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BOC Nº 25. Jueves 6 de Febrero de 2020 - 477

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III. OTRAS RESOLUCIONES - Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud

477 Secretaría General Técnica.- Resolución de 23 de enero de 2020, por la que se ordena la publicación del Convenio entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud y la Fundación Diagrama Intervención Psicosocial para la ejecución de medidas judiciales no privativas de libertad de carácter no residencial impuestas a personas menores de edad conforme a la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de menores en la isla de Gran Canaria.

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ANTECEDENTE DE HECHO

Único.- El 19 de diciembre de 2019, se formalizó un Convenio entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de esta Consejería y la Fundación Diagrama Intervención Psicosocial para la ejecución de medidas judiciales no privativas de libertad de carácter no residencial impuestas a personas menores de edad conforme a la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de menores en la isla de Gran Canaria.

Está inscrito en el Registro de Convenios del Departamento con fecha 22 de enero de 2020 y nº RCO2020TF00001 y tiene una vigencia desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020.

Al anterior, le es de aplicación el siguiente

FUNDAMENTO JURÍDICO

Único.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.2 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, y en el artículo 20 del Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias de Canarias, se deberán publicar los Convenios en el Boletín Oficial de Canarias dentro de los veinte días siguientes a su firma. En el mismo plazo también deberán publicar en el citado diario oficial los anexos, adendas, prórrogas y otros actos de modificación o extinción del Convenio.

Por lo anterior, considerando que, en virtud del artº. 5 del Decreto 119/2019, de 16 de julio, del Presidente, la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, asume las competencias que tenía atribuidas la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, salvo las relativas a empleo y vivienda. Asimismo asume las competencias en materia de igualdad y juventud que tenía atribuidas la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad; y en ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 12.2.r) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, aprobado por Decreto 124/2016, de 19 de septiembre, aplicable en virtud de la Disposición transitoria primera del Decreto 203/2019, de 1 de agosto, por el que se determina la estructura central y periférica, así como las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias.

R E S U E L V O:

Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de Canarias del Convenio entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud y la Fundación Diagrama Intervención Psicosocial para la ejecución de medidas judiciales no privativas de libertad de carácter no residencial impuestas a personas menores de edad conforme a la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de menores en la isla de Gran Canaria, cuyo texto se acompaña como anexo.

Santa Cruz de Tenerife, a 23 de enero de 2020.- La Secretaria General Técnica, Marlene Santana Rodríguez.

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD Y LA FUNDACIÓN DIAGRAMA INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE MEDIDAS JUDICIALES NO PRIVATIVAS DE LIBERTAD DE CARÁCTER NO RESIDENCIAL IMPUESTAS A PERSONAS MENORES DE EDAD CONFORME A LA LEY ORGÁNICA 5/2000, DE 12 DE ENERO, REGULADORA DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE MENORES EN LA ISLA DE GRAN CANARIA.

En Canarias, a 19 de diciembre de 2019.

INTERVIENEN

De una parte, la Excma. Sra. María Teresa Cruz Oval, Consejera de Sanidad, por suplencia de la Consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, de conformidad con los establecido en el Decreto del Presidente nº 217/2019, de 29 de noviembre, en virtud de su nombramiento mediante el Decreto 121/2019, de 17 de julio, del Presidente, por el que se nombra a los Consejeros y a las Consejeras del Gobierno de Canarias (BOC nº 137, de 18.7.19), actuando en nombre y representación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias en virtud de las competencias que le otorga el artículo 29.1, letra k) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas Canarias, así como de conformidad con lo previsto en el artículo 5 del Decreto 119/2019, de 16 de julio, del Presidente, por el que se determinan el número, denominación y competencias de las Consejerías (BOC nº 136, de 17.7.19), así como en el artículo 1.d) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, aprobado por Decreto 124/2016, de 19 de septiembre (BOC nº 188, de 27.9.16) el cual resulta de aplicación supletoria en virtud de lo previsto en la Disposición transitoria primera del Decreto 203/2019, de 1 de agosto, por el que se determina la estructura central y periférica, así como las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias (BOC nº 149, de 5.8.19).

De otra parte, el Sr. D. Miguel Ángel Pereiro Amil con Documento Nacional de Identidad ****1814*, en nombre y representación de la Fundación Diagrama Intervención Psicosocial, con CIF G73038457, con domicilio social en la Avenida Ciudad de Almería, nº 10, código postal 3002, Murcia, y estando facultado para este acto en virtud de poder otorgado mediante escritura pública otorgada ante el Notario de Murcia, D. Agustín Navarro Núñez, en fecha de 20 de diciembre de 2005, bajo el número de su protocolo 7377 y actualmente en vigor según certificación aportada por la entidad de fecha 20 de noviembre de 2019.

Ambas partes se reconocen mutuamente la capacidad legal para suscribir el presente Convenio y en su virtud,

EXPONEN

Primero.- Competencia administrativa.

La Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los menores atribuye, a través de su artículo 45.1, a las Administraciones Públicas Autonómicas, la competencia administrativa para la ejecución de las medidas judiciales impuestas a personas menores de edad penalmente responsables por los juzgados de menores bajo el inexcusable control de tales órganos judiciales.

De otra parte, conforme a lo previsto en el artículo 147.2 del Estatuto de Autonomía de Canarias, aprobado mediante Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia exclusiva en materia de protección de menores que incluye, en todo caso, la regulación del régimen de protección y de las instituciones públicas de protección y tutela de los menores desamparados, en situación de riesgo y de los menores infractores, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación civil y penal.

Segundo.- Procedencia del presente instrumento.

El citado artículo 45 de la Ley Orgánica 5/2000 establece un régimen jurídico específico para el ejercicio de la mencionada competencia administrativa en virtud del cual las Administraciones Públicas podrán suscribir Convenios de Colaboración con entidades de derecho público o de derecho privado sin ánimo de lucro para la ejecución material de las medidas judiciales que sean de su responsabilidad, bajo su supervisión y sin que tales instrumentos comporten cesión de la titularidad de la competencia administrativa ni de la responsabilidad en la ejecución de las medidas.

Los Convenios de Colaboración a que se refiere la Ley Orgánica 5/2000 deben ser interpretados conforme a la tipología establecida en el artículo 47 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, en particular, respecto a su apartado 2, letra c).

Así pues el legislador estatal habilita la posibilidad de que el ejercicio de las competencias administrativas en materia de reeducación y reinserción social de las personas menores de edad penalmente responsables se lleve a cabo a través de la colaboración entre el sector público y el sector privado con entidades que pertenezcan al tejido social y no subyazca en su actividad un ánimo de lucro.

El modelo de colaboración implementado en el ámbito del sistema de justicia penal en nuestra Comunidad Autónoma ha venido desarrollándose en términos generales de forma satisfactoria por cuanto ha permitido la intervención de entidades de derecho privado carentes de ánimo de lucro que persiguen la consecución de fines sociales compartidos con esta Administración Pública y han permitido un alto grado de especialización de tales entidades y de su personal.

Tercero.- Competencia orgánica.

La Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud asume las competencias que en materia de políticas sociales tenía atribuida la extinta Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, en virtud de lo previsto en el artículo 5 del Decreto 119/2019, de 16 de julio, del Presidente, por el que se determinan el número, denominación y competencias de las Consejerías (BOC nº 136, de 17.7.19). En el ámbito de tales competencias en materia de políticas sociales se encuentra la competencia administrativa a la que se refiere el artículo 45 de la Ley Orgánica 5/2000, y que en adelante se denominará justicia penal juvenil.

En la actualidad, transitoriamente, resulta de aplicación el Reglamento Orgánico de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, conforme determina la Disposición transitoria primera del Decreto 203/2019, de 1 de agosto, por el que se determina la estructura central y periférica, así como las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias (BOC nº 149, de 5.8.19).

Dicho Reglamento Orgánico fue aprobado por Decreto 124/2016, de 19 de septiembre (BOC nº 188, de 27.9.16), el cual atribuye, en su artículo 5.1 a la persona titular del Departamento la competencia para suscribir los Convenios con entidades de derecho privado en el ámbito del sistema de justicia penal juvenil a propuesta de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, en relación con el artículo 29.1.k) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas Canarias.

Cuarto.- Fundación Diagrama-Intervención Psicosocial.

La Fundación Diagrama-Intervención Psicosocial es una entidad de derecho privado, sin ánimo de lucro, entre cuyos fines fundacionales, conforme a sus Estatutos, se encuentra el desarrollo de programas de carácter educativo dirigidos a personas menores de edad y jóvenes penalmente responsables que se sujetan a una medida judicial penal.

De otra parte, está habilitada como Entidad Colaboradora, para ejercer en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, la ejecución de medidas educativas y de carácter rehabilitador con menores sujetos a medidas judiciales y con sus familias, en virtud de la Resolución de la Dirección General de Protección del Menor y la Familia, nº 1511, de 15 de mayo de 2006, sin que dicha habilitación haya perdido eficacia jurídica.

En virtud de dicha habilitación, la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias ha venido estableciendo varios instrumentos de colaboración en los últimos años con Diagrama, siendo satisfactoria su ejecución y que ha permitido la consolidación de un modelo adecuado de intervención con menores y jóvenes con medida judicial penal.

Diagrama, Fundación de ámbito nacional, cuenta con la capacidad técnica, económica y profesional, para poder asumir las obligaciones que dimanan del presente acuerdo.

Quinto.- Voluntad de colaborar.

En virtud de lo expuesto anteriormente, ambas partes manifiestan su voluntad de seguir colaborando en el ámbito del llamado sistema de justicia penal juvenil en Canarias por lo que suscriben el presente Convenio con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS

ÍNDICE

Parte I.- Cláusulas generales.

Primera. Objeto.

Segunda. Actuaciones técnicas y materiales a realizar por la entidad colaboradora.

Tercera. Programa de Medio Abierto.

Cuarta. Obligaciones y compromisos generales de la entidad colaboradora.

Quinta. Obligaciones de la Entidad Pública.

Sexta. Expediente personal de menores.

Séptima. Protección de datos de carácter personal y sigilo profesional.

Octava. Inspección.

Novena. Régimen jurídico.

Parte II.- Régimen económico y patrimonial.

Décima. Compensación económica.

Undécima. Cobertura presupuestaria.

Duodécima. Forma de pago.

Decimotercera. Justificación económica.

Decimocuarta. Imputación de gastos.

Decimoquinta. Inventario de bienes.

Parte III.- Recursos Humanos.

Decimosexta. Entidad colaboradora como empleadora exclusiva.

Decimoséptima. Cumplimiento de la legislación vigente en materia de protección a la infancia.

Decimoctava. Deber de información en materia de personal.

Decimonovena. Ratios de personal.

Vigésima. Formación.

Vigésima primera. Estructura organizativa.

Parte IV.- Recursos y Servicios

Vigésima segunda. Recursos y plazas.

Parte V.- Ejecución y resolución del Convenio.

Vigésima tercera. Comisión de Seguimiento.

Vigésima cuarta. Vigencia del Convenio.

Vigésima quinta. Resolución del Convenio.

Vigésimo sexta. Liquidación.

PARTE I

CLÁUSULAS GENERALES

Primera.- Objeto.

1. El presente Convenio tiene por objeto establecer las condiciones generales a través de las cuales la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, mediante los órganos administrativos competentes, y la Fundación Diagrama Intervención Psicosocial (en adelante, entidad colaboradora) colaborarán mutuamente en la ejecución de determinadas medidas judiciales penales que se impongan a las personas menores de edad penalmente responsables conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los menores y cuya competencia administrativa sea de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, en los términos y bajo las condiciones previstas en este Convenio.

2. En particular, la entidad colaboradora asume la obligación de realizar el conjunto de actividades descritas en la cláusula 2ª de este Convenio, bajo la supervisión y directrices de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, que en adelante, y a efectos del presente Convenio, se denominará Entidad Pública.

3. A través del presente Convenio la entidad colaboradora colaborará con la Entidad Pública en la ejecución de las medidas judiciales penales no privativas de libertad que, previstas en el artículo 7.1 de la Ley Orgánica 5/2000, se relacionan a continuación:

a) Libertad vigilada.

b) Permanencia fin de semana en domicilio.

c) Prestaciones en beneficio de la comunidad.

d) Realización de tareas socioeducativas.

e) Asistencia a Centro de Día.

g) Tratamiento ambulatorio de tipo psicológico.

4. Se acuerda entre ambas partes dimensionar el presente Convenio en doscientas noventa (290) plazas, de las cuales cinco (5) plazas se corresponden con la medida de Asistencia a Centro de Día, y el resto, esto es, doscientas ochenta y cinco (285) plazas con el resto de las medidas señaladas en el apartado anterior indistintamente.

Ver anexo en la página 3696 del documento Descargar

5. En atención a la evolución en el número de medidas judiciales impuestas por los juzgados de menores que deban cumplirse en la isla de Gran Canaria, el número de plazas establecidos en el apartado anterior podrá aumentarse, disminuirse o modificarse en cuanto a su distribución por tipo de medida, a propuesta de la Entidad Pública, previa audiencia de la entidad colaboradora, siendo que toda modificación mediante Adenda del régimen de plazas dará lugar, si procede, a la modificación del régimen económico y al régimen de personal previsto en las Partes II y III del clausulado de este Convenio.

6. La colaboración de la entidad colaboradora se articulará a través de un instrumento denominado Programa de Medio Abierto a que se refiere la cláusula 3ª de este Convenio.

7. El régimen de colaboración que sustenta este Convenio no comportará en ningún caso ni la cesión de la titularidad de las competencias administrativas ni la responsabilidad legal y potestades administrativas que detenta la Entidad Pública la cual supervisará y establecerá las directrices a las que deba sujetarse la entidad colaboradora.

8. El ámbito territorial de este Convenio comprende la isla de Gran Canaria de forma que podrán derivarse a la entidad colaboradora a aquellas personas que con independencia de su lugar de residencia deban cumplir la medida judicial en el ámbito territorial antes señalado.

Segunda.- Actuaciones técnicas y materiales a realizar por la entidad colaboradora.

1. Bajo la superior dirección de la Entidad Pública, la entidad colaboradora llevará a cabo las actuaciones técnicas y materiales que se establezcan en los Protocolos de Actuación para la Ejecución de Medidas Judiciales mediante Resolución de la Entidad Pública.

En particular, se estará a lo establecido en la Resolución de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, nº 1490, de 5 de julio de 2016, o en su caso a las Resoluciones que la modifiquen o sustituyan.

2. La realización de actuaciones técnicas y materiales por parte del personal de la entidad colaboradora no podrá suponer en ningún caso el ejercicio de autoridad pública ni de potestades administrativas, las cuales en todo caso le corresponde ejercer a la Entidad Pública.

3. Las actuaciones técnicas y materiales realizadas por la entidad colaboradora se someterán en todo momento a la supervisión, control e inspección de la Entidad Pública.

Tercera.- Programa de Medio Abierto.

1. Las actuaciones técnicas y materiales de colaboración para la ejecución de las medidas judiciales penales se articula a través de un programa de intervención educativa, social, terapéutica y familiar con menores y jóvenes que a efectos del presente Convenio se denominará Programa de Medio Abierto Diagrama.

Dicho Programa de Medio Abierto deberá ser objeto de aprobación, mediante Resolución de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, con carácter previo a la firma del presente acuerdo.

2. No obstante, ambas partes acuerdan expresamente que por Resolución de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia puedan realizarse modificaciones a su contenido con la finalidad de mejorar el citado programa, conforme a las necesidades que en cada momento deriven del sistema de justicia penal juvenil en la isla de Gran Canaria, siempre y cuando las mismas no tengan un impacto económico y de personal para la entidad colaboradora, por lo que no se requerirá para ello la modificación del presente Convenio.

Cuarta.- Obligaciones y compromisos generales de la entidad colaboradora.

1. En el ámbito del presente Convenio, la entidad colaboradora se compromete a colaborar con la Entidad Pública en el cumplimiento de los fines de reinserción y reeducación social que comporta la ejecución de medidas judiciales penales impuestas a las personas menores de edad, y en particular asume las siguientes obligaciones y compromisos:

a) Llevar a cabo las actuaciones técnicas y materiales a que se refiere la cláusula 2ª.

b) Incorporar en el diseño de sus programas de intervención educativa y terapéutica, así como en todas las actividades que desarrolle, el enfoque de género.

c) Ejecutar, en tiempo y forma, y en sus exactos términos, el Programa de Medio Abierto a que se refiere la cláusula anterior.

d) Cumplir las obligaciones derivadas de la apertura, mantenimiento y gestión del Centro de Medio Abierto a que se refiere la cláusula 22ª.

e) Cumplir de manera leal y diligente las instrucciones jurídicas, técnicas y administrativas que en el ejercicio de las potestades públicas y de sus competencias le sean dadas por la Entidad Pública.

f) Integrar en todo momento en la intervención con menores y jóvenes a su entorno familiar, incluso en las medidas judiciales que no lleven aparejada la aplicación del programa de intervención familiar, haciéndole partícipe del proceso como elemento clave en la ejecución de la medida judicial, o de no ser posible esto, abordar el correspondiente proceso de emancipación.

g) Planificar y ejecutar las medidas judiciales teniendo presente en todo momento la necesidad de inserción de menores y jóvenes, según corresponda en cada caso, en los recursos de educación, formativo-laborales, mercado de trabajo, atención sanitaria, servicios sociales, cultura y juventud, deporte, así como de ser necesario, y en particular, en la red pública de atención en salud mental y drogodependencias.

h) Identificar aquellas situaciones de exclusión social o de riesgo de exclusión social, en particular, de pobreza infantil y juvenil, en la que pudieran encontrarse las personas menores de edad o jóvenes con quienes intervengan, y que por tal circunstancia pudieran tener especiales dificultades para el cumplimiento de las medidas judiciales.

Estas situaciones deberán ser puestas en conocimiento de la Entidad Pública.

La entidad colaboradora vendrá obligada a ayudar económicamente a quienes se encuentren en esta situación respecto a los gastos de expedición de títulos académicos y documentos oficiales obligatorios, así como en gastos de transporte.

i) Identificar y comunicar a la Entidad Pública aquellas situaciones de discapacidad en la que pudieran encontrarse las personas menores de edad o jóvenes con quienes intervengan.

j) Identificar y comunicar a la Entidad Pública aquellas situaciones en que las personas menores de edad pudieran encontrarse en situación de desamparo o de riesgo, así como en general cualquier situación de posible maltrato infantil, y aquellas en que las menores o las jóvenes pudieran estar siendo víctimas de violencia de género.

k) La entidad colaboradora deberá prestar un servicio de almuerzo en el Centro de Medio Abierto a quien por razón del cumplimiento de su medida judicial debiera permanecer entre las 13 y las 16 horas.

l) Cada doce meses de vigencia de este Convenio, la entidad colaboradora deberá presentar ante la Entidad Pública una Memoria sobre la ejecución del Convenio.

m) Las comunicaciones que deba realizar la entidad colaboradora a los órganos judiciales o al Ministerio Fiscal no podrán en ningún caso contener información cuya responsabilidad le corresponda a la Entidad Pública.

n) Suscribir un seguro específico de responsabilidad civil que responda de los daños que puedan sufrir las personas y/o sus bienes (los propios menores, el personal de la entidad colaboradora y terceras personas) por cualquier incidencia o circunstancia derivada de la gestión de las medidas judiciales convenidas, como consecuencia del funcionamiento del servicio.

Las pólizas de seguro que suscriban harán referencia en todo caso a los CMA y en general a cuantas actividades se desarrollen por parte de los técnicos responsables de la ejecución de las medidas judiciales con los menores así como en su caso sus familiares, y también respecto del personal de la entidad colaboradora y de terceras personas que por razón de sus funciones, trabajos o servicios se encuentren en las referidas dependencias o actividades desarrolladas.

Las pólizas de seguro deberán tener un período de vigencia al menos coincidente con el período de vigencia de este Convenio.

La entidad colaboradora deberá entregar copia compulsada de las pólizas de seguro de responsabilidad civil suscritas a la Entidad Pública en los quince días siguientes al inicio de la vigencia del Convenio.

Asimismo deberá presentar copia compulsada del documento que acredite el pago de las primas con la periodicidad que se establezcan en las pólizas de seguro.

ñ) Colaborar activamente con la Entidad Pública y el resto de entidades colaboradoras, así como participar de los mecanismos de coordinación que se establezcan, para garantizar una adecuada transición de los menores entre los distintos recursos así como en especial cuando un menor esté cumpliendo otras medidas judiciales en otras entidades colaboradoras.

Quinta.- Obligaciones de la Entidad Pública.

En virtud del presente Convenio, y conforme a la legislación que resulte de aplicación, la Entidad Pública se obliga a:

1º.- Transmitir a la entidad colaboradora toda la información y documentación de la que disponga respecto a la situación judicial, personal, familiar, educativa y social de las personas menores de edad y jóvenes que se le deriven para el cumplimiento de una medida judicial y que sea necesaria para la correcta ejecución.

2º.- Controlar, supervisar e inspeccionar, así como establecer las directrices que le corresponden en el ejercicio de las competencias legal y reglamentariamente establecidas.

3º.- Comunicar a la entidad colaboradora la identidad del personal de la unidad administrativa competente en materia de justicia penal juvenil que por razón de sus cometidos vaya a intervenir en la ejecución de las medidas judiciales.

4º.- Compensar económicamente a la entidad colaboradora conforme a lo previsto en la cláusula 10ª por los gastos en que esta incurre por su colaboración con la Entidad Pública y sin que en ningún caso lo percibido pueda suponer la obtención por parte de la entidad colaboradora de un beneficio económico.

Sexta.- Expediente personal de menores.

1. La entidad colaboradora deberá abrir un expediente único por cada menor o joven que se derive para la ejecución de una o varias medidas judiciales.

Este expediente recibirá la denominación de Expediente Único de Ejecución.

2. Corresponde a la entidad colaboradora la apertura, gestión, depósito, custodia, cierre y entrega del expediente único de ejecución, debiendo cumplir en todo momento con la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal.

3. El Expediente Único de Ejecución deberá ser digital, sin perjuicio de aquellos documentos que por exigencia legal o reglamentaria deban conservarse en soporte papel y sean originales.

4. A través del canal que establezca la Entidad Pública, finalizada la ejecución de la medida judicial o de las medidas judiciales impuestas a una misma persona, la entidad colaboradora deberá remitir el expediente digital, y en su caso la documentación original en soporte papel a la Entidad Pública, sin que en ningún caso la entidad colaboradora pueda conservar copia del expediente.

5. En el momento de la finalización de la vigencia de este Convenio, la entidad colaboradora deberá remitir a la Entidad Pública los expedientes de ejecución que tenga abiertos y aquellos que ya concluidos no hubiesen sido remitidos aun.

En estos expedientes deberá obrar un informe extraordinario de seguimiento que contenga la información de la ejecución de la medida al tiempo en que concluye la intervención de la entidad colaboradora.

Séptima.- Protección de datos de carácter personal y sigilo profesional.

1. La entidad colaboradora, respecto de las personas menores de edad y jóvenes y familiares y terceras personas con las que intervenga por razón de la ejecución de las medidas judiciales, deberá cumplir en todo momento con sus obligaciones en materia de protección de datos de carácter personal, tanto las que deriven de la legislación vigente como las que mediante Resolución establezca la Entidad Pública.

2. En particular la entidad colaboradora deberá implantar y legalizar los correspondientes registros de actividades de tratamiento de datos personales que sean necesarios para el tratamiento y deberá comunicarlo a la Entidad Pública.

3. La entidad colaboradora se abstendrá de facilitar información y/o documentos relativos a menores, jóvenes, familiares y terceras personas vinculadas a la ejecución de las medidas judiciales, aun cuando sean de forma desagregada, salvo que lo soliciten las personas físicas o jurídicas o los órganos e instituciones legalmente habilitadas para acceder a tales datos, o cuando no tratándose de estas, cuenten con la autorización expresa del joven o de la joven o de quienes representen legalmente a la persona menor de edad.

4. Todo el personal de la entidad colaboradora, adscrito o no, a la ejecución del presente Convenio, que por razón de sus cometidos o por cualquier otra circunstancia, deba tener o tenga acceso a cualquier dato de carácter personal a los que se refiere la presente cláusula, tiene el deber de guardar sigilo personal y profesional al respecto aun cuando dejare de prestar servicios para la entidad colaboradora.

Octava.- Inspección.

La entidad colaboradora ha de sujetarse a la labor inspectora de la Entidad Pública, conforme a la legislación vigente y a las Resoluciones que protocolicen dicha labor, las cuales deberán ser previamente comunicadas.

Novena.- Régimen jurídico.

1. El presente Convenio queda sujeto a lo previsto en la legislación orgánica reguladora de la responsabilidad penal de menores, a su normativa estatal de desarrollo, legal y reglamentaria, así como a la normativa autonómica en materia de justicia penal juvenil, y en lo que proceda, a la legislación estatal y autonómica en materia de protección a la infancia.

2. En cuanto al régimen jurídico-administrativo, este Convenio queda sujeto a la legislación, estatal y autonómica, en materia de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como la reguladora del régimen convencional del sector público, a las demás normas del derecho administrativo, y en su defecto, en cuanto proceda, a la legislación de derecho común.

3. Las Resoluciones y demás actos que la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, en el ejercicio de las potestades públicas que le confiere la legislación anteriormente citada y este Convenio, debiendo ajustarse a las normas jurídicas citadas, se presumirán válidos y surtirán efectos en las condiciones que dichas Resoluciones y actos establezcan, siendo susceptibles de impugnación conforme a la normativa que resulte en cada caso de aplicación.

PARTE II

RÉGIMEN ECONÓMICO Y PATRIMONIAL

Décima.- Compensación económica.

1. Conforme a lo previsto en el apartado 4º de la cláusula 5ª, la Entidad Pública asume el compromiso de compensar económicamente, como máximo, durante el período de vigencia del presente Convenio previsto en la cláusula 24ª el importe de un millón doscientos veintisiete mil novecientos treinta (1.227.930, 00) euros.

2. La compensación económica tendrá por finalidad compensar los costes fijos y los costes variables en que incurra la entidad colaboradora por la realización de las actuaciones convenidas.

3. El coste fijo tiene por objeto compensar los gastos generales, incluidos los de personal, en que incurre la entidad colaboradora como consecuencia de la apertura y mantenimiento del Centro de Medio Abierto a que se refiere la cláusula 22ª.

Por tal concepto, la Entidad Pública compensará por cada día del período de vigencia de este Convenio el importe diario de dos mil quinientos (2.500,00) euros siendo el importe máximo a abonar por este concepto en el período total de vigencia novecientos quince mil (915.000,00) euros.

4. El coste variable tiene por objeto compensar los gastos en que incurra la entidad colaboradora como consecuencia de la efectiva derivación de menores y jóvenes, y por ende, de la efectiva ocupación de las plazas convenidas.

Por tal concepto, la Entidad Pública compensará por cada día de ocupación efectiva de cada plaza convenida la cantidad de tres (3,00) euros de forma que la cantidad diaria máxima por ocupación será de ochocientos cincuenta y cinco (855) euros y el importe máximo por este concepto en el período total de vigencia del Convenio de trescientos doce mil novecientos treinta (312.930,00) euros.

5. En la compensación económica prevista en los apartados anteriores se comprende la efectiva derivación de hasta cinco plazas de Asistencia a Centro de Día, por lo que esta, no generará ningún coste adicional que deba ser compensado por la Entidad Pública.

6. La efectiva ocupación de plazas atenderá a los siguientes criterios:

a) En la medida de libertad vigilada, la plaza se entenderá ocupada desde el día en que se celebre la entrevista de inicio hasta el día (inclusive) de finalización de la medida judicial por cualquier causa.

b) En la medida de permanencia fin de semana en domicilio se entenderá ocupada una plaza tres días por cada fin de semana de cumplimiento.

b) En la medida de prestaciones en beneficio de la comunidad, se entenderá ocupada una plaza desde tres días antes que se inicien efectivamente las prestaciones hasta el día (inclusive) en que concluyan.

c) En las medidas de realización de tareas socioeducativas y de tratamiento ambulatorio, se entenderá ocupada la plaza desde derive formalmente la medida judicial a la entidad colaboradora hasta su finalización por cualquier causa.

7. En los períodos que, dentro de la vigencia del presente Convenio, pudiera ser necesario la derivación de un mayor número de medidas judiciales que de plazas ocupadas como consecuencia de su imposición por parte de los juzgados de menores, se podrá efectuar dicha derivación por parte de la Entidad Pública, sin necesidad de proceder a la modificación de este Convenio, cuando previamente se hayan generado economías consecuencia de un nivel de ocupación inferior al máximo convenido y siempre y cuando el importe de dichas economías generadas sea igual o superior al coste que comporte la derivación extraordinaria.

La entidad colaboradora se compromete a asumir las posibles derivaciones extraordinarias, bajo el régimen de compensación económica de los apartados anteriores, salvo que justifique ante la Entidad Pública, de forma motivada, que carece de la capacidad técnica, material y humana para ello.

8. La Entidad Pública se reserva expresamente la potestad de dictar instrucciones relativas a los períodos en que no deba considerarse efectivamente ocupada una plaza, siempre y cuando dichos períodos superen los siete días naturales seguidos y lo sean por causa no imputable a la Entidad Pública.

9. En los casos en que una misma persona que se derive a la entidad colaboradora deba cumplir simultáneamente más de una medida judicial, solo computará a efectos de ocupación como una plaza, salvo que se trate de la concurrencia de libertad vigilada y tratamiento ambulatorio, en cuyo caso ocupará efectivamente dos plazas, siempre y cuando se garantice que los profesionales que intervienen con la persona en cada medida judicial son distintos.

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Undécima.- Cobertura presupuestaria.

1. El coste efectivo de las actuaciones realizadas por la entidad colaboradora se imputará al Estado de Gastos del Presupuesto de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, en la aplicación presupuestaria 23.17.231K.2292000 denominada "Ejecución de Medidas Judiciales Menores Infractores".

2. La vigencia y eficacia del presente Convenio quedan condicionadas a la aprobación de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2020 por el Parlamento de Canarias y a la consignación final en los mismos de crédito adecuado, suficiente y disponible para la ejecución del mismo.

Duodécima.- Forma de pago.

1. En los cinco primeros días de cada mes, la entidad colaboradora presentará, a través del Registro Electrónico de Facturas, ante la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, una única factura comprensiva del coste de la totalidad de las actuaciones realizadas en el mes inmediatamente anterior.

Dicha factura deberá acompañarse de una Tabla donde figuren, día a día del período de facturación, el número de plazas, por medida judicial, ocupadas y no ocupadas, conforme al modelo oficial que establezca la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia

Asimismo, la factura deberá acompañarse de una declaración responsable, en los términos y a los efectos previstos en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación a la veracidad de los datos de ocupación de plazas consignados en la facturación y en la tabla anexa.

2. La factura deberá desglosarse por conceptos diferenciando entre el coste fijo y el coste variable.

3. Corresponde al Servicio de Justicia Juvenil llevar a cabo las actuaciones de comprobación formal y material de la documentación presentada, debiendo prestar su conformidad a la misma para que pueda procederse al pago correspondiente.

No obstante la conformidad prestada por el Servicio de Justicia Juvenil no obstará a que la Entidad Pública lleve a cabo, en cualquier momento posterior, las actuaciones de inspección, control y comprobación que sean pertinentes, con los efectos jurídicos y económicos que correspondan en cada caso.

4. La documentación deberá presentarse suscrita por quien ejerza la representación legal de la entidad colaboradora.

Decimotercera.- Justificación económica.

1. La entidad colaboradora tiene la obligación de rendir cuentas de las compensaciones económicas que ha obtenido y de los gastos en que ha incurrido como consecuencia de la colaboración articulada a través de este Convenio, así como tiene el deber de conservar la documentación que acredite las compensaciones económicas y los gastos durante los plazos legalmente establecidos, o en su defecto, en los cuatro años siguientes a la finalización del período de vigencia de este Convenio, y asimismo tiene el deber de ponerlos a disposición de la Entidad Pública cuando se le requiera para ello.

2. En los quince días hábiles siguientes al vencimiento de un semestre de vigencia de este Convenio, la entidad colaboradora deberá presentar, por registro de entrada electrónico, ante la Entidad Pública una Cuenta Semestral donde refleje las compensaciones económicas obtenidas en virtud del presente Convenio y los gastos imputables a él.

La Cuenta Semestral deberá contener una declaración responsable, en los términos y a los efectos previstos en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación a la veracidad de los datos consignados.

La Cuenta Semestral deberá presentarse suscrita por quien ejerza la representación legal de la entidad colaboradora.

La Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, mediante Resolución, podrá determinar la estructura mínima en que han de reflejarse los distintos conceptos en la Cuenta Semestral.

3. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, la entidad colaboradora deberá presentar una Cuenta Final, donde se refleje la totalidad de las compensaciones económicas y de los gastos imputables durante todo el período de vigencia del presente Convenio, en el plazo de los quince días hábiles siguientes a su extinción.

Dicha Cuenta Final deberá contener una declaración responsable, en los términos y a los efectos previstos en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en virtud del cual se manifieste expresamente que la entidad colaboradora no ha obtenido como consecuencia de la colaboración prestada ningún tipo de beneficio económico.

Decimocuarta.- Imputación de gastos.

1. La Entidad Pública se reserva la potestad de declarar gastos no imputables al Convenio cuando de las labores de inspección, control y comprobación se deduzca que no se corresponden con gastos derivados de la colaboración establecida, así como podrá declarar que las compensaciones económicas no han sido aplicadas en tiempo y forma a los gastos incurridos.

La declaración se efectuará mediante Resolución de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, previa audiencia de la entidad colaboradora.

La Resolución que en su caso se dicte establecerá expresamente los efectos jurídicos y económicos, que conforme a este Convenio, procedan en cada caso.

2. La entidad colaboradora, en su condición de empleadora, conforme prevé la cláusula 16ª goza de plena autonomía para la fijación de toda clase de retribuciones salariales e indemnizaciones por razón del servicio que deba percibir el personal adscrito a la ejecución del presente Convenio.

No obstante lo anterior, solo será posible imputar al presente Convenio como gasto de personal, en concepto de retribuciones salariales totales en cómputo anual, y como máximo, una cantidad equivalente a las retribuciones brutas reconocidas por la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias del año correspondiente, al personal funcionario de carrera que desempeñe un puesto de trabajo con complemento de destino 24 y complemento específico de 70 puntos, salvo que asuma funciones de coordinación o responsabilidad de programas, en cuyo caso el gasto máximo imputable podrá corresponderse con el que se percibe en un puesto de trabajo de personal funcionario 26,67.

La Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia comunicará a la entidad colaboradora, al inicio de la vigencia del presente Convenio, los importes a que se refiere este apartado.

En caso de que el personal de la entidad colaboradora, por decisión de esta, sea retribuido en una cuantía superior a los límites anteriores, el exceso de retribución deberá ser asumido por la entidad colaboradora con cargo a sus propios recursos económicos y no pudiendo en su consecuencia imputarse a este Convenio.

3. En los casos en que la entidad colaboradora hubiere percibido ingresos con cargo a este Convenio con la finalidad de aprovisionar eventuales indemnizaciones por extinción de contratos laborales, deberán ser devueltos o compensados en la fase de liquidación de este Convenio cuando la entidad colaboradora no se haya visto obligada a satisfacer tales indemnizaciones como consecuencia de la subrogación del personal o por cualquier otra causa.

Tampoco podrán imputarse como gasto de este Convenio las indemnizaciones por extinción de contrato o por cualquier otra decisión unilateral de la entidad colaboradora que no derive de una orden directa de la Entidad Pública.

4. La Entidad Pública se reserva del derecho de propiedad plena respecto a los bienes, inmuebles y muebles, incluidos los bienes de equipo, que hayan sido adquiridos por la entidad colaboradora imputando los gastos de adquisición a este Convenio, debiendo esta ponerlos a disposición de la Entidad Pública, en fase de liquidación del Convenio, libre de cargas y gravámenes, sin perjuicio del posible acuerdo de compensación que pudiere alcanzarse entre lo adeudado a la entidad colaboradora y el valor venial de los citados bienes.

Asimismo la entidad colaboradora deberá entregar a la Entidad Pública el material fungible y educativo no consumido al tiempo de liquidación del Convenio que hubiere adquirido con cargo a este, sin perjuicio del posible acuerdo de compensación que pudiere alcanzarse entre lo adeudado a la entidad colaboradora y el valor venial de los citados bienes.

En aquellos casos en que los bienes hubieren sido adquiridos mediante cualquier fórmula que contenga una opción de compra y la entidad colaboradora no fuera a ejercer dicha opción, deberá comunicarlo con al menos un mes de antelación al vencimiento del plazo establecido para ejercer dicho derecho de opción, a efectos de que la Entidad Pública pueda acordar su ejercicio o no.

Decimoquinta.- Inventario de bienes.

1. La entidad colaboradora viene obligada en el plazo de un mes a contar desde el inicio de la vigencia de este Convenio a entregar ante la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, un Inventario Inicial de Bienes, clasificados según tipología y título de posesión, y señalando en cada uno de ellos si los mismos son propiedad aportada por la entidad colaboradora o han sido adquiridos con cargo a este Convenio, siempre y cuando el valor unitario de cada bien supere los cien euros.

2. En los quince días hábiles siguientes a la finalización del presente Convenio, por cualquier causa, la entidad colaboradora deberá entregar ante la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, un Inventario Final de Bienes, clasificados según tipología y título de posesión, y señalando en cada uno de ellos si los mismos son propiedad aportada por la entidad colaboradora o han sido adquiridos con cargo a este Convenio, siempre y cuando el valor unitario de cada bien supere los cien euros, y debiendo a su vez consignar los bienes que han causado bajo y el motivo respecto del Inventario inicial.

PARTE III

RECURSOS HUMANOS

Decimosexta.- Entidad colaboradora como empleadora exclusiva.

1. La entidad colaboradora ostenta, en exclusividad y plenitud legal, las obligaciones legales y convencionales de empleadora respecto del personal que adscriba a la ejecución del presente Convenio.

En su consecuencia, corresponde a la entidad colaboradora, ejercer de forma real, efectiva, directa y permanente el poder de dirección que el ordenamiento jurídico, y en particular la legislación laboral le atribuye como empleador respecto de sus trabajadores y trabajadoras.

En particular, a la entidad colaboradora le corresponde negociar, establecer y abonar las retribuciones salariales y las indemnizaciones por razón del servicio, la concesión de los permisos, licencias y vacaciones, la gestión de las sustituciones del personal en caso de ausencia, vacancia o enfermedad, el cumplimiento de la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, la formación continua de su personal, el ejercicio de la potestad disciplinaria, y en general, el reconocimiento de los derechos laborales de su personal.

Asimismo, como empleadora, le corresponde el cumplimiento de las obligaciones en materia de protección social de sus trabajadores y trabajadoras, sea cual fuere el régimen jurídico de aplicación, y en particular, asume la obligación, en tiempo y forma, de afiliación, alta y baja en el régimen correspondiente y de pago, en tiempo y forma, de las cotizaciones pertinentes.

2. La entidad colaboradora se compromete a no adoptar ninguna decisión respecto de sus trabajadores y trabajadoras que constituya discriminación laboral de tipo sexual, por razón de sexo o por identidad u orientación sexual, así como que se compromete a cumplir las obligaciones que en materia de igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres establece la legislación estatal y autonómica vigente.

3. Los trabajadores y las trabajadoras de la entidad colaboradora dependerán exclusivamente de esta de forma que la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias será en todo momento absolutamente ajena a la relación jurídico-laboral.

El personal de la entidad colaboradora, al inicio de la vigencia del presente Convenio, así como el personal que se incorpore en cualquier momento, deberá ser informado de este extremo, debiendo suscribir al efecto un documento por el que manifieste expresamente haber obtenido la información al respecto, el cual deberá ser igualmente firmado por quien ejerza la representación legal de la entidad colaboradora.

Este documento informativo deberá ser remitido a la Entidad Pública en los quince días hábiles siguientes a la incorporación del trabajador o de la trabajadora.

4. El personal al servicio de la Entidad Pública se abstendrá en todo momento de emitir instrucciones, órdenes o indicaciones a los trabajadores o trabajadoras de la entidad colaboradora que tengan que ver con los poderes de dirección que como empleadora exclusiva tiene la entidad colaboradora.

En su consecuencia, las instrucciones que en su caso emita el personal al servicio de la Entidad Pública se circunscribirán exclusivamente en todo momento al poder de dirección, supervisión, inspección y control de las medidas judiciales.

El personal de la entidad colaboradora que ejerza funciones de coordinación o de responsabilidad en la dirección de centros, recursos o programas, y que por tal motivo deban relacionarse directamente con personal al servicio de la Entidad Pública, deberán suscribir además del documento previsto en el apartado anterior, una manifestación expresa de haber sido informados de que las comunicaciones, reuniones e indicaciones que reciban del personal al servicio de la Entidad Pública lo son exclusivamente en el ejercicio de las funciones de dirección, supervisión, control e inspección de la ejecución de las medidas judiciales convenidas.

5. El personal al servicio de las entidades colaboradoras limitará su presencia y uso de las dependencias de la Entidad Pública al desarrollo de aquellas actuaciones, que bajo la dirección del personal al servicio de la Entidad Pública, deban realizarse en tales dependencias para la celebración de reuniones con las personas menores de edad o jóvenes que cumplen medida judicial, sus familiares o terceros profesionales que intervengan, así como en su caso, para celebrar reuniones de coordinación.

6. En los casos en que la entidad colaboradora incumpla sus obligaciones derivadas de su condición de empleadora exclusiva, y como consecuencia de ello, la Entidad Pública resulte ser sancionada o condenada judicialmente, la entidad colaboradora asume la obligación de indemnizar a la Entidad Pública por los daños y perjuicios económicos que se le ha ocasionado como consecuencia tanto del incumplimiento de sus obligaciones como empleadora exclusiva como por los actos realizados por su personal.

De esta eventual responsabilidad responderán en primer lugar los derechos de crédito que en el marco del presente Convenio se hubieren devengado a favor de la entidad colaboradora y estuvieren pendientes de abono, y de no existir estos o no ser suficientes, mediante el reingreso de la cantidad correspondiente.

7. Siendo la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias ajena totalmente a las relaciones jurídico-laborales que mantiene la entidad colaboradora con sus trabajadores y trabajadoras, al finalizar la vigencia de este Convenio, por cualquier causa, no se producirá una subrogación empresarial de la Administración Pública, en los términos de la Ley vigente del Estatuto de los Trabajadores.

Decimoséptima.- Cumplimiento de la legislación vigente en materia de protección a la infancia.

Quienes trabajen en los recursos, programas y servicios convenidos, con independencia del grado de trato con menores y jóvenes, deberán cumplir lo dispuesto en la legislación vigente en materia de protección a la infancia, y en particular, en cuanto a la inexistencia de antecedentes penales.

El cumplimiento de esta obligación debe garantizarse por parte de la entidad colaboradora, en todo momento, tanto al inicio de la relación laboral como en cualquier momento posterior.

El personal al servicio de la entidad colaboradora deberá acreditar el cumplimiento de este requisito conforme a lo establecido legal y/o reglamentariamente.

Decimoctava.- Deber de información en materia de personal.

1. La entidad colaboradora deberá comunicar a la Entidad Pública un listado nominal del personal a su servicio adscrito a la ejecución del presente Convenio, debiendo contener dicha comunicación la identidad (nombre y apellidos), el documento oficial de identidad, el número de filiación al sistema de protección social que corresponda, la titulación académica, el puesto que desempeña y las funciones atribuidas.

2. Para cumplir con las obligaciones de información previstas en este Convenio en materia de personal, la entidad colaboradora deberá cumplir las obligaciones de información y autorización en materia de protección de datos de carácter personal.

La Entidad Pública limitará la gestión de estos datos de carácter personal al ejercicio de las potestades de control del cumplimiento de las obligaciones derivadas de este Convenio.

Decimonovena.- Ratios de personal.

1. La entidad colaboradora deberá disponer en todo momento de un número suficiente de trabajadores y trabajadoras que permita el cumplimiento de las ratios establecidas en este Convenio o por Resolución de la Entidad Pública.

2. A efectos del presente Convenio se entiende por ratio el número máximo de menores o de medidas judiciales que pueden asignarse de forma simultánea a un mismo trabajador o una misma trabajadora.

3. Las ratios técnicas deberán cumplirse en todas las situaciones de ausencia del trabajador o trabajadora que superen los tres días consecutivos de forma que la entidad colaboradora deberá proceder a su sustitución.

4. La entidad colaboradora tiene el deber de comunicar a la Entidad Pública las ausencias, incluidas las vacaciones, de sus trabajadores y trabajadoras con funciones de ejecución de medidas judiciales, que superen los cinco días consecutivos, así como identificar a la persona que sustituya.

Asimismo deberá comunicar a la Entidad Pública las contrataciones y extinciones.

Vigésima.- Formación.

1. La obligación de formación continua del personal que asume en este Convenio la entidad colaboradora deberá articularse a través de un Plan Anual de Formación.

El Plan Anual de Formación deberá aprobarse por la entidad colaboradora y comunicarse a la Entidad Pública antes del 1 de marzo de cada año de vigencia del presente Convenio.

2. La entidad colaboradora deberá seleccionar al personal adscrito a la ejecución del presente Convenio a través de procedimientos selectivos, públicos y abiertos, basados en el mérito y la capacidad de quienes aspiren a su contratación, adoptando en tales procesos selectivos las medidas que garanticen un trato de igualdad entre mujeres y hombres, y en particular garantizando una representación equitativa en todas las categorías profesionales, así como promoviendo el acceso al empleo de personas con discapacidad.

Vigésima primera.- Estructura organizativa.

1. La entidad colaboradora designará a una persona que asumirá la función de Coordinación del Programa de Medio Abierto.

El Coordinador o la Coordinadora deberá organizar, supervisar y coordinar la labor del Equipo Técnico del Programa, así como de los centros, servicios y recursos convenidos y asumirá la máxima interlocución con la Entidad Pública.

2. Corresponde al Coordinador o a la Coordinadora velar porque el personal técnico encargado de la ejecución de las medidas judiciales, o de la intervención con menores y sus familias, cumplan con sus cometidos e implementen de forma real, efectiva y continuada los programas individualizados de ejecución de medidas judiciales con arreglo a su contenido y a los programas educativos y/o terapéuticos implementados.

3. El Programa de Medio Abierto dispondrá de un equipo de profesionales, de carácter multidisciplinar, que a efectos del presente Convenio recibirá la denominación de Equipo Técnico Medio Abierto, con las características descritas en el programa anexo a este Convenio.

PARTE IV

RECURSOS Y SERVICIOS

Vigésima segunda.- Recursos y plazas.

1. La entidad colaboradora dispondrá de un espacio físico, de carácter polivalente, en el cual se han de desarrollar, con carácter general, las actividades e intervenciones, individuales, grupales y familiares, previstas en los programas individualizados de ejecución de medidas.

2. Dicho espacio recibirá la denominación de Centro de Medio Abierto.

3. El centro deberá permanecer abierto todos los días laborables, en horario de mañana y de tarde, y los sábados por la mañana, para garantizar el desarrollo de sus actividades.

4. Sin perjuicio de la previa acreditación efectuada del centro por parte de la Inspección de Justicia Juvenil, este deberá disponer durante toda la vigencia del Convenio, de dependencias que garanticen la debida comodidad y privacidad de las personas usuarias, así como la intervención individual, grupal y familiar, de actividades educativas, formativo-laborales, terapéuticas, y en general, las previstas en el Programa de Medio Abierto.

En particular, el centro dispondrá de las dependencias y de los medios necesarios, suficientes y adecuados que permitan el acceso de las personas usuarias a las nuevas tecnologías.

5. El Centro deberá tener capacidad para la ejecución simultánea, como máximo, de 5 medidas judiciales de Asistencia a Centro de Día y de 285 plazas para el resto de las medidas judiciales incluidas en la cláusula 1ª de este Convenio.

PARTE V

EJECUCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL CONVENIO

Vigésima tercera.- Comisión de Seguimiento.

1. Ambas partes acuerdan constituir una Comisión de Seguimiento con la finalidad de llevar a cabo una evaluación, técnica y económica de la ejecución del Convenio, y en su caso para elaborar propuestas de modificación a las partes firmantes que adapten el contenido del Convenio al devenir de las necesidades del sistema de justicia penal juvenil en Canarias.

2. La Comisión de Seguimiento estará compuesta por un máximo de cuatro personas, dos en representación de la Entidad Pública y dos en representación de la entidad colaboradora.

3. Ejercerá la presidencia de la Comisión una de las personas que actúe en representación de la Entidad Pública.

4. Podrán asistir a las sesiones de la Comisión, en calidad de invitados o invitadas, personal al servicio de la Entidad Pública y/o de la entidad colaboradora, que por razón de los asuntos a tratar se estime procedente.

5. Con carácter ordinario, la Comisión se reunirá cada seis meses.

6. Esta Comisión no constituye un órgano administrativo y por ende carece de competencias de carácter resolutorio sobre el presente Convenio.

Vigésima cuarta.- Vigencia del Convenio.

1. Este Convenio tendrá una vigencia desde el día 1 de enero de 2020 hasta el día 31 de diciembre de 2020, ambos inclusive, comprendiendo un total de trescientos sesenta y seis días naturales.

2. Si ambas partes, antes del 1 de enero de 2021, lo acuerdan expresamente, podrá prorrogarse la vigencia, mediante la firma de la correspondiente Adenda de prórroga, por el período que se acuerde, siempre y cuando la duración máxima de este Convenio, con sus prórrogas incluidas, no supere los cuatro años, y siempre y cuando las prórrogas se formalicen antes del vencimiento del plazo objeto de prórroga.

En su consecuencia, la vigencia máxima de este Convenio, prórroga incluidas, será hasta el 31 de diciembre de 2023.

3. La vigencia inicial de este Convenio y sus posibles prórrogas estará condicionada a que en cada anualidad, los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias tengan consignados los créditos suficientes, adecuados y disponibles para hacer frente al régimen de compensación económica previsto en este Convenio.

Vigésima quinta.- Resolución del Convenio.

1. Este Convenio se resolverá por las causas previstas en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y por las que en su caso determine la legislación autonómica que resulte de aplicación a la actividad convencional.

2. De acuerdo a lo previsto en el apartado anterior, son causas de resolución de este Convenio, las siguientes:

a) El vencimiento del plazo inicial de vigencia, o en su caso, de la prórroga acordada, así como del plazo máximo de vigencia, en los términos de la cláusula anterior.

b) El mutuo acuerdo de las partes.

c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos adquiridos en este Convenio por cualquiera de las partes. Ambas partes acuerdan cumplir con el principio de buena fe negocial de forma que en el caso de que cualquiera de ellas estime que la otra parte incurre en tales incumplimientos le cursará un requerimiento previo al ejercicio de acciones legales y le concederá un plazo razonable para su contestación, convocándose además con carácter inmediato a la Comisión de Seguimiento.

d) Por decisión judicial.

e) Por cualquier causa legalmente prevista distinta de las anteriores.

2. La resolución del Convenio, por cualquier causa, dará lugar a la tramitación del procedimiento de liquidación previsto en la cláusula siguiente.

Vigésimo sexta.- Liquidación.

1. La resolución del Convenio, por cualquier causa, dará lugar a un procedimiento de liquidación que tienen por finalidad identificar, concretar y cumplir por ambas partes con las obligaciones y compromisos adquiridos, en los términos previstos en esta cláusula.

2. A través de la Comisión de Seguimiento se tratará de alcanzar un acuerdo de liquidación donde se determinen los derechos y obligaciones pendientes de cumplimiento por ambas partes, así como los términos y plazos en que deban cumplirse.

De alcanzarse un acuerdo este se reflejará en un documento denominado "Acuerdo de Liquidación del Convenio" que deberá ser suscrito por la persona titular de la Entidad Pública y por quien ejerza la representación legal de la entidad colaboradora.

El Acuerdo de Liquidación del Convenio no podrá versar sobre aquellas materias o aspectos del Convenio sobre los que la Entidad Pública ejerza potestades públicas de carácter no transaccional.

En el Acuerdo de Liquidación del Convenio se concretará el inventario de bienes que han de ser puestos a disposición de la Entidad Pública por haber sido adquiridos por la entidad colaboradora con cargo al régimen de compensación económica de este Convenio o de otro inmediatamente anterior con el mismo objeto.

3. En caso de no alcanzarse un acuerdo de liquidación, corresponderá a la Entidad Pública, mediante Resolución, previa audiencia de la entidad colaboradora, determinar el contenido de la liquidación del Convenio.

Si a este respecto se determinase que los gastos soportados por la entidad colaboradora en ejecución del presente Convenio es inferior a las cantidades percibidas como compensación económica de la actividad desplegada, la entidad colaboradora deberá proceder al reintegro del excedente percibido en el plazo máximo de un mes a contar desde que se notifique la Resolución de la Entidad Pública, previa audiencia de la entidad colaboradora, por la que se determina el deber de reintegro. Si transcurre el citado plazo sin que la entidad colaboradora hubiere reintegrado la cantidad requerida, vendrá obligada además al abono de los intereses de demora sobre la deuda principal que resulten de aplicación conforme a las normas reguladoras del gasto público y de la actividad económico-financiera del sector público.

Si por el contrario, los gastos soportados por la entidad colaboradora en ejecución del presente Convenio es superior a las cantidades percibidas como compensación económica de la actividad desplegada, la Entidad Pública deberá abonar la diferencia en el plazo de un mes desde que se notifique la Resolución por la que se determina la obligación de pago, con el límite de la cuantía máxima fijada en la cláusula 10ª, y sin perjuicio en su caso de la compensación a efectuar por el valor económico del patrimonio que no fuere puesto a disposición de la Entidad Pública.

FORMALIZACIÓN

Y para que así conste, a los efectos legales oportunos, cada una de las partes, firma el presente documento, por triplicado ejemplar, en la fecha y lugar arriba indicados, comprendiendo un total de veintisiete (27) folios.- La Consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, p.s. (Decreto del Presidente nº 217/2019, de 29.11.19), la Consejera de Sanidad, María Teresa Cruz Oval.- Por la Fundación Diagrama Intervención Psicosocial, Miguel Ángel Pereiro Amil.

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