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BOC Nº 247. Miércoles 27 de Diciembre de 2017 - 6179

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III. OTRAS RESOLUCIONES - Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad

6179 ORDEN de 23 de noviembre de 2017, por la que se encomienda a la sociedad mercantil pública Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. el servicio de apoyo a las administraciones públicas y entidades privadas en materia de autorización de vertidos desde tierra al mar (2017-2018).

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BOC-A-2017-247-6179. Firma electrónica - Descargar

Examinada la iniciativa propuesta por la Viceconsejera de Medio Ambiente, de fecha 7 de noviembre de 2017, al objeto de encomendar al Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. el apoyo a las entidades públicas insulares y municipales en materia de autorización de vertidos desde tierra al mar (2017-2018), y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- En el ámbito de las autorizaciones de los vertidos desde tierra al mar, dictadas en ejercicio de la potestad reglada de la Comunidad Autónoma como Administración competente para la ejecución de la Ley de Costas, queda comprendida la función de seguimiento de las autorizaciones cuando está destinada a obtener información, por parte de la Viceconsejería de Medio Ambiente, para mejorar, ampliar o gestionar información de interés en el ejercicio de esta competencia. Así, toda actividad administrativa que implique entablar una relación jurídica con un administrado, conllevará de ordinario la función de hacer el seguimiento, verificar y controlar que ese administrado ha actuado conforme al régimen jurídico administrativo de la relación jurídica entablada con la Administración.

En este marco, se ha detectado que resulta conveniente prestar asesoramiento a las administraciones públicas insulares y municipales, así como a las entidades privadas que resulten obligadas a obtener una autorización de vertidos desde tierra al mar con objeto de facilitarles el mejor cumplimiento de las obligaciones que les corresponden en virtud de lo dispuesto en la Ley 22/1988, de 21 de julio, de Costas.

Segundo.- En septiembre de 2006, la entonces Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial adjudicó el trabajo de "Actualización del Censo de Vertidos desde Tierra al Mar en Canarias", que constituía una revisión del Censo realizado entre los años 2001 y 2003 por dicha Consejería.

La información suministrada para cada uno de los vertidos inventariados en este censo incluye, entre otras cuestiones, la localización, características técnicas, procedencia, origen, tratamiento, características del medio receptor, información fotográfica y situación administrativa en la fecha de realización del control.

Actualmente se está realizando por parte de la actual Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, un nuevo trabajo de actualización del último censo, que estará terminado y publicado a finales de este año 2017.

De los resultados preliminares de esta última actualización del censo se ha detectado la existencia de numerosos vertidos, de titularidad tanto pública (insular y local), como privada, que no cuentan con la necesaria autorización de vertido desde tierra al mar.

Existe como consecuencia una necesidad urgente de apoyar a estas administraciones públicas insulares y municipales, así como a las entidades privadas, prestándoles asesoramiento en los trámites necesarios para la regularización de los vertidos desde tierra al mar a través de instalaciones de su propiedad.

Tercero.- La Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad no dispone en la actualidad de los recursos técnicos y humanos necesarios para poder llevar a cabo un asesoramiento eficaz a corto plazo a las administraciones públicas y entidades privadas, con el objeto de facilitar el conocimiento y alcance de los requisitos administrativos y técnicos necesarios para que se proceda a la solicitud, tramitación y obtención de las autorización de vertido desde tierra al mar que les correspondan de la manera más adecuada.

Cuarto.- El 7 de noviembre de 2017 mediante la Orden nº 213/2017 el Consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento , autoriza la formalización de la encomienda consistente en el "Asesoramiento a las entidades públicas y municipales en materia de autorización de vertidos desde tierra al mar (2017-2018)" entre la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad el Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.

Quinto.- Con posterioridad a la fecha de solicitud de la mencionada autorización se decide cambiar la denominación para ampliar los posibles beneficiarios del servicio, manteniendo, no obstante, el contenido de la encomienda autorizada. A todos los efectos la nueva denominación pasa a ser "Apoyo a las administraciones públicas y entidades privadas en materia de autorización de vertidos desde tierra al mar (2017-2018)".

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Decreto 103/2015, de 9 de julio, del Presidente, por el que se determinan, el número, denominación y competencias de las Consejerías (BOC nº 133, de 10.7.15), atribuye a la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad en su artículo 7 las competencias que en materia de sostenibilidad tenía asignadas la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad.

Segundo.- La Viceconsejería de Medio Ambiente de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad tiene encomendadas las competencias sobre el otorgamiento de las autorizaciones de los vertidos desde tierra al mar en la Comunidad Autónoma de Canarias, tal y como se establece en el artículo 24.2 del Decreto 137/2016, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad (BOC nº 242, de 16 de diciembre de 2016).

Tercero.- La Orden del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, de 13 de julio de 1993, por la que se aprueba la Instrucción para el proyecto de conducciones de vertidos desde tierra al mar, establece el contenido técnico exigible del trámite de autorización de vertido desde tierra al mar.

El procedimiento administrativo y los requisitos previos del interesado vienen establecidos en el artículo 156 del Reglamento de Costas, aprobado a través del Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre.

Cuarto.- Corresponde a la Consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad formalizar la presente encomienda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.11 del Reglamento Orgánico de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, aprobado mediante Decreto 137/2016, de 24 de octubre (BOC nº 242, de 16 de diciembre de 2016) y en el artículo 32.3 de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales en su redacción dada en la Disposición final cuarta de la Ley 4/2017, de 13 de junio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

Quinto.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 140.1.c) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, prevé, entre otros principios que rigen las relaciones interadministrativas, el de colaboración, entendido como el deber de actuar con el resto de Administraciones Públicas para el logro de fines comunes.

Sexto.- La Sociedad mercantil pública Instituto Tecnológico de Canarias, S.A., tiene reconocido mediante Decreto 188/2001, de 15 de octubre, la condición de medio instrumental propio de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, por cuanto ejerce un control sobre la misma, análogo al que efectúa sobre sus propios servicios y unidades, realizando la parte esencial de su actividad para la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Por acuerdo de Gobierno de 21 de julio de 2015 dicha sociedad mercantil pública ha quedado adscrita a la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento.

Séptimo.- El artículo 2 de los Estatutos de la Sociedad, anexos al Decreto 139/1992, de 30 de julio, por el que se crea el Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. (ITC), establece que es objeto del mismo, entre otros, actuar como medio propio y servicio técnico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y de las entidades vinculadas o dependientes de la misma, de acuerdo con lo previsto en el artículo 24.6 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, en orden a la gestión de encomiendas para la prestación de servicios.

Octavo.- De acuerdo con el apartado 1, letra n) del artículo 4 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, están excluidos del ámbito de la mencionada Ley, los negocios jurídicos en cuya virtud se encargue a una entidad que, conforme a lo señalado en el artículo 24.6 de esta norma, tenga atribuida la condición de medio propio y servicio técnico del mismo, la realización de una determinada prestación y, por tanto, el presente acto. Según el artículo 4.2 de la citada Ley, estos negocios jurídicos se regirán por sus normas especiales, aplicándose los principios de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse.

Noveno.- Este encargo se referirá exclusivamente a la realización de actividades de carácter material y técnico, sin que suponga en ningún caso cesión de la titularidad de las competencias asignadas a la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, ni de los elementos sustantivos de su ejercicio.

La encomienda de este servicio no implica, en ningún caso, la atribución a la entidad encomendada de potestades, funciones o facultades sujetas a Derecho Administrativo propias de la Administración.

Décimo.- Según lo estipulado en el artículo 12.1 de la Directiva 2014/24/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública, y a la vista de las conclusiones del Informe 6/2016 de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Canarias, relativo al porcentaje máximo, que los entes, organismos y entidades del sector público que realicen actividades que les encomiende la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias o sus Organismos Autónomos dependientes podrán contratar con terceros, para las sociedades públicas participadas en el 100% del capital social por Administraciones Públicas, no podrán contratar con el sector privado más del 20% de su actividad y dejan de estar sujetas a lo previsto en la ley de contratos si se dan estos requisitos:

a) Que el poder adjudicador ejerza sobre la persona jurídica de que se trate un control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios.

b) Que más del 80% de las actividades de esa persona jurídica se lleven a cabo en el ejercicio de los cometidos que le han sido confiados por el poder adjudicador que la controla o por otras personas jurídicas controladas por dicho poder adjudicador.

c) Que no exista participación directa de capital privado en la persona jurídica controlada, con la excepción de las formas de participación de capital privado sin capacidad de control mayoritario ni minoritario que estén impuestas por las disposiciones legales nacionales, de conformidad con los Tratados, y que no ejerzan una influencia decisiva sobre la persona jurídica controlada.

Undécimo.- Mediante Orden de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento nº 174, de fecha 26 de octubre de 2016, se aprueban las tarifas aplicables a las actuaciones a realizar durante el año 2017 por la sociedad mercantil pública Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. (ITC) como medio propio instrumental de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y los Organismos Autónomos dependientes de ella.

Decimosegundo.- El Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. está exento del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) por la no aplicación del artículo 4.1 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias dado que, desde el 1 de enero de 2015, fecha de entrada en vigor de la Ley 28/2017, de 27 de noviembre, por la que se modifica la Ley 20/1991, reguladora del IGIC, los servicios prestados en virtud de encomiendas de gestión por las Sociedades públicas canarias que ostenten la condición de medio propio instrumental de la Administración Pública encomendante, de la que dependan o de otra íntegramente dependiente de estas, cuando dicha Administración Pública ostente la titularidad íntegra de las mismas, no están sujetos al IGIC.

Decimotercero.- El presente expediente está sujeto a función interventora tal y como dispone el Acuerdo de Gobierno de 16 de enero de 2017, por el que se suspende durante, el ejercicio 2017, para determinadas actuaciones, el Acuerdo de Gobierno por el que se sustituyó la función interventora por el control financiero permanente y se adoptan medidas de seguimiento sobre la ejecución del presupuesto de gastos del sector público con presupuesto limitativo para contribuir a su racionalización y al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.

Decimocuarto.- La Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y acceso a la información pública (BOC nº 5, de 9 de enero de 2015), en su artículo 29.3, regula la información que se debe hacer pública en relación con las encomiendas de gestión efectuadas por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y de los organismos y entidades vinculadas o dependientes de la misma, en la que se incluyen los motivos que justifican que no se presten los servicios con los medios materiales y personales con que cuenta el órgano o entidad encomendante.

En este sentido los motivos para que no se presten los servicios con los medios personales con los que cuenta la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad son los siguientes: - Insuficiencia de recursos técnicos y humanos necesarios para poder llevar a cabo un asesoramiento eficaz a corto plazo a las entidades locales e insulares, con el objeto de facilitar el conocimiento y alcance de los requisitos administrativos y técnicos necesarios para que se proceda a la solicitud, tramitación y obtención de las autorización de vertido desde tierra al mar que les correspondan de la manera más adecuada.

Decimoquinto.- La presente encomienda no supone cesión de la titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio.

Decimosexto.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 11.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el instrumento de formalización de la presente encomienda debe ser publicado, para su eficacia, en el Boletín Oficial de Canarias.

Decimoséptimo.- De acuerdo con la Disposición adicional vigésimo primera de la Ley 11/2015, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2016, los entes, organismos y entidades del sector público que realicen actividades encomendadas por la Comunidad Autónoma de Canarias, realizarán dichas actuaciones con sus propios medios, si bien en el caso de que se precise la colaboración de empresarios particulares se hará constar en la encomienda el porcentaje máximo de las prestaciones a contratar con terceros.

En caso de que el porcentaje a subcontratar sea superior al 50 por 100 deberá señalarse la parte de la encomienda que se pretende subcontratar y su justificación y de dicha resolución se dará cuenta a la Viceconsejería de Hacienda y Planificación. Si la encomienda cuenta con financiación afectada, deberá acompañarse además de un informe justificativo sobre las medidas que se adoptarán para garantizar el cumplimiento de la normativa y, por ende, la financiación afectada.

De acuerdo con todo lo anterior,

R E S U E L V O:

Primero.- Encomendar al ITC la realización del servicio de "Apoyo a las administraciones públicas y entidades privadas en materia de autorización de vertidos desde tierra al mar (2017-2018)", al quedar acreditado que la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad carece de medios propios para realizar la actuación.

Las actuaciones a realizar se detallan en el Anexo I.

Segundo.- El importe total del encargo asciende a la cantidad de 23.100 euros, importe referido a costes reales, quedando desglosado de la siguiente forma:

* Anualidad 2017: 8.100 euros.

* Anualidad 2018: 15.000 euros.

Ver anexo en la página 37203 del documento Descargar

Las cantidades expresadas incluyen los costes correspondientes a los medios propios del ITC, así como los costes de las contrataciones externas o con medios ajenos a la citada empresa, que se han valorado a precio medio de mercado y su abono se realizará previa conformidad de las respectivas facturas.

Tercero.- El plazo de ejecución, justificación y facturación para el pago del trabajo encomendado que se relaciona en el resuelvo primero se iniciará con la notificación a la entidad encomendada de la correspondiente Orden departamental y finalizará el 15 de diciembre de 2018.

Cuarto.- Existe crédito adecuado y suficiente para afrontar el gasto que deriva del mismo, con cargo a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para los ejercicios 2017 y 2018 en las siguientes aplicaciones presupuestarias en función de la anualidad:

* Anualidad 2017: en la aplicación presupuestaria: 1204 "Viceconsejería de Medio Ambiente", Programa 456D "Coordinación y Planificación Ambiental", Clasificación económica: 2270600 "Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales", la cantidad de 8.100,00 euros.

* Anualidad 2018: aplicación presupuestaria 1207 "Dirección General de Protección de la Naturaleza", Programa 456G "Calidad Ambiental", Clasificación económica: 227.06.00 "Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales" la cantidad de 15.000,00 euros.

Quinto.- Las actuaciones a realizar darán comienzo una vez realizada la notificación efectiva de la presente Orden a la empresa pública ITC y deberán estar concluidas antes del día 15 de diciembre de 2018.

Sexto.- El importe del encargo será librado directamente al ITC, previa presentación de las facturas de los trabajos realizados, a las que acompañarán una relación valorada en función del desglose del presupuesto establecido en el punto segundo. La acreditación de los trabajos efectuados se acompañará una memoria (un ejemplar en papel y otro digital en formato editable, en el Anexo II se establece las condiciones de formato) que contendrá como mínimo: una descripción de todas las actuaciones realizadas para cada una de las tareas.

Se establecen dos pagos:

1. Primer pago de 8.100 euros acorde con los trabajos realizados en el año 2017, cuya entrega se realizará antes del 20 de diciembre de 2017.

2. Segundo pago de 15.000 euros a la finalización de los trabajos en el año 2018.

Las facturas de importe superior a 5.000,00 euros deberán presentarse de forma electrónica, en las distintas plataformas habilitadas al efecto. A fin de facilitar la cumplimentación de dicha factura se informa que el código DIR3 a cumplimentar, si la factura corresponde a la Viceconsejería de Medio Ambiente es (A05017179) y si corresponde a la Dirección General de Protección de la Naturaleza (A05017180).

Para el abono de las facturas será necesaria la correspondiente propuesta de pago del Jefe de Servicio de Contaminación de Aguas y Suelos, en calidad de Director de la Encomienda. La propuesta deberá certificar, con el detalle necesario, si el servicio ha sido ejecutado con arreglo a las condiciones y requisitos establecidos en el contenido de la encomienda y a satisfacción de la Administración Pública.

En cuanto a la forma de pago se realizará mediante transferencia bancaria. Las cantidades se abonarán al ITC respetando en todo caso las exigencias establecidas en la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de Hacienda Pública Canaria.

Séptimo.- Nombrar, como Director Técnico de la encomienda, a D. Alberto Blasco Lorenzo, Jefe de Servicio de Contaminación de Aguas y Suelos, quien llevará a cabo el seguimiento, la vigilancia y control del cumplimiento de las actuaciones encomendadas, dictará las órdenes e instrucciones necesarias al Coordinador Técnico para la correcta realización de la prestación del servicio, y dirimirá las posibles discrepancias que puedan surgir entre las partes. También le corresponde resolver las dudas que puedan plantearse durante su ejecución.

La empresa pública estará obligada a prestar su colaboración al Director Técnico para el normal cumplimiento de las funciones a esta encomendadas.

En el ejercicio de sus funciones, el Director Técnico se sujetará a las instrucciones que, para la correcta ejecución de los servicios externos que se contraten en el ámbito del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias, fueron aprobadas por Acuerdo de Gobierno de 12 de septiembre de 2013 (publicado en el BOC nº 183, de 23 de septiembre de 2013).

Por parte del ITC, se designa como Coordinador Técnico con respecto a esta encomienda a D. Baltasar Peñate Suárez.

Corresponde únicamente a estos responsables supervisar la ejecución, adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la presente encomienda.

Todos los datos, archivos, informes, documentos de trabajo, en papel o electrónico y cuanta información fuera necesario intercambiar entre la Consejería y el ITC para la correcta ejecución de todas las tareas de la encomienda habrá de ser siempre canalizada a través de los responsables designados anteriormente.

Octavo.- Los entregables previstos, su formato de entrega y las fechas de presentación se recogen en el Anexo I, para cada una de las tareas de la presente encomienda.

Las normas relativas al formato de entrega general de los documentos se contemplan en el Anexo II.

Noveno.- El presente encargo se entenderá cumplido cuando la empresa pública haya realizado la totalidad de su objeto, de conformidad con las prescripciones técnicas anexas, durante su plazo de ejecución, y la conformidad se hará constar por escrito mediante informe del Director Técnico.

Para la comprobación material de la inversión, se atenderá lo dispuesto en el Decreto 76/2015, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 93, de 18 de mayo de 2015) y a la Resolución de la Intervención General de 29 de marzo de 2016, sobre el desarrollo de la función de comprobación material del gasto (BOC nº 68, de 11 de abril de 2016).

Décimo.- Las actuaciones las podrá realizar el ITC con sus propios medios humanos y materiales o, si lo estima conveniente, mediante contratación con terceros.

El ITC queda obligado a aportar los medios humanos, materiales y técnicos y la logística necesaria para el desempeño de las actividades y servicios que se encomiendan.

Si fuera preciso la contratación de personal por el ITC deberá estarse a lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 3/2016, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias. Las referidas contrataciones de personal requerirán informe previo de la Dirección General de Planificación y Presupuesto en los supuestos contemplados en el apartado 4 de dicho artículo.

Corresponde en exclusiva al ITC la selección de personal que, reuniendo los requisitos de conocimientos y experiencia exigidos en las prescripciones técnicas, formará parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución de la encomienda, sin perjuicio de la verificación por parte de la Dirección del Parque del cumplimiento de dichos requisitos.

El ITC procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las variaciones en su composición sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a no alterar el buen funcionamiento del servicio, informando en todo momento a la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.

La empresa pública asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución de la encomienda, el poder de dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá la negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, las sustituciones de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y empleador.

El ITC velará especialmente porque los trabajadores adscritos a la ejecución del servicio desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de la actividad delimitada en el Anexo I de esta Orden, como objeto de la encomienda.

Al objeto de que no exista relación jurídica entre dicho personal y la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, se fijan las siguientes condiciones:

* Durante la permanencia en las dependencias de la Consejería, el personal del ITC lucirá las correspondientes placas identificativas y acreditaciones de sus empleadores, no pudiendo utilizar emblemas oficiales que puedan llevar a confusión con los empleados públicos.

* La actividad será ejercida por el ITC de forma autónoma en todo momento.

El presente encargo no implica la existencia de nexo jurídico alguno entre el personal al servicio del ITC y la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad. Tampoco se podrá producir al finalizar la actuación una subrogación empresarial de la Consejería en los términos previstos en el artículo 44.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.

Undécimo.- En las posibles contrataciones que el ITC realice con terceros, al ser poder adjudicador, se aplica lo dispuesto en los artículos 137 y 189 a 191 del TRLCSP, teniendo en cuenta que para determinar el valor estimado de los contratos, a los efectos de su consideración como sujetos a regulación armonizada, deben atenerse a los términos previstos en el artículo 88 del TRLCSP.

Asimismo el ITC, se compromete a poner en conocimiento de la Consejería, los contratos que suscriba con terceros para la ejecución de los trabajos objeto de encomienda.

En cumplimiento con lo dispuesto en la Disposición adicional vigésimo primera de la Ley 11/2015, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2016, se podrá contratar con terceros hasta un porcentaje que no exceda del 50 por 100 del importe de los trabajos encomendados.

Duodécimo.- En cumplimiento con lo dispuesto en el apartado cuarto del Acuerdo de Gobierno de 24 de abril de 2014, de medidas preventivas de detección temprana y procedimientos previstas en el Acuerdo de Gobierno de 20 de febrero de 2014, "todas las sociedades mercantiles públicas y fundaciones del sector público autonómico, así como sus órganos de administración velarán para facturar las encomiendas o no aceptar subvenciones o aportaciones para el fomento de actividades, sin que se acredite que no se pone en riesgo su sostenibilidad financiera. A estos efectos, las entidades deberán previamente realizar un análisis de su repercusión en relación con el resultado del ejercicio y posteriores, así como en relación con su incidencia en la corriente de cobros y pagos, en la posición de la tesorería de la entidad y en los plazos de pagos a los proveedores comerciales".

Obra en el expediente Certificado de la empresa ITC de 26 de octubre de 2017, donde hace constar las circunstancias descritas en el citado apartado cuarto del Acuerdo de Gobierno de 24 de abril de 2014, en relación a su sostenibilidad financiera.

Decimotercero.- Facultar a la Viceconsejera de Medio Ambiente para dictar los actos administrativos que sean necesarios para la ejecución de la encomienda, así como para dictar cuantas otras actuaciones sean necesarias para el desarrollo de la misma.

Decimocuarto.- La presente Orden deberá notificarse a ITC.

Decimoquinto.- Publicar la presente Orden en el Boletín Oficial de Canarias.

Contra el presente acto, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su notificación, ante este mismo órgano o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a su publicación, sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que estime procedente.

Santa Cruz de Tenerife, a 23 de noviembre de 2017.

LA CONSEJERA DE POLÍTICA TERRITORIAL,

SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD,

Nieves Lady Barreto Hernández.

A N E X O I

Tarea 1. Realización de una Guía explicativa del procedimiento administrativo y de los requisitos administrativos y técnicos previos necesarios para la tramitación de las autorizaciones de vertidos desde tierra al mar. Los contenidos de la Guía serán:

* Explicación del procedimiento administrativo de la autorización de vertido al mar, en relación a trámites y plazos.

* Explicación de la documentación administrativa necesaria para obtener dicha autorización.

* Guía de contenido del proyecto técnico de conducción de desagüe o emisario submarino que se tiene que presentar conforme a la Orden de 13 de julio de 1993. Dicha información se desglosará por tipo de conducción de vertido (desagüe o emisario submarino) y por naturaleza del efluente vertido (aguas residuales, industriales, salmueras y mixtas). La misma incluirá los aspectos que se deberán recoger en el Proyecto para dar cumplimiento a la normativa sectorial de aplicación (tratamiento de aguas residuales urbanas, directiva marco del agua, calidad de zonas de baño, etc.).

* Formatos requeridos de la documentación a presentar.

Con fecha límite de 24 de noviembre de 2017 se hará entrega de esta Guía elaborada en formato .pdf (Adobe) y una presentación resumida de la misma en formato .odp (LibreOffice Impress).

Tarea 2. Participar en diversas reuniones de presentación de la Guía a las administraciones públicas insulares y locales, así como a las entidades privadas interesadas en asistir. En coordinación con el personal técnico de la Viceconsejería de Medio Ambiente, se organizarán un máximo de seis (6) reuniones en diferentes islas para presentar, explicar y resolver dudas sobre los contenidos de la Guía. Es objeto de esta presentación informar a las autoridades de:

* Vertidos desde tierra al mar que se estén realizando y no tengan autorización.

* Las diferentes normativas europeas, estatales y autonómicas sectoriales de aplicación en materia de vertidos desde tierra al mar.

* La necesidad por exigencia legal de autorizar dicho vertido.

* La relación del vertido con otros títulos habilitantes relacionados con la ocupación del dominio público marítimo-terrestre o dominio público portuario.

Tras 5 días laborales de la realización de las reuniones previstas (máximo de 6) se hará entrega de los resúmenes de lo acontecido en dichos eventos en formato .pdf (Adobe).

Tarea 3. Ventana abierta de asesoramiento a las administraciones públicas insulares y locales, así como a las entidades privadas interesadas, ante la interpretación y aplicación de la Guía, previo paso a la presentación oficial de las autorizaciones. Se entrará, en coordinación con los técnicos de la Viceconsejería de Medio Ambiente, para dar respuesta adecuada a las consultas que se formulen. Este asesoramiento incluye la revisión preliminar de la documentación administrativa y técnica para la autorización de un vertido que vaya a ser presentado por una entidad local o insular. Se estima para esta fase de encomienda la revisión preliminar de 80 expedientes.

Con fechas límite de 15 de diciembre 2017, 30 de marzo, 29 de junio, 28 de septiembre y 14 de diciembre de 2018, se entregarán sendos informes intermedios en formato .pdf (Adobe) que deberán recoger las actividades relativas a esta tarea, desarrolladas en el trimestre correspondiente.

A N E X O I I

FORMATOS Y REQUISITOS DE LOS DOCUMENTOS A ENTREGAR

Toda la documentación o materiales desarrollados como producto de esta contratación se entregarán en soporte digital.

La documentación correspondiente a las diferentes entregas ha de integrarse en un único conjunto final. En cualquier caso, tanto para las entregas parciales como para la final, los documentos cumplirán con los siguientes requisitos formales y estructurales:

1.- Normas genéricas básicas para la elaboración y entrega de documentos de texto.

En la portada y solapa se incluirán los datos siguientes:

1) Denominación del documento.

2) Mención escrita y gráfica del ámbito correspondiente.

3) Fecha de elaboración del documento.

4) Mención escrita y gráfica de la Viceconsejería de Medio Ambiente.

El texto llevará paginación inferior así como un índice de sus contenidos, situado al inicio del documento y realizado por medios informáticos que permita la actualización automática de esos contenidos.

En el diseño interior de los documentos no se incluirá mención alguna a la autoría.

El uso de símbolos y anagramas del Gobierno de Canarias se ajustará a lo establecido en la normativa vigente de identidad corporativa en la Orden de 26 de diciembre de 2012 por la que se revisa el Manual de Identidad Corporativa Gráfica del Gobierno de Canarias (BOC nº 253, de 28 de diciembre de 2012). Se modifican los epígrafes 4.8.18 y 4.8.19 del Manual de Identidad Corporativa, relativos al formato interior del Boletín Oficial de Canarias.

Para cualquier aclaración podrá contactar con los responsables de la imagen gráfica de los distintos departamentos del Gobierno de Canarias en la siguiente dirección: http://www.gobiernodecanarias.org/identidadgrafica/

Para cualquier aclaración podrá contactar con el personal responsable que sea nombrado para el seguimiento del presente contrato.

La información correspondiente a cartografías o planimetrías se incluirá en soporte DIN A3, adecuadamente doblado para permitir su inclusión, identificación y uso en el documento.

Si fuera necesaria la inclusión de gráficos, imágenes o fotografías, se realizará en apoyo del texto respetando los márgenes del documento.

El estilo de redacción del documento se corresponderá con texto técnico, directo, sencillo, conciso, sintético y claro. El texto estará redactado en castellano, salvo las excepciones propias de referencias estrictamente necesarias a barbarismos por razones técnicas o científicas. De manera general se observarán las normas de ortografía de la lengua española, para lo que se tomará como referencia las normas de la Real Academia Española.

La mención a unidades de medida se realizará de acuerdo con la legislación vigente, de manera particular con lo establecido en el Real Decreto 2032/2009, de 30 de diciembre, por el que se establecen las unidades legales de medida y sus modificaciones. En todos los casos, para los número escritos en cifras, el separador decimal será la coma y el separador de millar será el punto o el espacio indivisible (siguiendo la resolución 10 del 22ª reunión de la Conferencia General de Pesos y Medidas de la Oficina Internacional de Pesos y Medidas), salvo en casos excepcionales y justificados por el uso de software con expresiones numéricas anglosajonas.

2.- Requisitos para los documentos en formato digital.

Se entregarán dos (2) copias en soportes independientes tipo memoria USB flash. Contendrán los archivos digitales debida y lógicamente ordenados en carpetas.

La información correspondiente a los documentos se aportará de acuerdo a los siguientes requisitos:

(a) El documento será aportado en dos formatos digitales: en archivo .doc, correspondiente al procesador de texto Microsoft® Word© o archivo .odt de LibreOffice/OpenOffice® Writer, y en archivo .pdf (portable digital file), correspondiente a los lectores de archivo de Adobe® Reader© o similares.

Dichos archivos deben contener todos los elementos señalados en el apartado 1 (cubiertas, portadas, índices, imágenes, gráficos, etc.).

El uso de formatos diferentes a los establecidos en los presentes requisitos requerirá de la autorización expresa de la Dirección Técnica.

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