Gobierno de Canarias

Comunidad Autónoma de Canarias

Boletín Oficial de Canarias

Estás en:

BOC Nº 187. Viernes 27 de septiembre de 2019 - 4622

ATENCION. La versión HTML de este documento no es oficial. Para obtener una versión oficial, debe descargar el archivo en formato PDF.

III. OTRAS RESOLUCIONES - Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud

4622 ORDEN de 25 de septiembre de 2019, por la que se establecen los servicios mínimos de los empleados públicos adscritos a esta Consejería, como consecuencia de la huelga general convocada por la organización sindical Intersindical Canaria, que se desarrollará desde las 00:00 horas hasta las 24:00 horas del día 27 de septiembre de 2019.

5 páginas. Formato de archivo en PDF/Adobe Acrobat. Tamaño: 350.01 Kb.
BOC-A-2019-187-4622. Firma electrónica - Descargar

La organización sindical Intersindical Canaria, ha convocado huelga general, consecuentemente afecta a todos los empleados públicos de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias. La huelga comienza a las 00:00 horas del día 27 de septiembre de 2019, y finaliza a las 24:00 horas del mismo día.

Ante tal preaviso de huelga y de conformidad con el Decreto 24/1987, de 13 de marzo, de establecimiento de servicios mínimos en la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 32, de 16 de marzo), es necesario garantizar la prestación de servicios esenciales, dentro del conjunto de las funciones que son competencia de esta Consejería en el contexto de la Administración Autonómica.

El Comité de Huelga ha sido convocado para ser oído en la fijación de los servicios mínimos propuestos por los diferentes Departamentos, a una reunión en el día 23 de septiembre de 2019, según comunicación de la Dirección General de la Función Pública

Para la fijación de los referidos servicios mínimos en los servicios esenciales que competen a este Departamento, se ha seguido la doctrina del Tribunal Constitucional de hacer cohonestar el ejercicio del derecho de huelga con otros derechos o bienes constitucionalmente protegidos.

En este sentido, los servicios mínimos en la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia como centro directivo responsable de las actuaciones que garanticen la atención integral a menores, en colaboración con los Órganos Judiciales y el Ministerio Fiscal. Los equipos técnicos de esta Dirección General, integrados en los Servicios de Programas de Prevención y Protección de Menores y de Justicia Juvenil (psicólogo, educador y trabajador social), tienen encomendadas tareas tan importantes como la formalización de los acogimientos familiares, la tramitación y resolución de los procedimientos de declaración de desamparo y constitución de tutela, de asunción de la guarda voluntaria, de declaración de idoneidad de acogedores en familia y profesionalizados, así como del dictado de instrucciones en materia de dirección, gestión y seguimiento de la ejecución, de las medidas de internamiento de menores y jóvenes infractores, dictadas por los Juzgados de Menores. Esta necesidad de protección del menor constitucionalmente reconocida (artículo 39.4), justifica el mantenimiento de un equipo técnico en cada una de las provincias.

A su vez, los servicios mínimos fijados en las Escuelas Infantiles, que tienen por objeto el respeto del derecho constitucional al trabajo y a la educación, como contrapartida del derecho a la huelga, de los padres trabajadores que utilizan el servicio de dichos Centros para sus hijos de cero a tres años, y de los propios menores.

En la Dirección General de Dependencia y Discapacidad se fijan unos servicios mínimos de un efectivo en cada Provincia, con la finalidad de atender a los usuarios que vengan citados a los Centros de Valoración de la Discapacidad de cada provincia, facilitar información al usuario, y a ser posible, derivarlos para una adecuada atención.

En la Dirección General de Derechos Sociales e Inmigración, se marcan unos servicios mínimos de un efectivo en el Servicio de Gestión y Asuntos Generales en Tenerife, y un efectivo por provincia en el Servicio de Pensiones y Ayudas de Integración al ser un Servicio esencial que tramita la Prestación Canaria de Inserción.

Consecuentemente, en el ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 29.1 de la Ley Territorial 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, y en el artículo 2 del Decreto Territorial 24/1987, de 13 de marzo, de establecimiento de servicios mínimos en la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 32, de 16 de marzo).

D I S P O N G O:

Primero.- Determinar los servicios mínimos a cumplir por los empleados públicos adscritos a esta Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud que deberá atender los mismos, durante la huelga de las 00:00 horas del día 27 de septiembre de 2019, y que finaliza a las 24:00 horas del mismo día.

Segundo.- Publicar la presente Orden en el Boletín Oficial de Canarias.

Tercero.- Remitir la presente Orden a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación.

Potestativamente, podrá interponerse recurso de reposición ante esta Consejera, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación, significando que, en el caso de presentar recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que se resuelva expresamente el recurso de reposición o se produzca la desestimación presunta del mismo.

Además, contra la presente Orden cabe interponer el recurso para la protección de los derechos fundamentales de la persona, contemplado en el artículos 114 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. El plazo para interponer dicho recurso será de diez días, que se computarán desde el día siguiente al de la publicación de esta Orden. En el caso de que se hubiera interpuesto el recurso potestativo de reposición, el plazo de diez días se iniciará transcurridos veinte días desde la presentación del recurso.

Santa Cruz de Tenerife, a 25 de septiembre de 2019.

LA CONSEJERA DE DERECHOS SOCIALES,

IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD,

Noemí Santana Perera.

Ver anexo en las páginas 33679-33681 del documento Descargar

© Gobierno de Canarias