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BOC Nº 122. Jueves 27 de junio de 2019 - 3233

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III. OTRAS RESOLUCIONES - Consejerías de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda y de Educación y Universidades

3233 Dirección del Servicio Canario de Empleo y Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos.- Resolución de 13 de junio de 2019, relativa a la convocatoria del procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales, adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación, en centros integrados de formación profesional en la Comunidad Autónoma Canaria, cofinanciado por el Fondo Social Europeo.

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BOC-A-2019-122-3233. Firma electrónica - Descargar

Examinado el procedimiento iniciado por la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos de la Consejería de Educación y Universidades y por el Servicio Canario de Empleo, organismo autónomo adscrito a la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

Primero.- El Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los Certificados de Profesionalidad, tiene por objeto regular los certificados de profesionalidad, en aspectos esenciales tales como sus efectos, estructura y contenido, vías para su obtención y los relativos a la impartición y evaluación de las correspondientes ofertas de formación profesional para el empleo, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de Cualificaciones y de la Formación Profesional. En su artículo 2.1 define el certificado de profesionalidad como un instrumento de acreditación oficial de las Cualificaciones profesionales en el ámbito de la Administración laboral, que acredita la capacitación para el desarrollo de una actividad laboral con significación para el empleo y asegura la formación necesaria para su adquisición, en el marco del subsistema de formación profesional para el empleo regulado en el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo. De conformidad con lo establecido en su artículo 3, los certificados de profesionalidad, entre otras finalidades, tienen la de "Acreditar las cualificaciones profesionales o las unidades de competencia recogidas en los mismos, independientemente de su vía de adquisición, bien sea a través de la vía formativa, o mediante la experiencia laboral o vías no formales de formación según lo que se establezca en el desarrollo del artículo 8 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de Cualificaciones y de la Formación Profesional".

En su artículo 15.2, establece que "Las Administraciones Públicas competentes en materia laboral garantizarán a la población activa la posibilidad de acceder por la vía de la experiencia laboral y por vías no formales de formación a la evaluación y reconocimiento de sus competencias profesionales".

Por su parte, el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral, tiene por objeto establecer el procedimiento y los requisitos para la evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas por las personas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación, así como los efectos de esa evaluación y acreditación de competencias. En su artículo 21, regula los aspectos relativos a la estructura organizativa responsable del procedimiento, en el ámbito de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas, en atención a sus competencias, estableciendo en su punto 1.b) que en las comunidades autónomas, corresponde a la administración educativa y laboral competentes, establecer conjuntamente la estructura organizativa responsable del procedimiento establecido en el mismo. Asimismo, el artículo 29 del mencionado Real Decreto, prevé que los Centros integrados públicos de formación profesional, los Centros integrados privados concertados, que cuenten con la correspondiente autorización administrativa, y los Centros de Referencia Nacional podrán ser autorizados por la administración competente en cada ámbito territorial para desarrollar las distintas fases del procedimiento.

La Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral, en su Disposición adicional tercera establece que las Administraciones Públicas competentes adoptarán las medidas que resulten necesarias para, entre otros aspectos, impulsar los procedimientos de acreditación de la experiencia laboral, con mejoras que favorezcan su continuidad, agilidad y eficiencia para garantizar la calidad y las oportunidades de cualificación, en igualdad de condiciones, para todos los trabajadores.

El Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la citada Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, en su artículo 22.1 establece que, "A través de los programas de cualificación y reconocimiento profesional, las Administraciones Públicas competentes favorecerán que las personas trabajadoras ocupadas y desempleadas avancen y completen la cualificación profesional mediante procedimientos que evalúen y acrediten las competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral y que combinen el reconocimiento de dichas competencias, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral, con una oferta de formación modular para la obtención de certificados de profesionalidad". Asimismo, el mencionado Real Decreto, establece en su Disposición adicional segunda, relativa a la formación en los centros de la red pública, que los centros integrados públicos de formación profesional, entre otros, forman parte de la red pública de centros de formación y que, sin perjuicio de su participación en las distintas iniciativas de formación previstas en el mismo, estos centros podrán participar en los programas de cualificación y reconocimiento profesional para personas trabajadoras ocupadas previstas en el artículo 22.

Segundo.- En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, a efectos de dar cumplimiento a lo establecido en la normativa estatal descrita y al objeto de establecer un Sistema Canario de Cualificaciones Profesionales, se crea y regula el Instituto Canario de las Cualificaciones Profesionales, mediante Decreto 43/2003, de 7 de abril, cuya finalidad básica es el estudio y propuesta de la estructura de las cualificaciones profesionales y del Sistema Canario de Cualificaciones Profesionales y su mantenimiento. Tal como lo define el artículo 1.2 es una unidad administrativa del Servicio Canario de Empleo con dependencia funcional de este y de la Consejería competente en materia de Educación. Disponiendo en su artículo 4.g) que tiene, entre otras funciones "La acreditación de las competencias profesionales adquiridas mediante la certificación correspondiente".

Así tenemos que el Decreto 112/2011, de 11 de mayo, por el que se regulan los Centros Integrados de Formación Profesional en la Comunidad Autónoma de Canarias, en su artículo 4.b) establece que tiene entre otros fines el de, "Cuando proceda, y en el marco del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional, uno de los fines es el de contribuir a la evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas por las personas a través de la experiencia laboral y de vías no formales de formación, promoviendo así la valoración social del trabajo, de acuerdo a lo establecido en el desarrollo del artículo 8 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y la Formación Profesional".

Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional (BOE nº 147) regula el procedimiento de reconocimiento, evaluación, acreditación y registro de las cualificaciones profesionales, como uno de los instrumentos y acciones del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional, tal y como establece su artículo 4, apartado 1, letra b).

Por su parte, la Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria, dispone en su artículo 33, relativo a la formación profesional, en su punto 8 que, "Las consejerías competentes en materia de educación y de empleo deben coordinarse especialmente para garantizar la integridad de la oferta formativa. A tal fin, se podrán ofrecer en algunos centros educativos títulos de Formación Profesional y certificados de forma complementaria".

Tercero.- El Proyecto Enlaza persigue impulsar la formación profesional como elemento clave para la inserción y hace suya la finalidad establecida en el Plan Canario de Formación Profesional de "Contribuir al desarrollo de un nuevo modelo social, económico y cultural adaptado a las singularidades de Canarias, capacitando a la población para que adquiera y/o mejore su empleabilidad y su espíritu empresarial mediante una Formación Profesional atractiva, de calidad y adecuada al mercado laboral y a la carrera personal".

Enlaza, empleabilidad a través de la Formación Profesional, se alinea, con las políticas, directrices y líneas de actuación tanto europeas como nacionales y de la Comunidad Autónoma Canaria en materia de Formación Profesional, nace como instrumento para desarrollar las políticas de las Consejerías de Educación y Universidades y de la de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, y ofrece iniciativas para dar respuesta a las necesidades de formación y cualificación que demandan las empresas y el mercado de trabajo en Canarias, utilizando a la Red de Centros Integrados de Formación Profesional para su despliegue al resto de centros y a las empresas. Enlaza, además de un proyecto para la mejora de la formación profesional y de la inserción laboral, persigue trascender creando un entorno de trabajo y colaboración con empresas y demás entidades que proyecte su influencia hacia el futuro inmediato.

Enlaza define cinco grandes líneas de actuación entre la que se encuentra la relacionada con la Acreditación de la Experiencia Laboral. Esta línea incluye las iniciativas para el desarrollo de dispositivos de Reconocimiento y Acreditación de las Competencias Profesionales adquiridas por vías no formales, y la formación asociada para completar la acreditación. Dentro de los objetivos específicos además está el de incrementar en los Centros Integrados de Formación Profesional, en adelante CIFP, los dispositivos de Reconocimiento y Acreditación de Competencias Profesionales de los trabajadores adquiridas por la experiencia laboral y/o aprendizaje no formal mediante su diversificación, atendiendo posteriormente a la demanda formativa que se generan.

El programa Operativo de Empleo, Formación y Educación, FSE 2014-2020 (POEFE), establece como prioridad de inversión la mejora de la igualdad de acceso al aprendizaje permanente para todos los grupos de edad en una actividad formal, no formal e informal, mejora de los conocimientos, las aptitudes y las competencias de la población activa y promoción de itinerarios flexibles de aprendizaje, incluso a través de medidas de orientación profesional y validación de competencias adquiridas. Dentro de esta prioridad de inversión se ha programado el objetivo específico 10.3.2 para "Aumentar el número de personas que reciben una validación y acreditación de competencias profesionales o certificación de experiencia laboral o de nivel educativo", dentro del cual se recogen las actuaciones relativas a la evaluación y acreditación de competencias profesionales (Operación "Acredita").

Cuarto.- Las actividades para las operaciones de "Acredita" (Procedimiento de acreditación y evaluación de la competencias profesionales), serán financiadas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional de conformidad con la normativa nacional vigente y, en su caso, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, en el marco del objetivo temático número 10 "Invertir en educación, formación y formación profesional para la adquisición de capacidades y un aprendizaje permanente" definido en el artículo 9 del Reglamento (UE) nº 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) nº 1083/2006, del Consejo; y en el artículo 3.1.c) del Reglamento (UE) nº 1304/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo al Fondo Social Europeo y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1081/2006, del Consejo.

La senda financiera del Fondo Social Europeo atribuida al Ministerio de Educación y Formación Profesional para estas actuaciones se recoge en el eje 3 del Programa Operativo Plurriregional de Empleo, Formación y Educación del período de programación 2014-2020.

Quinto.- Mediante Resolución de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional de 12 de diciembre de 2018, se concede un importe de 254.397,80 euros a la Comunidad Autónoma de Canarias, consignado en la aplicación presupuestaria 18.05.322B.454.03 de los Presupuestos Generales del Estado para 2018, para la financiación de la evaluación y la acreditación de las competencias profesionales, con la cofinanciación del FSE. Las actividades susceptibles de cofinanciación con estos créditos son las establecidas en el "Documento de programación, seguimiento, verificación y certificación de operaciones relativas a los procedimientos de Evaluación y Acreditación de las competencias Profesionales (Acredita)", más concretamente en el "Documento de Condiciones de la Ayuda FSE para la operaciones (DECA)".

Sexto.- El tratamiento de los datos de carácter personal se realizará según lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD), y al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD).

A los anteriores antecedentes resultan de aplicación las siguientes

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Vistas las competencias que ostenta la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos, en virtud de lo establecido en el artículo 11.2, del Decreto 135/2016, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Educación y Universidades.

Segunda.- Y vistas las competencias atribuidas al Director del Servicio Canario de Empleo, en la Ley 12/2003, de 4 de abril, del SCE y en el Decreto 118/2004, de 29 de julio, por el que se aprueba la estructura orgánica y de funcionamiento del SCE.

RESUELVEN

Primero.- Convocar en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación, de conformidad con el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, y con las bases que se recogen en el Anexo I de la presente resolución.

Segundo.- Declarar que las unidades de competencia objeto de evaluación y acreditación, así como las plazas convocadas y las sedes en la que está previsto llevar a cabo el procedimiento están recogidas en el Anexo II de esta resolución con indicación de los Títulos de Formación Profesional y/o Certificados de Profesionalidad en los que están incluidas.

Tercero.- La Dirección General de Formación Profesional, tal y como se establece en el DECA, como entidad beneficiaria de la ayuda asociada a estas operaciones según la definición de beneficiario recogida en el artículo 2.10 del Reglamento (UE) 1303/2013, será la responsable ante el Organismo Intermedio de las operaciones iniciadas por la misma. Será obligación de dicha Dirección el cumplimiento de los requerimientos sobre las condiciones de la ayuda para las operaciones de evaluación y acreditación de competencias profesionales entre los que se encuentra el establecimiento, ejecución y control de: Requisitos específicos relativos a los productos o servicios que deban obtenerse con la operación, el plan financiero y los costes de la operación, el calendario de ejecución de la operación, sistema de contabilidad separado o código contable adecuado de la operación, conciliación de importes agregados certificados con los registros contables detallados y los documentos justificativos para la justificación de costes reales, obligaciones en materia de seguimiento, documentos justificativos de la operación, registro con identidad y ubicación de los organismos que conservan los documentos justificativos de la operación, condiciones para el intercambio electrónico de datos de las operaciones, requisitos y obligaciones en materia de información, comunicación y visibilidad y verificaciones de las operaciones y medidas antifraude.

Cuarto.- La Dirección del SCE, como órgano competente en el procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales, podrá adoptar cuantas medidas sean necesarias para la interpretación, aplicación y ejecución de la operación Acredita y dictar cuantas resoluciones se precisen en aplicación de la misma, conforme a lo dispuesto en el artículo 31.3 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, así como en el artículo 8.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Asimismo esta Dirección facilitará a la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos los datos necesarios en referencia a la citada operación Acredita.

Quinto.- Establecer que para facilitar el acceso a este procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales se podrán utilizar por las personas participantes los permisos individuales de formación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 21 de la Orden TAS/2307/2007, de 27 de junio.

Sexto.- Publíquese la presente Resolución en el Boletín Oficial de Canarias.

Esta resolución surtirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda o ante la Consejería de Educación, indistintamente, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que estime procedente.

Santa Cruz de Tenerife, a 13 de junio de 2019.- El Director del Servicio Canario de Empleo, Sergio Fernando Alonso Rodríguez.- El Director General de Formación Profesional y Educación de Adultos, Manuel Jorge Pérez.

A N E X O I

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera.- Unidades de competencia convocadas.

Se convocan las unidades de competencia correspondientes a las cualificaciones profesionales de nivel II y III que se encuentran recogidas en el Anexo II de estas bases, con indicación del Título de Formación Profesional y Certificados de Profesionalidad en los que están incluidas.

Segunda.- Centros Integrados de Formación Profesional autorizados.

Los CIFP autorizados para llevar a cabo la información y orientación, así como coordinar, organizar y realizar las fases de asesoramiento y evaluación del Procedimiento de Evaluación y Acreditación de Competencias Profesionales convocado mediante esta resolución, son:

CIFP Los Gladiolos.

CIFP San Cristóbal.

CIFP Las Indias.

CIFP Cruz de Piedra.

Tercera.- Plazas convocadas.

1. El número de personas admitidas en el presente procedimiento será de 350 y se limitará al número de plazas recogidas en el Anexo II para cada una de las cualificaciones profesionales convocadas.

2. Un máximo del 10% de las plazas convocadas por cada cualificación podrá ser cubierta por personas no residentes en la Comunidad Autónoma de Canarias.

3. Si quedasen plazas vacantes de las ofertadas en una cualificación profesional, se podrán incrementar las plazas en otra cualificación convocada hasta completar el número total previsto en esta convocatoria, previa autorización por el SCE al CIFP solicitante de la ampliación.

4. El número de plazas establecido inicialmente podrá ser objeto de ampliación, siempre que se asignen fondos adicionales en la partida presupuestaria a la cual se tiene que imputar el gasto correspondiente a esta convocatoria.

Cuarta.- Requisitos de participación en el procedimiento.

1. Para ser admitidas en el procedimiento convocado, las personas aspirantes deberán poseer de manera general, en el momento de producción de efectos de la presente convocatoria (el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de Canarias) los siguientes requisitos:

a) Poseer la nacionalidad española, haber obtenido el certificado de registro de ciudadanía comunitaria o la tarjeta de familiar de ciudadano o ciudadana de la Unión Europea, o ser titular de una autorización de residencia o, de residencia y trabajo en España en vigor, en los términos establecidos en la normativa española de extranjería e inmigración.

b) Tener 20 años cumplidos en el momento de realizar la inscripción.

c) Tener experiencia laboral y/o formación relacionada con las competencias profesionales que se quieren acreditar:

1) En el caso de experiencia laboral: justificar, al menos 3 años, con un mínimo de 2.000 horas trabajadas en total, en los últimos 10 años transcurridos antes de realizarse la convocatoria.

2) En el caso de formación: justificar, al menos 300 horas, en los últimos 10 años transcurridos antes de realizarse la convocatoria. En los casos en los que los módulos formativos asociados a la unidad de competencia que se pretende acreditar contemplen una duración inferior, se deberán acreditar las horas establecidas en dichos módulos.

d) No encontrarse en posesión de un Título de Formación Profesional ni de un Certificado de Profesionalidad que contenga la cualificación profesional solicitada.

2. En el caso de que la persona solicitante haya participado como candidata en anteriores procedimientos de acreditación, convocados por la Consejería competente en materia de Empleo y por la Consejería competente en materia de Educación del Gobierno de Canarias, podrá ser admitida en la misma cualificación, siempre que reúna los siguientes requisitos:

a) Haber acreditado al menos una Unidad de Competencia en algún procedimiento anterior de esa cualificación.

b) Demostrar haber realizado nueva formación o experiencia profesional significativa en aquellas Unidades de Competencia en las que no se haya acreditado anteriormente, de esa misma cualificación.

Quinta.- Puntos de información.

1. Las personas interesadas en participar en el procedimiento podrán acudir al CIFP correspondiente, donde se les facilitará la información y orientación necesaria sobre la naturaleza y las fases del procedimiento, el acceso al mismo, sus derechos y obligaciones, las acreditaciones oficiales que pueden obtener y los efectos de las mismas.

2. Esta información también se podrá obtener a través de las páginas web de cada uno de los CIFP y del SCE.

Sexta.- Solicitud y documentación.

1. Quienes deseen participar en esta convocatoria deberán presentar una solicitud por cada cualificación profesional respecto de la que se pretenda la acreditación de unidades de competencia debidamente cumplimentada, cuyo modelo normalizado figura en el Anexo III de estas bases, dirigida a la Dirección del CIFP donde se quiera participar.

Esta solicitud se podrá obtener en la página web de cada uno de los CIFP o en su defecto en la Sede Electrónica, procedimiento 6028, https://sede.gobcan.es/empleo/ o en su caso en la sede electrónica del Gobierno de Canarias https://sede.gobcan.es/sede/procedimientos_servicios/tramites, y en la web del SCE http://www.gobiernodecanarias.org/empleo.

2. Junto con la solicitud, se deberá presentar, de manera general, la siguiente documentación.

a) Copia del DNI, NIE o pasaporte de la persona solicitante. En el caso de personas extranjeras copia del certificado de registro de ciudadanía comunitaria, o la tarjeta de familiar de ciudadano o ciudadana de la Unión Europea, o la autorización de residencia, o la autorización de residencia y trabajo en España en vigor.

b) Historial personal y/o formativo de acuerdo con el modelo de curriculum vitae europeo, recogido en el Anexo IV de las presentes bases.

c) Documentación acreditativa de la experiencia laboral:

1) Para personas trabajadoras por cuenta ajena:

* Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social, del Instituto Social de la Marina o de la mutualidad a la que estuvieran afiliadas, donde conste la empresa, la categoría (grupo de cotización) y el período de contratación, y

* Contrato de Trabajo o certificación de la empresa (Anexo V) donde hayan adquirido la experiencia laboral, en la que conste específicamente la duración de los periodos de prestación del contrato, la actividad desarrollada y el intervalo de tiempo en el que se ha realizado dicha actividad. Este documento deberá estar sellado y firmado correctamente por la persona responsable de la organización que certifique.

2) Para personas trabajadoras autónomas o por cuenta propia:

* Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social o del Instituto Social de la Marina de los períodos de alta en la Seguridad Social en el régimen especial correspondiente, y

* Descripción de la actividad desarrollada e intervalo de tiempo en el que se ha realizado la misma, mediante declaración responsable (Anexo VI) (A los efectos del artículo 69.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se entenderá por declaración responsable el documento suscrito por la persona interesada en el que manifieste, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para obtener el reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredita, que la pondrá a disposición de la Administración cuando le sea requerida, y que se compromete a mantener el cumplimiento de las anteriores obligaciones durante el período de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio).

3) Para personas trabajadoras de carácter voluntario o becarios:

* Certificación de la organización donde se haya prestado la asistencia en la que consten, específicamente, las actividades y funciones realizadas, las fechas en las que se han realizado y el número total de horas dedicadas a las mismas (Anexo VII). Este documento deberá estar sellado y firmado correctamente por la persona responsable de la organización que certifique.

d) Documentación acreditativa de Aprendizajes no formales.

Para las competencias profesionales adquiridas a través de vías no formales de formación, la justificación se realizará mediante documento que acredite que la persona aspirante posee formación relacionada con las unidades de competencia que se pretendan acreditar, en el que consten los contenidos y las horas de formación, certificado por la entidad y organismo legalmente reconocido que la impartió.

e) Documentación Fondo Social Europeo. Información y Publicidad. Datos sociodemográficos de los participantes.

Las personas participantes deben cumplimentar el Cuestionario Socio-demográfico adjunto como Anexo IX a esta resolución, y entregarlo en el Centro Integrado correspondiente, con el fin de satisfacer las exigencias comunitarias ya que este proceso de acreditación está cofinanciado por el Fondo Social Europeo.

3. Solo en el caso de que la persona aspirante haya participado en anteriores procedimientos de acreditación, convocados en Canarias, y cumplan con los requisitos establecidos en la base cuarta, punto 2, deberán presentar además de la solicitud, únicamente documentación justificativa de la nueva formación o experiencia profesional, ajustada a la base sexta, punto 3, apartados c) y/o d) de las presentes bases.

4. Todos los documentos aportados podrán ser copia simple. Si no se encontraran redactados en lengua castellana deberán acompañarse necesariamente de la correspondiente traducción oficial.

5. Las personas mayores de 25 años que se encuentren en el supuesto regulado en el artículo 11.2 del Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, deberán presentar una declaración jurada justificativa de dicha situación, así como de su experiencia laboral o aprendizajes no formales de formación. El CIFP correspondiente resolverá la procedencia o no de la participación la persona aspirante en el procedimiento en función de la documentación aportada por el mismo.

6. En el caso de existir discrepancia entre la información derivada de la certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social, del Instituto Social de la Marina o de la mutualidad en la que se tuviera afiliación, los contratos de trabajo y las certificaciones emitidas por las empresas, entidades u organizaciones donde se haya adquirido la experiencia profesional, prevalecerá la información que se derive del documento correspondiente en este orden: primero certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social, del Instituto Social de la Marina o de la mutualidad en la que se tuviera afiliación, segundo contratos de trabajo y tercero certificaciones emitidas por las empresas, entidades u organizaciones donde se haya adquirido la experiencia profesional.

7. En aplicación de lo establecido en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las personas solicitantes se responsabilizarán expresamente de la veracidad de la documentación aportada. Si existieran dudas sobre la veracidad de la copia se podrá requerir a la persona participante los documentos originales para comprobar la veracidad de la documentación aportada en cualquier momento del procedimiento. En caso de que algún documento no se ajuste a la realidad, decaerá el derecho a la participación en la presente convocatoria, independientemente del momento en que se detecte la discrepancia y con independencia de la responsabilidad a que pudiera dar lugar. Asimismo, tal y como se establece en el artículo 69.4 de la misma Ley, la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que se incorpore a la declaración responsable, la documentación que sea en su caso requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

8. El envío de comunicaciones a las personas seleccionadas durante las diferentes fases del procedimiento se hará mediante mensajes SMS a través del teléfono móvil y/o de correo electrónico facilitado por las personas interesadas en la solicitud de inscripción.

Séptima.- Lugar y plazo de presentación.

1. Las solicitudes deberán presentarse preferentemente en el CIFP donde se quiera realizar el procedimiento. También podrá presentarse de forma telemática a través de la Sede Electrónica del Servicio Canario de Empleo: https://sede.gobcan.es/empleo/, procedimiento 6028. Asimismo, podrá realizarse en los registros y oficinas a que se refiere el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Si se opta por presentar la solicitud en una oficina de Correos, deberá hacerse en sobre abierto para que la instancia quede fechada y sellada por la persona funcionaria de Correos antes de ser certificada.

2. El plazo de presentación de las solicitudes será desde el día siguiente al de publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Canarias hasta que se cubra el número total de plazas por cualificación o en su defecto hasta el 30 de septiembre de 2019.

Octava.- Criterios de admisión y selección.

1. La persona candidata para ser admitida en el procedimiento tendrá que:

a) Presentar la solicitud de inscripción y la documentación requerida, en tiempo y forma según lo recogido en las bases sexta y séptima.

b) Cumplir con los requisitos previstos en la base cuarta de la presente resolución.

Para valorar si se cumplen estos requisitos de participación, únicamente se verificará la documentación referida a los méritos de experiencia o formación consignados en el curriculum vitae facilitado por la persona interesada, a excepción de que el o la aspirante haya participado en anteriores procedimientos de acreditación en Canarias.

2. Serán seleccionadas para participar en el procedimiento las personas admitidas que estén dentro del cupo de número de plazas convocadas según el orden de entrada en el registro del Centro Integrado donde se haya solicitado la participación.

Novena.- Proceso de admisión.

1. Una vez presentada la solicitud, los CIFP autorizados la remitirán al respectivo Departamento de Información y Orientación Profesional para que este compruebe el cumplimiento de los requisitos de participación y proceda a comprobar los criterios de admisión establecidos en la base octava de esta resolución.

2. En caso de que la persona candidata resulte seleccionada el Departamento de Información y Orientación Profesional le comunicará dicha circunstancia por vía telemática indicándole además lugar, fecha y hora de la celebración de la primera reunión de la fase de asesoramiento.

3. El Departamento de Información y Orientación Profesional de cada CIFP enviará al SCE los días 10 de septiembre y 10 de octubre, un listado con las personas candidatas excluidas provisionales. El SCE procederá a la semana siguiente, a la publicación de la resolución de listas provisionales de personas excluidas en cada CIFP y en cada cualificación profesional convocada, en el tablón de anuncios electrónico del SCE https://sede.gobcan.es/empleo/sce/menu_lateral/tablon_anuncios, tal y como se establece en la Resolución de 18 de noviembre de 2016, de la Secretaria General, por la que se dispone la sustitución de la publicación de los actos y comunicaciones en el tablón de anuncios o edictos por la publicación en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Servicio Canario de Empleo. Asimismo, dichas listas se publicarán a nivel informativo en la página web del Servicio Canario de Empleo: http://www.gobiernodecanarias.org/empleo y de cada uno de los CIFP con indicación expresa de la relación provisional de aspirantes excluidos que no reúnen los requisitos previstos en la base tercera de la presente resolución en la fecha de efectos de esta, por cualificación profesional, con expresión de los motivos de la exclusión.

4. En el plazo de diez días, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la resolución de las listas provisionales de personas excluidas, los aspirantes podrán subsanar el defecto que haya motivado su exclusión u omisión. Las peticiones de subsanación y alegaciones deberán presentarse preferentemente en los registros del CIFP correspondiente, también podrá presentarse a través de la Sede Electrónica del SCE https://sede.gobcan.es/empleo, procedimiento 6028, y o en los registros y oficinas a que se refiere el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, dirigidas al CIFP que haya publicado la lista de admisión. En caso de no presentar alegaciones, a los aspirantes excluidos se les tendrá por desistidos de su participación en el procedimiento, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.

5. A partir de la publicación de las listas provisionales de personas excluidas, y estudiadas las peticiones de subsanación y alegaciones formuladas en tiempo y forma contra las mismas, se procederá a la publicación de las listas definitivas en cada cualificación profesional convocada en el tablón de anuncios electrónico https://sede.gobcan.es/empleo/sce/menu_lateral/tablon_anuncios, así como a título informativo en la página web del SCE: http://www.gobiernodecanarias.org/empleo y de cada uno de los CIFP con indicación expresa de:

a) Relación definitiva de personas admitidas, que hayan subsanado el defecto que haya motivado su exclusión u omisión, por CIFP y cualificación.

b) Relación definitiva de personas excluidas que no reúnen los requisitos previstos en la base tercera de la presente resolución en la fecha de efectos de ésta, por cualificación profesional, con expresión de los motivos de la exclusión.

Décima.- Tasas.

Las personas seleccionadas para participar en el procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación no deberán abonar tasas de inscripción de acuerdo con la Ley 7/2018, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2019.

Undécima.- Lugar de realización.

El procedimiento se desarrollará en los siguientes centros:

- CIFP Los Gladiolos: calle Huaracheros, nº 5, 38007-Santa Cruz de Tenerife.

- CIFP San Cristóbal: calle Córdoba, nº 46, 35016-Las Palmas de Gran Canaria.

- CIFP Las Indias: calle Eladio Roca y Salazar, nº 8, 38008-Santa Cruz de Tenerife.

- CIFP Cruz de Piedra: Carretera General del Norte, 40, km 2, 35013-Las Palmas de Gran Canaria.

Duodécima.- Fases del procedimiento.

El procedimiento consta de las siguientes fases, con un plazo previsto para la realización de cada una de ellas de, aproximadamente, dos meses, pudiendo establecerse otros plazos en atención a las circunstancias de la propia convocatoria:

1ª) Fase: Asesoramiento.

1. Esta fase es obligatoria y tendrán acceso aquellas personas que hayan sido seleccionadas para participar en el procedimiento.

2. Excepcionalmente estarán exentos de la realización de esta fase las personas que han participado en convocatorias anteriores de la Comunidad de Canarias, en la cualificación solicitada, los cuales pasarán directamente a la fase de evaluación.

3. Se comenzará con un asesoramiento de obligatoria asistencia, por lo que la falta de asistencia injustificada provocará la pérdida de la condición de persona admitida en el procedimiento.

4. El asesoramiento podrá tener carácter individual o colectivo y será presencial. La persona asesora, podrá citar al aspirante, cuando lo considere necesario, para requerirle y/o auxiliarle, en su caso, a autoevaluar su competencia, completar su historial personal y/o formativo o a presentar evidencias que lo justifiquen, perdiendo su condición de persona seleccionada en el procedimiento cuando siendo citada no acuda a dos de las citaciones, sin presentar justificación.

5. Atendiendo a la documentación aportada, la persona asesora realizará un informe orientativo sobre la conveniencia que el aspirante acceda a la fase de evaluación y sobre las competencias profesionales que considera suficientemente justificadas:

a) Si el informe citado en el apartado anterior es positivo, se trasladará a la correspondiente comisión de evaluación toda la documentación aportada así como el informe elaborado debidamente firmado.

b) Si el informe es negativo, se le indicará a la persona seleccionada la formación complementaria que debería realizar y los centros donde podría recibirla. No obstante, dado que el contenido del informe del asesor o asesora no es vinculante, la persona seleccionada podrá decidir pasar a la fase de evaluación. En este caso, también se trasladará a la comisión de evaluación, junto con el informe elaborado debidamente firmado, la documentación referida en el apartado anterior.

2ª) Fase: Evaluación.

1. El ICCP nombrará una comisión de evaluación por familia profesional para la que a efecto de comunicaciones y demás incidencias tendrán su sede en la dirección de los CIFP correspondiente a las misma.

2. La evaluación tiene por objeto comprobar que la persona candidata demuestre la competencia profesional requerida en las realizaciones profesionales, en los niveles establecidos en los criterios de realización y en una situación de trabajo, real o simulada, fijada a partir del contexto profesional.

3. Para evaluar, se analizará el informe de la persona asesora y toda la documentación aportada por la persona candidata, y en su caso, recabando nuevas evidencias necesarias para evaluar la competencia profesional requerida en las unidades de competencia en las que se haya inscrito, para ello se podrán utilizar los siguientes métodos, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de trabajo, simulaciones, pruebas estandarizadas de competencia profesional o entrevista profesional.

4. La asistencia a las pruebas de evaluación, individuales o colectivas, será obligatoria, realizando la citación a cada persona candidata de manera presencial o por medios telemáticos, indicando el lugar, fecha y hora de las distintas pruebas. La persona candidata perderá su condición de persona admitida y seleccionada en el procedimiento cuando, siendo citada, no acuda a dos de las citaciones sin presentar justificación, circunstancia que se hará constar en su expediente, figurando en el acta de evaluación como no presentada. En caso de justificar la ausencia, la comisión de evaluación deberá emplazar a la persona candidata para una nueva prueba, siempre que la fase no haya finalizado.

5. El resultado de la evaluación de la competencia profesional en una determinada unidad de competencia se expresará en términos de demostrada o no demostrada, siendo la unidad de competencia la unidad mínima de acreditación.

6. Contra los resultados de la evaluación de las unidades de competencia, la persona candidata tendrá derecho a reclamar ante la Comisión de Evaluación, en el plazo de diez días a contar desde la fecha de convocatoria para la entrega de los mismos.

7. A las personas candidatas que completen los requisitos para la obtención de un Certificado de Profesionalidad o un Título de Formación Profesional, el Departamento de Información y Orientación Profesional correspondiente le indicará los trámites necesarios para su obtención.

3ª) Fase: Acreditación y registro de la competencia profesional.

1. A las personas candidatas que en el proceso de evaluación de las unidades de competencia hayan demostrado su competencia profesional, se les expedirá por el ICCP, una acreditación de cada una de las unidades de competencia en las que se hayan demostrado su competencia profesional, de acuerdo con el modelo recogido en el Anexo VIII de las presentes bases.

2. El ICCP transferirá los resultados obtenidos por las personas candidatas a un registro, de carácter estatal, nominal y por unidades de competencia acreditadas. El Servicio Público de Empleo Estatal será el responsable del fichero de este registro, al que tendrán acceso el Ministerio de Educación para el ejercicio de las competencias atribuidas al mismo por ley y las administraciones educativas y laborales de las comunidades autónomas a los efectos previstos en el artículo siguiente.

Decimotercera.- Personas asesoras y evaluadoras.

1. Cada uno de los CIFP propondrá a las personas en calidad de asesores y evaluadores de entre los profesionales habilitados con respecto a las unidades de competencia convocadas, con el asesoramiento del SCE, el cual designará a las personas que realizarán las funciones de asesoramiento y evaluación.

2. El personal habilitado deberá cumplimentar los documentos que por normativa Europea sea necesario para cumplir con la fase de información y publicidad que el Fondo Social Europeo requiere. Dicha documentación será enviada por la Unidad de gestión de FSE de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos a los Centros Integrados correspondientes.

3. Los profesionales designados para el asesoramiento no podrán participar en la fase de evaluación.

Decimocuarta.- Plan de formación.

Al concluir todo el procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación, el CIFP correspondiente, remitirá a todas las personas que hayan participado en el procedimiento, un escrito en el que se hará constar, según proceda:

- Posibilidades de formación, con las orientaciones pertinentes, para completar la formación conducente a la obtención de un Título de Formación Profesional o Certificado de Profesionalidad relacionado con las mismas.

- Posibilidades de formación, con las orientaciones pertinentes, para que puedan acreditar en convocatorias posteriores las unidades de competencia para las que habían solicitado acreditación.

Ver anexo en las páginas 25198-25216 del documento Descargar

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