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BOC Nº 93. Jueves 16 de mayo de 2019 - 2414

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III. OTRAS RESOLUCIONES - Consejería de Sanidad

2414 DECRETO 78/2019, de 6 de mayo, por el que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a los pensionistas de la seguridad social y sus beneficiarios con rentas inferiores a 18.000 euros, destinadas a compensar gastos relacionados con la protección de la salud durante el ejercicio presupuestario 2019.

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BOC-A-2019-093-2414. Firma electrónica - Descargar

Mediante Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de la Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, se estableció el copago de la prestación farmacéutica por parte de las personas pensionistas de la Seguridad Social y de las beneficiarias de las mismas, como una de las múltiples medidas adoptadas por el Gobierno del Estado para paliar los efectos de la crisis económica.

Una vez superada la crisis económica, se están restableciendo los derechos afectados por la misma. Asimismo, se están adoptando medidas para incentivar que la recuperación económica llegue a las familias y a la totalidad de la ciudadanía sobre la que recayeron con mayor virulencia los efectos de la crisis.

A pesar de dichas medidas, según la última Encuesta de Condiciones de Vida publicada por el Instituto Nacional de Estadística, Canarias sigue siendo una de las Comunidades Autónomas con una renta media más baja del Estado, sin que se hayan alcanzado aún los niveles anteriores a 2007. Por otro lado, según los datos de pensiones en vigor, la cuantía económica que perciben las personas pensionistas en la Comunidad Autónoma de Canarias es también una de las más bajas del Estado.

Los datos del sistema de información de receta electrónica del Servicio Canario de la Salud ponen de manifiesto que un número significativo de pacientes pensionistas y sus beneficiarios con rentas inferiores a 18.000 euros no han iniciado, o bien han interrumpido el tratamiento prescrito por el facultativo correspondiente. Estos datos, evidencian que se trata de un colectivo que tiene serias dificultades, por motivos económicos o sociales, para acceder a los tratamientos necesarios para garantizar su salud.

Estos datos e indicadores determinan la necesidad de continuar adoptando medidas de impulso de la recuperación económica y de los beneficios del Estado del bienestar.

Es preciso garantizar la prestación farmacéutica, ya que constituye un elemento principal en la atención a salud. La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que la adherencia terapéutica deficiente causa complicaciones médicas y psicosociales de la enfermedad, reduce la calidad de vida de los pacientes y desperdicia los recursos de atención de salud. Estas consecuencias directas menguan la capacidad de los sistemas de asistencia sanitaria de todo el mundo para alcanzar las metas de salud de la población.

La Constitución española, en su artículo 43, reconoce el derecho a la protección de la salud, siendo competencia de los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. El derecho a la salud se relaciona directamente con el derecho a la integridad física, constituyendo un derecho fundamental sin el cual el resto de derechos fundamentales no puede realizarse.

Asimismo, la dignidad de la persona, como fundamento del orden político y la paz social (artículo 10.1 de la Constitución), obliga a reconocer a cualquier persona, independientemente de la situación en que se encuentre, aquellos derechos, o contenidos de los mismos, imprescindibles para garantizarla, erigiéndose así la dignidad en un mínimo invulnerable que por imperativo constitucional se impone a todos los poderes, incluido el legislador.

El Estatuto de Autonomía de Canarias dispone, en su artículo 15, la obligación de los poderes públicos canarios de garantizar a las personas mayores una vida digna e independiente, una atención integral para la promoción de su autonomía personal y del envejecimiento activo y el derecho a una atención sanitaria, social y asistencial, promoviendo y asegurando las acciones y medidas necesarias para su bienestar social, económico y personal, así como a percibir prestaciones en los términos que se establezca en las leyes.

La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad establece, en su artículo 12, que los poderes públicos orientarán sus políticas de gasto sanitario en orden a corregir desigualdades sanitarias y garantizar la igualdad de acceso a los servicios sanitarios públicos en todo el territorio español, según lo dispuesto en los artículos 9.2 y 158.1 de la Constitución.

La Ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias establece, en su artículo 4, que uno de los principios a los que debe ajustarse el funcionamiento del Sistema Canario de la Salud es el de la compensación y eliminación de las desigualdades socioeconómicas a efectos del disfrute de los servicios y las prestaciones.

Mediante el presente Decreto se subvenciona la aportación en la prestación farmacéutica ambulatoria de los pensionistas de la Seguridad Social y de sus beneficiarios con rentas inferiores a 18.000 euros, como medida para contribuir a garantizar el acceso efectivo a la prestación farmacéutica a personas que se considera que están en situación de necesidad.

Es importante destacar la experiencia previa de la Comunitat Valenciana, que ha articulado una medida similar desde el año 2016 con resultados constatables de incremento significativos de adherencia terapéutica de este colectivo. Se evidencia así su efectividad para garantizar el acceso a la prestación farmacéutica por parte de las personas con menos recursos económicos y, a la postre, el derecho de todos los ciudadanos a la protección de la salud.

El artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece que el procedimiento ordinario de concesión de subvenciones debe tramitarse en régimen de concurrencia competitiva, teniendo esta consideración el procedimiento mediante el cual la concesión de las subvenciones se realiza mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en las bases reguladoras y en la convocatoria, y adjudicar, con el límite fijado en la convocatoria dentro del crédito disponible, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en aplicación de los citados criterios.

Teniendo en cuenta que la finalidad del decreto es que todos los pensionistas de la Seguridad Social y sus beneficiarios con rentas inferiores a 18.000 euros, residentes en Canarias, sean compensados del gasto farmacéutico que soportan en virtud del citado Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, no concurre el presupuesto para la aplicación del procedimiento en régimen de competencia competitiva, puesto que se dispone del crédito suficiente, en el presente ejercicio 2019, para que todos los miembros de este colectivo reciban la ayuda.

Sí concurre, sin embrago, el supuesto de hecho que regula la citada ley en su artículo 22.2.c), que permite conceder de forma directa, con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.

En este caso, en atención a la concurrencia de las razones de interés público, social y económico que ya han sido expuestas, a la necesidad de los pacientes beneficiarios de conservar la adherencia a los tratamientos prescritos, así como al hecho de que todos los pacientes pensionistas y sus beneficiarios con rentas inferiores a 18.000 euros, van a poder ser beneficiarios de las subvenciones destinadas a compensar la aportación a la prestación farmacéutica ambulatoria que soportan, se justifica la concesión de las mismas de forma directa.

Esta posibilidad también se recoge en el artículo 21.1.b) del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.

La Ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias, establece, en su artículo 43, que corresponde al Gobierno de Canarias la dirección y planificación de la política de la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de promoción y protección de la salud, de prevención de la enfermedad y de asistencia sanitaria, y de las Administraciones públicas sanitarias de Canarias, en especial, el Servicio Canario de la Salud.

Asimismo, señala que igualmente corresponde al Gobierno de Canarias, respecto de las actividades sanitarias de las Administraciones Públicas de Canarias, como responsable último de su funcionamiento ordenado, eficiente y eficaz, las competencias, entre otras, de planificación sanitaria, sociosanitaria y de salud pública.

En particular, aprueba programas, fija directrices y criterios generales de coordinación de las actividades de todos los sujetos del sistema y establece los criterios generales de distribución de los recursos económicos de financiación de dicho sistema.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Sanidad y previa deliberación del Gobierno en su reunión celebrada el día 6 de mayo de 2019,

R E S U E L V O:

Artículo único.- Aprobar las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a los pensionistas de la Seguridad Social y sus beneficiarios cuya renta sea inferior a 18.000 euros, destinadas a compensar gastos relacionados con la protección de la salud durante el ejercicio presupuestario 2019, en los términos del anexo.

Disposición final primera.- Continuidad de las subvenciones.

Por el Servicio Canario de la Salud se realizará un seguimiento y evaluación de los índices de adherencia a los tratamientos por parte del colectivo destinatario de estas subvenciones, a los efectos de determinar su continuidad en los próximos ejercicios presupuestarios.

Disposición final segunda.- Modificación del Plan Estratégico de Subvenciones.

Por la Consejería de Sanidad se llevarán a cabo los trámites necesarios para la modificación del Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Sanidad 2017-2019, aprobado por Orden de 1 de abril de 2019, por la que se aprueba la segunda modificación del Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Sanidad para 2017-2019, aprobado por Orden de 30 de marzo de 2017, corrección de errores por Orden de 15 de junio de 2017, y modificado por Orden de 12 de marzo de 2018 (BOC de 25.4.19), con el fin de introducir la línea de subvenciones aprobada mediante el presente Decreto.

Disposición final tercera.- Entrada en vigor.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

El presente Decreto no tiene la consideración de disposición de carácter general, y contra el mismo que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición ante el Gobierno, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala competente de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación; significando que, en el caso de presentar recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que se resuelva expresamente el recurso de reposición o se produzca la desestimación presunta del mismo, y todo ello sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.

Dado en Canarias, a 6 de mayo de 2019.

EL PRESIDENTE

DEL GOBIERNO,

Fernando Clavijo Batlle.

EL CONSEJERO

DE SANIDAD,

José Manuel Baltar Trabazo.

A N E X O

BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A LOS PENSIONISTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y SUS BENEFICIARIOS CON RENTAS INFERIORES A 18.000 EUROS, DESTINADAS A COMPENSAR GASTOS RELACIONADOS CON LA PROTECCIÓN DE LA SALUD DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2019.

Primera.- Objeto, ámbito de aplicación y régimen jurídico.

1. Las presentes bases tienen como objeto regular la concesión de subvenciones directas de interés socio-sanitario destinadas a facilitar la adherencia a los tratamientos médicos prescritos por personal del sistema sanitario público, que estén sujetos a financiación pública, durante el ejercicio presupuestario 2019.

2. Las subvenciones se aplicarán en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias a las personas titulares de la tarjeta sanitaria individual expedida por el Servicio Canario de la Salud, que tengan la condición de personas beneficiarias según las presentes bases.

3. De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo 21.1.b) del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, las subvenciones reguladas en estas bases se concederán de forma directa al concurrir razones de interés público, social, económico o humanitario. No se promueve la concurrencia al estar identificado el colectivo beneficiario de estas subvenciones, pudiendo optar todas las personas pertenecientes a dicho colectivo a la correspondiente ayuda.

4. En todo lo no previsto en las presentes bases serán de aplicación los preceptos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del Reglamento de la misma, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. Asimismo, serán de aplicación la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, el Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Segunda.- Financiación.

Las subvenciones se concederán con cargo a la aplicación presupuestaria 3922.312F.480.01.39400015 de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2019, existiendo crédito adecuado y suficiente en la citada aplicación presupuestaria por importe de 14.000.000 de euros.

Tercera.- Personas beneficiarias.

1. Serán beneficiarias de las ayudas objeto de regulación por las presentes bases, las personas que cumplan los siguientes requisitos:

a) Ostentar la condición de asegurada como pensionista de la Seguridad Social.

b) Ostentar la condición de titular de tarjeta sanitaria individual expedida por el Servicio Canario de la Salud.

c) Tener una renta inferior a 18.000 euros anuales, consignada en la casilla de base liquidable general y del ahorro de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (Código de aportación farmacéutica TSI 002-01).

2. Asimismo, tendrán derecho a las ayudas que regulan las presentes bases, las personas que figuren como beneficiarias de las aseguradas como pensionista de la Seguridad Social, que cumplan los requisitos del apartado anterior.

3. No podrán ser beneficiarias de estas ayudas las personas en las que concurra alguna de las circunstancias previstas en el apartado 2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Cuarta.- Gastos subvencionables.

Se consideran gastos subvencionables las cantidades que deban abonar las personas beneficiarias de las subvenciones reguladas en las presentes bases, en concepto de tratamientos farmacológicos sujetos a financiación pública, prescritos por el personal médico del Sistema Sanitario Público mediante receta médica oficial u orden de dispensación hospitalaria, y adquiridos en oficinas o servicios de farmacia radicados en Canarias, desde el día de entrada en vigor del presente Decreto hasta el 31 de diciembre de 2019.

El importe máximo de la ayuda por persona beneficiaria no podrá superar, en cómputo anual, los 70 euros.

Como quiera que mediante las subvenciones reguladas en las presentes bases se financia la totalidad de la aportación a la prestación farmacéutica ambulatoria que han de realizar los beneficiarios de las mismas en las condiciones descritas en el primer párrafo de la presente base, serán incompatibles con la percepción de otras ayudas o subvenciones, ingresos o recursos para la misma finalidad procedentes de cualquier Administración, entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

Quinta.- Entidades colaboradoras.

De conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 5.d) del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, se designa al Colegio Oficial de Farmacéuticos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife y al Colegio Oficial de Farmacéuticos de la provincia de Las Palmas, como entidades colaboradoras del Servicio Canario de la Salud en la gestión de las subvenciones reguladas en las presentes bases.

El régimen de colaboración entre las oficinas de farmacia legalmente establecidas en la Comunidad Autónoma de Canarias y el Servicio Canario de la Salud, en lo referente a la prestación de servicios profesionales relacionados con la prestación farmacéutica ya se encuentra establecido en el Concierto, suscrito el 29 de diciembre de 2015, entre el Presidente del Consejo de Dirección del Servicio Canario de la Salud y los Presidentes de los Ilustres Colegios Profesionales de Farmacéuticos de las provincias de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife, por el que se fijan las condiciones para la ejecución de la prestación farmacéutica a través de las oficinas de farmacia de la Comunidad Autónoma de Canarias, vigente hasta el 29 de diciembre de 2019.

Sexta.- Procedimiento de gestión y justificación de las subvenciones.

1. Como quiera que el régimen de colaboración ya se encuentra regulado y formalizado en el Concierto por el que se fijan las condiciones para la ejecución de la prestación farmacéutica a través de las oficinas de farmacia de la Comunidad Autónoma de Canarias, y en aras a los principios generales de racionalización, eficacia y eficiencia, la gestión de las subvenciones reguladas en estas bases se realizará según los términos del citado acuerdo bilateral.

Para ello los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Canarias harán uso del sistema informático habilitado en el marco del citado concierto, debiendo el Servicio Canario de la Salud, de conformidad con la cláusula 3.4 del citado concierto, identificar a las personas beneficiarias de las presentes subvenciones, de acuerdo con los requisitos establecidos en la base tercera, y modificar sus topes de aportación máxima, de manera que el colectivo afectado no deba abonar cantidad alguna.

Mensualmente, los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Canarias presentarán factura específica con el importe correspondiente a las subvenciones reguladas en estas bases. El procedimiento de facturación y pago por parte del Servicio Canario de la Salud será el que se indica en la cláusula 5 de dicho concierto y en su respectivo anexo F.

2. En lo que se refiere a la justificación de la subvención por parte de las entidades colaboradoras, de conformidad con lo establecido en el artículo 22.4 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, como quiera que las subvenciones se conceden en atención a la concurrencia de una determinada situación en el perceptor, y que tales datos ya obran en los sistemas de información del Servicio Canario de la Salud, los Colegios Oficiales de Farmacia no tendrán que acreditar la concurrencia de dicha situación en los beneficiarios de las subvenciones.

3. A la vista de la facturación mensual realizada por los Colegios Oficiales de Farmacéuticos, así como de los datos de los beneficiarios de las subvenciones reguladas en las presentes bases, que constan en los sistemas de información del Servicio Canario de la Salud, la Dirección General de Programas Asistenciales del Servicio Canario de la Salud emitirá el correspondiente informe de justificación de las subvenciones por parte de los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Canarias. Con posterioridad, a la vista de tal informe, y siempre que el mismo sea favorable, la Dirección del Servicio Canario de la Salud dictará Resolución por la que se declaren justificadas las correspondientes subvenciones y se disponga el abono de las mismas.

4. Las entidades colaboradoras deberán someterse a las actuaciones de comprobación por el órgano gestor y de control por la Intervención General y a facilitar la información que le sea solicitada de acuerdo con lo establecido en el Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.

5. Las personas beneficiarias que quieran renunciar a las subvenciones reguladas en las presentes bases, deberán presentar escrito de renuncia, en cualquiera de los registros a los que hace referencia el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dirigido a la Dirección General de Programas Asistenciales del Servicio Canario de la Salud.

Séptima.- Reintegro de subvenciones.

Procederá el reintegro de las cantidades percibidas, así como la exigencia del interés de demora correspondiente, desde el momento del pago de la subvención -que coincidirá con el momento en que la persona debió hacer la aportación a la prestación farmacéutica ambulatoria-, hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los supuestos y de conformidad con lo establecido en los artículos 37 y 38 de la Ley General de Subvenciones.

El procedimiento de reintegro se regirá por lo dispuesto en los artículos 41 a 43 de la Ley General de Subvenciones, en el Reglamento de desarrollo de la misma, y en el Capítulo VIII del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Octava.- Régimen sancionador.

En cuanto al régimen sancionador, se estará a lo dispuesto en los capítulos I y II del Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,General de Subvenciones, el Título IV del Reglamento de la citada Ley, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, el Título IX de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria y el Capítulo IX del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Asimismo, quedarán sometidas a lo dispuesto en los artículos 63 y 64 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y los artículos 25 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

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