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BOC Nº 253. Jueves 10 de diciembre de 2020 - 4800

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III. OTRAS RESOLUCIONES - Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud

4800 Dirección General de Derechos Sociales e Inmigración.- Resolución de 30 de noviembre de 2020, por la que se acuerda proceder a ordenar un segundo pago de la prestación económica, denominada Ingreso Canario de Emergencia a las personas interesadas que constan en el anexo.

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BOC-A-2020-253-4800. Firma electrónica - Descargar

Vistas las solicitudes presentadas al amparo de lo dispuesto por el entonces vigente Decreto ley 6/2020, de 17 de abril, de medidas urgentes de carácter social dirigidas a las personas en situación de vulnerabilidad como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, resueltas a la entrada en vigor de la Ley 3/2020, de 27 de octubre, de medidas urgentes de carácter social dirigidas a las personas en situación de vulnerabilidad como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y de modificación de la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La Disposición transitoria única de la Ley 3/2020, de 27 de octubre, establece que "se aplicará el importe del ICE previsto por el artículo 6 de la presente Ley a las solicitudes presentadas al amparo de lo dispuesto por el Decreto ley 6/2020, de 17 de abril, de medidas urgentes de carácter social dirigidas a las personas en situación de vulnerabilidad como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, resueltas o pendientes de resolución a la entrada en vigor de la presente Ley, realizándose en consecuencia un nuevo pago por la diferencia para aquellos solicitantes que ya hubieran recibido la prestación en la cuantía que establecía el citado Decreto ley, o abonándose por la cuantía dispuesta por la presente Ley en el caso de que aun no la hubiera recibido, y sin que ello implique, en ningún caso, la apertura de un nuevo plazo de solicitudes".

Segundo.- A la entrada en vigor de dicha Ley, ha sido reconocido el derecho a la prestación del Ingreso Canario de Emergencia a todos los interesados contemplados en el anexo, mediante las Resoluciones de esta Dirección General formalizadas el 21 y 29 de mayo; el 5, 12, 19 y 26 de junio; el 3, 17 y 31 de julio; el 19 de agosto; el 4 y 22 de septiembre; y el 2, 15 y 19 de octubre, todas ellas del año 2020.

Tercero.- El Decreto ley 6/2020 actualmente derogado, estableció los importes de la prestación en el artº. 6, con base en el 75% de las cuantías previstas en el artículo 14 de la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se regula la Prestación Canaria de Inserción; considerando las cuantías en relación al número de miembros de la unidad de convivencia para una mensualidad, las cuantías concedidas fueron:

Ver anexo en la página 36788 del documento Descargar

Cuarto.- Por su parte, el artículo 6 de la Ley 3/2020, de 27 de octubre, señala que "El importe de esta prestación será el 150% de las cuantías previstas en el artículo 14 de esta Ley, y se tendrán en cuenta las cuantías asignadas por número de personas integrantes de la unidad de convivencia para una mensualidad." Resultando así los nuevos importes aprobados:

Ver anexo en la página 36789 del documento Descargar

Quinto.- Existe crédito suficiente y el gasto tiene cabida con cargo a la aplicación presupuestaria 23.07.231I.480.01 L.A. 234G0800 Ley de Servicios Sociales-Renta Ciudadana, para el 2020.

A lo expuesto le son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artículo 142 de Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, en la letra a) del apartado primero, dispone que "1. Corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia exclusiva en materia de servicios sociales, que incluye, en todo caso:

a) La regulación y la ordenación de los servicios sociales, las prestaciones técnicas y económicas con finalidad asistencial o complementaria de otros sistemas de previsión pública, así como de los planes y los programas específicos dirigidos a personas y colectivos en situación de pobreza o de necesidad social ...".

Segundo.- El artículo 29 de la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias dispone, en el párrafo tercero que "En situaciones de urgencia y emergencia social acreditadas, cuando se requiera de un servicio o prestación, de forma extraordinaria se podrán establecer excepciones a todos o alguno de los requisitos establecidos en la legislación vigente".

Tercero.- Entre estas medidas dirigidas a atender situaciones de extrema vulnerabilidad social, se incluye el establecimiento con carácter excepcional de un ingreso canario de emergencia en la Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que la Ley 3/2020, de 27 de octubre, de medidas urgentes de carácter social dirigidas a las personas en situación de vulnerabilidad como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y de modificación de la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias, crea una prestación económica denominada Ingreso Canario de Emergencia (en adelante ICE), como instrumento de apoyo para aquellas personas que constituyan unidades de convivencia en las que concurran circunstancias que las coloquen en un estado de extrema necesidad, como consecuencia de la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Cuarto.- La competencia para resolver el presente procedimiento corresponde a las personas titulares de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional primera de la Ley 3/2020, de 27 de octubre.

Vista la Ley 3/2020, de 27 de octubre, de medidas urgentes de carácter social dirigidas a las personas en situación de vulnerabilidad como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y de modificación de la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias, así como la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y demás normativas de general aplicación.

En su virtud,

R E S U E L V O:

Primero.- Acordar un segundo pago para aquellos a los que ya les fue abonada la prestación económica, denominada Ingreso Canario de Emergencia (ICE) y que constan en el anexo de la presente, por la diferencia de la que ya hubieran recibido, ajustándose a:

Ver anexo en la página 36790 del documento Descargar

Segundo.- Imputar el gasto que se deriva de dichas prestaciones económicas a la aplicación presupuestaria 23.07.231I.480.01 L.A. 234G0800 Ley de Servicios Sociales-Renta Ciudadana, para el 2020.

Tercero.- Interesar de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos que se proceda al abono de las prestaciones económicas consignadas en el anexo de la presente resolución, por el importe resultante de las cuantías asignadas por número de miembros de la unidad de convivencia para una mensualidad.

Cuarto.- La persona beneficiaria vendrá obligada a:

a) Dar información veraz con respecto a la situación económica de la unidad de convivencia.

b) Comunicar cualquier modificación de las circunstancias personales o patrimoniales que puedan afectar al derecho a la prestación o el importe, en el plazo de tres días hábiles.

c) Reintegrar las cuantías percibidas por error o indebidamente cobradas si se comprueba que se carecía de los requisitos para obtener el Ingreso Canario de Emergencia.

El no cumplimiento de los requisitos para ser persona beneficiaria del ICE dará lugar al régimen de reintegros que resulte de aplicación, que se realizará de acuerdo con el procedimiento previsto en la normativa reguladora de la PCI (Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se regula la Prestación Canaria de Inserción y Decreto 136/2007, de 24 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se regula la Prestación Canaria de Inserción).

Quinto.- Determinar que los expedientes que den lugar a la concesión del segundo pago de la prestación están sujetos al control financiero permanente previsto en el Capítulo IV del Decreto 4/2009, de 27 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Intervención General. Asimismo, podrá ser objeto en su caso, de control por los órganos competentes de la Intervención General, la Audiencia de Cuentas de Canarias o el Tribunal de Cuentas.

Sexto.- Notificar la presente resolución a las personas beneficiarias a través de a sede electrónica y el Boletín Oficial de Canarias, sin perjuicio de que se podrá comunicar individualmente a través del servicio de atención telefónica del Gobierno de Canarias, mediante el número de referencia del expediente, comunicándole que dicha notificación supone que acepta todas y cada una de las condiciones, requisitos y obligaciones que se contienen en la misma, de conformidad con en el artículo 10 de la Ley 3/2020, de 27 de octubre.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Viceconsejería de Derechos Sociales (artículo 2.2 del Decreto 43/2020, de 16 de abril, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud) en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la notificación de la presente Resolución, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 y concordantes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, todo ello sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.

Santa Cruz de Tenerife, a 30 de noviembre de 2020.- El Director General de Derechos Sociales e Inmigración, Francisco Javier Bermúdez Díaz.

Ver anexo en las páginas 36792-36795 del documento Descargar

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