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BOC Nº 22. Martes 2 de febrero de 2021 - 513

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III. OTRAS RESOLUCIONES - Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad

513 Dirección General de la Función Pública.- Resolución de 20 de enero de 2021, por la que, a propuesta del Cabildo Insular de Tenerife (provincia de Santa Cruz de Tenerife), se crean y clasifican, en clase tercera, los puestos de trabajo denominados Secretario/a-Interventor/a Asistencia Integral a los Municipios (códigos RPT FC1537 y FC1538), como puestos reservados a la escala de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, Subescala de Secretaría-Intervención; se clasifica, en clase primera, el puesto de trabajo denominado Viceinterventor/a General (código RPT FC1535), como puesto de colaboración a las funciones de intervención, reservado a la escala de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, Subescala de Intervención-Tesorería, categoría superior, existentes todos ellos en la plantilla y relación de puestos de trabajo de la corporación insular; y se establece el concurso como forma de provisión de los tres puestos de trabajo.

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BOC-A-2021-022-513. Firma electrónica - Descargar

Examinado el expediente iniciado a solicitud del Cabildo Insular de Tenerife (provincia de Santa Cruz de Tenerife), para la creación y clasificación de los puestos de trabajo de naturaleza obligatoria denominados Secretario/a-Interventor/a, adscritos a la Oficina de Asistencia Integral a los Municipios, en clase tercera; así como del puesto de colaboración denominado Viceinterventor/a General, en clase primera, existentes en la Plantilla y Relación de Puestos de Trabajo de la Corporación insular, como puestos reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, cuya forma de provisión será la de concurso.

Vista la propuesta formulada por el Servicio de Función Pública Local.

Y teniendo en cuenta los siguientes

I. Antecedentes

1º) El día 10 de agosto de 2020, se recibió en esta Dirección General, a través del Sistema de Interconexión de Registros (SIR), el oficio de la Directora Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica del Cabildo Insular de Tenerife, de 7 de agosto anterior, en cuya virtud solicita la clasificación de los puestos de trabajo identificados con los códigos FC1537 y FC1538, denominados Secretario/a-Interventor/a Asistencia Integral a los Municipios, reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, y del puesto de trabajo con el código FC1535, denominado Viceinterventor/a General, reservado a la Subescala de Intervención-Tesorería, categoría superior.

Dichos puestos de trabajo fueron creados por acuerdo por el Consejo de Gobierno Insular, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de junio de 2020, por el que fue modificada la Relación de Puestos de Trabajo de la Corporación. El acuerdo se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia nº 100, de 19 de agosto de 2020.

Figuran como características de dichos puestos:

Puestos: FC1537 y FC1538 "Secretario/a-Interventor/a Asistencia Integral a Municipios":

Subescala: Habilitación de Carácter Nacional.

Grupo/Subgrupo: A/A1.

Escala: HN: Funcionario de Administración Local con Habilitación de carácter nacional.

Subescala: SI/S: Secretaría-Intervención/Superior.

CD/CE: 28/65.

Forma de provisión: LD.

Jornada: PD.

Funciones Esenciales: creación en el anexo de Códigos la función esencial fA.276 con la siguiente redacción: bajo la dependencia jerárquica del/la Jefe/a de Servicio, desempeño, entre otras, de las funciones públicas necesarias establecidas en la legislación básica de régimen local respecto de los municipios de la isla, con sujeción a lo establecido en las normas reguladoras del ejercicio de dichas funciones públicas y a lo regulado por la Ley de Cabildos Insulares y por el Cabildo Insular de Tenerife para la prestación de los servicios de asistencia integral a municipios, así como ejercicio de las funciones reservadas a funcionarios/as de Administración Local con habilitación de carácter nacional, bajo la dependencia funcional del/a titular de la Intervención General, de la Viceintervención General y de la Secretaría General de la Corporación.

Puesto: FC1535 Viceinterventor/a General.

Subescala: Habilitación de carácter nacional.

Grupo/Subgrupo: A/A1.

CD/CE: 29/100.

Escala: HN: Funcionario de Administración Local con Habilitación de carácter nacional.

Subescala: IT/S: Intervención-Tesorería/Superior.

Forma de provisión: LD.

Jornada: PD.

Funciones Esenciales: creación de función esencial fA.274, con la siguiente redacción: Bajo la dependencia funcional y jerárquica del titular de la Intervención General, funciones de colaboración inmediata y auxilio a la Intervención en el ejercicio de las funciones reservadas que le sean encomendadas, así como sustitución del titular en los casos de vacante, ausencia, enfermedad o concurrencia de causa de abstención o recusación legal o reglamentaria de los mismos.

2º) Esta Dirección General formuló determinadas observaciones a la propuesta formulada, en el oficio de 15 de septiembre de 2020 (Registro de Salida General nº 403021/2020; APJS nº 18701/2020), cuyo tenor literal es el siguiente:

"1ª. Si nos atenemos a las características que figuran en el anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 100, de 19 de agosto de 2020, sobre modificación de la Relación de Puestos de Trabajo, los puestos identificados con los códigos FC1537 y FC1538 quedan reservados a la Escala de Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. En la Subescala de pertenencia, figura «SI/S: Secretaría-Intervención/Superior».

De la denominación de ambos puestos de trabajo («Secretario/a-Interventor/a Asistencia Integral a los Municipios»), parece inferirse que quedan reservados a la Subescala de Secretaría-Intervención, en la que no existe diferenciación de categorías ex artº. 17.4 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo. Tal reserva puede deducirse, asimismo, del contenido funcional del puesto, ya que a sus titulares les corresponderá el ejercicio de las funciones reservadas a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, que comprenderán tanto las de Secretaría, comprensiva de la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo, como las de control y la fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, y la contabilidad, tesorería y recaudación. Funciones todas ellas que corresponden a la Subescala de Secretaría-Intervención, según establece el artículo 92.bis, apartado c).2, de la LRBRL, y el artículo 2.1.c) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo.

Si, por el contrario, la pretensión de la Corporación es reservar ambos puestos a la categoría superior, uno de ellos deberá quedar adscrito a la Subescala de Secretaría, y el otro, a la Subescala de Intervención-Tesorería, ante la imposibilidad de acumular, en un mismo puesto de trabajo, las funciones de secretaría, intervención y tesorería -a excepción, como se ha indicado, de los puestos de la Subescala de Secretaría-Intervención, cuyo contenido funcional es polivalente, por así estar previsto en la normativa básica estatal-.

2ª. En el caso de que los puestos de trabajos queden reservados a la Subescala de Secretaría-Intervención, han de quedar adscritos a los subgrupos A1 y A2, del grupo A, de manera indistinta, de los grupos y subgrupos de clasificación profesional del personal funcionario de carrera, previstos en el artículo 76 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

En efecto, de acuerdo con los artículos 7.1, 11.2 y 17.1, así como Disposición transitoria cuarta, del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, los puestos de dicha Subescala han de ser de doble adscripción, para garantizar el derecho a la promoción profesional tanto de los funcionarios integrados en el Subgrupo A1, como de aquellos que han quedado, como categoría a extinguir, en el Subgrupo A2.

El Tribunal Supremo, en sentencia de 26 de septiembre de 2011, recaída en recurso de casación nº 1864/2008, declara no haber lugar al recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de San Miguel de Arguayo, confirmando, pues, la Sentencia nº 63, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, de 23 de enero de 2008. En su fundamento de derecho primero, se afirma:

«Primero.- La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria dictó el 23 de enero de 2008 sentencia en el recurso 373/2007. Lo hizo estimando las pretensiones de la Delegación del Gobierno y anulando el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de San Miguel de Arguayo de 29 de diciembre de 2006 por el que se aprobó la plantilla del personal de la corporación en tanto asignaba al puesto de secretario-interventor, grupo A-B, el nivel 30 de complemento de destino. Para el Abogado del Estado el acuerdo no era conforme a Derecho en ese extremo por infringir el artículo 71 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (la Ley 1434/1995), por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, ya que atribuía un nivel que sobrepasaba los que pueden corresponder al grupo B.

El Ayuntamiento adujo que la Ley reconoce a los funcionarios del grupo A el nivel 30 y que no cabe privarles del mismo por el hecho de que el puesto de trabajo esté también abierto al grupo B. Además, alegaba la legalidad de su acuerdo por ajustarse a los artículos 90.1 de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local (la Ley 847/1985) y 126.1 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril (la Ley 968/1986), por el que se aprueba el texto refundido de las Disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, en relación con el Real Decreto 522/2005, de 13 de mayo (la Ley 856/2005), por el que se modifican los requisitos para la integración de los funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional, pertenecientes a la subescala de Secretaría-Intervención, y la Orden de 14 de junio de 2006, por la que se integran en la Subescala de Secretaría-Intervención, Grupo A, funcionarios de la Escala de Administración Local con habilitación de carácter nacional, pues para el 2007 la secretaria-interventora del Ayuntamiento es una funcionaria del grupo A. Decía que también era conforme a los artículos 3 del Real Decreto 861/1986, de 25 de abril (la Ley 1032/1986), por el que se establece el Régimen de las Retribuciones de los funcionarios de Administración Local, y 71 del Real Decreto 364/1995 (la Ley 1434/1995), así como al artículo 22.2.i) de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local (la Ley 847/1985), todo ello sin perjuicio de lo que procediese si, en el futuro, la secretaría fuese desempeñada por un funcionario del Grupo B.

La sentencia resume la controversia que debe resolver en estos términos: se trata de saber si un Ayuntamiento al que, a tenor del artículo 2 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio (la Ley 2881/1994), sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, le corresponde una Secretaría de clase tercera, reservada a funcionarios de la subescala de Secretaría-intervención (integrada por funcionarios de los grupos A y B, según el artículo 22.2 del Real Decreto 1174/1987 (la Ley 1908/1987), en relación con el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio (la Ley 1179/2003), por el que se modifica la normativa reguladora de los sistemas de selección y provisión de los puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional, y el Real Decreto 522/2005 (la Ley 856/2005)), puede atribuir al puesto de trabajo de secretaría-intervención el nivel 30 de complemento de destino mientras esté cubierto por un funcionario del grupo A.

La respuesta, para la Sala de Santander, ha de ser negativa. Explica que ya se pronunció sobre esa misma cuestión en su precedente sentencia de 10 de diciembre de 2007 en la que declaró que el complemento de destino se fija en consideración al puesto de trabajo y, por tanto, no es modificable en función del grupo al que pertenezca quien lo desempeñe en cada momento, sino que, si está abierto a más de un grupo debe tener un nivel acorde en dicha situación. Y se remite a la fundamentación jurídica de esa otra sentencia para sustentar el fallo estimatorio. Los razonamientos esenciales de la misma son los que ahora reproducimos.

"El examen de las argumentaciones de las partes evidencia que su discrepancia se centra, exclusivamente, en el carácter del complemento de destino, ya que el Abogado del Estado le atribuye un carácter objetivo (ligado al puesto de trabajo), mientras que el ayuntamiento demandado le atribuye un carácter personal (ligado al funcionario que lo desempeña) (...). La normativa aplicable al presente caso es la establecida en los artículos 23.3.a) (la Ley 1913/1984) y 24.2 de la Ley 30/1984 (la Ley 1913/1984). Dichos artículos con carácter básico, establecen respectivamente que, son retribuciones complementarias:

- El complemento de destino correspondiente al nivel del puesto que (se) desempeñe (artº. 23.3 a) y

- "Los complementos de destino asignados a cada puesto de trabajo ...".

Dicha regulación ha dado lugar a que la jurisprudencia del TS de forma unánime, reiterada y constante (STS 17/3/86; 5/10/987; 28/1/88; 30/9/91; 14/9/92; 14/4/93, 18/12/95 ...), haya declarado que el complemento de destino no está determinado por la función atribuida al Cuerpo de pertenencia del funcionario, sino que se fija en consideración a las características del puesto de trabajo.

En este sentido la STS de 1/10/1991 declara expresamente: "la índole del puesto desempeñado y no las cualidades profesionales del funcionario, ni el campo en que se desarrollan sus funciones, es el que determina las percepciones del complemento de destino".

En definitiva, el complemento de destino no es un complemento personal, sino que tiene carácter objetivo, pues lo que se clasifica, a efectos de asignar el nivel, no es la persona del funcionario público que lo desempeña sino el puesto de trabajo en sí mismo considerado.

Sexto.- La Sala debe, seguidamente, determinar la incidencia de los antedichos pronunciamientos, en el presente caso, análisis en el que ha de tener en cuenta que, por ley [Real Decreto 522/2005 (la Ley 856/2005) en relación con el artº. 2.b) del Real Decreto 1732/1994 (la Ley 2881/1994)] la Secretaría del Ayuntamiento de Riotuerto puede ser desempeñada por funcionarios de los grupos A o B, hasta que no se extingan los integrantes de este último grupo de la subescala secretaría-intervención.

En esta materia es necesario recordar que:

1) El Tribunal Supremo ha declarado que es adecuado y legal que un puesto de trabajo esté abierto a varios grupos de titulación, pero eso no significa que tenga que tener un nivel distinto según el grupo de quien lo desempeñe (St 16/11/995) Y

2) El Anexo 3 del Real Decreto 86/1986 precisa, paladinamente, que "El nivel de complemento de destino asignable a los puestos de trabajo existentes en las Corporaciones Locales no contemplados en el nº 2 de este anexo, se determinará por cada corporación de tal manera que el nivel de complemento de destino esté comprendido entre el nivel mínimo garantizado a los funcionarios del grupo de mejor titulación y el nivel máximo posible de los funcionarios de inferior titulación que pueden desempeñar cada puesto de trabajo".

Séptimo.- Los anteriores pronunciamientos implican la necesidad de estimar íntegramente el recurso del Abogado del Estado, ya que:

1) El estar abierto el puesto de trabajo secretaría-intervención del Ayuntamiento de Riotuerto a funcionarios de los grupos A y B su complemento de destino no podía sobrepasar la horquilla de niveles 20 a 26 y

2) La indebida atribución de un complemento de destino nivel 30 infringe el Real Decreto 522/2005 (la Ley 856/2005) en relación con el artº. 2.b del Real Decreto 1732/1994 (la Ley 2881/1994) y con el artº. 71.2 del Real Decreto 364/1995 (la Ley 1434/1995), pues:

- Los funcionarios del grupo B no podrían acceder a dicho puesto. Y

- No cabe alegar que esté cubierto por un funcionario del Grupo A, ni que esté atribuido por error a los Grupos A y B y que cuando lo ocupe un Grupo B se cambiará el nivel, ya que nos encontramos ante una normativa básica e imperativa que no puede ser modificada por la Corporación demandada".»

En los mismos términos, se pronuncia la Sentencia nº 352/2018, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2, de Santa Cruz de Tenerife, con fecha 27 de noviembre de 2018, recaída en recurso nº 458/2017, seguido a instancias de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias frente al acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Valle Gran Rey, en sesión de 7 de junio de 2017, sobre valoración singularizada del puesto de Secretario-Interventor. Dicha sentencia fue confirmada por Sentencia de 20 de mayo de 2019, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 2ª, de Santa Cruz de Tenerife, recaída en recurso de apelación nº 45/2019.

En congruencia con lo anterior, la Dirección General de la Función Pública del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, en el informe emitido con fecha 12 de septiembre de 2018, en respuesta a la consulta efectuada con fecha 7 de agosto de 2018 por esta Dirección General, señala lo siguiente:

"Primera Cuestión.

"Dado que en la actualidad los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional pertenecientes a la Subescala de Secretaría- Intervención son de los grupos A1 y A2, y que los funcionarios pertenecientes al extinto cuerpo de secretarios de tercera categoría que ocupan puestos igualmente reservados a la subescala de secretaría-intervención no están integrados en el grupo A1, en el momento actual se debe mantener el criterio conforme al cual, los puestos reservados a la Subescala de Secretaría-Intervención, deben continuar adscritos indistintamente al grupo A de clasificación funcionarial subgrupos A1 y A2.

Segunda Cuestión. El nivel de complemento de destino de los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional pertenecientes a la Subescala de Secretaría-Intervención deberá oscilar entre los intervalos comprendidos entre el menor máximo asignado al subgrupo A2 y el mínimo asignado al A1".

En consecuencia, el nivel de complemento de destino de los puestos adscritos a la Subescala deberá figurar en el intervalo de niveles comunes a los referidos Subgrupos A1/A2, de suerte que, en ningún caso, podrá ser superior al nivel 26.

Así, pues, el nivel 28 de complemento de destino que asigna la Corporación a ambos puestos de trabajo no se ajusta a la normativa estatal.

Al respecto, el apartado 3 del anexo del Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el régimen de las retribuciones de los funcionarios de Administración Local, anexos que fueron derogados por el Real Decreto 158/1996, de 2 de febrero, precisaba: «A partir de la aprobación de la relación de puestos de trabajo de la respectiva Entidad local, de acuerdo con las normas que para su confección establezca el Estado, el nivel de complemento de destino asignable a los puestos de trabajo existentes en las Corporaciones Locales no contemplados en el número 2 de este anexo, se determinará por cada Corporación, de tal manera que el nivel de complemento de destino esté comprendido entre el nivel mínimo garantizado a los funcionarios del grupo de mayor titulación y el nivel máximo posible de los funcionarios del grupo de inferior titulación que puedan desempeñar cada puesto de trabajo, conforme a la siguiente Escala ..:».

Por su parte, el artículo 3.3 del referido Real Decreto 861/1986, de 25 de abril -precepto que está vigente-, dispone que, en ningún caso, los funcionarios de Administración Local podrán obtener puestos de trabajo no incluidos en los niveles del intervalo corresponde al grupo de titulación en que figure clasificada su Escala, Subescala, clase o categoría.

En atención a esta doble adscripción, la horquilla estaría comprendida, pues, entre los niveles 20 a 26, conforme al artículo 71.1 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, de aplicación directa a los funcionarios de Administración Local, por reenvío del artículo 3.1 del Real Decreto 861/1986, de 25 de abril.

Tal exigencia se confirma en la sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 7ª, de 26 de septiembre de 2011, recaída en recurso nº 1.864/2008.

3ª. En la ficha descriptiva, los puestos de «Secretario/a-Interventor/a Asistencia Integral a los Municipios» dependen, funcionalmente, del/la titular de la Intervención General, de la Viceintervención General y de la Secretaría General de la Corporación -en el entendimiento de que, en este último caso, el órgano del que dependen es la Secretaría General del Pleno ex disposición transitoria quinta de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, y no del titular del Órgano de Apoyo al Consejo de Gobierno Insular (Vicesecretario/a General)-. A juicio de esta Dirección General, tal dependencia funcional no se compagina con la naturaleza jurídica de los puestos, que es la de puestos necesarios o de existencia obligatoria, de acuerdo con el artículo 16 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, y no de la de puestos de colaboración, en los que tal dependencia, funcional y jerárquica, resulta indubitada, si nos atenemos a la dicción del artículo 15.1 de la referida norma reglamentaria.

4ª. En la estructura orgánica, ambos puestos dependen, jerárquicamente, del titular del puesto de trabajo denominado «Jefe/a de Servicio», también de nueva creación, el cual podrá ser provisto por funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias o por funcionarios de la Administración Local, siendo la plaza de acceso al puesto la de Técnico/a de Administración General, Rama Jurídica.

Salvo que la Corporación estime que, en la condición de funcionarios de la Administración Local, quedan integrados los pertenecientes a la Escala de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional -cuestión dudosa, a la vista de las disposiciones contenidas en el Título VII de la LRBRL, que regula, de forma diversa, el régimen jurídico de los funcionarios al servicio de la Administración Local y el régimen jurídico de los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional cfr. artículos 92 y 92 bis-, esta Dirección General considera que la Jefatura de Servicio debería quedar abierta para su provisión por funcionario/a de Administración Local con habilitación de carácter nacional, por cuanto de dicha Jefatura dependen los dos puestos de Secretario/a Interventor/a, y, particularmente, porque determinadas funciones asignadas a la unidad administrativa que se crea están reservados por ley, en exclusiva, a los funcionarios en posesión de la habilitación nacional.

5ª. Finalmente, se somete a la consideración de esa Corporación insular la posibilidad de aprobar una disposición reglamentaria, a través de la cual se regule el Servicio de Asistencia a los Municipios, con las especificaciones que resulten procedentes en el particular relativo a la asistencia para el ejercicio de las funciones públicas necesarias, en los municipios y mancomunidades de la isla que la demanden."

3º) El día 29 de diciembre de 2020, se recibió en esta Dirección General, a través del Sistema de Interconexión de Registros (SIR), el oficio de la Directora Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica del Cabildo Insular de Tenerife, de 28 de diciembre anterior, del tenor siguiente:

"Solicitud de clasificación de puestos de trabajo reservado a la Escala de funcionarios/as de administración local con habilitación de carácter nacional.

El Consejo de Gobierno Insular de esta Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de junio de 2020, ha acordado aprobar una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo y de la Plantilla del personal Excmo. Cabildo Insular de Tenerife que afecta a puestos de trabajo pertenecientes a la Escala de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, y teniendo en cuenta

1.- Que por la Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica en escrito de 7 de agosto de corriente, y registro de entrada 000006501s2000030403 de 8 agosto del mismo año, se solicitó la clasificación del puesto de trabajo con el código: FC1535 denominación de puesto: Viceinterventor/a y de los puestos con los códigos de puesto: FC1537 y FC1538 denominación de puesto: Secretario/a-Interventor/a Asistencia Integral a Municipios, de conformidad con lo previsto en los artículos 15 y 16 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

2.- Que, con fecha 15 de septiembre de 2020, y registro de entrada 000006501e2000073762, se recibe escrito de la Dirección General de Función Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias en el que hace diversas consideraciones:

* En atención al contenido funcional de los puestos, hay que recabar del órgano competente de la Administración General del Estado en materia de Haciendas Locales (Secretaría de Estado de Hacienda, Ministerio de Hacienda, artº. 2 del Real Decreto 689/2020, de 21 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales), la preceptiva autorización, en orden a la provisión de los tres puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

3.- En cumplimiento de las previsiones legales se solicita al Ministerio de Hacienda la preceptiva autorización para que el sistema de provisión sea la libre designación, el cual nos contesta que no procede la utilización del sistema de provisión por libre designación en los puestos de trabajo de Asistencia a Municipios al no cumplir el requisito de ámbito subjetivo de la entidad local sobre las que se ejerce las funciones reservadas a los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional y no se autoriza la provisión del puesto de trabajo Viceinterventor/a por el sistema de libre designación. Se adjunta contestación de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda.

4.- Por acuerdo del Consejo de Gobierno Insular en sesión ordinaria celebrada el 15 de diciembre de 2020 se ha procedido a la modificación de las características de los puestos de trabajo FC1535 "Viceinterventor/a General" y de los puestos FC1537 y FC1538: "Secretario/a-Interventor/a Asistencia Integral a Municipios", quedando configurados como se expone a continuación:

Código de puesto: FC1537 y FC1538.

Denominación de puesto: Secretario/a-Interventor/a Asistencia Integral a Municipios.

Complemento de Destino: 26.

Complemento Específico: 65 puntos.

Forma de Provisión: Concurso.

Grupo: A/A1 y A2.

Escala/Subescala: Habilitado de carácter nacional/Secretaría-Intervención.

Vínculo: Funcionario.

Jornada: Plena disponibilidad.

Funciones esenciales:

fA.280: Bajo la dependencia jerárquica del Jefe/a de Servicio, desempeño, entre otras, de las funciones públicas necesarias establecidas en la legislación básica de régimen local respecto de los municipios de la isla, con sujeción a lo establecido en las normas reguladoras del ejercicio de dichas funciones públicas y a lo regulado por la Ley de Cabildos Insulares y por el Cabildo Insular de Tenerife para la prestación de los servicios de asistencia integral a municipios, así como ejercicio de las funciones reservadas a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

fA.273: Manejo de aplicaciones informáticas asociadas a la gestión de expedientes.

Código de puesto: FC1535.

Denominación de puesto: Viceinterventor/a General.

Complemento de Destino: 29.

Complemento Específico: 100 puntos.

Forma de Provisión: Concurso.

Grupo: A/A1.

Escala/Subescala: Habilitado de carácter nacional.

Vínculo: Funcionario.

Jornada: Plena disponibilidad.

Funciones esenciales:

fA.274: Bajo la dependencia funcional y jerárquica del titular de la Intervención General, funciones de colaboración inmediata y auxilio a la Intervención en el ejercicio de las funciones reservadas que le sean encomendadas, así como sustitución del titular en los casos de vacante, ausencia, enfermedad o concurrencia de causa de abstención o recusación legal o reglamentaria de los mismos.

fA.273: Manejo de aplicaciones informáticas asociadas a la gestión de expedientes.

Por lo expuesto, y en ejercicio de la competencia de ejecución en materia de clasificación atribuida a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Dirección General de la Función Pública, tal y como dispone el artículo 15.2 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, los artículos 15.3 y 16.2 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional en relación con las previsiones contenidas en el Reglamento Orgánico de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, se traslada la presente solicitud para que se lleve a cabo la clasificación de los puestos de trabajo de nueva creación de Secretario/a-Interventor/a Asistencia Integral a Municipios y el de Viceinterventor/a, reservados a la Escala de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, conforme a las funciones, forma de provisión y resto de características ya indicadas."

4º) Consta en esta Dirección General la Resolución de la Secretaria General de Financiación Autonómica y Local, de la Secretaría de Estado de Hacienda del Ministerio de Hacienda, de fecha 3 de noviembre de 2020, cuya parte resolutiva es del tenor siguiente:

"Primero: no procede la utilización del sistema de provisión por libre designación de los puestos de trabajo de asistencia a municipios al no cumplir el requisito del ámbito subjetivo de la entidad local sobre las que se ejercerían las funciones reservadas de los FHN.

Segundo: no se autoriza la provisión de los puestos de trabajo viceintervención del cabildo insular de Tenerife por el sistema de libre designación.

Tercero: se recuerda a la Entidad Local que el artículo 99 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local exige a las Corporaciones locales la necesaria inclusión en los concursos anuales de los puestos de trabajo que tengan asignadas las funciones de intervención o tesorería."

5º) De acuerdo con los datos que obran en el Registro integrado de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, en la Relación de Puestos de Trabajo del Cabildo Insular de Tenerife, figuran creados, y debidamente clasificados, como puestos reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, los siguientes puestos necesarios o de existencia obligatoria:

- Secretario/a General del Pleno, de clase primera. Reservado a la Subescala de Secretaría, categoría superior, cuya forma de provisión es la de libre designación. Sus funciones son desempeñadas, mediante nombramiento por libre designación, por don Domingo Jesús Hernández Hernández, funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional, de la Subescala de Secretaría, categoría superior.

- Vicesecretario/a General (titular del Órgano de Apoyo al Consejo de Gobierno Insular y al Consejero/a Secretario/a del mismo), de clase primera. Reservado a la Subescala de Secretaría, categoría superior. Su forma de provisión es la de libre designación y se halla vacante por inexistencia de titular definitivo. Sus funciones son desempeñadas, mediante nombramiento accidental, por doña Nieves Belén Pérez Vera, funcionaria de carrera de la Subescala Técnica de Administración General de la Corporación insular.

- Interventor/a General, de clase primera. Reservado a la Subescala de Intervención-Tesorería, categoría superior. Su forma de provisión es la de libre designación. Sus funciones son desempeñadas, mediante nombramiento por libre designación, por don Antonio Messía Yraola, funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional, de la Subescala de Intervención-Tesorería, categoría superior.

- Tesorería. Reservado a la Subescala de Intervención-Tesorería, sin distinción de categoría. Sus funciones son desempeñadas, mediante nombramiento definitivo por concurso, por don Miguel Ángel Rojo Garnica, funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional, de la Subescala de Intervención-Tesorería, categoría superior.

- Director/a de la Oficina de Contabilidad, de clase primera. Reservado a la Subescala de Intervención-Tesorería, categoría superior. Sus funciones son desempeñadas, mediante nombramiento definitivo por concurso, por doña Sandra Argentina Bande Dorta, funcionaria de Administración Local con habilitación de carácter nacional, Subescala de Intervención-Tesorería, categoría superior.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Competencia para la creación, clasificación, supresión y modificación de la clasificación de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

El artículo 92 bis, apartado 4, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, adicionado por el apartado veinticinco del artículo primero de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, dispone que el Gobierno, mediante real decreto, regulará las especialidades de la creación, clasificación y supresión de puestos reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, así como las que puedan corresponder a su régimen disciplinario y de situaciones administrativas.

Las previsiones contenidas en el citado precepto han sido objeto de desarrollo en virtud del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional (BOE nº 67, de 17.3.18).

El artículo 15.3, párrafo segundo, del citado Real Decreto, atribuye a las Comunidades Autónomas la competencia para clasificar los llamados "puestos de colaboración", con arreglo a los criterios que allí se establecen.

Asimismo, el artículo 16.2 establece que las Comunidades Autónomas clasificarán los puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, adscritos a los Servicios de Asistencia.

El artículo 71.2.b) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, aprobado por Decreto 382/2015, de 28 de diciembre (BOC nº 252, de 30.12.15) -en la actualidad, Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, de acuerdo con el artículo 1º del Decreto 119/2019, de 16 de julio, del Presidente, por el que se determinan el número, denominación y competencias de las Consejerías (BOC nº 136, de 17.7.2019)-, atribuye a la Dirección General de la Función Pública la competencia para la creación, clasificación, modificación de la clasificación y supresión de los puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, a propuesta de la corporación local respectiva, de acuerdo con lo establecido en la normativa estatal.

El Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad conserva su vigencia ex disposición transitoria primera del Decreto 203/2019, de 1 de agosto, por el que se determina la estructura central y periférica, así como las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias (BOC nº 149, de 5.8.19).

La eficacia de las modificaciones que se operen en la Plantilla y en la Relación de Puestos de Trabajo de la Corporación, en el ámbito de puestos reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, queda condicionada, empero, al acto formal de clasificación que ha de emanar de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, y a su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, trámite que omite el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo- a diferencia de la previsión del artículo 9 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio-, pero que resulta de obligado cumplimiento, al tratarse de un acto administrativo plúrimo, que trae causa en el instrumento organizativo vigente en la entidad (artº. 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; STS de 5 de febrero de 2014, recaída en recurso de casación nº 2986/2012).

Segunda.- Naturaleza jurídica de los puestos de trabajo de Secretario/a-Interventor/a adscritos a la Oficina de Asistencia Integral a los Municipios, existentes en la Plantilla y Relación de Puestos de Trabajo del Cabildo Insular de Tenerife.

El artículo 92 bis, apartado 1, de la LRBRL dispone que son funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones locales, cuya responsabilidad administrativa está reservada a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.

a) La de Secretaría, comprensiva de la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo.

b) El control y la fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, y la contabilidad, tesorería y recaudación.

No obstante, en los municipios de gran población se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Título X de la presente Ley y en los municipios de Madrid y de Barcelona la regulación contenida en las Leyes 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid y 1/2006, de 13 de marzo, por la que se regula el Régimen Especial del municipio de Barcelona respectivamente.

De acuerdo con el artículo 41.1 de la LRBRL, los Cabildos Insulares Canarios se rigen por las normas contenidas en la Disposición adicional decimocuarta de esta ley, y, supletoriamente, por las normas que regulan la organización y el funcionamiento de las Diputaciones provinciales, asumiendo las competencias de estas, sin perjuicio de lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía de Canarias. Entre las competencias de las Diputaciones, figuran las de prestar la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios, especialmente a los de menor capacidad económica y de gestión, y garantizar, en los municipios de menos de 1.000 habitantes, la prestación de los servicios de secretaría e intervención; y, asimismo, la de garantizar el desempeño de las funciones públicas necesarias en los Ayuntamientos [artº. 36, apartado 1, letra b), y apartado 2, letra c), de la LRBRL; artº. 30.6 del texto refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril]. Ya el artículo 26.3 de la LRBRL, en su redacción originaria, disponía que la asistencia de las Diputaciones a los Municipios, prevista en el artículo 36, se dirigirá preferentemente a la prestación de los servicios públicos mínimos, así como la garantía del desempeño en las Corporaciones municipales de las funciones públicas a que se refiere el número 3 del artículo 92 de la Ley, es decir, las funciones públicas necesarias reguladas ahora en el artículo 92 bis.

Por su parte, el artículo 8 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de cabildos insulares, considera que las competencias enunciadas de asistencia y cooperación, así como la que tiene por objeto garantizar el desempeño de las funciones públicas necesarias -así como otras que allí enumera-, son propias de tales instituciones, y dedica una sección, la Sección 2ª del Capítulo II del Título I, a la regulación del ejercicio de las competencias de asistencia a los municipios.

Desde esta perspectiva, el artículo 15, bajo la rúbrica de "asistencia en el ejercicio de las funciones públicas necesarias", dispone:

"1. Los cabildos insulares garantizarán el desempeño de las funciones públicas necesarias establecidas en la legislación básica de régimen local en los ayuntamientos de su isla respectiva, con sujeción a lo establecido en las normas reguladoras del ejercicio de dichas funciones públicas.

2. A los efectos establecidos en el apartado anterior, deberán establecer en su relación de puestos de trabajo los puestos reservados a los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional que sean necesarios."

Por su parte, el artículo 16 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, establece:

"1. Las funciones reservadas a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, en Entidades Locales eximidas, serán ejercidas por las Diputaciones Provinciales, Cabildos, Consejos Insulares o entes supramunicipales, o, en su caso, mediante acumulación de funciones o agrupación para sostenimiento en común del puesto reservado.

Las Diputaciones Provinciales, Cabildos, Consejos insulares o entes supramunicipales incluirán, en sus relaciones de puestos de trabajo, los reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional necesarios para garantizar el cumplimiento de tales funciones. En todo caso garantizará en los municipios de menos de 1.000 habitantes la prestación de los servicios de secretaría e intervención y tesorería y recaudación.

La garantía de la prestación de los servicios de secretaría e intervención y tesorería y recaudación en los municipios de menos de 1.000 habitantes, no implicará la supresión del puesto de Secretaría como reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional de la subescala de Secretaría-Intervención, en los municipios que tengan creado y clasificado dicho puesto.

2. La Comunidad Autónoma efectuará la clasificación de los citados puestos, a propuesta de las Entidades respectivas. Su provisión se ajustará a lo establecido en este real decreto.

3. De acuerdo con lo previsto en el artículo 40 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, corresponde a las Comunidades Autónomas uniprovinciales, asumir la prestación de los servicios de asistencia a que aluden los artículos 26.3 y 36.2.c) de dicha Ley."

En el ámbito de las funciones públicas de tesorería y de recaudación, la importancia de los servicios de asistencia se vio reforzada como consecuencia de la modificación del artículo 92 bis, apartado 2, de la LRBRL, operada por el artículo 3 del Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas en materia de empleo público y de estímulo a la economía; y, con anterioridad, por la adición al apartado 1 de la Disposición transitoria séptima de la LRSAL de un nuevo párrafo, en virtud de la Disposición final segunda de la Ley 18/2015, de 9 de julio, por la que se modifica la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público.

A la vista de la normativa transcrita, tanto estatal como autonómica, los Cabildos Insulares, como órganos de gobierno, administración y representación de cada isla, tienen encomendada la prestación de asistencia a los municipios de la isla, en las diversas modalidades previstas legalmente, como competencia propia. Y, en el particular relativo a la garantía del ejercicio de las funciones públicas necesarias, dicha cooperación habrá de canalizarse o instrumentarse a través de los Servicios de Asistencia, en los que, necesariamente, habrán de figurar plazas/puestos reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, debidamente clasificados por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a través de esta Dirección General, tal y como dispone el artículo 15.2 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de cabildos insulares, y el artículo 71.2.b) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, aprobado por Decreto 382/2015, de 28 de diciembre.

Tercera.- Naturaleza jurídica y funciones del puesto de trabajo denominado Viceinterventor/a General, clase primera, existente en la Plantilla y Relación de Puestos de Trabajo del Cabildo Insular de Tenerife.

El derogado artículo 165.1 del Texto Refundido de Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, en la redacción dada por el apartado 1 del artículo 2.5 del Real Decreto Legislativo 2/1994, de 25 de junio, dispuso que, con independencia de los puestos de trabajo mínimos reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional a que se refieren los artículos anteriores, las Corporaciones locales, en los términos que reglamentariamente se determinaran por la Administración del Estado, podrían crear otros puestos de trabajo reservados igualmente a funcionarios que posean dicha habilitación, cuya clasificación correspondería a las Comunidades Autónomas.

El desarrollo reglamentario se efectuó en virtud del referido Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio. Así, el artículo 2.g) definía los puestos de colaboración como aquellos que las Corporaciones locales pueden crear discrecionalmente para el ejercicio de las funciones de colaboración inmediata a las de Secretaría, Intervención o Tesorería, y a los que corresponde la sustitución de sus titulares en caso de vacante, ausencia, enfermedad o abstención legal o reglamentaria, así como para el ejercicio de las respectivas funciones reservadas que, previa autorización de la Alcaldía o Presidencia, les sean encomendadas por dichos funcionarios titulares. Y añade que estos puestos serán clasificados a propuesta de la Corporación y estarán reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional de la subescala y categoría que proceda.

El artículo 15 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, que derogó el Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, permite, asimismo, que las entidades locales puedan crean otros puestos de trabajo que tengan atribuidas las funciones de colaboración inmediata y auxilio a las de Secretaría, Intervención y Tesorería. Dichos puestos quedan reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, y ejercerán sus funciones bajo la dependencia funcional y jerárquica del titular de la Secretaría, Intervención o Tesorería, respectivamente. Les corresponderán las funciones reservadas que, previa autorización del Alcalde o Presidente de la Corporación, les sean encomendadas por los titulares de los puestos reservados de Secretaría, Intervención y Tesorería; y, asimismo, les corresponderá la sustitución de los titulares de los puestos de Secretaría, Intervención y Tesorería, en los casos de vacante, ausencia, enfermedad o concurrencia de causa de abstención o recusación legal o reglamentaria de los mismos.

El artículo 15.3.b) dispone que, en las Entidades Locales cuyos puestos de Secretaría e Intervención estén clasificados en clase primera, los puestos de colaboración a las funciones de secretaría podrán ser clasificados en primera, segunda o tercera clase, y ser adscritos, respectivamente, a las subescalas de Secretaría, categoría superior, Secretaría, categoría de entrada, y a la subescala de Secretaría-Intervención. Los puestos de colaboración a las funciones de intervención, podrán ser clasificados en primera, segunda o tercera clase, y ser adscritos, respectivamente, a las subescalas de Intervención-Tesorería, categoría superior, Intervención-Tesorería, categoría de entrada y a la subescala de Secretaría-Intervención.

La creación y supresión de estos puestos de colaboración constituye, pues, la manifestación del ejercicio de una potestad discrecional que la normativa señalada atribuye a las entidades locales, y que se exterioriza a través del acto de modificación de la Plantilla y de la Relación de Puestos de Trabajo. En todo caso, el acto habrá de ser motivado, por exigencia del artículo 35.1.i) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Cuarta.- Motivos aducidos por el Cabildo Insular de Tenerife, para la creación de los puestos de trabajo de Secretario/a-Interventor/a Asistencia Integral a los Municipios, y del puesto de colaboración de Viceinterventor/a General.

La motivación se contiene en el expediente de modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Cabildo Insular de Tenerife y es la siguiente:

La creación de la Oficina de Asistencia Integral a los Municipios se motiva en la necesidad de hacer efectiva la asistencia integral a los municipios en aplicación de lo establecido en la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos, asumiendo el papel vertebrador de los municipios de la isla.

La Ley de Cabildos Insulares, en su capítulo II, sección 2ª, establece las obligaciones de éstos en materia de asistencia a municipios, indicando en su artículo 10 que "para garantizar el ejercicio de las competencias municipales, prestarán asistencia a los municipios de su respectiva isla, especialmente a los de menos de 20.000 habitantes, y con atención preferente a los municipios con insuficiente capacidad económica y de gestión, así como al establecimiento y adecuada prestación de los servicios mínimos", y, en sucesivos articulados, concreta dicha asistencia indicando que deberá prestarse mediante:

- La asistencia jurídica, técnica, y administrativa.

- La asistencia en la gestión de servicios municipales.

- La prestación de servicios municipales por los Cabildos Insulares.

- La aprobación anual del Plan Insular de Cooperación a las obras y servicios municipales.

- La asistencia en el ejercicio de las funciones públicas necesarias.

No obstante, no todo el desarrollo de esta asistencia se realizará directamente por la Oficina, sino básicamente la relativa a la asistencia jurídica, económica, técnica y administrativa, incluido el ejercicio de las funciones públicas necesarias establecidas en la legislación básica de régimen local, además de la recepción, registro y tramitación correspondiente de solicitudes, admisión de las mismas, en coordinación con las unidades que específicamente desarrollen funciones específicas tales como en materia de cooperación municipal, planeamiento y gestión urbanística y asesoramiento técnico.

En todo caso, el desarrollo efectivo por el Cabildo de Tenerife de la competencia de asistencia a los municipios es esencial para garantizar el ejercicio de la gestión pública municipal en la isla, instrumento vertebrador y equilibrador para aquellos municipios que tienen una menor capacidad administrativa, que puedan prestar a la ciudadanía unos servicios de calidad, que den respuesta a sus necesidades, y que el lugar donde se resida no sea un impedimento para el acceso a los mismos, contribuyendo, por tanto, a la protección del interés general de la ciudadanía de nuestra isla.

La creación de esta oficina de asistencia adquiere relevancia estratégica para esta Corporación, además de un debido cumplimiento de exigencias legales, por tanto, las razones que motivan su creación, con la finalidad de posibilitar el desarrollo de un servicio de asistencia se ven doblemente reforzadas. En este contexto, desde 2015 se habían recibido en el Cabildo Insular sendos escritos de la Dirección General de Función Pública instando al cumplimiento del ejercicio de la competencia de asistencia, sobre todo en lo que respecta al ejercicio de las funciones públicas reservadas a la escala de personal funcionario con habilitación de carácter nacional.

Por lo expuesto, se propone la creación de la Oficina de Asistencia Integral a los Municipios con los siguientes cometidos:

* Avanzar en el cumplimiento de las obligaciones legales vigentes en materia de asistencia integral a municipios por parte de los Cabildos Insulares, e implantar un modelo transversal de funcionamiento que garantice y normalice, mediante el establecimiento de procedimientos y criterios de actuación, la prestación de esa asistencia, en tiempo y forma, por parte del Cabildo Insular, para lo cual deberá:

- Facilitar a los Ayuntamientos la gestión de la solicitud voluntaria de esa asistencia, constituyéndose en el órgano de contacto a tal fin: centralizando la recepción de solicitudes, priorizando, coordinando y realizando el seguimiento de su resolución, y centralizando la salida de documentos hacia los municipios.

- Establecer procedimientos normalizados para gestionar, tramitar y dar respuesta a las solicitudes recibidas.

* Prestar por sí misma asistencia a los municipios, atendiendo a las necesidades y a la planificación que se establezca.

A los fines expuestos, se proponen como objetivos iniciales de la Oficina de Asistencia Integral a los Municipios la realización de las actuaciones necesarias para el cumplimiento de los siguientes fines:

* Asistencia jurídica: ampliar la asistencia jurídica que se viene prestando mediante la defensa jurídica en vía administrativa y jurisdiccional, a través de la asistencia jurídica en la emisión de informes que se precisen en el ejercicio de competencias municipales, y prestando apoyo en la tramitación de expedientes de especial complejidad (por ejemplo: relacionados con materia urbanística, actos de disposición de bienes patrimoniales como enajenación, permuta, expropiaciones, etc.).

* Asistencia económico-presupuestaria: apoyo en la elaboración de los presupuestos anuales, liquidación anual del presupuesto y preparación de las Cuentas Anuales, rendición de información económico-financiera a la Administración del Estado, entre otras.

* Asistencia administrativa: garantizar la prestación de las funciones de Secretaría e Intervención, funciones reservadas a los funcionarios con habilitación de carácter nacional, mediante la prestación del servicio con carácter temporal, o el apoyo itinerante en función de las necesidades de los ayuntamientos, según se determine en la correspondiente planificación.

* Asistencia técnica: apoyo técnico en distintos aspectos del ámbito competencial municipal, por ejemplo: - Contratación administrativa: Aportando modelos tipo de pliegos de contratación, promoviendo la adhesión a los procedimientos de contratación del Cabildo Insular mediante Acuerdos Marco o instrumentos que, a este respecto, se establezcan. -Redacción de disposiciones de carácter general, ordenanzas u otro tipo de normas.-Elaboración de instrumentos organizativos de gestión de personal, así como en la selección y formación. -En el cumplimiento de las obligaciones de transparencia. - En la integración de la igualdad de género.

Y se propone la siguiente estructura orgánica inicial: - 1 puesto de "Jefe/a de Servicio". - 2 puestos de "Secretario/a-Interventor/a" de Asistencia Integral a Municipios. - 1 puesto de "Técnico/a de Administración General", rama jurídica. - 1 puesto de "Técnico/a de Administración General", rama económica. - 1 puesto de "Auxiliar Administrativo/a".

A la Intervención General se adscribe la Viceintervención General, de nueva creación, para el ejercicio de las funciones previstas en el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional en lo relativo a los "Puestos de colaboración", y se crea el puesto de "Viceinterventor General", bajo la dependencia jerárquica y funcional del Interventor General, como hito inicial de un posterior refuerzo y reordenación de la estructura de personal de la Intervención General, con la finalidad de poder acometer el despliegue del cambio de proceder en el sistema de control interno derivado del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local.

Quinta.- Características y requisitos para el desempeño de los puestos de Secretario/a-Interventor/a Asistencia Integral a los Municipios y de Viceinterventor/a General. Forma de provisión.

Las características y requisitos de los puestos de trabajo Código de puesto: FC1537 y FC1538, Secretario/a-Interventor/a Asistencia Integral a Municipios, son las siguientes:

Ver anexo en la página 5064 del documento Descargar

Las características y requisitos del puesto de trabajo Código de puesto: FC1535, Viceinterventor/a General, son las siguientes:

Ver anexo en la página 5065 del documento Descargar

Sexta.- Inscripción de los puestos de trabajo que se crean y clasifican en virtud de la presente Resolución, en el Registro integrado de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

De conformidad con el artículo 23, párrafo primero, del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, en el Ministerio de Hacienda y Función Pública, existirá un Registro de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, integrado con las Comunidades Autónomas, donde se inscribirán y anotarán todos los puestos reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, así como actos que afecten a la vida administrativa de estos funcionarios. Este Registro tendrá carácter electrónico.

Y el párrafo cuarto añade que las Comunidades Autónomas efectuarán en dicho Registro las anotaciones referentes a la clasificación de los puestos reservados, a nombramientos, tanto definitivos como de carácter provisional, en puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, así como las tomas de posesión y los ceses correspondientes. Asimismo, anotarán las sanciones disciplinarias de su competencia.

De acuerdo con lo anterior, en el ejercicio de la competencia atribuida, esta Dirección General, de conformidad con la propuesta formulada por la Corporación insular,

R E S U E L V E:

1. Crear y clasificar, en clase tercera, los puestos de trabajo denominados Secretario/a-Interventor/a Asistencia Integral a Municipios (RPT FC1537 y FC1538), existentes en la Plantilla y en la Relación de Puestos de Trabajo del Cabildo Insular de Tenerife (provincia de Santa Cruz de Tenerife), y, en consecuencia, disponer su reserva a la Escala de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, Subescala de Secretaría-Intervención.

2. Clasificar, en clase primera, el puesto de trabajo denominado Viceinterventor/a General (RPT FC1535), existente en la Plantilla y en la Relación de Puestos de Trabajo del Cabildo Insular de Tenerife (provincia de Santa Cruz de Tenerife), como puesto de colaboración inmediata a las funciones de Intervención, y, en consecuencia, disponer su reserva a la Escala de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, Subescala de Intervención-Tesorería, categoría superior.

3. Establecer el concurso como forma de provisión de los puestos de trabajo que se clasifican en virtud de la presente Resolución.

4. Inscribir los referidos puestos de trabajo en el Registro integrado de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

5. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Canarias, y comunicarla a la Subdirección General de Relaciones con otras Administraciones, de la Dirección General de la Función Pública, del Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, los interesados en el expediente que no sean Administraciones Públicas podrán interponer con carácter potestativo recurso de reposición en el plazo de un mes ante esta Dirección General, de conformidad con el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; o, directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, bien ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga el demandante su domicilio, bien ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife.

Las Administraciones Públicas podrán interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, bien ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en cuya circunscripción tengan su sede, bien ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, sin perjuicio de poder efectuar el requerimiento previo en la forma y plazo determinados en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Los plazos serán contados desde el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, a 20 de enero de 2021.- La Directora General de la Función Pública, Laura María Martín Pérez.

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