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BOC-A-2017-243-6031.
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Con fecha 29 de junio de 2017 la Asamblea General de la Federación Canaria de Islas acordó por unanimidad aceptar la propuesta del Gobierno de Canarias sobre financiación del II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias, que conlleva una inversión por parte del Gobierno de Canarias de ciento sesenta y un millones ciento cincuenta mil (161.150.000) euros con una financiación a tres años, con posibilidad de incremento en una cuarta anualidad, elevándose la inversión total para la realización de este II Plan a doscientos cincuenta y seis millones (256.000.000) de euros, incluyendo la inversión por parte de los Cabildos Insulares.
Como consecuencia de ello, en la Ley 6/2017, de 25 de julio, de concesión de un crédito extraordinario por importe de cuarenta y siete millones quinientos ochenta y ocho mil quinientos cuarenta y ocho euros con veintiséis céntimos (47.588.548,26 euros) y un suplemento de crédito, por importe de doscientos noventa y dos millones cuatrocientos once mil cuatrocientos cincuenta y un euros con setenta y cuatro céntimos (292.411.451,74 euros), a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2017 y otras medidas de gestión presupuestaria, se estableció la necesidad de incrementar el número de plazas sociosanitarias de la Red de Servicios Sociales, destinando para el 2017 un crédito extraordinario por importe de treinta y tres millones trescientos ochenta y nueve mil quinientos cuarenta y un euros con veintiséis céntimos (33.389.541,26 euros) en el proyecto de inversión 177G0061 "II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias de Canarias" que permitirá dar cobertura a las actuaciones del citado Plan en este ejercicio.
Por otra parte, el Gobierno de Canarias, en sesión celebrada el día 20 de noviembre de 2017, autorizó el gasto plurianual número 782/2017 de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda para dar cobertura presupuestaria en la parte correspondiente al Gobierno de Canarias a la actuaciones del II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias de Canarias correspondientes al período 2017-2020, por importe de ciento sesenta y un millones ciento cincuenta mil (161.150.000) euros, de acuerdo con la siguiente distribución por anualidades:
Ver anexo en la página 36118 del documento Descargar
La figura idónea para canalizar la aportación prevista en la citada Ley 6/2017, de 25 de julio, así como las dotaciones de carácter plurianual autorizadas por el Gobierno, en sesión celebrada el día 20 de noviembre de 2017, es la del Convenio de Cooperación.
En tal sentido, la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de las Consejerías de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda y de Sanidad, y los Cabildos Insulares de El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, Lanzarote, La Palma y Tenerife proyectan la suscripción de los pertinentes Convenios de Cooperación para cofinanciar la construcción de infraestructuras y reforma de las ya existentes destinadas a la creación de nuevas plazas sociosanitarias, en los que se recogerán las condiciones y compromisos aplicables y se determinará la cofinanciación por tales Administraciones Públicas, los recursos que la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias debe asignar a cada Cabildo, así como el porcentaje de cofinanciación.
La competencia para suscribir, gestionar, tramitar y librar las aportaciones dimanantes de los Convenios de Cooperación para cofinanciar la construcción de infraestructuras y reforma de las ya existentes destinadas a la creación de nuevas plazas sociosanitarias, corresponde a la persona titular de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, de conformidad con lo previsto en el artículo 29.1.k) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, Departamento de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias encargado de la propuesta y ejecución de las directrices del Gobierno de Canarias y de la gestión de los servicios y competencias en el área de dependencia y discapacidad y de la adopción de las iniciativas necesarias para, en colaboración con otros órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma y de las demás Administraciones Públicas de Canarias, y sin perjuicio de las competencias de los mismos, garantizar una efectiva atención de las personas que, de conformidad con la normativa estatal y autonómica, tengan reconocida la situación de dependencia (artículos 1 y 7, apartado 2, subapartado b), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda aprobado por Decreto 124/2016, de 19 de septiembre).
El Gobierno tiene atribuida la competencia para autorizar la suscripción de convenios que celebre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias con los Cabildos Insulares, que impliquen obligaciones de contenido económico por importe superior a 150.000 euros, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28.3 de la Ley 3/2016, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2017, en relación con el artículo 125.1 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de cabildos insulares, así como todos los gastos de cuantía superior a 2.000.000 de euros, a tenor de lo establecido en el artículo 26.1 de la citada Ley 3/2016, de 29 de diciembre.
De conformidad con lo previsto en el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los órganos administrativos podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros órganos de la misma Administración; previsión recogida en el mismo sentido en el artículo 31 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias.
Por lo expuesto y a la vista de la próxima finalización del ejercicio presupuestario, teniendo en cuenta los trámites aun pendientes de realizar para proceder a la suscripción de tales Convenios de Cooperación, y con el ánimo de agilizar la tramitación, se precisa proceder a la delegación de las competencias atribuidas al Gobierno en los artículos 28.3 y 26.1 de la Ley 3/2016, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2017, para autorizar la suscripción de convenios que celebre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias con los Cabildos Insulares El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, Lanzarote, La Palma y Tenerife para cofinanciar la construcción de infraestructuras y reforma de las ya existentes destinadas a la creación de nuevas plazas sociosanitarias, que implican obligaciones de contenido económico por importe superior a 150.000 euros, así como los gastos superiores a dos millones de euros derivados de los mismos.
En su virtud, a propuesta de la Consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda y previa deliberación del Gobierno en sesión celebrada el día 18 de diciembre de 2017,
D I S P O N G O:
Primero.- Delegar en la persona titular de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda la competencia prevista en los artículos 28.3 y 26.1 de la Ley 3/2016, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2017, para autorizar la suscripción de Convenios de Cooperación entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y los Cabildos Insulares de El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, Lanzarote, La Palma y Tenerife para cofinanciar la construcción de infraestructuras y reforma de las ya existentes destinadas a la creación de nuevas plazas sociosanitarias, que implican obligaciones de contenido económico por importe superior a 150.000 euros, así como los gastos superiores a dos millones de euros derivados de los mismos
Segundo.- Del ejercicio de la delegación prevista en el apartado anterior, la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda dará cuenta al Gobierno en el primer trimestre de 2018.
Tercero.- El presente Decreto surtirá efectos el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.
Dado en Santa Cruz de Tenerife, a 18 de diciembre de 2017.
EL PRESIDENTE
DEL GOBIERNO,
Fernando Clavijo Batlle.
LA CONSEJERA DE EMPLEO,
POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA,
Cristina Valido García.
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