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BOC Nº 188. Lunes 30 de septiembre de 2019 - 4644

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III. OTRAS RESOLUCIONES - Consejería de Sanidad

4644 ORDEN de 25 de septiembre de 2019, por la que se establecen los servicios mínimos a realizar por el personal de enfermería de las unidades de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín que realiza guardias localizadas y programa asistencial CODICAN, durante la huelga convocada para los días 30 de septiembre, y 1, 3, 7, 8 y 10 de octubre de 2019, de 8:00 a 15:00 horas.

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BOC-A-2019-188-4644. Firma electrónica - Descargar

Por escrito recibido con fecha 12 de septiembre de 2019, en el registro de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, bajo el nº 1.381.049/SCS-296.786, se comunica la decisión de convocar huelga los días 30 de septiembre, y 1, 3, 7, 8 y 10 de octubre de 2019, de 8:00 a 15:00 horas, respecto del personal de enfermería de las unidades de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín que realiza guardias localizadas y programa asistencial CODICAN.

En orden a la tramitación de la presente propuesta, se ha dado cumplimiento a lo previsto en el artículo 2 del Decreto 24/1987, de 13 de marzo, de establecimiento de los servicios mínimos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, en reunión celebrada con fecha 20 de septiembre de 2019.

El artículo 28.2 de la Constitución Española reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses, reservando a la Ley que regule el ejercicio de este derecho el establecimiento de las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad, de donde se infiere que la huelga -suspensión colectiva y concertada en la prestación de trabajo por iniciativa de los trabajadores- no es un derecho absoluto, sino limitado por el mantenimiento efectivo de los servicios esenciales de la comunidad.

En igual sentido el Real Decreto-Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (BOE nº 261, de 31.10.15), reconoce en su artículo 15.c) a los empleados públicos, como derecho individual que se ejerce de forma colectiva, el relativo al ejercicio de la huelga, con la garantía del mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.

A tal efecto, el Decreto 24/1987, de 13 de marzo, de establecimiento de los servicios mínimos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 32, de 16.03.87; c.e. BOC nº 34, de 20.3.87), establece que el derecho de huelga del personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias se entenderá condicionado a que se mantengan los servicios esenciales en los distintos centros y dependencias de la misma, facultando a los titulares de las diversas Consejerías del Gobierno de Canarias para que, oído el Comité de Huelga, determinen los servicios mínimos que sean necesarios prestar en caso de huelga, así como el personal preciso para su desempeño, todo ello dentro del ámbito de sus respectivos Departamentos.

El citado Decreto establece que tendrán la consideración de servicios esenciales, entre otros, los referidos a salud pública y asistencia sanitaria.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional han tenido ocasión de determinar los principios a tomar en consideración en cuanto a la fijación de los servicios mínimos en relación al derecho de huelga, poniendo el acento en los bienes e intereses de la persona. De acuerdo con la misma, la noción de servicios esenciales que mejor concuerda con los principios que inspiran nuestra Constitución hace referencia a la naturaleza de los intereses a cuya satisfacción la prestación se dirige, conectándose con los derechos fundamentales, las libertades públicas y los bienes constitucionalmente protegidos.

En tal sentido, como se desprende de las sentencias del Tribunal Constitucional de 17 de julio de 1981 (RTC 1981\26) y de 5 de mayo de 1986 (RTC 1986\53), en la adopción de las medidas que garanticen el mantenimiento de los servicios esenciales ha de ponderarse la extensión territorial y personal, la duración prevista y las demás circunstancias concurrentes en la huelga, así como las concretas necesidades del servicio y la naturaleza de los derechos o bienes constitucionalmente protegidos sobre los que aquella repercute.

Habiendo declarado el mismo Tribunal, en sentencias de 8 de abril de 1981 (RTC 1981\11) y 24 de abril de 1986 (RTC 1986\51), que el derecho de los trabajadores de defender sus intereses mediante la utilización de un instrumento de presión en el proceso de producción de bienes o servicios, cede cuando con ello se ocasiona, o se puede ocasionar, un mal más grave que el que los huelguistas experimentan si su reivindicación o pretensión no tuviere éxito.

Sostiene a su vez el Tribunal Supremo en sentencia de fecha 19 de enero de 1988 (RJ 1988\285) que cuando la huelga se declare en empresas encargadas de la prestación de cualquier género de servicios públicos o de reconocida e inaplazable necesidad y concurran circunstancias de especial gravedad, la autoridad gubernativa está facultada para acordar las medidas necesarias en orden a asegurar, de forma tal que el ejercicio del derecho de huelga no menoscabe los intereses sociales, el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad, como límite del derecho de huelga que recoge el artículo 28.2 de la Constitución, debiendo de entenderse como tales servicios mínimos, los racionalmente necesarios para que la comunidad o cuerpo social pueda recibir las prestaciones vitales o esenciales para la misma.

Tomando en consideración el ámbito temporal y subjetivo preavisado, por la Administración se estima conveniente fijar los servicios mínimos a prestar en los siguientes términos:

a) Con carácter general los equivalentes a los previstos para un domingo o festivo, para los que se designa en servicios mínimos y de presencia física al personal necesario para el funcionamiento de una sala de hemodinámica en que se realizará la actividad urgente.

b) El personal necesario, en presencia física, para el funcionamiento de otra sala de hemodinámica para la atención del 50% de la actividad con objeto de atender a todos los pacientes hospitalizados.

c) El personal necesario para garantizar la realización de las ecocardiografías a todos los pacientes ingresados.

Las reglas expuestas se excepcionan respecto de ciertos servicios hospitalarios encuadrados dentro de lo que en la práctica hospitalaria suele denominarse "actividad urgente o crítica", en los que se presta una asistencia vital o se realizan procedimientos diagnósticos o terapéuticos que no pudieran demorarse atendiendo al riesgo que implicaría en el paciente, siendo necesario garantizar el 100% de la asistencia.

Visto el artículo 2 del Decreto 24/1987, de 13 de marzo, así como la propuesta de establecimiento de servicios mínimos de la Dirección del Servicio Canario de la Salud,

D I S P O N G O:

Fijar los servicios mínimos que han de prestarse por el personal de enfermería de las unidades de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín que realiza guardias localizadas y programa asistencial CODICAN, durante la huelga convocada para los días 30 de septiembre, y 1, 3, 7, 8 y 10 de octubre de 2019, de 8:00 a 15:00 horas, en los siguientes términos:

a) Con carácter general los equivalentes a los previstos para un domingo o festivo, para los que se designa en servicios mínimos y de presencia física al personal necesario para el funcionamiento de una sala de hemodinámica en que se realizará la actividad urgente.

b) Dado el carácter sostenido de la huelga se fija en servicios mínimos y de presencia física el personal necesario para el funcionamiento de otra sala de hemodinámica para la atención del 50% de la actividad con objeto de atender a todos los pacientes hospitalizados.

c) El personal necesario para garantizar la realización de las ecocardiografías a todos los pacientes ingresados.

Las reglas expuestas se excepcionan respecto de ciertos servicios hospitalarios encuadrados dentro de lo que en la práctica hospitalaria suele denominarse "actividad urgente o crítica", en los que se presta una asistencia vital o se realizan procedimientos diagnósticos o terapéuticos que no pudieran demorarse atendiendo al riesgo que implicaría en el paciente, siendo necesario garantizar el 100% de la asistencia.

El personal para la cobertura de los servicios mínimos quedaría establecido de la siguiente forma:

a) Para la sala de hemodinámica en la que se atenderá la actividad urgente equivalente a los domingos o festivos, será el personal que según cuadrante esté designado para cubrir la guardia ese día.

b) Para el resto de actividades se fijará un orden alfabético rotatorio tomando como referencia el primer apellido del personal afectado, iniciándose por la letra A.

Por el Director Gerente del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, se determinará la relación nominal del personal sujeto a la prestación de los servicios mínimos, notificándoselo a los interesados por cualquier procedimiento que permita tener constancia de su recepción.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria, o ante aquel en cuya circunscripción tenga su domicilio el recurrente, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación, o de diez días, si se acudiera al procedimiento previsto en los artículos 114 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Potestativamente, para el supuesto de que se acudiera al procedimiento ordinario, podrá interponerse recurso de reposición ante esta Consejería, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación, significando que, en el caso de presentar recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que se resuelva expresamente el recuso de reposición o se produzca la desestimación presunta del mismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de septiembre de 2019.

LA CONSEJERA

DE SANIDAD,

María Teresa Cruz Oval.

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