, salvo que concurran las siguientes circunstancias:

1º.- Que la contratación se realice de acuerdo con las condiciones normales de mercado.

2º.- Que se obtenga la previa autorización del órgano concedente en los términos que se fijen en las bases reguladoras.

A efectos de lo dispuesto en la letra d) anterior, se considerará que existe vinculación con aquellas personas físicas o jurídicas o agrupaciones sin personalidad en las que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Personas físicas unidas por relación conyugal o personas ligadas con análoga relación de afectividad, parentesco de consanguinidad hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segundo.

b) Las personas físicas y jurídicas que tengan una relación laboral retribuida mediante pagos periódicos.

c) Ser miembros asociados del beneficiario a que se refiere el apartado 2 y miembros o partícipes de las entidades sin personalidad jurídica a que se refiere el apartado 3 del artículo 11 de la Ley General de Subvenciones.

d) Una sociedad y sus socios mayoritarios o sus consejeros o administradores, así como los cónyuges o personas ligadas con análoga relación de afectividad y familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o de afinidad hasta el segundo.

e) Las sociedades, que de acuerdo con el artículo 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, Reguladora del Mercado de Valores, reúnan las circunstancias requeridas para formar parte del mismo grupo.

f) Las personas jurídicas o agrupaciones sin personalidad y sus representantes legales, patronos o quienes ejerzan su administración, así como los cónyuges o personas ligadas con análoga relación de afectividad y familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o de afinidad hasta el segundo.

g) Las personas jurídicas o agrupaciones sin personalidad y las personas físicas, jurídicas o agrupaciones sin personalidad que, conforme a normas legales, estatutarias o acuerdos contractuales tengan derecho a participar en más de un 50% en el beneficio de las primeras.

La observancia de los extremos anteriores ha de ser acreditada por el beneficiario en el procedimiento de justificación de la subvención mediante una declaración responsable en la que se hace constar que no se ha concertado la ejecución total o parcial de las actividades subvencionadas con ninguna de las personas o entidades referidas en el mismo, sin perjuicio de las actuaciones de comprobación que pueda realizar el órgano concedente, la Intervención General o cualquier otro órgano de control.

Octava.- Subcontratación.

Con fundamento en el artículo 29.2 de la Ley General de Subvenciones, la entidad beneficiaria podrá subcontratar hasta el cien por cien de la actividad subvencionada.

Novena.- Abono anticipado, justificación, exoneración de constitución de garantía y comprobación en relación con la subvención.

1. El abono se hará efectivo de forma anticipada de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37.4 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, y el artículo 34.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto la beneficiaria no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudora por resolución firme de procedencia de reintegro. Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de las subvenciones en el supuesto de falta de justificación o de concurrencia de alguna de las causas previstas en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.

En aplicación del artículo 38.8.a) del Decreto 36/2009, la beneficiaria está exenta de la obligación de constituir garantía para el abono anticipado de la subvención, por tratarse de una entidad local.

2. El plazo de justificación es de dos meses a contar desde la finalización del plazo para realizar la actividad y se realizará por la entidad beneficiaria la cual aportará, de conformidad con los artículos 30 y concordantes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y 34 del Decreto 36/2009, en la redacción dada por el mencionado Decreto 5/2015, una declaración responsable de la Presidencia de la Corporación en la que conste de forma expresa la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad para la que fue concedida, acompañada de informe emitido por la Intervención u órgano de control equivalente de la entidad Local, que acredite la veracidad y la regularidad de los gastos y pagos justificativos de la subvención, así como su adecuación a la normativa.

En ningún caso podrán subcontratarse actividades que, aumentando el coste de la actividad subvencionada, no aporten valor añadido al contenido de la misma.

La comprobación, por parte de la Dirección General de Patrimonio Cultural como órgano gestor, se efectuará en el plazo máximo de dos meses a contar desde su presentación por la beneficiaria de la documentación justificativa del cumplimiento de la finalidad o de la realización de la actividad subvencionada. Dicho plazo podrá ser ampliado, excepcionalmente, por un periodo de tiempo igual al plazo inicialmente concedido en atención al volumen de la justificación documental.

La comprobación del órgano gestor recaerá sobre los siguientes extremos:

a) La realización de la actividad subvencionada.

b) El empleo de los fondos percibidos en el desarrollo de la actividad subvencionada.

c) El coste real de la actividad subvencionada.

d) La concesión de otras subvenciones y de cualesquiera atribuciones patrimoniales gratuitas, públicas o privadas, para la misma actividad o conducta.

e) La obtención de ingresos propios o afectos a la actividad subvencionada.

f) El cumplimiento de los demás requisitos o condiciones exigidos por las normas reguladoras de que se tratan, así como los establecidos en el Decreto 36/2009.

El órgano gestor comprobará al menos dos abonos de los reflejados en la documentación correspondiente presentada en el trámite de justificación que permitan obtener evidencia razonable sobre la adecuada aplicación de la subvención, a cuyo fin podrá requerir al beneficiario la remisión de los justificantes de gasto seleccionados, así como, en su caso, la acreditación de los correspondientes pagos, que incluirá, como regla general, los justificantes bancarios de la salida de fondos. De no ser posible, de una manera justificada, la presentación del justificante bancario de salida de fondos, podrá presentarse el recibí de la empresa proveedora firmado, sellado y con fecha.

De igual forma, el citado órgano y la Intervención General podrán comprobar el valor de mercado de los gastos subvencionables. Se entenderá como valor de mercado el que hubiera sido acordado en condiciones normales de mercado entre partes independientes.

Para determinar dicho valor se podrán utilizar los siguientes métodos:

a) Precio de mercado del bien o servicio de que se trate o de otros de características similares, efectuando, en este caso, las correcciones necesarias para obtener la equivalencia, así como para considerar las particularidades de la operación.

b) Supletoriamente resultarán aplicables:

- El precio de venta de bienes y servicio calculado mediante el incremento del valor de adquisición o coste de producción de los mismos en el margen que habitualmente se obtienen en operaciones equiparables concertadas con personas o entidades independientes o en el margen que habitualmente obtienen las empresas que operan en el mismo sector en operaciones equiparables concertadas con personas o entidades independientes.

- El precio de venta de bienes y servicio establecidos por el comprador de los mismos, minorando en el margen que habitualmente obtiene el citado comprador en operaciones equiparables concertadas con personas o entidades independientes o en el margen que habitualmente obtienen las empresas que operan en el mismo sector en operaciones equiparables concertadas con personas o entidades independientes, considerando, en su caso, los costes en que hubiera incurrido el citado comprador para transformar los mencionados bienes y servicios.

Décima.- Financiación.

El presupuesto máximo del presente Convenio a aportar por el Gobierno de Canarias es de ciento cuarenta y cuatro mil novecientos treinta y un euros con sesenta céntimos (144.931,60 euros), dividido en cuatro anualidades de treinta y seis mil doscientos treinta y dos euros con noventa céntimos (36.232,90 euros) cada una. La primera aportación anual de treinta y seis mil doscientos treinta y dos euros con noventa céntimos (36.232,90 euros) se abonará por la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural, a la ULL con cargo a la aplicación presupuestaria 18.11.337A.746020 elemento PEP 217G0151 “Proyectos Patrimoniales Universidades Canarias”, correspondiente al ejercicio presupuestario 2021. El abono de esta financiación se hará efectivo a la formalización del presente Convenio. Las siguientes aportaciones se realizarán en los años 2022, 2023 y 2024, respectivamente.

Dicha subvención representa el 100% de los costes de las obras a realizar, según el plan de financiación (previsión de ingresos y gastos) presentado.

Esta subvención es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos de Organismos o instituciones públicas o privadas para la misma actividad que se subvenciona, de acuerdo con la previsión de ingresos y gastos presentada por la beneficiaria. Sin embargo, en ningún caso, el importe de las subvenciones concedidas podrá ser de tal cuantía que aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas de otros órganos de cualquier Administración Pública, así como con las atribuciones patrimoniales gratuitas recibidas de entidades privadas o particulares, supere el coste total de la actividad a desarrollar por el beneficiario.

Décima primera.- Régimen aplicable a los procedimientos de reintegro.

Conforme a lo establecido en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los supuestos que se indican a continuación, a los que les serán de aplicación los criterios de graduación siguientes:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello y ocultando aquellas que lo hubieran impedido. En este caso, procederá el reintegro de la totalidad de la cantidad percibida.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención. En caso de incumplimiento parcial, la cantidad a reintegrar estará en proporción con el porcentaje que supone lo percibido respecto del total de la actividad.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los términos establecidos en las normas reguladoras de la subvención. Deberán devolverse las cantidades no justificadas debidamente.

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de la Ley 38/2003 y 31.3 del Reglamento que la desarrolla, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. En este caso, procederá el reintegro del 5% de la cantidad percibida.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero previstas en los artículos 14 y 15 de la citada Ley 28/2003, así como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. En este caso, procederá el reintegro de la totalidad de la cantidad percibida.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a los beneficiarios, así como de los compromisos por estos asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, siempre que afecten o se refieran al modo en que se han de conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención. En caso de incumplimiento parcial, la cantidad a reintegrar estará en proporción con el porcentaje que supone lo percibido respecto del total de la actividad.

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración, así como de los compromisos por estos asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privado nacionales de la Unión Europea o de organismos internacionales. En caso de incumplimiento parcial, la cantidad a reintegrar estará en proporción con el porcentaje que supone lo percibido respecto del total de la actividad.

Los criterios de graduación indicados serán de aplicación, cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime, de modo significativo, al cumplimiento total y se acredite por este una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos.

h) Asimismo, procederá el reintegro del exceso en cualquiera de los supuestos siguientes:

- Cuando la cantidad recibida exceda del porcentaje del coste total de la actividad o conducta fijada en esta resolución de concesión.

- Cuando por concesión de ayudas y subvenciones de otros Departamentos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma, de otras Administraciones o Entes Públicos, la cuantía de las ayudas y subvenciones concedidas o recibidas supere el coste del objeto de la subvención.

Décima segunda.- Comisión de Seguimiento.

Para supervisar la marcha del proyecto, se creará una Comisión de Seguimiento formada por representantes de cada una de las partes, cuyas competencias serán velar por el buen desarrollo del proyecto, interpretar los términos del acuerdo que lo requieran y aprobar las modificaciones en la realización del trabajo que, por causas no previstas, pudieran ser necesarias, o cualesquiera otras modificaciones que se consideren necesarias y contribuyan a la buena marcha del proyecto.

Dicha Comisión -de composición paritaria- estará formada por seis miembros; dos personas por cada una de las partes firmantes, las cuales quedarán representadas de la siguiente manera:

- La Presidencia será ocupada conjuntamente por la persona titular de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, o persona en quien delegue, y por el Director de la Real Academia Española y Vicepresidente de la Fundación Pro Real Academia Española, o persona en quien delegue.

- Una persona en representación de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, entre el personal de la Dirección General de Patrimonio Cultural.

- Dos personas en representación de la ULL.

- Una persona en representación de la RAE.

La citada Comisión se reunirá ordinariamente al menos dos veces al año, pudiendo además convocarse de manera extraordinaria cuando alguna de las partes así lo solicite y sus acuerdos se adoptarán por mayoría. La asistencia a las sesiones de la Comisión se considera incluida en el desempeño de las funciones propias del puesto de trabajo y no conllevará devengo de indemnizaciones de las previstas en el artículo 3 del Decreto 251/1997, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Indemnizaciones por razón del servicio (BOC nº 137, de 22.10.1997).

Corresponderá a dicha Comisión resolver los problemas de interpretación y cumplimiento que pudieran plantearse respecto del Convenio.

Décima tercera.- Mecanismos de evaluación.

La Comisión de Seguimiento también será la encargada de establecer mecanismos efectivos de evaluación que permitirán valorar, anualmente, la conveniencia de continuar con la relación pactada o, en su caso, proceder a la denuncia del Convenio.

Décima cuarta.- Confidencialidad.

La directora del equipo investigador, así como todos sus miembros, mantendrán la debida reserva sobre las informaciones resultantes en el desarrollo del trabajo objeto de este Convenio, que se podrán utilizar para fines principalmente docentes, investigadores o formativos, previo conocimiento del director de la RAE, una vez integrados y publicados en las actualizaciones anuales establecidas en el plan de trabajo del DHLE.

El compromiso de confidencialidad se extiende a los datos sobre el proyecto del DHLE, así como a los materiales y herramientas que se pongan a disposición del equipo para poder efectuar su trabajo. En el Anexo II se relacionan los recursos y aplicaciones básicos que la RAE facilitará a los miembros del equipo, junto con todos aquellos que estime necesarios, a efectos de las tareas de redacción.

Décima quinta.- Propiedad intelectual, publicación de resultados y explotación.

Los resultados parciales o totales de esta colaboración se incorporarán al DHLE, obra institucional colectiva de la RAE que está a disposición pública en la web corporativa.

Cuando el equipo investigador de la ULL desee utilizar los resultados parciales o finales, en parte o en su totalidad, para fines de investigación, docencia o formación y, en particular, para su publicación como artículo, conferencia, comunicación o cualquier otro formato, impreso o digital, o para su presentación oral pública, conforme a lo establecido en la estipulación quinta, hará constar expresamente la procedencia de los materiales a través de la fórmula: Colaboración en los trabajos de redacción del DHLE. Los mismos términos serán utilizados por los integrantes del equipo investigador cuando citen su vinculación con el DHLE.

Se remitirá a la Dirección de la RAE una copia electrónica y otra física de cualquier tipo de publicación vinculada a este Convenio.

Décima sexta.- Difusión del Convenio.

Toda publicación o promoción de este acuerdo, o de la colaboración en él incluida, conllevará la presencia de la imagen corporativa de las respectivas instituciones.

La RAE asume el compromiso de difundir, en los soportes, lugares y actividades públicas que las partes acuerden, la colaboración prestada por la ULL en el proyecto objeto del presente acuerdo.

Por su parte, la ULL podrá realizar la difusión que estime conveniente de la colaboración regulada mediante este Convenio, previa aprobación de la RAE en lo que se refiere al uso de su propia imagen corporativa.

El Gobierno de Canarias podrá difundir igualmente la cooperación pactada por las partes para el proyecto en los términos que se establezcan.

Décima séptima.- Protección de datos.

Las partes se comprometen a respetar las prescripciones del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de datos de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, en relación con los datos personales que se traten con motivo de la ejecución del presente Convenio, así como la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (BOE nº 294, de 6.12.2018).

Décima octava.- Modificación.

Los términos de este Convenio podrán ser modificados durante su plazo de vigencia por acuerdo unánime de las partes firmantes, mediante la suscripción de la correspondiente adenda de modificación.

La modificación del Convenio, a petición del beneficiario, solo procederá cuando se cumplan los siguientes requisitos, de conformidad con lo establecido en el artículo 20.1 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo:

a) Que la actividad o conducta a realizar conforme a la modificación solicitada esté comprendida dentro de la finalidad prevista en la línea de actuación o proyecto de inversión contemplado en la Ley de Presupuestos y de las actividades o conductas establecidas en las bases reguladoras, o, en su defecto, en la resolución de concesión.

b) Que las circunstancias que justifiquen la modificación no hayan dependido de la voluntad del beneficiario inicial.

c) Que los nuevos elementos o circunstancias que motivan la modificación, de haber concurrido en la concesión inicial, no hubiesen determinado la denegación o disminuido la cuantía de la subvención concedida.

A los efectos previstos en el punto precedente, dará lugar a la modificación del Convenio, sin que en ningún caso pueda variarse el destino o finalidad de la subvención, la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias:

a) La alteración de las circunstancias o de los requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de una subvención.

b) La obtención por el beneficiario de subvenciones concedidas por otros órganos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma o por otras Administraciones o Entes públicos para el mismo destino o finalidad.

c) La obtención de ayudas u otras atribuciones patrimoniales gratuitas de entidades privadas o particulares para el mismo destino o finalidad.

d) La superación de los topes previstos por la normativa comunitaria como consecuencia de la acumulación de subvenciones en los periodos establecidos en la misma.

Cualquier modificación de las situaciones previstas deberá solicitarse y resolverse antes de que concluya el plazo para la realización de la actividad.

Décima novena.- Extinción.

Este Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por la concurrencia de alguna de las causas de resolución establecidas en el artículo 51.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE nº 236, de 2.10.2015).

Son causas de resolución del Convenio:

a) El transcurso del plazo de vigencia del Convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo.

b) El acuerdo unánime de todas las partes firmantes.

c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguna de las partes signatarias.

En este supuesto, la otra parte firmante podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que, en el plazo de un mes, cumpla con las obligaciones o compromisos que considere incumplidos. Este requerimiento será comunicado a la Comisión de Seguimiento.

Si transcurrido el plazo indicado en el requerimiento, persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió comunicará a la otra parte la concurrencia de causa de resolución y se entenderá resuelto el Convenio.

d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.

e) Por imposibilidad sobrevenida de cumplir con el objeto del Convenio.

f) Por cualquier otra causa distinta a las anteriores prevista en las leyes.

Vigésima.- Efectos de la resolución.

Los efectos de la resolución se adecuarán a lo establecido por el artículo 52 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

1. El cumplimiento y la resolución de los convenios dará lugar a la liquidación de los mismos con el objeto de determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las partes.

2. En el supuesto de convenios de los que deriven compromisos financieros, se entenderán cumplidos cuando su objeto se haya realizado en los términos y a satisfacción de ambas partes, de acuerdo con sus respectivas competencias, teniendo en cuenta las siguientes reglas:

a) Si de la liquidación resultara que el importe de las actuaciones ejecutadas por alguna de las partes fuera inferior a los fondos que la misma hubiera recibido del resto de partes del convenio para financiar dicha ejecución, aquella deberá reintegrar a estas el exceso que corresponda a cada una, en el plazo máximo de un mes desde que se hubiera aprobado la liquidación. Transcurrido el plazo máximo de un mes, mencionado en el párrafo anterior, sin que se haya producido el reintegro, se deberá abonar a dichas partes, también en el plazo de un mes a contar desde ese momento, el interés de demora aplicable al citado reintegro, que será en todo caso el que resulte de las disposiciones de carácter general reguladoras del gasto público y de la actividad económico-financiera del sector público.

b) Si fuera superior, el resto de partes del convenio, en el plazo de un mes desde la aprobación de la liquidación, deberá abonar a la parte de que se trate la diferencia que corresponda a cada una de ellas, con el límite máximo de las cantidades que cada una de ellas se hubiera comprometido a aportar en virtud del convenio. En ningún caso las partes del convenio tendrán derecho a exigir al resto cuantía alguna que supere los citados límites máximos.

3. No obstante lo anterior, si cuando concurra cualquiera de las causas de resolución del convenio existen actuaciones en curso de ejecución, las partes, a propuesta de la comisión de seguimiento, vigilancia y control del convenio o, en su defecto, del responsable del mecanismo a que hace referencia la letra f) del artículo 49, podrán acordar la continuación y finalización de las actuaciones en curso que consideren oportunas, estableciendo un plazo improrrogable para su finalización, transcurrido el cual deberá realizarse la liquidación de las mismas en los términos establecidos en el apartado anterior.

Vigésima primera.- Régimen jurídico.

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se regirá, además de lo dispuesto en su clausulado, por el Decreto 11/2019, de 11 de febrero (BOC nº 34, de 19.2.2019), por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y de forma supletoria, en caso de dudas o lagunas, se aplicará la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (BOE nº 272, de 9.11.2017).

En relación a la subvención concedida, en todos aquellos aspectos no previstos en el presente Convenio se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley, así como en el Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, según redacción dada por el Decreto 5/2015, de 30 de enero.

Vigésima segunda.- Infracciones y sanciones administrativas.

Las subvenciones objeto de las presentes bases se someterán al régimen de infracciones y sanciones establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, y en el Decreto 36/2209, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.

La prescripción de infracciones y sanciones quedará sujeta a un plazo de cuatro años en las condiciones previstas en el artículo 65 de la Ley General de Subvenciones.

Vigésima tercera.- Jurisdicción.

Las cuestiones litigiosas que se susciten en relación con la interpretación, cumplimiento y eficacia del presente Convenio, que no queden solventadas por la Comisión de Seguimiento prevista en la cláusula séptima, se sustanciarán ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, y en particular serán competencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, sito en Las Palmas de Gran Canaria, de conformidad con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (BOE nº 167, de 14.7.1998).

Vigésima cuarta.- Publicación e inscripción.

El presente Convenio se publicará en el Boletín Oficial de Canarias y se inscribirá en el Registro General de Convenios del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 20 del Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y se regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 34, de 19.2.2019).

Y en prueba de conformidad, firman el presente Convenio por duplicado, en la fecha y lugar señalados en el encabezamiento.- Por la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, la Consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, Manuela de Armas Rodríguez.- Por la Universidad de la ULL, la Rectora de la ULL, Rosa María Aguilar Chinea.- Por la Real Academia Española y la Fundación Pro Real Academia Española, Director de la Real Academia Española, Vicepresidente de la Fundación Pro Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado.

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