BOC Nº 82. Jueves 22 de abril de 2021 - 2158

III. OTRAS RESOLUCIONES - Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad

2158 ORDEN de 13 de abril de 2021, por la que se delegan determinadas competencias en diversos órganos del Departamento.

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Mediante el Decreto 14/2021, de 18 de marzo, se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, distribuyendo competencias entre sus órganos.

No obstante, resulta necesario proceder a la delegación de determinadas atribuciones del titular de la Consejería en otros órganos del Departamento, con el fin de lograr una mayor agilidad y eficacia en la actuación administrativa.

1) En materia de contratación, teniendo en cuenta el elevado número de procedimientos que se tramitan en el Departamento, razones de índole técnica y de eficiencia hacen conveniente delegar en los centros directivos de este Departamento determinadas facultades relativas a su tramitación al objeto de agilizarla.

2) En materia presupuestaria el artículo 69.1 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, establece que corresponde a los titulares de los departamentos aprobar y comprometer los gastos propios de los servicios a su cargo, así como reconocer las obligaciones correspondientes e interesar del ordenador general de pagos la realización de los correspondientes pagos, recogiéndose en el punto 3 la posibilidad de delegación.

Razones de eficacia hacen conveniente delegar en los centros directivos de este Departamento la competencia para reconocer las obligaciones e interesar la ordenación del pago de las obligaciones derivadas de encomiendas de gestión y convenios tramitados con cargo a las aplicaciones presupuestarias gestionadas por los mismos.

3) En materia de régimen local.

En primer lugar hay que tener en cuenta que la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, atribuye en su artículo 65.1 a la Administración de las Comunidades Autónomas la competencia para formular requerimiento a las Entidades Locales para que anulen los actos o acuerdos que infrinjan el ordenamiento jurídico.

En similar sentido se pronuncia el artículo 23.1 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias. Asimismo el apartado 2 de dicho artículo encomienda dicha competencia al Consejero competente en materia de régimen local.

Dado que el artículo 37.2.c) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, aprobado por el Decreto 14/2021, de 18 de marzo, atribuye la competencia del citado artículo 23.1 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, al Consejero o Consejera de este Departamento y a fin de conseguir que el requerimiento pueda ser practicado en el plazo previsto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 23.2 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, se ha considerado conveniente delegar el ejercicio de la competencia para formularlo.

Por otra parte, el artículo 15 de la Ley 3/1999, de 4 de febrero, del Fondo Canario de Financiación Municipal, prevé que las auditorías de gestión que se realicen a los ayuntamientos para comprobar su situación económico-financiera, sean aprobadas por el Consejero competente en materia de régimen local.

Asimismo el artículo 19 de la citada Ley prevé que en el caso de que en las indicadas auditorías se detecten incumplimientos de los previstos en el artículo 18, por el Consejero se dicte resolución conteniendo el incumplimiento y la consecuencia del mismo.

Teniendo en cuenta lo anterior, razones de eficacia y agilidad hacen conveniente delegar estas competencias que, en materia de régimen local, se atribuyen al titular de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad en la Viceconsejería de Administraciones Públicas y Transparencia.

4) En materia de transparencia y acceso a la información pública, la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, el artículo 15.1, letras a) y c), establece, respectivamente, que corresponden al departamento que tenga atribuida las competencias en materia de información pública:

"a) La elaboración y aprobación de las normas y directrices técnicas aplicables a la publicación de la información pública, para garantizar su coherencia, uniformidad, accesibilidad, calidad e interoperabilidad".

"c) La elaboración y publicación de los informes anuales del cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley por las entidades del sector público autonómico".

Por su parte, el Reglamento Orgánico de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, atribuye estas competencias al Consejero en su artículo 11, letras b) y c). No obstante, se considera conveniente la delegación de la competencia prevista en la letra b) del citado artículo en la Viceconsejería de Administraciones Públicas y Transparencia y de la prevista en la letra c) del mismo artículo en la Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana.

5) En materia de seguridad ciudadana.

La Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, establece en su artículo 32.2 que serán competentes para imponer las sanciones tipificadas en esta Ley las autoridades correspondientes de la Comunidad Autónoma en el ámbito de sus competencias en materia de seguridad ciudadana.

Por su parte, el artículo 48, letra d) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, aprobado por Decreto 14/2021, de 18 de marzo, atribuye al Consejero, en materia de seguridad, la competencia para la resolución de procedimientos sancionadores incoados por infracciones graves de la legislación en materia de protección de la seguridad ciudadana.

Teniendo en cuenta lo anterior, razones operativas hacen conveniente delegar dicha competencia en la Dirección General de Seguridad y Emergencias, con el objeto de lograr una mayor eficacia en la resolución de los citados procedimientos sancionadores.

Por ello, en aplicación de lo dispuesto por los artículos 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y 31 de la Ley Territorial 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias,

R E S U E L V O:

Primero.- Delegar el ejercicio de las siguientes competencias atribuidas por las disposiciones vigentes al titular de la Consejería en los órganos que se citan a continuación:

A) En materia de contratación.

1. En las Viceconsejerías, Direcciones Generales y Secretaría General Técnica de este Departamento en el área de sus respectivas competencias, las siguientes facultades en materia de contratación en aquellos procedimientos previstos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, que sean competencia del titular de la Consejería:

a) El inicio y la declaración de urgencia de todos los procedimientos.

b) La devolución y cancelación de garantías.

c) La autorización y compromiso de la totalidad de los gastos y el reconocimiento de obligaciones de sus servicios presupuestarios, dentro de las limitaciones establecidas por las Leyes de Presupuestos.

d) La formalización de los contratos.

e) El ejercicio de las prerrogativas de interpretar los contratos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, acordar su resolución y determinar los efectos de esta, previstas en el artículo 190 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

2. En la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia las facultades previstas en el apartado anterior respecto a los créditos del proyecto de inversión 01606104 "Aplicación implantación y dirección informática".

B) En materia presupuestaria.

En las Viceconsejerías, Direcciones Generales y Secretaría General Técnica de este Departamento, la competencia para reconocer las obligaciones e interesar la ordenación del pago de las obligaciones derivadas de encomiendas de gestión y convenios tramitados con cargo a las aplicaciones presupuestarias gestionadas por dichos centros directivos.

C) En materia de régimen local.

1. En la Viceconsejería de Administraciones Públicas y Transparencia la competencia para practicar el requerimiento previsto en la legislación de régimen local en los casos en que se considere, en el ámbito competencial de la Comunidad Autónoma, que un acto o acuerdo de alguna entidad local infringe el ordenamiento jurídico.

El requerimiento será practicado con las condiciones y en el plazo legalmente exigido por los artículos 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 23.2 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, 136 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares y 215 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

2. En la Viceconsejería de Administraciones Públicas y Transparencia la competencia para aprobar las auditorías de gestión a las que se refiere el artículo 15.1 de la Ley 3/1999, de 4 de febrero, del Fondo Canario de Financiación Municipal, así como dictar resolución conteniendo los incumplimientos detectados y sus consecuencias.

D) En materia de transparencia y acceso a la información pública.

1. En la Viceconsejería de Administraciones Públicas y Transparencia la competencia para aprobar las directrices técnicas aplicables a la publicación de la información pública, para garantizar su coherencia, uniformidad, accesibilidad, calidad e interoperabilidad.

2. En la Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana la competencia para aprobar los informes anuales del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, por las entidades del sector público autonómico.

E) En materia de seguridad ciudadana.

En la Dirección General de Seguridad y Emergencias la competencia para la resolución de los procedimientos sancionadores por infracciones graves previstas en la legislación en materia de protección de la seguridad ciudadana.

Segundo.- Delegar en los órganos del Departamento la resolución de los recursos potestativos de reposición interpuestos contra los actos que hayan sido dictados por ellos en ejercicio de la delegación de competencias efectuada mediante esta Orden.

Tercero.- En todas las resoluciones que se dicten en el ejercicio de la delegación de competencias conferidas por esta Orden, y que se entienden dictadas por el órgano delegante, deberá hacerse constar expresamente tal circunstancia, con mención a su fecha y publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Cuarto.- Las delegaciones contenidas en esta Orden se adoptan sin perjuicio de las facultades de avocación y revocación que ostenta el órgano delegante, de conformidad con la normativa vigente.

Quinto.- Dejar sin efecto la Orden del Consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad de 19 de agosto de 2019, por la que se delegan determinadas competencias en diversos órganos del Departamento, la Orden del Consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad de 2 de noviembre de 2020, por la que se delega la competencia para interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, acordar su resolución y determinar los efectos de esta en los centros directivos del Departamento y la delegación efectuada por la Orden del Consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad de 22 de abril de 2020, por la que se acuerda el inicio y/o continuación de la tramitación de los procedimientos sancionadores derivados de la legislación en materia de protección de la seguridad ciudadana durante la vigencia del estado de alarma y se delega en la Dirección General de Seguridad y Emergencias la competencia para la resolución de los procedimientos por infracciones graves.

Sexto.- La presente Orden surtirá efectos desde su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, a 13 de abril de 2021.

EL CONSEJERO DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS, JUSTICIA Y SEGURIDAD,

Julio Manuel Pérez Hernández.