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BOC Nº 77. Jueves 15 de abril de 2021 - 2028

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III. OTRAS RESOLUCIONES - Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud

2028 ORDEN de 13 de abril de 2021, por la que se establecen los servicios mínimos de los empleados públicos adscritos a esta Consejería, como consecuencia de la huelga general convocada por las organizaciones sindicales Intersindical Canaria, Sindicato de Empleados Públicos de Canarias y Co.bas Canarias que se desarrollará desde las 00:00 horas del día 8 de abril de 2021 hasta las 24:00 horas del día 31 de diciembre de 2021.

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BOC-A-2021-077-2028. Firma electrónica - Descargar

Las organizaciones sindicales Intersindical Canaria, Sindicato de Empleados Públicos de Canarias y Co.bas Canarias han convocado huelga en el ámbito territorial de Canarias y en la totalidad de centros de trabajo dependientes del sector de empleados públicos de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias. La huelga comienza a las 00:00 horas del día 8 de abril de 2021, y finaliza a las 24:00 horas del día 31 de diciembre del mismo año.

Ante tal preaviso de huelga y de conformidad con el Decreto 24/1987, de 13 de marzo, de establecimiento de servicios mínimos en la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 32, de 16 de marzo), es necesario garantizar la prestación de servicios esenciales, dentro del conjunto de las funciones que son competencia de esta Consejería en el contexto de la Administración Autonómica.

El Comité de Huelga ha sido convocado para ser oído en la fijación de los servicios mínimos propuestos por los diferentes Departamentos, a una reunión el pasado día 9 de abril de 2021, según comunicación de la Dirección General de la Función Pública.

Para la fijación de los referidos servicios mínimos en los servicios esenciales que competen a este Departamento, se ha seguido la doctrina del Tribunal Constitucional de hacer cohonestar el ejercicio del derecho de huelga con otros derechos o bienes constitucionalmente protegidos.

En este sentido, los servicios mínimos en la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia como centro directivo responsable de las actuaciones que garanticen la atención integral a menores, en colaboración con los Órganos Judiciales y el Ministerio Fiscal. Los equipos técnicos de esta Dirección General, integrados en los Servicios de Programas de Prevención y Protección de Menores y de Justicia Juvenil (psicólogo, educador y trabajador social), tienen encomendadas tareas tan importantes como la formalización de los acogimientos familiares, la tramitación y resolución de los procedimientos de declaración de desamparo y constitución de tutela, de asunción de la guarda voluntaria, de declaración de idoneidad de acogedores en familia y profesionalizados, así como del dictado de instrucciones en materia de dirección, gestión y seguimiento de la ejecución, de las medidas de internamiento de menores y jóvenes infractores, dictadas por los Juzgados de Menores. Esta necesidad de protección del menor constitucionalmente reconocida (artículo 39.4), justifica el mantenimiento de un equipo técnico en cada una de las provincias.

A su vez, los servicios mínimos fijados en las Escuelas Infantiles, que tienen por objeto el respeto del derecho constitucional al trabajo y a la educación, como contrapartida del derecho a la huelga, de los padres trabajadores que utilizan el servicio de dichos Centros para sus hijos de cero a tres años, y de los propios menores.

En la Dirección General de Derechos Sociales e Inmigración, se marcan unos servicios mínimos de un efectivo en el Servicio de Gestión y Asuntos Generales en Tenerife, y un efectivo por provincia en el Servicio de Pensiones y Ayudas de Integración a los efectos del seguimiento de la huelga y cualquier incidencia que se produzca en la gestión diaria, al ser un Servicio esencial que tramita la Prestación Canaria de Inserción, además del alto número de centros de mayores con que cuenta. Igualmente se establece un trabajador por cada una de las cuatro hospederías al ser establecimientos alojativos utilizados por motivos laborales de los marinos y alumnos universitarios de formación náutica.

El personal delegado de este Departamento al Instituto de atención Social y Sociosanitario del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, presta servicios en la Residencia Mixta de Pensionistas de Taliarte, como en el Centro de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual (CAMP) Reina Sofía. Centros de carácter asistencial directo a personas vulnerables, que precisan de atención permanente por tal circunstancia.

Consecuentemente, en el ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 29.1 de la Ley Territorial 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, y en el artículo 2 del Decreto Territorial 24/1987, de 13 de marzo, de establecimiento de servicios mínimos en la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 32, de 16 de marzo).

D I S P O N G O:

Primero.- Determinar los servicios mínimos a cumplir por los empleados públicos adscritos a esta Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud que deberá atender los mismos, durante la huelga de las 00:00 horas del día 8 de abril de 2021, y que finaliza a las 24:00 horas del día 31 de diciembre de 2021 en que están previstos determinados días de paros parciales y de jornada completa.

Segundo.- Publicar la presente Orden en el Boletín Oficial de Canarias.

Tercero.- Remitir la presente Orden a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación.

Potestativamente, podrá interponerse recurso de reposición ante esta Consejera, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación, significando que, en el caso de presentar recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que se resuelva expresamente el recurso de reposición o se produzca la desestimación presunta del mismo.

Además, contra la presente Orden cabe interponer el recurso para la protección de los derechos fundamentales de la persona, contemplado en el artículos 114 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. El plazo para interponer dicho recurso será de diez días, que se computarán desde el día siguiente al de la publicación de esta Orden. En el caso de que se hubiera interpuesto el recurso potestativo de reposición, el plazo de diez días se iniciará transcurridos veinte días desde la presentación del recurso.

Santa Cruz de Tenerife, a 13 de abril de 2021.

LA CONSEJERA DE DERECHOS SOCIALES,

IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD,

Noemí Santana Perera.

Ver anexo en las páginas 18148-18152 del documento Descargar

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