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BOC-A-2016-105-1643.
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Adoptado por el Gobierno de Canarias, en sesión de 23 de mayo de 2016, el Acuerdo por el que se aprueba encomendar la elaboración de la Estrategia Marco Canaria de Gobierno Abierto a través de la transparencia, la participación y la colaboración ciudadana, y la innovación y mejora de los servicios públicos, y de conformidad con el apartado octavo del citado acuerdo,
R E S U E L V O:
Disponer la publicación del Acuerdo por el que se aprueba encomendar la elaboración de la Estrategia Marco Canaria de Gobierno Abierto a través de la transparencia, la participación y la colaboración ciudadana, y la innovación y mejora de los servicios públicos, que figura como anexo.
Santa Cruz de Tenerife, a 24 de mayo de 2016.- El Secretario General, p.s. (Decreto 62/2016, de 23 de mayo, del Presidente), Puesto Singularizado, Unidad de Apoyo a la Secretaría General, María Luisa Risueño Díaz.
El Gobierno de Canarias, en sesión celebrada el día 23 de mayo de 2016 adoptó, fuera del orden del día, entre otros, el siguiente acuerdo:
F.O.D. 9.- PROPUESTA DE ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA ENCOMENDAR LA ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA MARCO CANARIA DE GOBIERNO ABIERTO A TRAVÉS DE LA TRANSPARENCIA, LA PARTICIPACIÓN Y LA COLABORACIÓN CIUDADANA, Y LA INNOVACIÓN Y MEJORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD).
Un Gobierno Abierto es el que reconoce las capacidades y la sabiduría de la ciudadanía, así como la trascendencia de sus aportaciones. Es por eso que debe instaurarse un diálogo constante que permita no solo oír su voz sino también abrir cauces de debate, de intercambio, de contribución en la toma de decisiones, fundamentadas en las necesidades del conjunto de la sociedad, con quien los gobiernos y las administraciones públicas deben conectar de manera más fluida, promoviendo los tres grandes pilares del Gobierno Abierto: la transparencia, la participación y la colaboración ciudadana, lo que implica, por tanto, un cambio de filosofía en la manera de gobernar, en la manera de "hacer política".
La situación global de crisis económica y la persistencia de sus secuelas ha supuesto cambios en los ámbitos social, político y económico en los que han de moverse los gobiernos y las administraciones públicas.
Además, desde comienzos del siglo XXI, ha venido desarrollándose con fuerza el concepto de la "Gobernanza pública" como corriente de génesis europea, que trata de potenciar una interacción de calidad entre los distintos niveles de las administraciones públicas, la ciudadanía y los agentes económicos y sociales ante la preocupación por la desconfianza y desinterés de estos con las instituciones y la política.
En consecuencia, se requiere un cambio de valores en todos los ámbitos que haga de la ciudadanía un agente vivo y proactivo que participa y colabora en las políticas y servicios que le afectan dentro de un contexto en el que la Administración garantiza transparencia y responsabilidad. La mayor implicación de la sociedad es una de esas reivindicaciones que no puede posponerse con promesas ambiguas para una fecha incierta.
Este cambio de valores debe ir acompañado de la adopción de un conjunto de medidas que permitan la innovación y mejora de los servicios públicos, porque la ciudadanía en su conjunto, y las empresas de Canarias de forma particular, demandan ya, y cada vez con más intensidad, que estos sean de mayor calidad.
En definitiva, el Gobierno de Canarias debe afrontar con firmeza el reto de reformar la Administración Pública para adecuarla a las exigencias de una democracia participativa y colaborativa.
Además, resulta imprescindible continuar con la transformación de la Administración Pública, profundizando en la simplificación administrativa, centrando los esfuerzos en las áreas y sectores de la economía de mayor impacto social y económico para favorecer la competitividad, el crecimiento económico, la generación de empleo y la consecución del bienestar social implicando para ello a toda la organización.
Se ha de adoptar, por lo tanto, un modelo más eficaz y eficiente a través de la adecuada organización, la gestión óptima de los recursos y la utilización de todas las herramientas que aportan las nuevas tecnologías, objetivo ya recogido en el Decreto 68/2015, de 30 de abril, por el que se establece el marco general para la innovación y mejora de los servicios públicos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (en adelante, Decreto 68/2015). Este compromiso de implantar un nuevo modelo fue asumido por el actual Gobierno de Canarias con la ciudadanía de las Islas y se plasma en el Acuerdo para la Gobernabilidad de Canarias 2015-2019 -Pacto por el crecimiento y el progreso social y económico de Canarias- dentro de su eje programático "Buen gobierno, transparencia, simplificación administrativa y lucha contra la corrupción".
Sentado lo anterior, partiendo de que la transparencia, la participación y la colaboración ciudadana son defendidos como los pilares esenciales del Gobierno Abierto, cada vez son más los gobiernos que se dotan de un marco estratégico que les permita articular en torno a estos principios la política de modernización y mejora de las capacidades de los gobiernos y de las administraciones públicas.
En último término, la adecuada implantación de un gobierno abierto implica la potenciación de los mecanismos de responsabilidad, ética pública y demás principios de buen gobierno. Para ello, deben incorporarse al ordenamiento autonómico los principios, valores y reglas de actuación que sirven de guía para las decisiones y conducta de los miembros del Gobierno de Canarias y altos cargos de la Administración Pública de nuestra Comunidad Autónoma, así como establecer un marco que evite toda actividad o interés que pudiera comprometer la independencia e imparcialidad de los servidores públicos o menoscabar el desempeño de sus deberes. De esta manera se garantizan las condiciones para la rendición de cuentas: por un lado, una actuación pública neutral e imparcial y en beneficio del interés común, y por otro, unos mecanismos que permiten a la ciudadanía ejercer su derecho de supervisión y control de la actividad pública.
Hay que tener en cuenta que el Gobierno de Canarias no ha sido ajeno a las nuevas necesidades y demandas de la ciudadanía, como lo demuestra la adopción en los últimos años de un marco normativo regulador de dos de los pilares básicos del Gobierno Abierto, en concreto, la Ley 5/2010, de 21 de junio, Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana y la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y acceso a la información pública.
En esta legislatura, asimismo, se ha iniciado la tramitación del Anteproyecto de Ley del Estatuto de los Altos Cargos y Buen Gobierno contemplando en una única disposición el régimen jurídico de los Altos Cargos, los requisitos para su nombramiento, sus derechos, obligaciones y deberes, previendo su régimen de incompatibilidades y estableciendo el código ético que debe guiar su conducta.
Asimismo, es de destacar las medidas adoptadas para la innovación y mejora de la calidad de los servicios y la adopción de nuevas tecnologías en orden a simplificar su gestión administrativa, en especial los documentos estratégicos "de Acciones para la Modernización de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias" y la "Estrategia para la Modernización y Mejora de los Servicios Públicos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias-PEMAC 2012-2014".
Y es que los fines del Gobierno Abierto solo pueden alcanzarse de manera sostenida y con carácter estructural si en torno a ellos se articulan las líneas de actuación previstas en el mencionado Decreto 68/2015 y que abarcan:
a) El impulso a la innovación y mejora de la calidad de los servicios.
b) La permanente búsqueda de la simplificación administrativa y la reducción de cargas a la ciudadanía.
c) El uso intensivo de las tecnologías de la información y comunicación.
d) La adecuada gestión del conocimiento corporativo.
e) La orientación a resultados de la acción pública y la rendición de cuentas de la actuación desarrollada.
f) El compromiso del capital humano que integra nuestro sector público con la mejora continua.
Por otro lado, la inminente entrada en vigor de las Leyes 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, de 1 de octubre, aconseja establecer una estrategia propia para llevar a cabo la innovación y mejora de los servicios públicos en la línea y con el procedimiento marcado en el citado Decreto 68/2015.
Dicha estrategia, además de ser un fin en sí mismo, en cuanto integra aquellos aspectos que se consideran relevantes para la innovación y mejora de la actuación administrativa y prestación de los servicios públicos, se revela como un instrumento básico para la implantación del Gobierno Abierto.
Diseñada así la nueva filosofía que debe imperar en la gestión administrativa y sin perjuicio de que cada uno de los pilares del Gobierno Abierto y el marco de innovación y mejora de los servicios públicos vayan desarrollándose con la autonomía que corresponda, es cierto que todo ha de estar integrado desde un enfoque holístico, tratando en último término de convertir al Gobierno de Canarias en un Gobierno Abierto, en el que su razón de ser sea el empoderamiento de la ciudadanía canaria en la gestión de los asuntos públicos, todo lo cual comportará una mayor confianza en el Gobierno, así como la mejora del bienestar social, de la calidad democrática y del crecimiento económico.
En su virtud, el Gobierno, tras deliberar y a propuesta del Consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, acuerda:
Primero.- Encomendar a la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad la elaboración de la Estrategia Marco Canaria de Gobierno Abierto a través de la Transparencia; la Participación y la Colaboración Ciudadana, y la Innovación y Mejora de los Servicios Públicos que tenga como fin convertir al Gobierno de Canarias en un Gobierno Abierto y en la que su razón de ser sea el empoderamiento de la ciudadanía canaria en la gestión de los asuntos públicos.
Dicha estrategia será elevada al Gobierno para su aprobación.
Segundo.- La Estrategia Marco se formulará a partir de los siguientes principios fundamentales:
a) Mejora e incremento de los niveles de transparencia y del acceso a la información, mediante la apertura de datos públicos y la reutilización de la información del sector público para promover la innovación y el desarrollo económico.
b) Fortalecimiento de la integridad pública, mediante el establecimiento de mecanismos y procedimientos de rendición de cuentas de los servidores públicos, así como la regulación del Estatuto de los Altos Cargos y del Buen Gobierno.
c) Creación de las condiciones que facilitan un incremento significativo en la participación activa de la ciudadanía en el diseño y formulación de las políticas y servicios públicos, fortaleciendo los espacios de participación ciudadana en los asuntos públicos y en la toma de decisiones que le atañen.
d) Impulso y promoción de espacios de colaboración e innovación entre los diversos actores, particularmente entre las administraciones públicas canarias y la sociedad, incorporando el sector privado para, conjuntamente y de forma colaborativa, diseñar, crear y, en su caso, coproducir servicios públicos generadores de valor público, económico y social.
Tercero.- En el proceso de elaboración de la Estrategia Marco se dará participación a la ciudadanía y a los agentes económicos y sociales.
Cuarto.- Declarar de interés prioritario para el Gobierno de Canarias la Estrategia Marco Canaria de Gobierno Abierto así como las líneas y proyectos que deriven de su ejecución. En cualquier caso, su ejecución estará condicionada a las disponibilidades presupuestarias.
Quinto.- Todos los departamentos del Gobierno de Canarias y sus organismos públicos (organismos autónomos y entidades de derecho público vinculados o dependientes), deberán participar e implicarse de forma activa en la consecución de los objetivos perseguidos con el presente acuerdo, siendo las personas titulares de los mismos las responsables de la efectiva implicación y colaboración de todos los centros directivos en este proceso.
Sexto.- Cualquier acción, proyecto, medida o iniciativa que se pretenda llevar a cabo por los departamentos del Gobierno de Canarias y sus organismos públicos (organismos autónomos y entidades de derecho público vinculados o dependientes), en el marco de los objetivos de este acuerdo, deberán alinearse y, en su caso, incorporarse a la ejecución de las medidas que resulten del presente acuerdo.
Séptimo.- Facultar a la persona titular de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad para adoptar cuantos actos, medidas y acciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución del presente acuerdo.
Octavo.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de Canarias.
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