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BOC Nº 43. Lunes 4 de marzo de 2019 - 948

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III. OTRAS RESOLUCIONES - Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda

948 Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 14 de febrero de 2019, de la Presidenta, por la que se aprueban las bases reguladoras del programa de subvenciones destinadas a la contratación laboral en prácticas de personas desempleadas, preferentemente de primer empleo, denominado "Nuevas oportunidades de empleo", con una vigencia limitada hasta el ejercicio 2021.

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BOC-A-2019-043-948. Firma electrónica - Descargar

Examinada la iniciativa de la Subdirección de Empleo del Servicio Canario de Empleo (en adelante SCE), sobre la aprobación de las Bases Reguladoras para la implementación de un programa de subvenciones a la contratación en prácticas de personas desempleadas, denominado "Nuevas oportunidades de empleo" (en adelante NOE), cofinanciado por el Fondo Social Europeo, y con una vigencia temporal limitada a la anualidad 2021.

Visto el informe emitido por la Secretaría General Técnica de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, en relación a dicha iniciativa, resultan los siguientes,

ANTECEDENTES

I.- En el proceso de búsqueda activa de empleo, las personas desempleadas se encuentran con la problemática de carecer de una experiencia laboral previa que les facilite la incorporación al mundo laboral como personas ocupadas. La mayoría de ellas no poseen la experiencia profesional requerida por las empresas, verdaderas generadoras de empleo, y por ende, creen no disponer de las capacidades o habilidades suficientes para desempeñar las competencias propias del puesto de trabajo. Como consecuencia de ello se genera un efecto, una sensación de frustración y de incapacidad, y se acrecientan las dificultades y los miedos, tanto para la obtención como para enfrentarse a una primera experiencia laboral, por no contar con experiencia, y por la imposibilidad de obtenerla, por no conseguir un primer empleo.

El aspecto psicológico tiene, en estos casos, una importancia clave: la obtención de una práctica laboral en el campo relativo a los estudios o formación cursada, otorga una indudable seguridad a las personas desempleadas, reforzando su autoestima y el reconocimiento a las competencias profesionales adquiridas.

Las personas desempleadas que, aún teniendo una formación académica, carecen de experiencia laboral, se encuentran con una especial dificultad de inserción en el mercado laboral.

II.- En una sociedad competitiva, la experiencia supone un factor diferenciador, y frecuentemente decide la viabilidad del contrato a la hora de decidir la contratación por parte de las empresas.

III.- El presente programa supone ventajas, no solo para las personas trabajadoras, tal y como hemos expuesto, sino para el propio tejido empresarial (y por extensión para la sociedad en su conjunto), que se benefician de los conocimientos y destrezas de las personas que demandan empleo.

En este contexto, y teniendo en cuenta que las tasas de desempleo en Canarias son de las más altas de la Unión Europea (a partir de ahora UE), surge la necesidad, no solo de incrementar los niveles formativos con la ejecución de tareas relacionadas con la titulación obtenida por las personas que demandan empleo, procurando una nueva experiencia laboral, sino también de reinsertar a demandantes de empleo a través de la formación experiencial, favoreciendo la movilidad intersectorial.

IV.- Por todo lo anterior, se estima conveniente promover un programa de apoyo a la contratación de personas desempleadas, inscritas en el SCE como demandantes de empleo, tituladas o con cualificación profesional, y con escasa o nula experiencia laboral previa en empleos relacionados con la disciplina en la que han titulado o se han egresado, mediante un contrato en prácticas, como medida para potenciar su empleabilidad y consolidar su inserción laboral.

El objetivo último de este programa es, por tanto, favorecer y mejorar las perspectivas laborales de una parte importante de la población desempleada, que aun teniendo la formación necesaria, no encuentra una oportunidad laboral adecuada, así como contribuir con ello, a mejorar la competitividad de la economía canaria, la calidad del mercado de trabajo, y combatir la exclusión social.

V.- El artículo 19.2 del Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo, viene a determinar que "Los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas diseñarán y establecerán las medidas necesarias para determinar las actuaciones de las entidades que colaboren con ellos en el desarrollo de las políticas activas de empleo", mientras que el punto 4 del mismo precepto establece que "Las comunidades autónomas en ejercicio de sus competencias de ejecución de políticas de activación para el empleo, podrán elaborar sus propios Planes de Política de Empleo, de acuerdo con los objetivos de los planes anuales de política de Empleo y en coherencia con las orientaciones y objetivos de la Estrategia Española de Activación para el Empleo".

VI.- Por otra parte, la Estrategia Europea 2020: Iniciativa emblemática de la UE "Una agenda para nuevas cualificaciones y empleos", establece la necesidad de modernizar los mercados laborales, facilitando la movilidad de las personas trabajadoras y el desarrollo de cualificaciones a lo largo de la vida, con el fin de incrementar la participación en el empleo y adecuar mejor la oferta a la demanda, recomendándose la aplicación de reformas del mercado laboral y aumentar la eficacia de las políticas activas de empleo, mejorando sus destinatarios, aumentando la utilización de los servicios de formación, de asesoramiento y de acoplamiento entre oferta y demanda de empleo, intensificando sus vínculos con las políticas pasivas y reforzando la coordinación entre los servicios públicos de empleo nacionales y autonómicos, incluido el intercambio de información sobre ofertas de empleo.

VII.- La adopción de unas bases reguladoras de vigencia limitada en el tiempo, tienen su explicación y fundamento en lo novedoso de la medida, viendo limitada su vigencia al ejercicio 2021. Se trata de una medida cuyos efectos favorables deben ser ponderados y analizados, en función de los resultados que se produzcan, de forma que se obtenga un análisis sobre la conveniencia de proceder a su regulación de manera indefinida, siguiendo el procedimiento establecido.

A la vista de los argumentos expuestos, por virtud de la presente Resolución se procede a la aprobación de las bases reguladoras del programa de subvenciones a la contratación en prácticas de personas desempleadas, denominado "NOE", con una vigencia temporal limitada hasta la anualidad 2021, y que quedaran redactadas conforme se establece en la presente Resolución, todo ello en base a las siguientes,

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- De acuerdo con lo estipulado en el artículo 3 de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del SCE, corresponde a este organismo, en materia de empleo, la gestión de la intermediación laboral y de las políticas activas de empleo, entendiéndose estas últimas, con carácter general, como el conjunto de programas y acciones que tienen por objeto mejorar las posibilidades de acceso al empleo de las personas desempleadas, así como la adaptación y recalificación para el empleo de las personas trabajadoras.

Segunda.- El artículo 9 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, determina que los titulares de los Departamentos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma serán competentes para aprobar las oportunas bases reguladoras de la concesión de subvenciones.

En consecuencia, la competencia para dictar la presente resolución corresponde a la Presidencia del SCE, de conformidad con lo estipulado en el artículo 7.1.g) de la Ley 12/2003, de 4 de abril, de creación del SCE.

Tercera.- La presente iniciativa de empleo está incluida en el Plan Estratégico de Subvenciones del SCE para los ejercicios 2018-2020, aprobado mediante Orden Departamental nº LOR2018CA00134 de 6 de marzo de 2018, rectificado por Orden de 29 de junio de 2018, cumpliéndose con ello los requerimientos establecidos en el artículo 9 del citado Decreto 36/2009.

Cuarta.- La presente medida, se encuentra financiada por el Fondo Social Europeo, dentro del Objetivo Temático 8: Promover el empleo sostenible y de calidad y favorecer la movilidad laboral; Prioridad de Inversión 8.1: Facilitar el acceso al empleo de los desempleados y personas inactivas, incluyendo las personas paradas de larga duración y personas alejadas del mercado laboral, incluidas las iniciativas locales de empleo y apoyo a la movilidad laboral; Objetivo Específico Mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas o inactivas, especialmente de aquellas con mayores dificultades de acceso al mercado laboral, por medio de la adquisición de experiencia profesional, incluidas las iniciativas locales de empleo.

En este contexto, la actuación que se pone en marcha por medio de la presente resolución, consiste en la contratación laboral de personas demandantes de empleo para la realización de trabajo efectivo en un entorno real, a través de la figura del contrato en prácticas, entendido como "nueva oportunidad de empleo", que permita la movilidad sectorial hacia nuevas actividades como las energías renovables, el turismo sostenible, las industrias culturales, industrias sociales y de la salud, especialmente actividades vinculadas a la dependencia, las nuevas tecnologías, las ecoindustrias, la rehabilitación de edificios, la agricultura ecológica o los cultivos alternativos. Asimismo podrá complementarse con el diseño de un itinerario individualizado y la realización de acciones formativas con el objetivo de mejorar los niveles de cualificación profesional o en competencias claves dependiendo de las necesidades. Con esta actuación se pretende mejorar el curriculum vitae de las personas, de forma que: para las que ya hayan trabajado antes, tengan una actualización profesional y para las que esta experiencia sea su primer empleo, puedan aportar una experiencia laboral.

Quinta.- Tal y como se expuesto en los Antecedentes, se trata de una medida cuyos efectos favorables deben ser ponderados y analizados, en función de los resultados que se obtengan en el presente ejercicio, de forma que se obtenga un análisis sobre la conveniencia de proceder a su regulación de manera indefinida, siguiendo el procedimiento establecido.

Sexta.- En aplicación de lo previsto en el artículo 8.1, letra n) de la Ley 12/2003, de 4 de abril citada, las presentes bases reguladoras han sido sometidas a informe previo por parte del Consejo General de Empleo, en su sesión celebrada el 11 de septiembre de 2018.

Séptima.- En aplicación del procedimiento previsto en el artículo 9.1 del Decreto 36/2009, la Secretaría General Técnica de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, se ha pronunciado sobre la legalidad de las presentes bases reguladoras, mediante su informe de fecha 27 de septiembre de 2018.

Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.3 del Decreto 36/2009, se ha obtenido el informe previo de la Dirección General competente en materia de asuntos económicos con la UE, de fecha 19 de septiembre de 2018.

Igualmente, en virtud de lo establecido en el artículo 3 del Decreto 51/2000, de 10 de abril, de regulación de la Comisión para la Pequeña y Mediana Empresa, se han sometido las presentes bases a informe de la Comisión para la pequeña y mediana empresa, el cual ha sido emitido en fecha 19 de septiembre de 2018.

Octava.- Por último, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 9.1 del Decreto 36/2009, citado, y 27 y siguientes del Decreto 76/2015, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias, la presente resolución ha sido objeto de fiscalización previa por parte de la Intervención General de la Consejería de Hacienda, mediante su informe de fecha 8 de febrero de 2019.

En virtud de lo anterior, vistos los informes previos emitidos, y en uso de las competencias que tengo legalmente atribuidas,

R E S U E L V O:

Primero.- Aprobar las bases reguladoras del programa de subvenciones a la contratación laboral en prácticas de personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo en el SCE, denominado "NOE", con una vigencia temporal limitada hasta la anualidad 2021.

Por medio de la presente Resolución, se aprueban las bases reguladoras a la contratación laboral en prácticas de personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo en el SCE, denominado "NOE", con una vigencia temporal limitada hasta la anualidad 2021.

Las citadas bases reguladoras quedarán redactadas conforme se establece en el Anexo I a la presente Resolución.

Notifíquese la presente resolución por medio de su inserción en el Boletín Oficial de Canarias, con la indicación de que, al poner fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses, o bien potestativamente, recurso de reposición ante la Presidencia del Servicio Canario de Empleo, en el plazo de un mes, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente. El cómputo de plazos anteriormente indicados, se iniciará a partir de día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, a 14 de febrero de 2019.- La Presidenta, Cristina Valido García.

A N E X O I

BASES REGULADORAS DEL PROGRAMA DE SUBVENCIONES DESTINADAS A LA CONTRATACIÓN LABORAL EN PRÁCTICAS DE PERSONAS DESEMPLEADAS, PREFERENTEMENTE DE PRIMER EMPLEO, DENOMINADO "NUEVAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO", CON VIGENCIA LIMITADA HASTA EL EJERCICIO 2021.

Primero.- Objeto de la subvención.

1. Este programa de fomento del empleo tiene como objeto favorecer la contratación laboral, en la modalidad contractual de prácticas, de personas desempleadas, inscritas como demandantes de empleo en el SCE, favoreciendo con ello la lucha contra el desempleo y la inserción socio-laboral de las personas desempleadas, al mismo tiempo que contribuirá al desarrollo de proyectos de interés general por parte de las entidades públicas beneficiarias.

2. Las presentes bases regulan la concesión de subvenciones, a través de convocatoria pública, en concurrencia competitiva, a corporaciones locales de ámbito insular y sus entidades vinculadas o dependientes, que presenten proyectos que permitan a las personas demandantes de empleo, preferentemente de primer empleo, poder acreditar una experiencia laboral y a aquellas que ya la han tenido, mejorarla, mediante la realización de trabajos de interés general y social, tales como: energías renovables, turismo sostenible, industrias culturales, industrias sociales y de la salud, especialmente actividades vinculadas a la dependencia, las nuevas tecnologías, las eco-industrias, la rehabilitación de edificios, la agricultura ecológica o los cultivos alternativos, entre otros, a través del programa NOE.

Segundo.- Beneficiarios y requisitos.

1. Podrán ser beneficiarios de la subvención regulada en estas bases los Cabildos Insulares y/o las entidades de derecho público, dependientes o vinculadas a las mismas, que contraten trabajadores desempleados bajo la modalidad contractual de contrato en prácticas, que deberá ser suscrito de conformidad con la normativa aplicable.

2. No podrán obtener la condición de beneficiarios las entidades en las que concurra alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Tercero.- Normativa aplicable a los contratos en prácticas a concertar.

1. La normativa de aplicación a los contratos en prácticas a suscribir, se centra en la siguiente:

* Artículo 11.1 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

* Real Decreto 488/1998, de 27 de marzo, por el que se desarrolla el artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores en materia de contratos formativos.

* Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, por el que aprueba el Estatuto del personal investigador en formación.

* Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.

* Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estimulo al crecimiento y de la creación de empleo.

* Real Decreto-Ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores.

Así como toda aquella otra normativa que las complemente y/o desarrolle.

2. Asimismo, el contrato deberá responder a las siguientes características:

* Deberá formalizarse por escrito haciendo constar expresamente la titulación de la persona trabajadora, la duración del contrato y el puesto a desempeñar durante las prácticas.

* Deberá registrarse a través del aplicativo informático "Contrat@" en el plazo de los 10 días siguientes a su concertación, en el modelo oficial, y comunicarse al SCE, así como sus eventuales prórrogas.

* Cuando se formalice el contrato con una persona con discapacidad, en modelo oficial, se acompañará el certificado de que acredite dicha condición.

* Para el presente Programa, el contrato deberá formalizarse a jornada completa.

* Para el presente Programa, su duración no podrá ser inferior a 12 meses, ni exceder de dos años, si bien solo serán subvencionables los costes relativos a los 12 primeros meses, en las cuantías fijadas en las presentes bases.

* El periodo de prueba no podrá ser superior a un mes para trabajadores que estén en posesión de título de grado medio o certificado de profesionalidad de nivel 1 o 2, ni a dos meses para las personas trabajadoras que estén en posesión de titulo de grado superior o de certificado de profesionalidad de nivel 3, salvo convenio colectivo.

* La retribución será la fijada en convenio colectivo para las personas trabajadoras en prácticas, sin que pueda ser inferior al 60% o al 75% durante el primero o el segundo años de vigencia del contrato, respectivamente, del salario fijado en convenio para un o una trabajadora que desempeñe el mismo o equivalente puesto de trabajo.

* En ningún caso el salario será inferior al salario mínimo interprofesional.

* A la terminación del contrato, la entidad beneficiaria deberá expedir a la persona trabajadora un certificado en el que conste la duración de las prácticas, las áreas de trabajo donde se han realizado y las principales tareas realizadas en cada uno de ellas.

* Ningún persona trabajadora podrá estar contratada en prácticas en la misma o distinta entidad por tiempo superior a dos años en virtud de la misma titulación.

* Si al término del contrato la persona trabajadora continuase en la entidad, no podrá concertarse un nuevo periodo de prueba, computándose la duración de las prácticas a efectos de antigüedad en la entidad.

* En el supuesto de que, durante el periodo de permanencia del puesto de trabajo subvencionado se produzca la extinción de la relación laboral que dio cobertura a la misma, se estará a lo dispuesto en las presentes bases reguladoras para los casos de sustitución de la persona trabajadora subvencionada, siempre y cuando la normativa en materia de contratación laboral lo permita.

Cuarto.- Requisitos de las personas trabajadoras a contratar.

1. El presente programa está destinado a personas demandantes de empleo inscritas como desempleadas en el SCE, preferentemente de primer empleo, que estuvieren en posesión de título universitario o de formación profesional de grado medio o superior, o títulos oficialmente reconocidos como equivalentes, de acuerdo con las leyes reguladoras del sistema educativo vigente, o de certificado de profesionalidad, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, que habiliten para el ejercicio profesional. Para la contratación de estas personas tendrá que suscribirse un contrato en prácticas. La entidad beneficiaria indicará las ocupaciones entre las que se seleccionarán las personas candidatas.

Entre la celebración del contrato, y la terminación de los referidos estudios, no podrán haber transcurrido más de cinco años, o siete cuando el contrato se concierte con una persona con discapacidad, desde la terminación de los estudios.

Tendrán prioridad para participar en este programa las personas demandantes de empleo desempleadas que, cumpliendo los requisitos anteriores, estén buscando su primer empleo.

2. El programa implica, así mismo, la contratación de personal para tutorías para los que se podrá elegir cualquier modalidad de las previstas en el Estatuto de los Trabajadores. Este personal se seleccionará entre personas demandantes de empleo inscritas como desempleadas en el SCE.

El perfil del mismo deberá ajustarse a las siguientes ocupaciones:

- Licenciatura y/o grados, preferentemente, en Psicología, Pedagogía, Sociología o similar, con formación y/o experiencia en realización de entrevista personal, orientación profesional y utilización de técnicas de motivación y comunicación.

- Otras Licenciaturas, Diplomaturas o grados, con formación y experiencia en realización de entrevista personal, orientación profesional y utilización de técnicas de motivación y comunicación.

Quinto.- Características básicas de los proyectos a subvencionar.

1. Los proyectos a subvencionar tendrán una duración total de 13 meses subvencionables, desde la comunicación de su inicio por parte de la entidad beneficiaria, con arreglo al presente cronograma:

Ver anexo en la página 6967 del documento Descargar

a. Las personas desempleadas a contratar en prácticas, se incorporarán a una primera fase de orientación y tutorización, con una duración de 1 mes, como fase de selección de candidatos, sin relación laboral alguna, y posteriormente, con aquellos que pasen esta fase de selección, se iniciará una segunda fase de contratación en prácticas, con una duración máxima subvencionable de 12 meses, y a jornada completa, con la aplicación del Convenio colectivo que corresponda.

A la finalización del primer mes, y de acuerdo a los informes emitidos por el personal encargado de las tutorías y/o coordinación de los proyectos, se determinará el orden de las personas seleccionadas para participar en el proyecto. El proyecto se regirá por las instrucciones y protocolos elaborados al efecto por el Servicio Canario de Empleo.

Este cronograma podrá ser objeto de variación, en función de las necesidades y objetivos que se planteen en los proyectos, sin que en ningún caso, tal variación pueda suponer modificación de la duración máxima de 13 meses del período subvencionado de los proyectos, correspondiendo 12 meses máximo subvencionables a los contratos en prácticas, estipulada en las presentes bases.

b. Cada proyecto contará con tutores, que serán contratados desde el inicio del proyecto, a razón de 1 tutor o tutora por cada 15 personas desempleadas participantes. Sus tareas se desarrollarán durante los 2 primeros meses de ejecución del proyecto, o mayor duración a criterio de la entidad, y consistirán, esencialmente, en el análisis de los perfiles de las personas desempleadas participantes, acciones de tutorización, control y monitorización de los mismos, determinando la adecuación de la persona trabajadora al puesto de trabajo a desempeñar, en función de sus habilidades y conocimientos. Esta duración de dos meses para los tutores es la duración considerada subvencionable, sin perjuicio de que a criterio de la entidad pueda ser ampliada, corriendo a su cargo el coste que exceda de los primeros dos meses.

Una vez transcurrido el primer mes del proyecto, y después de la evaluación en cuanto a la actividad práctica a desarrollar, en consonancia con el área o áreas funcionales de la entidad beneficiaria, la persona trabajadora seleccionada por la entidad se incorporará al equipo de trabajo tutorizado, mediante un contrato en prácticas con las características definidas en las presentes bases.

Los tutores continuarán trabajando con las personas ya contratadas un mes más. A resultas de toda esta labor de seguimiento y análisis, se podrán proponer modificaciones en las actuaciones a llevar a cabo con las personas participantes, para convocatorias posteriores, en función de los análisis y datos que se obtengan en esta primera fase.

Con esta labor de atención, análisis, prospección, o cualquier otra que desarrolle la entidad beneficiaria, se pretende, además, asegurar la permanencia de las personas participantes en el proyecto, evitando abandonos, y aumentando exponencialmente las posibilidades de éxito, por cuanto se permiten unos mayores índices de motivación e identificación con el proyecto y sus cometidos, recompensas que se obtienen del mayor conocimiento de los perfiles profesionales de las personas desempleadas, sus deseos y objetivos.

2. El proyecto subvencionado contará con acompañamiento a posteriori, de una duración estimada de 3 meses a contar desde su finalización, para aquellas personas trabajadoras contratadas en prácticas que finalicen su relación laboral al término del período máximo subvencionado, con el objetivo de determinar el impacto sobre la empleabilidad de las mismas, con la periodicidad que se determine por parte del SCE. Esta labor la realizará de forma activa la red de tutores de empleo del SCE, así como sus entidades colaboradoras.

3. El proyecto podrá contar con personal adicional: coordinador o coordinadora, personal auxiliar ..., cuya financiación correrá a cargo de la entidad, bien por ser personal propio o por nueva contratación, sin que el coste de este personal se pueda repercutir a la subvención.

4. La memoria de proyecto a presentar por la entidad solicitante de subvención, deberá desarrollar de forma suficientemente pormenorizada, los aspectos, tareas y objetivos contemplados en este resuelvo.

Sexto.- Costes subvencionables.

1. De acuerdo con la Orden ESS/1924/2016, de 13 de diciembre, por la que se determinan los gastos subvencionables por el Fondo Social Europeo durante el período de programación 2014-2020 serán subvencionables los siguientes costes:

a. Respecto de los tutores o tutoras del proyecto, serán subvencionables sus costes laborales, incluida la cotización empresarial a la Seguridad Social por todos los conceptos en la cuantía fijada según el convenio colectivo vigente, por el tiempo estimado de duración de su cometido (2 meses), así como la indemnización por finalización del contrato, en el caso de que la modalidad de contratación elegida así lo prevea.

b. Respecto de las personas desempleadas a contratar en prácticas, la retribución en ningún caso debe ser inferior al 60 por ciento durante el primer año, del salario fijado en convenio colectivo para un trabajador o trabajadora que desempeñe el mismo puesto de trabajo u otro equivalente, según Convenio Colectivo de aplicación, incluida la cotización empresarial a la Seguridad Social por todos los conceptos, que se generen durante el periodo de 12 meses subvencionable máximo de contratación en prácticas, a través de este programa. En el caso de los contratos en prácticas, la normativa que lo regula no prevé indemnización a la finalización de la duración pactada.

2. Los Convenios Colectivos utilizados por las entidades solicitantes, debidamente actualizados, aprobados, publicados y declarados por la entidad en el aplicativo SISPECAN, suponen la fuente de información objetiva para el cálculo del coste unitario de las subvenciones a conceder, puesto que se trata del acuerdo suscrito entre las personas trabajadoras y entidades beneficiarias, para fijar las condiciones de trabajo, las retribuciones por categorías profesionales de la actividad y la productividad.

El importe de subvención a conceder por el SCE será del 88% del coste subvencionable, considerando que para ser subvencionable el coste de un trabajador o trabajadora, este o esta tiene que haber participado en el proyecto un período mínimo de seis meses, excepto que abandone el proyecto por haber conseguido una colocación, fin último de una política de empleo, en cuyo caso su coste será subvencionable, en las condiciones previstas en el resuelvo decimocuarto.

3. Estos proyectos podrán estar cofinanciados por el Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo 2014ES05SFOP014, con una tasa de cofinanciación del 85%.

Séptimo.- Régimen de convocatoria.

1. El procedimiento de concesión de las subvenciones previstas en las presentes bases se tramitará, de conformidad con lo previsto en el artículo 16 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, bajo el sistema de concurrencia competitiva.

2. Para la valoración del conjunto de solicitudes válidamente presentadas, dentro del plazo establecido en la respectiva convocatoria, y considerando las limitaciones de crédito asignadas para la misma, se tendrán en cuenta los siguientes criterios de prelación:

2.1. Compromiso de inserción. Se valorará hasta 6 puntos:

Aquellas entidades que presenten compromisos de inserción (por parte de empresas y/o entidades con capacidad de contratación), por un periodo de 6 meses, dentro de un período de 12, desde la finalización del proyecto, y una jornada mínima de un 40% (1 punto por puesto de compromiso propuesto).

El incumplimiento de este apartado no tendrá consecuencias para la convocatoria en curso pero supondrá que para la convocatoria del año siguiente, la puntuación obtenida en esta última se verá minorada en los mismos puntos que hubieran obtenido en este apartado, en la convocatoria en curso.

2.2. Calidad del proyecto presentado. Se valorará hasta 5 puntos:

2.2.1. Detalla, de manera ordenada y coherente, las prácticas a realizar e incorpora acciones que enriquecen el desarrollo del proyecto, así como cronograma de las distintas áreas en las que va a colaborar así como tareas a practicar (5 puntos).

2.2.2. Detalla, de manera ordenada y coherente, las prácticas a realizar e incorpora acciones que enriquecen el desarrollo del proyecto (3 puntos).

2.2.3. Detalla, de manera ordenada y coherente, las prácticas a realizar (1 punto).

En caso de no presentar la memoria detallada, ordenada y coherente, de las prácticas a realizar, el expediente/solicitud se denegará.

2.3. Acciones posteriores. Se valorará hasta 5 puntos:

En el proyecto se presenta la continuación con algún itinerario personalizado de carácter formativo y empleo, a poner en marcha por la entidad a la finalización del proyecto y a financiar con fondos propios (5 puntos si la continuación se plantea para todas las personas trabajadoras en prácticas contratadas o la parte proporcional en función del número de personas para las que se propone el itinerario).

2.4. Favorece la inclusión de colectivos de difícil inserción. Se valorará hasta 5 puntos:

Se valorará la contratación de personas desfavorecidas, en riesgo de exclusión social, u otros colectivos (5 puntos o la parte proporcional en función del porcentaje que suponga este colectivo en relación con el total de personas a contratar en prácticas).

2.5. Contribución del proyecto a promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres superando cualquier discriminación laboral, cultural, económica o social. Se valorará hasta 5 puntos:

2.5.1. Introducción de la perspectiva de género en el proyecto de manera transversal, de forma que la participación de la mujer en el proyecto sea como mínimo igual a su peso en el desempleo. Cada convocatoria indicará el porcentaje de mujeres desempleadas con respeto al total de personas desempleadas de la Comunidad Autónoma de Canarias (2 puntos).

2.5.2. Proyectos que planteen una participación de la mujer que supere en, al menos 10 puntos porcentuales, su participación en el desempleo con respecto a la fecha de publicación de la convocatoria (5 puntos).

2.6. Contribución del proyecto a la mejora de la calidad de vida. Se valorará hasta 3 puntos:

- Proyectos que fomenten la integración social y la participación ciudadana.

- Proyectos que supongan la mejora de servicios, infraestructuras, equipamientos.

- Conservación y protección del patrimonio.

- Conservación de la naturaleza y sostenibilidad medioambiental.

En el caso de que no todo el proyecto se destine a alguna de estas cuatro modalidades, los puntos se asignarán de forma proporcional, siempre que sea posible la identificación temporal de la actividad a puntuar. En caso de no ser posible esta identificación, el proyecto no puntuará en este apartado.

En caso de igualdad en el criterio anterior, se efectuará el desempate a razón del grado de cobertura previsto sobre la población a la que va dirigida, contribución del proyecto a fomentar la igualdad de oportunidades para todos, sin discriminación por razón de raza u origen étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Reglamento (UE) 1303/2013 y el artículo 8 del Reglamento (UE) 1303/2013, contribución del proyecto al desarrollo sostenible y, en particular, a la protección medioambiental, la eficiencia de los recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo, la biodiversidad y la prevención y gestión de riesgos, carácter innovador respecto a los objetivos, los procesos, los destinatarios, la metodología u otros aspectos del proyecto, diseño de metodologías o procedimientos diseñados ad hoc para valorar la eficacia y la eficiencia del proyecto, medidas o acciones de información y comunicación vinculadas al propio proyecto, más allá de las exigencias reglamentarias, con el propósito de garantizar el máximo nivel de transparencia y reforzar la visibilidad del Fondo Social Europeo, descripción del valor añadido del Fondo Social Europeo con relación a otros instrumentos financieros en el ámbito regional/estatal, complementariedad con intervenciones de otros Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, capacidad administrativa de la entidad beneficiaria para recoger, guardar y comunicar datos sobre participantes e indicadores de ejecución y resultados y capacidad de la entidad beneficiaria para llevar a cabo un seguimiento de resultados a largo plazo, ejecutar planes de evaluación y verificar la sostenibilidad de los resultados y su impacto.

3. No obstante, sin perjuicio de lo anterior, se podrá actuar conforme establece el artículo 16.5, apartado b) del citado Decreto 36/2009, de tal forma que cuando el crédito consignado en la convocatoria fuera suficiente para atender a todas las solicitudes que reúnan los requisitos establecidos, una vez finalizado el plazo de presentación, no será necesario establecer una prelación entre las mismas.

4. Cuando la resolución de concesión propuesta coincida en todos sus términos con el contenido de la solicitud del beneficiario, el órgano concedente podrá aprobar la resolución de concesión sin realizar los trámites de resolución provisional y aceptación de la subvención, en aplicación del artículo 16.6 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Octavo.- Suministro de información concerniente a la persona trabajadora.

Con la finalidad de disponer de los datos necesarios sobre las personas participantes para la evaluación y seguimiento de esta medida al corresponder a actuaciones cofinanciadas por fondos de la UE las entidades que resulten beneficiarias de subvención vendrán obligadas a presentar un documento, conforme al Anexo II adjunto a la presente Resolución, que permitirá recabar, por parte del SCE, la información estrictamente necesaria de conformidad con lo estipulado en el Reglamento (UE) nº 1304/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo al Fondo Social Europeo. Mediante futuras convocatorias se podrá modificar este modelo, en caso de ser necesario.

Además, en dicho documento se comunicará a las personas participantes que la participación en el programa conlleva la autorización al SCE para recabar los datos de afiliación y cotización a la seguridad social, necesario para la gestión del programa y su seguimiento y evaluación, toda vez que, de acuerdo con el artículo 129 del Reglamento Financiero (Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de julio de 2018 establece que: "Toda persona o entidad que reciba fondos de la Unión en régimen de gestión directa e indirecta deberá comprometerse por escrito a conceder los derechos necesarios a que se refiere el apartado 1 y deberá garantizar que los terceros implicados en la ejecución de los fondos de la Unión concedan derechos equivalentes."

Noveno.- Contratos de trabajo excluidos y régimen de incompatibilidades.

1. Quedan excluidas de subvención las contrataciones en prácticas en las que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Las realizadas por entidades que hayan sido excluidas del acceso a los beneficios derivados de la aplicación de los programas de empleo por la comisión de infracciones muy graves, de conformidad con lo previsto en el artículo 46 del Texto Refundido sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

b) Las realizadas por entidades que hayan sido sancionadas en los dos años anteriores a la presentación de la solicitud, por la comisión de infracciones graves y muy graves en materia de prevención de riesgos laborales, previstas en el Texto Refundido sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

c) Las realizadas por entidades que incumplan las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales que impone la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales, y normativa de desarrollo.

d) Las contrataciones realizadas para prestar los servicios en centros o instalaciones de la entidad ubicados fuera del territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias.

2. Las presentes subvenciones serán incompatibles con cualquier otra ayuda o subvención percibida con la misma finalidad, procedente de la UE o de organismos internacionales, salvo en lo previsto en las ayudas estatales de bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social, a las que pudiera tener derecho el interesado con arreglo a la normativa legal vigente, en función del tipo de contrato suscrito. A este respecto, cabe destacar que en aplicación del precepto establecido en el artículo 19.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que el importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada.

3. Por otra parte, las presentes subvenciones estarán sometidas al régimen de ayudas de mínimis, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento (UE) nº 1407/2013, de la Comisión de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la UE a las ayudas de mínimis (DOUE 352, de 24 diciembre de 2013), no pudiendo las entidades beneficiarias obtener ayudas acogidas al régimen de mínimis cuyo importe acumulado supere doscientos mil (200.000,00) euros durante cualquier período de tres ejercicios fiscales, límite que se reduce a cien mil (100.000,00) euros para las entidades que realicen por cuenta ajena operaciones de transporte de mercancías por carretera. El citado reglamento resultará de aplicación con las exclusiones de los sectores contenidos en su artículo 1, a los cuales, ello y no obstante, les podrá ser de aplicación, en su caso, lo dispuesto en el párrafo siguiente.

Las presentes subvenciones también estarán sometidas al régimen de ayudas de mínimis, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento (UE) nº 1408/2013 de la Comisión de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la UE a las ayudas de mínimis en el sector agrícola (DOUE 352, de 24 diciembre de 2013), no pudiendo las entidades beneficiarias pertenecientes a este sector de actividad, obtener ayudas acogidas al régimen de mínimis cuyo importe acumulado supere quince mil (15.000,00) euros durante cualquier período de tres ejercicios fiscales.

4. Con independencia del régimen general de incompatibilidades establecido en la presentes bases Reguladoras, las entidades beneficiarias deberán cumplir con toda la normativa que le sea de aplicación.

Décimo.- Régimen de presentación de solicitudes.

1. Las Corporaciones interesadas para la obtención de las subvenciones a que se refiere las presentes bases, habrán de presentar la solicitud, que se obtendrá del programa SISPECAN-Programa de Colaboración con Corporaciones Locales del SCE, una vez ejecutada, en dicho aplicativo informático, la acción "confirmar solicitud" por parte de la entidad solicitante, requisito este imprescindible para la obtención de la solicitud. En el Anexo II adjunto a la presente Resolución, se presenta el modelo al que se ajustará la citada solicitud.

2. Forma parte de la solicitud la Declaración responsable que se contiene en el citado anexo, de acuerdo a la normativa legal vigente, y con las declaraciones en ella consignados.

3. Conjuntamente con la solicitud, y formando parte de ella, se acompañará la documentación siguiente, ajustada a los modelos disponible en la sede electrónica del SCE, a través del Procedimientos por el que se puede acceder a esta convocatoria y su tramitación:

a) Memoria descriptiva y económica del Proyecto, donde deberán especificarse, de forma suficientemente pormenorizada, las diferentes fases del proyecto, así como su objetivo e interés general.

b) Memoria descriptiva de las actuaciones de publicidad que se van a llevar a cabo a lo largo de todo el proyecto

c) Ficha resumen.

d) Oferta de empleo por cada una de las categorías profesionales que se solicitan en el proyecto, que se obtendrá, asimismo, del aplicativo SISPECAN.

e) Certificación del órgano competente del proyecto para el que se solicita la subvención, así como de la disposición de financiación para las partidas presupuestarias que han de ser financiadas por la Corporación Insular y/o sus entidades dependientes, en su caso, que se ajustará al modelo que se establezca en cada convocatoria.

4. Las entidades solicitantes deberán figurar inscritas en el Registro de solicitantes de subvenciones del SCE creado por la Orden de 21 de julio de 2008.

5. De acuerdo con el artículo 22.4 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 38/2003, General de subvenciones, la presentación de la solicitud de subvención conllevará la autorización al SCE para que este obtenga de forma directa la acreditación de las circunstancias previstas en los artículos 18, 19 y 21 de este Real Decreto, en cuyo caso el solicitante no deberá aportar la correspondiente certificación.

En caso de que la entidad interesada no autorice la obtención de esa información, deberá hacer constar su oposición expresa en la solicitud y aportar los datos y documentos exigidos.

6. En el supuesto de que alguno de los documentos que deben acompañarse a la solicitud de concesión de las ayudas ya estuvieran en poder del SCE, la entidad podrá acogerse a lo establecido en el artículo 53, apartado d) de la Ley 39/2015, del 21 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. No obstante, esta posibilidad no podrá invocarse respecto de la "Declaración Responsable", que deberá aportarse en todo caso.

7. Las solicitudes de subvención reguladas en la presente convocatoria se presentarán, junto con el resto de la documentación preceptiva, de forma electrónica conforme al artículo 14.2 de la Ley 39/2015, en este caso concreto en de la sede electrónica del SCE: https://sede.gobcan.es/empleo/ a través del procedimiento establecido para ello.

8. El plazo de presentación de solicitudes será el que se determine en la respectiva convocatoria, cuyo extracto se publicará en el Boletín Oficial de Canarias (en adelante BOC).

9. La presentación de la solicitud de subvención implicará la aceptación por parte de la entidad solicitante, de las condiciones, requisitos y obligaciones contenidas en las presentes bases, en la respectiva Convocatoria, y en el resto de la normativa de pertinente y preceptiva aplicación, sin perjuicio de su derecho a desistir de su petición que los solicitantes pudieran ejercitar antes de la resolución de concesión, o a renunciar a la ya concedida.

10. De acuerdo con la Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992, las entidades solicitantes deben señalar si los proyectos objeto de subvención se ubican en alguno de los espacios establecidos en la Red Natura o si está relacionado con la gestión del espacio de una zona especial de conservación establecida en la Red Natura.

Undécimo.- Instrucción.

1. El órgano competente para la instrucción del procedimiento es la Subdirección de Empleo del SCE, la cual examinará si la solicitud reúne los requisitos exigidos y si se acompaña a la misma la preceptiva documentación, requiriéndose en caso contrario a la entidad interesada para que, en el improrrogable plazo de diez (10) días, contados a partir del siguiente al de su notificación, subsane, y/o complete los documentos y/o datos que deban presentarse, advirtiéndose de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21, de conformidad con lo establecido en el artículo 68.1 ambos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

La notificación de los mencionados requerimientos se realizará mediante su publicación en el BOC, conforme a lo dispuesto en los artículos 41 y 45.1.b) de la citada Ley 39/2015. Asimismo, la subsanación de la solicitud se realizará a través del área personal en el apartado de buzón de notificaciones de la sede electrónica, si bien el plazo para subsanar se computará a partir del día siguiente al de la publicación en el BOC del citado requerimiento.

La subsanación de cualquier aspecto relacionado con el proyecto implicará que la entidad deberá modificar todos aquellos elementos de los mismos que, si bien no han sido objeto específico del requerimiento efectuado, sí se vean afectados directa o indirectamente por estos, de tal forma que el proyecto tenga la necesaria coherencia en todos sus elementos.

El órgano instructor incorporará de oficio, a cada expediente, los certificados acreditativos del cumplimiento por la misma de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Para el análisis de los proyectos que tengan por objeto la eliminación de barreras arquitectónicas, en los términos de la Ley Territorial 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación, así como en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, el órgano instructor podrá recabar el asesoramiento técnico de aquellas entidades que tengan como finalidad la integración de las personas con discapacidad, con las que se podrá suscribir el oportuno convenio de colaboración.

2. Una vez evaluadas las solicitudes, la Comisión de Evaluación, como órgano colegiado previsto en el apartado 1 del artículo 22 de la Ley 38/2003 ya citada, que ajustará su funcionamiento a lo previsto en los artículos 15 a 22 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y que estará integrada por la persona titular de la Subdirección de Empleo del SCE, o persona en quien delegue, quien la presidirá, y dos personas tituladas universitarias de dicha subdirección, actuando como Secretario o Secretaria un funcionario o funcionaria de dicha subdirección, emitirá informe en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada.

3. Con los resultados de la baremación obtenida por cada solicitud, se elaborará una lista de adjudicación, comprensiva de los proyectos que alcancen una valoración igual o superior a 5 puntos, y hasta el límite del crédito existente para cada ejercicio.

4. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, elevará la propuesta de la resolución provisional, debidamente motivada, al órgano concedente, que adoptará la citada resolución provisional. La resolución provisional deberá notificarse a los interesados en la forma que establezca la convocatoria, concediéndoles un plazo de 10 días para que presenten la aceptación expresa de la subvención. En caso de que no se otorgue la aceptación dentro del referido plazo se entenderá que el interesado no acepta la subvención.

5. Excepcionalmente, atendiendo a la naturaleza de las potenciales entidades beneficiarias, y en el caso de que el total del importe solicitado por las entidades sea superior al crédito previsto, el órgano competente podrá procederá al prorrateo, entre los beneficiarios de la subvención, del importe global máximo destinado a las subvenciones.

En cualquier caso, la reformulación de solicitudes deberá respetar el objeto, condiciones y finalidad de la subvención.

6. Cuando la resolución de concesión propuesta coincida en todos sus términos con el contenido de la solicitud del beneficiario, el órgano concedente podrá aprobar la resolución de concesión sin realizar los trámites de resolución provisional y aceptación.

Duodécimo.- Procedimiento de concesión de la subvención.

Transcurrido el plazo para la aceptación expresa de los solicitantes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 18 del Decreto 36/2009, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, el instructor elevará al órgano concedente la propuesta de resolución definitiva de concesión.

1. La resolución de concesión deberá expresar el solicitante o la relación de solicitantes a los que se concede la subvención y su cuantía, especificando su evaluación.

Asimismo, deberá contener:

- Relación de las obras o servicios aprobadas.

- Denominación del proyecto global.

- Tiempo de realización.

- Cuantía de la subvención a otorgar.

- Categoría profesional, grupo o nivel profesional a contratar así como la modalidad contractual que se pretenda utilizar.

2. En la Resolución se establecerá, en su caso, tanto la relación de solicitudes denegadas, con los motivos que avalen la misma, así como, en su caso, desestimadas por falta de crédito suficiente para ser atendidas, integrando la Lista de Reserva.

En el supuesto de existir un remanente de crédito, pero este no fuese suficiente para cubrir la totalidad del importe de la solicitud de la primera entidad que conforme la lista de reserva, se le instará a la reformulación de su solicitud, con el fin de que ajuste sus compromisos y condiciones a la subvención otorgable. En el supuesto de no proceder a la reformulación, en el plazo y/o forma requeridos, se ofrecerá la posibilidad de reformular la solicitud a la siguiente entidad de la lista, y así sucesivamente, hasta que alguna entidad acepte la reformulación en las condiciones planteadas. El mismo procedimiento se podrá utilizar en el supuesto de existencia de remanente debido a la renuncia de alguna entidad beneficiaria, o en los supuestos de incorporaciones de crédito a la convocatoria, cuando dichos remanentes o incorporaciones, sean inferiores al coste del proyecto presentado por la primera entidad que conforme la lista de reserva.

3. Si no se aceptase la subvención por alguno de los solicitantes incluidos en la resolución provisional de concesión, y se hubiera liberado crédito suficiente para atender al menos una de las solicitudes de la lista de reserva que siguen en orden de puntuación, el órgano instructor podrá incluir en la propuesta de resolución definitiva de concesión, sin necesidad de una nueva convocatoria, al solicitante o solicitantes por orden de puntuación que reuniendo los requisitos establecidos en las bases, no hubieran resultado beneficiarios en la propuesta de resolución provisional por haberse agotado la dotación presupuestaria

4. En la resolución definitiva de concesión se contendrá tanto el otorgamiento de las subvenciones, como la desestimación del resto de las solicitudes con indicación de los motivos. La resolución definitiva de concesión pondrá fin a la vía administrativa, excepto en los supuestos establecidos en la Ley General de Subvenciones, o que vengan determinados en las correspondientes bases reguladoras.

5. En el caso de que en la resolución definitiva de concesión se hubiese incluido a solicitantes que no hubieran resultado beneficiarios en la resolución provisional, se les concederá un plazo de 10 días hábiles para que presenten la aceptación expresa de la subvención. En caso de que no se otorgue la aceptación dentro del referido plazo se entenderá que el interesado no acepta la subvención. Los solicitantes que hubieran aceptado la resolución provisional no deberán presentar nueva aceptación.

6. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del beneficiario propuesto, frente a la Administración, mientras no se le haya notificado la resolución de concesión y se haya efectuado la aceptación expresa de la misma.

7. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25.4 y 26 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el plazo para dictar y notificar la correspondiente Resolución de concesión será de tres (3) meses a contar a partir de la finalización del plazo de presentación de solicitudes, si bien este plazo se entenderá suspendido al amparo del artículo 22.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, entre el tiempo que medie entre los requerimientos para que se subsane o complete la documentación y su efectivo cumplimiento por el destinatario o, en su defecto, el transcurso del plazo concedido, todo ello sin perjuicio de lo previsto en el artículo 68 de la citada Ley.

Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa, podrán entenderse desestimadas por silencio administrativo las solicitudes presentadas, de conformidad con lo previsto en el artículo 25.1, letra a) de la citada Ley 39/2015.

Ello no obstante, atendiendo a la acumulación de tareas en el SCE, la Dirección del mismo podrá ampliar el plazo para resolver, a solicitud de la Subdirección de Empleo.

8. La notificación de las resoluciones de concesión se realizará conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a través de su inserción en el BOC.

9. Contra la citada Resolución, que no pondrá fin a la vía administrativa de conformidad con el artículo 18.4 de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del SCE, se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejería de Empleo, Política Social y Vivienda, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su notificación, en los términos recogidos en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Decimotercero.- Inicio de proyecto y régimen de abono de la subvención.

1. En la resolución de concesión que se dicte, se establecerá el plazo para el inicio de los proyectos. Se entenderá como fecha de inicio del proyecto el día del inicio de la relación laboral del primer trabajador o trabajadora contratados, a efectos de entender que el proyecto debe de finalizar, como máximo, el día que corresponda al aplicarle a dicha fecha, la duración máxima establecida.

2. Una vez iniciado el proyecto, se acreditará dicho inicio presentando la siguiente documentación:

* Certificado de inicio según el modelo aprobado por la Dirección del SCE, que estará a disposición de las entidades interesadas en el programa SISPECAN-Corporaciones Locales, junto con el cual se presentará escrito indicando la ubicación del cartel, paneles, vallas o placas, según proceda, de acuerdo con lo establecido en el resuelvo vigésimo cuarto, relativo a la información y publicidad y fotos de los mismos.

* Documentación que acredite que los participantes conocen la cofinanciación del proyecto por parte del Fondo Social Europeo y del SCE.

* Copia de los contratos, en los que se tendrá que incluir una cláusula comunicando la cofinanciación del programa.

3. El SCE ordenará el abono de la subvención atendiendo a lo previsto en la Resolución de 28 de diciembre de 2018, por la que se dispone la publicación del Acuerdo que modifica el Acuerdo de Gobierno de 22 de febrero de 2016, por el que se aprueban los criterios generales y medidas que conforman el marco de referencia para la asignación y el uso eficiente de los recursos públicos en el sector público Autonómico, modificado mediante Acuerdos de Gobierno de 20 de febrero, 31 de julio, 25 de septiembre, 23 de octubre, 13 de noviembre, 4 y 26 de diciembre de 2017, y de 5 de marzo, 6 de agosto y 15 de octubre de 2018 que, en su apartado 2.1.6 dispone, respecto de las Subvenciones y Aportaciones Dinerarias cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, que:

"(...) se podrá establecer abono anticipado, siempre que no dispongan de recursos suficientes para financiar transitoriamente la ejecución de la actividad, con arreglo alguna de las siguientes opciones:

- Abono total únicamente cuando la ejecución y justificación de la actividad o realización de la inversión, se produzca dentro del ejercicio presupuestario en que se concede.

- Abonos parciales ajustados a la duración y ritmo de ejecución del proyecto conforme al cumplimiento de fases e hitos identificados en el proyecto aprobado, supeditando cada nuevo pago a la justificación del pago anterior en al menos un 50% de su importe total, siempre que el plazo de ejecución de cada abono no supere los 6 meses desde la solicitud del mismo."

En este contexto normativo, el SCE procederá al abono del importe de la subvención concedida, obtenida de acuerdo a lo previsto en el resuelvo decimocuarto, a con arreglo a los siguientes supuestos:

A) Entidades beneficiarias de subvención que comuniquen que no disponen de recursos suficientes para la ejecución de la actividad. Recibida tal comunicación, se procederá al abono de los importes correspondientes al primer 50% de la subvención concedida.

Una vez acreditada la ejecución del primer 50% del proyecto, a través de la certificación del responsable del proyecto de que se han realizado las tareas y acciones correspondientes a la misma, así como certificado del gasto del mismo, se procederá a abonar anticipadamente el segundo 50% restante de la subvención concedida.

Asimismo, y al objeto de permitir la certificación de gastos al Fondo Social Europeo, la entidad deberá presentar la siguiente documentación:

* Certificación de los días efectivamente trabajados, así como de las ausencias, bajas por IT y permisos del artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores, por cada uno de las personas trabajadoras participantes en el proyecto, del período ejecutado, correspondiente a la primera mitad del proyecto.

B) En el caso de entidades que no comuniquen la no disponibilidad de recursos suficientes para la ejecución de la actividad, o entidades que no aporten la documentación necesaria para efectuar el pago del primer 50%, el SCE procederá a realizar el mismo cuando la entidad acredite y aporte la documentación prevista en la cláusula decimosexta:

Asimismo, y al objeto de poder ir certificando gastos al Fondo Social Europeo, se tendrá que presentar:

* Certificación de los días efectivamente trabajados, así como de las ausencias, bajas por IT y permisos del artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores, por cada uno de las personas trabajadoras participantes en el proyecto, del período ejecutado, correspondiente a la primera mitad del proyecto

El segundo 50% de la subvención se abonará una vez justificada la totalidad del proyecto, justificación final que se desarrollará conforme se determina en las presentes bases.

4. En el caso de que por parte del Gobierno se dicte Acuerdo de aprobación de los criterios generales y medidas que conforman el marco de referencia para la asignación y el uso eficiente de los recursos públicos en el sector público autonómico, que modifique la forma de abono, esta se adaptará a dicho Acuerdo, a través de la convocatoria.

5. En cualquier caso, con carácter previo a los abonos, se verificará de oficio que la entidad se encuentra al corriente en los pagos con la Seguridad Social, Agencia Tributaria Canaria y Agencia Tributaria Estatal y al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, salvo que expresamente la entidad desautorice al SCE a obtener dicha información, en cuyo caso están obligadas a acreditar dicho extremo.

6. Igualmente, se verificará que se ha procedido a recoger y grabar, en el aplicativo SISPECAN del SCE, los datos del proyecto subvencionado concerniente a la información a la que hace referencia el Anexo II del Reglamento (UE) 1304/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre, relativo al Fondo Social Europeo y por lo que se deroga el Reglamento (CE) nº 1081/2006 del Consejo, en relación con los beneficiarios del proyecto, número de participantes desglosados por sexo, edad, nivel académico, situación laboral, pertenencia a grupos vulnerables, o cualquier otro indicador previsto en normativa, así como cuantos datos sean requeridos en relación con las acciones realizadas, y cualquier otro que pueda cumplimentarse en dicha aplicación, rellenando todos los campos de carácter obligatorio. La introducción de dicha información, deberá estar actualizada con una periodicidad mensual, con la finalidad de que se disponga de información necesaria relativa a tales extremos.

7. No es precisa la prestación de garantía previa al pago, puesto que los potenciales beneficiarios de la presente medida se encuentran exentos de presentarla en aplicación del artículo 38.8, apartado a), del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Decimocuarto.- Sistema de abono/justificación mediante coste simplificado.

1. Siguiendo las recomendaciones de la UE así como de la Dirección General de Planificación y Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias, este programa está sometido a costes simplificados en la modalidad de baremo estándar de coste unitario, conforme a los previsto en el artículo 67, apartado 1, letra b del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013.

La base del método del cálculo la constituye el coste observable compuesto por el coste de cada equipo (1 tutor/a-15 personas en prácticas) repercutido en los 15 participantes con contratos en prácticas, partiendo del salario establecido en el Convenio Colectivo que tenga que aplicar cada entidad beneficiaria de subvención en el momento de realizar la solicitud de la misma al que se le aplicará un coeficiente corrector por las posibles ausencias, permisos y/o incapacidades que se puedan producir a lo largo del proyecto, sin tener que recurrir al estudio exhaustivo de las asistencias.

Para la determinación de dicho coeficiente corrector, se ha tomado como referencia el Programa de Segunda Oportunidad en el POGJ en colaboración con los Cabildos, por tratarse de las mismas entidades, categorías profesionales similares y Convenios Colectivos de aplicación.

El estudio está basado en el análisis de los datos recogidos sobre los días efectivamente trabajados por los participantes en los proyectos ejecutados en el mencionado Programa de Segunda Oportunidad, durante los años 2014, 2015 y 2016. Con este estudio se ha podido obtener una media ponderada, para los tres años, de días efectivamente trabajados de los siguientes colectivos:

- Docentes y equipo de apoyo, titulados universitarios.

- Alumnos y alumnas-trabajadores sujetos del SNGJ.

Los dos primero colectivos tienen categorías profesionales iguales o similares a las categorías previstas para este Programa NOE, siendo más próximos los colectivos de docentes y coordinadores de la práctica profesional. Sin embargo, y en pro de no superar los costes reales y de aplicar un criterio de prudencia, se ha tenido en cuenta también las asistencias/ausencias de los alumnos y alumnas-trabajadores.

Con estos tres valores, correspondientes a los años, se ha obtenido la recta de regresión lineal, al objeto de obtener la tendencia para el 2018, obviando el año 2017 para el que no hay datos en este momento, toda vez que los proyectos han finalizado en torno al 30 de junio de 2018.

Analizados los datos obtenidos y, en aras a garantizar que el coste real no sea inferior a la subvención justificada, se aplicará a todas las entidades el porcentaje del 88% (porcentaje mínimo obtenido) ya que en el 12% restante estarían incluidos los costes correspondientes a las no asistencias al proyecto.

Decimoquinto.- Seguimiento del mantenimiento de la relación laboral subvencionada.

1. Los contratos de trabajo subvencionados (tutores y trabajadores en prácticas), deberán permanecer vigentes por los períodos que dieron lugar a la concesión y que se encuentran estipulados en las presentes bases reguladoras, a contar desde el inicio de la relación laboral, fecha de alta en la seguridad social de la persona trabajadora.

La comprobación de este extremo se llevará a cabo de oficio por parte del SCE, a través del cruce de datos con la seguridad social, sobre la vida laboral de la persona trabajadora, que aportará los datos correspondientes a las fechas de inicio y fin reales de los períodos de contratación.

2. En aquellos casos en los que, concedida la subvención, el contrato de trabajo subvencionado se extinga por baja voluntaria de la persona trabajadora o por despido procedente, la cuantía de la subvención inicialmente establecida se verá proporcionalmente disminuida, en atención al periodo en el que el puesto de trabajo ha estado efectivamente cubierto, partiendo de los costes inicialmente aprobados, siempre que el trabajador haya permanecido un período mínimo de seis meses en el puesto de trabajo.

3. No procederá devolución de subvención en el caso de baja del trabajador por colocación en otra entidad/empresa, por ser este el fin último de una política de empleo.

4. Toda vez que el inicio de la relación laboral del primer trabajador o trabajadora contratada marca el inicio del proyecto subvencionado, que no podrá exceder de trece meses, y en aplicación de la normativa reguladora de los contratos en prácticas, estos no pueden tener una duración inferior a seis meses, no se podrán realizar sustituciones por períodos inferiores a esos seis meses.

Decimosexto.- Justificación final de la subvención.

1. Los proyectos subvencionados con cargo a este programa se justificarán de acuerdo con el sistema de costes simplificados en la modalidad de baremo estándar de coste unitario, conforme a los previsto en el artículo 67, apartado 1, letra b) del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, descrito en el resuelvo décimo cuarto, de manera que se aligere la carga administrativa que soportan los beneficiarios y contribuya a un uso más eficaz y correcto de los Fondos.

En el momento de la justificación se estudiará la duración real de cada proyecto y, dentro de cada uno, la duración de cada uno de los contratos (por cruce con la vida laboral de la seguridad social) de forma que se calculará el coste de las personas contratadas, en función del coste vigente en el momento de la solicitud, y de la duración real de los contratos. Una vez obtenido el coste total, se le aplicará el mismo coeficiente corrector que se aplicó para calcular la subvención, ya que con ese coeficiente se han descontado las ausencias potenciales, siempre que la participación de cada beneficiario sea como mínimo de 6 meses, excepto lo previsto en el último párrafo del punto 2 del resuelvo sexto.

2. Por otro lado, con independencia de la aplicación del coste simplificado a efectos de justificación y solicitud de reembolso al Fondo Social Europeo de la cantidad que corresponda, las entidades vendrán obligadas a comunicar las bajas y ausencias así como los permisos concedidos de acuerdo con el artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores a efectos de poder llevar un seguimiento para posibles programas, de similares características, que se puedan implementar en el siguiente Programa Operativo, o establecer correcciones en el caso de un número bajo de asistencia al proyecto, si esta situación se produjera.

Estas comunicaciones vendrán respaldadas por los controles de asistencia que la entidad beneficiaria está obligada a llevar y a tener disponible para aportar en cualquier momento en que le sea requerido, de acuerdo con el punto h) del resuelvo decimoséptimo.

3. La justificación final de estas subvenciones, se producirá en el mes siguiente de la finalización del proyecto, debiéndose aportar la siguiente documentación:

* Certificado de los días efectivamente trabajados por cada uno de los participantes del proyecto, que deberá ser verificable a través de los correspondientes registros, custodiados por la entidad, de control del cumplimiento diario del trabajo.

* Certificación de los días de ausencias y/o faltas de asistencia acaecidas durante el proyecto por cada trabajador participante.

* Justificante, en su caso, del reintegro en la cuenta bancaria del SCE, de los fondos no utilizados.

* Memoria descriptiva y gráfica de la actuación desarrollada durante toda la duración del proyecto, debidamente firmada por el representante de la entidad beneficiaria.

* Memoria gráfica de las acciones de presentación, difusión y publicidad llevadas a cabo para la acción subvencionada, debidamente firmada por el representante de la entidad beneficiaria.

4. Toda vez que la justificación se basa en gran medida en la sustitución de la aportación de documentos por las entidades beneficiarias, por declaraciones responsables, se podrán realizar comprobaciones que acrediten el cumplimiento de las condiciones exigidas por la entidad para acceder a las subvenciones convocadas.

En ese sentido, se señala que, en cualquier momento desde la presentación de la solicitud, hasta la justificación de la aplicación de los fondos concedidos, el SCE podrá realizar las actuaciones que considere oportunas para verificar la conformidad de los datos de la declaración responsable.

Decimoséptimo.- Obligaciones de los beneficiarios.

Los beneficiarios de las subvenciones vienen obligados a la justificación de la misma y al cumplimiento de las disposiciones previstas en la normativa aplicable, y en particular, lo previsto en la Convocatoria, en las presentes bases Reguladoras, en el Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley 38/2003, en las directrices establecidas por el Fondo Social Europeo para este período, y demás normativa que resulte de preceptiva aplicación, así como en la resolución administrativa de concesión que se dicte.

De forma especial, tendrán que:

a) Realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamente la concesión de subvención en la forma y los plazos establecidos.

b) Justificar ante el SCE, la realización de la actividad o la adopción del comportamiento, así como el cumplimiento de los requisitos y las condiciones que determinaron la concesión.

c) Facilitar cuantos datos e información, en cuestiones relacionadas con las subvenciones concedidas, les sean requeridos por el SCE, así como comunicar al mismo las incidencias y variaciones que se produzcan con relación a aquellas.

d) Comunicar al SCE la solicitud o la obtención de otras subvenciones o ayudas, para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entidades públicas o privadas, nacionales o de la UE o de organismos internacionales, en cualquier momento de la vigencia del expediente, con posterioridad a la fecha de presentación de la solicitud, lo cual implicará la pérdida de efecto de la concesión aprobada, y/o en su caso, la devolución de la subvención recibida.

En este sentido, deberá declarar las ayudas de mínimis recibidas en los dos ejercicios fiscales anteriores a la concesión y durante el ejercicio fiscal en curso, que estén sujetas al Reglamento (UE) nº 1407/2013 de la Comisión de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la UE a las ayudas de mínimis (DOUE 352, de 24 diciembre de 2013), al Reglamento (UE) nº 1408/2013 de la Comisión de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de mínimis en el sector agrícola (DOUE 352, de 24 diciembre de 2013), o a otros Reglamentos de mínimis, de conformidad con lo establecido en el artículo 6.1 de ambos Reglamentos. Esta declaración deberá efectuarse en el momento de presentar la Solicitud de subvención, y conforme se establece en el modelo de "Declaración Responsable".

e) Comunicar la negativa, en el caso de que conste en el procedimiento su oposición expresa, al consentimiento para que el SCE pueda consultar o recabar los documentos estrictamente necesarios para la tramitación y justificación de la subvención concedida, debiendo entonces aportar cuantos documentos sean preceptivos.

f) El beneficiario deberá poner en conocimiento inmediato del SCE cualquier elemento o circunstancia que afecte a la vigencia, cuantía o justificación de la subvención, responsabilizándose de los incumplimientos o reintegros que la falta o el retraso de la comunicación pudieran ocasionarle, especialmente en los supuestos de baja y/o sustitución de la persona trabajadora subvencionada.

g) Formalizar los contratos de trabajo subvencionados por escrito y registrarlos debidamente, cumpliendo con los requisitos para su suscripción de conformidad con la normativa aplicable, en cada momento, en materia de contratación laboral. En este sentido, la totalidad de las actuaciones previstas deberán disponer, en el momento de la solicitud, de las autorizaciones y permisos necesarios para el desarrollo de las mismas.

h) Llevar un control de asistencias de los participantes en el proyecto.

i) La entidad beneficiaria está obligada a someterse a las actuaciones de comprobación por el órgano Gestor y de control por la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias, y a facilitar la información que le sea solicitada de acuerdo con lo establecido en las Bases reguladoras, la respectiva Convocatoria, la Resolución de Concesión, así como en el Decreto 36/2009, de 31 de marzo, y demás normativa aplicable en materia de seguimiento y justificación de subvenciones públicas, en especial la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba su Reglamento. Igualmente, por tratarse de ayudas cofinanciadas con fondos de la UE , la entidad beneficiaria quedará sometida a las verificaciones que puedan realizar los organismos implicados en la gestión y seguimiento del Fondo Social Europeo.

j) Los perceptores mantendrán un registro y conservarán los documentos justificativos, los datos estadísticos y demás documentación concerniente a la financiación, así como los registros y documentos en formato electrónico, durante un período de cinco años a partir del pago del saldo o, a falta de dicho pago, de la operación. Este período será de tres años si la financiación es de un importe inferior o igual a 60 000 EUR, de acuerdo con el artículo 132 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de julio de 2018.

k) Mantener un sistema de contabilidad separado o un código contable adecuado, en relación con las transacciones relacionadas con la operación, sin perjuicio de las normas de contabilidad nacional, de acuerdo con lo establecido en el artículo 125, apartado 4, letra b) del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013.

l) Adoptar las medidas de difusión y publicidad establecidas en las presentes bases.

m) El beneficiario deberá proceder al reintegro de los fondos indebidamente percibidos o no justificados, en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, así como, en su caso, los correspondientes intereses legales de demora, de conformidad con la normativa aplicable.

n) Observar y cumplir las directrices, circulares e instrucciones que dimanen de los órganos de gestión y control del Fondo Social Europeo; así como las demás obligaciones que se deriven de la normativa aplicable a las subvenciones previstas en esta resolución. Y en este sentido, garantizar el cumplimiento de los principios de igualdad de oportunidades y no discriminación en las actuaciones subvencionadas, respeto del principio de accesibilidad y respeto al principio de desarrollo sostenible.

o) A relacionarse con la Administración por medios electrónicos, de conformidad con lo establecido en las presentes bases y en la normativa general de procedimiento administrativo.

p) Aportar cuanta documentación se considere necesaria para la correcta gestión y justificación de la subvención concedida, y/o el cumplimiento de los requisitos y compromisos a ella asociados.

Decimoctavo.- Reintegro.

1. En materia de causas y procedimiento de reintegro, se estará a lo dispuesto en el artículo 37.1 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, en el Decreto 36/2009, de 31 de marzo, y en aquellas normas que las complementen o desarrollen.

2. Para determinar los importes de reintegro, se estará al principio de proporcionalidad, de forma que las cantidades a reintegrar se determinarán en función del periodo del tiempo en que el beneficiario haya cumplido con las obligaciones inherentes a la subvención concedida, de conformidad a lo consignado en las presentes bases reguladoras.

3. El incumplimiento por parte del beneficiario de lo establecido en la presente resolución y demás disposiciones aplicables, originará el reintegro total o parcial de las cantidades que se hubieran recibido y la exigencia del interés de demora desde el momento del pago de la subvención, hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, o la fecha de ingreso en el caso de reintegro voluntario.

Decimonoveno.- Devoluciones a iniciativa del perceptor.

De conformidad con lo estipulado en el artículo 90 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de subvenciones, se pone en conocimiento de los eventuales beneficiarios de las subvenciones concedidas que, en el supuesto de devoluciones voluntarias de las cantidades percibidas, estas deberán realizarse mediante ingreso en cualquiera de las siguientes cuentas corrientes abiertas a nombre del SCE:

Ver anexo en la página 6986 del documento Descargar

Dicho ingreso deberá ser comunicado de forma inmediata al SCE, a través de escrito donde se identifique a la Entidad y el expediente administrativo del que trae causa, y acompañado de copia del abonaré bancario.

Asimismo, se advierte que la devolución voluntaria llevará aparejado el respectivo cálculo de los intereses de demora que correspondan, de conformidad con lo establecido en los artículos 37.1 de la citada Ley General de Subvenciones, en cuantía que se comunicará en debida forma a la persona interesada.

Vigésimo.- Modificación de la Resolución de concesión.

1. Dará lugar a la modificación de la resolución de concesión por el órgano que la haya dictado, sin que en ningún caso pueda variarse el destino o finalidad de la subvención, la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias:

a) La alteración de las circunstancias o de los requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de una subvención.

b) La obtención por el beneficiario de subvenciones concedidas por otros órganos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma o por otras Administraciones o Entes públicos para el mismo destino o finalidad.

c) La obtención de ayudas u otras atribuciones patrimoniales gratuitas de entidades privadas o particulares para el mismo destino o finalidad.

d) La superación de los topes previstos por la normativa comunitaria como consecuencia de la acumulación de subvenciones en los períodos establecidos en la misma.

2. Una vez recaída la resolución de concesión, el beneficiario podrá solicitar la modificación de su contenido, si concurren las circunstancias previstas a tales efectos en el punto anterior, modificación que se podrá autorizar, siempre que no dañe derechos de tercero, y se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que la actividad o conducta a realizar conforme a la modificación solicitada esté comprendida dentro de la finalidad prevista en la línea de actuación o proyecto de inversión contemplado en la Ley de Presupuestos y de las actividades o conductas establecidas en las bases reguladoras, o, en su defecto, en la resolución de concesión.

b) Que las circunstancias que justifiquen la modificación no hayan dependido de la voluntad del beneficiario inicial.

c) Que los nuevos elementos o circunstancias que motivan la modificación, de haber concurrido en la concesión inicial, no hubiesen determinado la denegación o disminuido la cuantía de la subvención concedida.

3. Tanto la solicitud de modificación, como la comunicación de las circunstancias a que hace referencia el punto 1, deberán presentarse antes de que concluya el plazo de finalización del periodo objeto de justificación.

Vigésimo primero.- Control de las subvenciones.

1. Corresponderá al SCE, a través de la Subdirección de Empleo, llevar a cabo la función de comprobación de las subvenciones concedidas, así como la evaluación y el seguimiento del presente Programa.

2. Para la realización de estas funciones se utilizarán cuantos medios estén a disposición del SCE, incluso la contratación con terceros, y la colaboración en el marco que proceda con la Tesorería General de la Seguridad Social y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Vigésimo segundo.- Régimen aplicable a las infracciones y sanciones.

Los beneficiarios de las subvenciones quedarán sometidos a las responsabilidades y régimen sancionador que sobre infracciones y sanciones establece el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el mismo Título del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba su Reglamento de Desarrollo.

En caso de cofinanciación de la subvención con fondos de la UE , de conformidad con el artículo 6 de la Ley General de Subvenciones, será de aplicación el régimen sancionador establecido en el Reglamento (CE, Euratom) nº 2988/1995, del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas.

Asimismo, quedarán sometidas a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y demás normativa de aplicación.

Vigésimo tercero.- Régimen aplicable a la prescripción.

Al tratarse de un programa cofinanciado por el Fondo Social Europeo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley General de Subvenciones, el plazo de prescripción de las diligencias será el establecido en el artículo 3 del Reglamento (CE, Euratom) nº 2988/1985, del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, que establece que para los programas plurianuales, el plazo de prescripción se extenderá en todo caso hasta el cierre definitivo del programa.

Vigésimo cuarto.- Información y publicidad.

1. Las entidades beneficiarias vendrán obligadas al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la subvención concedida, de acuerdo con la normativa de aplicación y la convocatoria correspondiente.

2. Las entidades beneficiarias de las subvenciones, en cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, y en particular en sus artículos 115 a 117, vendrán obligadas a hacer llegar al público información sobre las operaciones financiadas por el Fondo Social Europeo, así como dar a conocer a la opinión pública en general el papel que desempeña la UE y logros de la política de cohesión y del Fondo Social Europeo.

A tales efectos, será de obligado cumplimiento el apartado 2.2 del Anexo XII de Información y Comunicación sobre el apoyo procedente de los fondos del Reglamento (UE) 1303/2013, relativo a las obligaciones de los beneficiarios. En este sentido, todas las medidas de información y comunicación que lleve a cabo el beneficiario de estas ayudas deberán incluir el emblema de la UE, de conformidad con las características técnicas descritas en el capítulo II del Reglamento de Ejecución (UE) 821/2014 de la Comisión de 28 de julio de 2014.

Dada la tipología de los proyectos que se pueden presentar, se deberá colocar un cartel de un tamaño mínimo A3, con información sobre el proyecto, en un lugar bien visible y de acceso al público (como la entrada a edificios en los que tiene lugar la actuación cofinanciada).

3. Comunicar de forma expresa a las personas trabajadoras inicialmente subvencionadas, así como a sus posibles sustitutos, de conformidad con lo dispuesto en esta resolución y en aplicación del apartado 2.2.2 del Anexo XII del Reglamento (UE) 1303/2013, el carácter público de la financiación de los contratos.

Esta obligación, se hará efectiva mediante comunicación que deberá ser efectuada por escrito, y ser firmada por los trabajadores y trabajadoras subvencionados conforme el modelo documental que aparece como Anexo I, si bien este modelo podrá ser actualizado en las distintas convocatorias. El citado modelo, debidamente cumplimentado, de conformidad con el procedimiento regulado en las presentes bases, deberá presentarse ante el SCE junto con la documentación para el pago y para el caso de las sustituciones, en el momento de aportar la documentación acreditativa de la sustitución.

4. Asimismo, toda documentación relativa a la presente subvención (documentos, resoluciones, anexos, formularios, declaraciones, contratos y cualesquiera otras documentación relativa a la tramitación de la ayuda cofinanciada), deberá incluir el emblema de la UE , y el resto de menciones precisas para las ayudas que cuenten con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, de acuerdo a las disposiciones sobre información y publicidad contenidas en el Manual de Identidad Corporativa Gráfica del Gobierno de Canarias y sus especificidades para el SCE, así como en la Guía de Información y Comunicación de los Programas Operativos FEDER y Fondo Social Europeo de Canarias 2014-2020. En la señalización exterior existente en los lugares en los que se realicen las mismas, y en todo caso, en las actividades de difusión que cada entidad pueda desarrollar en relación con las mismas, expresamente y en lugar visible, se deberá hacer constar que las acciones se han financiado con cargo al Fondo Social Europeo.

La entidad beneficiaria deberá presentar un ejemplar de todos los soportes (gráficos, sonoros o audiovisuales), que se hubieren utilizado para difundir el proyecto, así como pruebas gráficas (fotografías), acreditativas de la colocación de la citada señalización exterior, en cada uno de los lugares donde se hayan ejecutado actuaciones.

5. El SCE informa a las personas beneficiarias de que la aceptación de la financiación implica la aceptación de su inclusión en la lista de operaciones publicada de conformidad con el artículo 115.2 del Reglamento (CE) nº 1303/2013 en aplicación de las obligaciones establecidas en el apartado 2.2 del Anexo XII de dicho Reglamento (CE) 1303/2013.

6. Asimismo, el SCE informa a los beneficiarios, candidatos y participantes potenciales que, de conformidad con el Reglamento (CE) nº 45/2001, para salvaguardar los intereses financieros de la Unión, sus datos personales podrán transferirse a los servicios de auditoría interna, al Tribunal de Cuentas o a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), así como entre los ordenadores de la Comisión y las agencias ejecutivas a que se refiere el artículo 69 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de julio de 2018 y los organismos de la Unión mencionados en los artículos 70 y 71 del mismo.

7. El incumplimiento de lo dispuesto en los apartados anteriores, así como de cualesquiera de las condiciones y obligaciones establecidas en la presente resolución reguladora de este programa, y en particular en lo establecido en el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones, ya citadas, así como en el Reglamento (CE, EURATOM) nº 2988/1985, del Consejo, de 18 de diciembre de 1985, en la presente Resolución y en el resto de la normativa de pertinente aplicación, facultará al SCE para iniciar procedimiento de reintegro regulado en el artículo 31.3 del Reglamento de la Ley de Subvenciones, y en los artículos 41 y siguientes de la mencionada Ley, de las cantidades indebidamente percibidas, con los intereses legales de demora correspondientes, en relación directa con el procedimiento de reintegro regulado en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y con su Disposición derogatoria única, todo ello sin perjuicio de lo establecido en el Título IV de la propia Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, sobre Infracciones y Sanciones en el en el Orden Social.

Vigésimo quinto.- Lucha contra el fraude

Cualquier persona que tenga conocimiento de hechos que pudieran ser constitutivos de fraude o irregularidad en relación con proyectos u operaciones financiados total o parcialmente con cargo a fondos procedentes de la UE en el marco de la presente convocatoria podrá poner dichos hechos en conocimiento del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude de la Intervención General de la Administración del Estado, por medios electrónicos a través del canal habilitado al efecto por dicho Servicio en la dirección web http://igaepre.central.sepg.minhac.age/sitios/igae/es-ES/Paginas/Denan.aspx, y en los términos establecidos en la Comunicación 1/2017, de 3 de abril, del citado Servicio, que se adjunta como Anexo IV a la presente Resolución transcrita literalmente.

Vigésimo sexto.- Normativa aplicable.

Para lo no contenido en las presentes bases Reguladoras, se estará a lo dispuesto en los preceptos básicos contenidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; en su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; en el Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, modificado por el Decreto 5/2015, de 30 de enero, así como en la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria. Y en concreto, se estará a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley General de Subvenciones, relativo al régimen jurídico de las subvenciones financiadas con cargo a fondos de la UE , que establece en su apartado 1, que las subvenciones financiadas con cargo a fondos de la UE se regirán por las normas comunitarias aplicables en cada caso y por las normas nacionales de desarrollo o transposición de aquellas y en su apartado 2, estipula que los procedimientos de concesión y de control de las subvenciones regulados en esta ley tendrán carácter supletorio respecto de las normas de aplicación directa a las subvenciones financiadas con cargo a fondos de la UE.

En atención a lo expuesto, resultan de aplicación el Reglamento (UE) nº 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y el Reglamento (UE) nº 1304/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo al Fondo Social Europeo.

Vigésimo séptimo.- Habilitación normativa.

Se faculta a la Dirección del Servicio Canario de Empleo para adoptar las medidas que considere oportunas en orden a la aplicación y ejecución de lo dispuesto en esta Resolución.

Vigésimo octavo.- Entrada en vigor.

La presente Resolución producirá sus efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Ver anexo en las páginas 6991-7001 del documento Descargar

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