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BOC Nº 111. Martes 1 de junio de 2021 - 2802

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III. OTRAS RESOLUCIONES - Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda

2802 DECRETO 51/2021, de 20 de mayo, por el que se delega en la persona titular de la Consejería de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias competente en materia de carreteras, el ejercicio de la competencia para declarar la necesidad de urgente ocupación de los bienes y adquisición de derechos correspondientes, a los fines de la expropiación, de ocupación temporal o de imposición o modificación de servidumbres, derivada de la ejecución de los proyectos de carreteras o de su modificación, prevista en el artículo 13 de la Ley 9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras de Canarias.

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BOC-A-2021-111-2802. Firma electrónica - Descargar

El Gobierno de Canarias es el órgano superior colegiado al que, bajo la dirección del Presidente, corresponde la dirección política de la Comunidad Autónoma de Canarias y de su Administración, al amparo de lo dispuesto en el artículo 50 del Estatuto de Autonomía de Canarias, reformado mediante la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, en relación con lo indicado en el artículo 13 de la Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. Por su parte, la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda es el departamento de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias competente en materia de carreteras, según lo previsto en el artículo 1 de su Reglamento Orgánico, aprobado mediante el Decreto 63/2020, de 2 de julio.

Por su parte, corresponde a la Dirección General de Infraestructura Viaria, en materia de carreteras, la gestión y resolución de los expedientes de expropiación forzosa del departamento, comprendiendo todas las funciones inherentes al ejercicio de dicha atribución, así como la inscripción en el Registro de la Propiedad y modificación catastral de los bienes expropiados, conforme a lo dispuesto en el artículo 17.A).13 del citado Reglamento Orgánico.

La organización de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias responderá, entre otros, a los principios de eficacia y máxima proximidad a los ciudadanos, tal y como prevé el apartado 1 del artículo 61 del reformado Estatuto de Autonomía de Canarias.

Al amparo de lo preceptuado en el apartado 1 del artículo 8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la competencia es irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación, cuando se efectúen en los términos previstos en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público u otras leyes. La delegación de competencias no supone alteración de la titularidad de la competencia, aunque sí de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén.

Tal y como establece el artículo 9 de la citada Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, los órganos de las diferentes administraciones públicas podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros órganos de la misma Administración, aun cuando no sean jerárquicamente dependientes, o en los organismos públicos o entidades de Derecho Público vinculados o dependientes de aquellas. Las delegaciones de competencias y su revocación deberán publicarse en el Boletín Oficial del Estado, en el de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración a que pertenezca el órgano delegante, y el ámbito territorial de competencia de este. Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación indicarán expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano delegante. La delegación será revocable en cualquier momento por el órgano que la haya conferido. Asimismo, la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias se establece, funciona y actúa bajo el principio de ordenación jerárquica de sus órganos. La competencia se ejerce por los órganos que expresamente la tengan atribuida, sin perjuicio de que el ejercicio de las competencias propias podrá ser delegado en el órgano que, por la aplicación del principio de eficacia, sea más idóneo para ello. Las delegaciones de carácter general que se efectúen deberán ser publicadas, para surtir efectos, en el Boletín Oficial de Canarias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias.

El apartado 1 del artículo 13 de la Ley 9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras de Canarias, dispone que la aprobación de los proyectos de carreteras implicará la declaración de utilidad pública y, en su caso y motivadamente la necesidad de urgente ocupación de los bienes y adquisición de derechos correspondientes, a los fines de la expropiación, de ocupación temporal o de imposición o modificación de servidumbres. Por su parte, el apartado 2 de dicho artículo 13 prevé que la declaración de utilidad pública y, en su caso y motivadamente la necesidad de urgente ocupación se referirá también a los bienes y derechos comprendidos en el replanteo del proyecto, incluyendo la denominada zona de dominio público, así como en las modificaciones de obra que puedan aprobarse posteriormente.

La aprobación de los proyectos de carreteras corresponde a la consejería competente en la materia y, en particular, al consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, según lo indicado en el artículo 10.1.2 de la mencionada Ley de Carreteras de Canarias y en el apartado 7 del artículo 6 del citado Reglamento Orgánico de dicho departamento. Ahora bien, con respecto a la declaración de la necesidad de urgente ocupación de los bienes afectados por la expropiación a que dé lugar la realización de una obra, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en dos sentencias judiciales muy recientes, ha cuestionado la competencia de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, al argüir que corresponde al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, en coherencia interpretativa, desde un punto de vista sistemático, con lo previsto para el ámbito de la Administración General del Estado por el artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa, que reserva la competencia para declarar la urgencia al Consejo de Ministros.

Por lo tanto, teniendo en cuenta que las mencionadas sentencias judiciales aún no son firmes y son susceptibles de recurso de casación, razones de seguridad jurídica y eficacia en la gestión administrativa, hacen que resulte conveniente y oportuno delegar en la persona titular de la consejería de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias competente en materia de carreteras, el ejercicio de la competencia prevista en el artículo 13 de la mencionada Ley de Carreteras de Canarias.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, y previa deliberación del Gobierno en su reunión celebrada el día 20 de mayo de 2021,

R E S U E L V O:

Primero.- Delegar en la persona titular de la Consejería de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias competente en materia de carreteras, el ejercicio de la competencia para declarar la necesidad de urgente ocupación de los bienes y adquisición de derechos correspondientes, a los fines de la expropiación, de ocupación temporal o de imposición o modificación de servidumbres, derivada de la ejecución de los proyectos de carreteras o de su modificación, prevista en el artículo 13 de la Ley 9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras de Canarias.

Dicha delegación incluye la resolución de los recursos administrativos que pudieran interponerse contra los actos que se dicten en ejercicio de la misma.

Segundo.- Las órdenes departamentales que, en lo sucesivo, se adopten en virtud de esta delegación indicarán expresamente dicha circunstancia en la antefirma y se considerarán dictadas por el Gobierno de Canarias.

Tercero.- El presente Decreto producirá efectos el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Dado en Canarias, a 20 de mayo de 2021.

EL PRESIDENTE

DEL GOBIERNO,

Ángel Víctor Torres Pérez.

EL CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS,

TRANSPORTES Y VIVIENDA, p.s.,

EL CONSEJERO DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS, JUSTICIA Y SEGURIDAD

(Decreto 33/2021, de 20 de mayo, del Presidente),

Julio Manuel Pérez Hernández.

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