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BOC Nº 200. Miércoles 14 de Octubre de 2015 - 4525

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III. OTRAS RESOLUCIONES - Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad

4525 Secretaría General Técnica.- Resolución de 2 de octubre de 2015, por la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Justicia y la Comunidad Autónoma de Canarias, por el que se formalizan los compromisos financieros del acuerdo de Consejo de Ministros de 22 de mayo de 2015, en el que se aprueba la distribución del crédito del programa de reforma de la Administración de Justicia.

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BOC-A-2015-200-4525. Firma electrónica - Descargar

Con fecha 24 de septiembre de 2015, se suscribió el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Justicia y la Comunidad Autónoma de Canarias por el que se formalizan los compromisos financieros del Acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 22 de mayo de 2015, en el que se aprueba la distribución del crédito del programa de reforma de la Administración de Justicia.

Considerando lo dispuesto en el artículo 29.2 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, así como en el artículo 13 del Decreto 74/2014, de 26 de junio, por el que se regula la actividad convencional del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias, por la presente,

R E S U E L V O:

Ordenar la publicación del mencionado Convenio que figura como Anexo a la presente Resolución.

Santa Cruz de Tenerife, a 2 de octubre de 2015.- La Secreteria General Técnica, Berta Pérez Hernández.

A N E X O

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS POR EL QUE SE FORMALIZAN LOS COMPROMISOS FINANCIEROS DEL ACUERDO DE CONSEJO DE MINISTROS DE FECHA 22 DE MAYO DE 2015, EN EL QUE SE APRUEBA LA DISTRIBUCIÓN DEL CRÉDITO DEL PROGRAMA DE REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

En Las Palmas, a 24 de septiembre de 2015.

REUNIDOS

La Secretaria de Estado de Justicia, doña Carmen Sánchez-Cortés Martín, nombrada por Real Decreto 880/2014, de 10 de octubre, en representación del Ministerio de Justicia en virtud de delegación de firma del Sr. Ministro de Justicia, don Rafael Catalá Polo, de acuerdo con el Real Decreto 829/2014, de 28 de septiembre y en uso de las competencias que le corresponden en virtud de la Disposición Adicional Decimotercera de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pública y del Procedimiento Administrativo Común, otorgada por Resolución de fecha 18 de septiembre de 2015.

El Consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Excmo. Sr. D. Aarón Afonso González, según nombramiento efectuado por Decreto 105/2015, de 9 de julio, del Presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias, en nombre y representación de la Comunidad Autónoma de Canarias, en virtud de las facultades conferidas por el artículo 29.1.k) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, y de acuerdo con el vigente Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad aprobado a través del Decreto 331/2011, de 22 de diciembre.

EXPONEN

I.- El Estado tiene competencia exclusiva en materia de Administración de Justicia conforme establece el artículo 149.1.5ª de la Constitución Española.

II.- El Real Decreto 2462/1996, de 2 de diciembre, sobre traspaso de funciones de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias, en materia de provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia establece en su Anexo, apartado B), que la adquisición y gestión de patrimonio mobiliario, inmobiliario y enseres para los órganos judiciales con sede en la Comunidad Autónoma de Canarias, corresponde a la citada Comunidad. Además, el apartado C) del mismo Anexo establece en su punto 1, que se traspasan a esta Comunidad los bienes, derechos y obligaciones afectos al ejercicio de las funciones que asume la Comunidad Autónoma de Canarias.

III.- El artículo 28 del Estatuto de Autonomía de Canarias, establece que, en relación con la Administración de Justicia, corresponde a la Comunidad Autónoma ejercer las facultades que la Ley Orgánica del Poder Judicial le reconoce y cuantas competencias ejecutivas le atribuye el Título II del Estatuto de Autonomía de Canarias y la legislación estatal. Asimismo, el artículo 1.14 del Decreto 331/2011, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, dispone que compete a la misma las competencias en materia de Administración de Justicia recogidas en el citado Estatuto. Entre dichas competencias se encuentran las relativas a la dirección, impulso y coordinación de la provisión de los medios necesarios, personales y materiales, para el funcionamiento de la Administración de Justicia, la coordinación y planificación general de las competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma en relación con tribunales, juzgados y fiscalías.

IV.- La sociedad española del siglo XXI demanda una Justicia que, como pilar del Estado de Derecho garantice los derechos de los ciudadanos inmersos en los procesos judiciales. En respuesta a esta demanda el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con traspaso de medios, siempre dentro del planteamiento de la Justicia como servicio público, han de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, el impulso de la Oficina Judicial y Fiscal -que facilita el mejor aprovechamiento tanto de los recursos humanos como materiales de la Administración de Justicia, elevando cualitativa y cuantitativamente la actividad de los distintos órganos judiciales en funcionamiento-, y el uso masivo de las tecnologías.

Con este fin y para que las Comunidades Autónomas competentes puedan impulsar la mejora de la justicia en su ámbito territorial, especialmente en aquellos aspectos que tengan mayor incidencia en el servicio que se presta a la ciudadanía, la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015, fijó una partida en los Presupuestos del Ministerio de Justicia de seis millones (6.000.000,00) de euros en el Capítulo IV -Transferencias Corrientes- aplicación presupuestaria 13 02 112A 450, Comunidades Autónomas Programa de Reforma de la Administración de Justicia.

V.- De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para proceder al traspaso a la Comunidad Autónoma de Canarias del crédito presupuestario correspondiente -una vez acordados los criterios objetivos y la distribución resultante por el Pleno de la Conferencia Sectorial y tras la aprobación de la distribución definitiva entre Comunidades Autónomas por Acuerdo de Consejo de Ministros, previo informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (en adelante MINHAP)- será necesario proceder a la suscripción de un convenio de colaboración a través del cual se formalicen los compromisos financieros vinculados a dicho crédito.

VI.- La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recoge, en su Título I, los principios de colaboración entre las Administraciones Públicas, entre los cuales consta el de prestar la cooperación y asistencia activas que las Administraciones pudieran recabar mutuamente para el ejercicio eficaz de sus competencias, así como la posibilidad de celebrar convenios de colaboración con los órganos correspondientes de las Administraciones de las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias.

VII.- El Pleno de la Conferencia Sectorial de Administración de Justicia acordó el 8 de abril de 2015 la distribución y criterios de reparto del crédito, siendo la distribución definitiva aprobada, tras informe favorable del MINHAP, por Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 22 de mayo de 2015, publicado en el BOE de 23 de mayo de 2015.

VIII.- Con el fin de dar cumplimiento al procedimiento para la distribución territorial de los créditos regulado en el apartado 2 del artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, y proceder a la transferencia del crédito correspondiente a la Comunidad Autónoma de Canarias las partes manifiestan su interés en suscribir el presente convenio de colaboración a través de cual se formalizan los compromisos financieros, de acuerdo con las siguientes,

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto del convenio.

El presente convenio tiene por objeto formalizar los compromisos financieros entre el Ministerio de Justicia y la Comunidad Autónoma de Canarias, vinculados al crédito de seis millones (6.000.000,00) de euros del Programa de Reforma de la Administración de Justicia, de los que corresponden a la citada Comunidad la cantidad de trescientos cuarenta y siete mil quinientos noventa y cuatro (347.594,00) euros.

Segunda.- Compromisos de las partes.

1.- El Ministerio de Justicia se compromete a:

1.1.- Ordenar el pago de la cuantía de trescientos cuarenta y siete mil quinientos noventa y cuatro (347.594,00) euros del Capítulo IV -Transferencias Corrientes- aplicación presupuestaria 13 02 112A 450: Comunidades Autónomas Programa de Reforma de la Administración de Justicia de los Presupuestos de Justicia para 2015 a la Comunidad Autónoma de Canarias según lo acordado en el Pleno de la Conferencia Sectorial de Administración de Justicia de 8 de abril de 2015, aprobado en el Acuerdo del Consejo de Ministros, de fecha 22 de mayo de 2015. El libramiento de la citada cuantía se efectuará atendiendo a lo establecido en la regla quinta del artículo 86.2 de la Ley General Presupuestaria.

2.- La Comunidad Autónoma de Canarias se compromete a:

2.1.- Destinar, durante el ejercicio 2015, la cuantía recibida en concepto de crédito para la Reforma de la Administración de Justicia a todos o a algunos de los siguientes compromisos financieros, asumidos en el Pleno de la Conferencia Sectorial de Administración de Justicia de 8 de abril de 2015, en concreto:

- Mejora de la asistencia jurídica gratuita que conlleve un incremento de las garantías de los derechos de los ciudadanos inmersos en los procesos judiciales.

- Impulso de las nuevas tecnologías para conseguir una justicia ágil, accesible y de calidad:

* Justicia digital: el objetivo es alcanzar el papel cero en los juzgados y tribunales, avanzándose en la implantación del expediente digital.

* Justicia abierta: el objetivo es entablar una relación más sencilla y efectiva con el ciudadano y con los operadores jurídicos.

* Justicia innovadora: el objetivo es seguir en la línea de actuación de implantar la oficina judicial y fiscal en todo el territorio nacional.

* Sistemas de Gestión Procesal compatibles entre sí que permitan la plena interoperabilidad.

* Digitalización de los procesos de tramitación y gestión procesal así como la conexión digital de las oficinas judiciales con los diferentes actores que intervienen en los procedimientos.

- Dotación de medios materiales necesarios para el mantenimiento de la organización judicial e implementación de la Oficina Judicial y Fiscal.

- Incentivación de mejoras que incidan en un servicio público de calidad.

2.2.- Informar al Ministerio de Justicia, antes del 31 marzo de 2016, del cumplimiento de los compromisos financieros asumidos con el presente convenio, en los términos establecidos en la regla séptima del artículo 86.2 de la Ley General Presupuestaria.

Tercera.- Financiación.

La transferencia de crédito derivada de este convenio, por importe de trescientos cuarenta y siete mil quinientos noventa y cuatro (347.594,00) euros, se realizará por el Ministerio de Justicia con cargo al Capítulo IV -Transferencias Corrientes- aplicación presupuestaria 13 02 112A 450, Comunidades Autónomas Programa de Reforma de la Administración de Justicia de los Presupuestos del Ministerio de Justicia para 2015, en los términos establecidos en la regla quinta del artículo 86.2 de la Ley General Presupuestaria.

Cuarta.- Seguimiento y evaluación.

Conforme a lo establecido en la cláusula segunda del presente convenio antes del 31 de marzo de 2016, la Comunidad Autónoma de Canarias deberá presentar un informe relativo a la ejecución del mismo y, en concreto, a la ejecución financiera del crédito extraordinario transferido, que contemple los extremos previstos en la regla séptima del artículo 86.2 de la Ley General Presupuestaria.

Quinta.- Efectos del convenio.

El presente convenio surtirá efectos al día siguiente de su firma hasta el cumplimiento total de las obligaciones de las partes y en todo caso hasta el 31 de marzo de 2016.

Sexta.- Naturaleza del convenio de colaboración y resolución de controversias.

El presente convenio de colaboración tiene naturaleza administrativa, quedando excluido del ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público al amparo de lo dispuesto en su artículo 4.1.C). No obstante, los principios de dicho texto sí serán de aplicación para resolver las dudas y lagunas que puedan plantearse, como establece el artículo 4.2 del mismo texto legal.

Al tener naturaleza administrativa, el orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para resolver las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre las partes, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Y, de conformidad con cuanto antecede, en el ejercicio de las facultades que legalmente corresponden a cada uno de los firmantes, obligando con ello a las Instituciones que representan, suscriben el presente convenio por duplicado ejemplar en el lugar y fecha señalados al principio.- La Secretaria de Estado de Justicia, p.d. (Resolución delegación de firma de 18 de septiembre de 2015), Carmen Sánchez-Cortés Martín.- El Consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Aarón Afonso González.

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