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BOC Nº 132. Jueves 9 de Julio de 2015 - 3221

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III. OTRAS RESOLUCIONES - Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda

3221 Secretaría General Técnica.- Resolución de 29 de junio de 2015, por la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración entre la Comunidad Autónoma de Canarias y la Asociación Opción 3, para la prestación en la isla de Tenerife de ciertas actividades esenciales en el ámbito del servicio de ejecución de medidas judiciales dictadas por los Juzgados de Menores radicados en Canarias competencia de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

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BOC-A-2015-132-3221. Firma electrónica - Descargar

El artículo 13 del Decreto 74/2014, de 26 de junio, por el que se regula la actividad convencional del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias, en su redacción dada por el Decreto 89/2015, de 22 de mayo, establece que, los órganos u organismos del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de sus secretarías generales técnicas u órgano equivalente, deberán publicar los convenios en el Boletín Oficial de Canarias dentro de los veinte días siguientes a su firma.

En cumplimiento de dicho artículo y con la finalidad de facilitar el público conocimiento de los compromisos asumidos en el ámbito de la actividad convencional del sector público autonómico, y en ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 7.B), apartados 4 y 6, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, aprobado por Decreto 64/2013, de 6 de junio,

R E S U E L V O:

Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de Canarias del Convenio entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y la Asociación Opción 3 para la prestación en la isla de Tenerife de ciertas actividades esenciales en el ámbito del Servicio de Ejecución de Medidas Judiciales dictadas por los Juzgados de Menores radicados en Canarias competencia de la Administración Púbica de la Comunidad Autónoma de Canarias, cuyo texto se acompaña como anexo.

Santa Cruz de Tenerife, a 29 de junio de 2015.- El Secretario General Técnico, Francisco Hernández Padilla.

A N E X O

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE CULTURA, DEPORTES, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS Y LA ASOCIACIÓN OPCIÓN 3 PARA LA PRESTACIÓN EN LA ISLA DE TENERIFE DE CIERTAS ACTIVIDADES ESENCIALES EN EL ÁMBITO DEL SERVICIO DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS JUDICIALES DICTADAS POR LOS JUZGADOS DE MENORES RADICADOS EN CANARIAS COMPETENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.

En Santa Cruz de Tenerife, a 13 de marzo de 2014.

INTERVIENEN

De una parte, la Excma. Sra. Dña. Inés Nieves Rojas de León, en calidad de Consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, del Gobierno de Canarias, actuando en nombre de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma, en virtud de las competencias que le otorga el artículo 29.1.k) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, modificada por la Ley 4/1996, de 5 de noviembre, en relación con el Decreto 88/2011, de 8 de julio, del Presidente, por el que se le nombra Consejera (BOC nº 135, de 11 de julio de 2011), y con el artículo 10.2.b) de la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención Integral a los menores que refiere la suscripción de los Convenios de colaboración con otras Administraciones, Instituciones y entidades públicas o privadas relativos a planes, programas, servicios, actividades y medios de atención a los menores.

De otra parte, D. Martín Lomas Álvarez con Documento Nacional de Identidad nº 00.670.136-P en calidad de Presidente de la Asociación Opción 3, actuando en nombre y representación de la misma, de conformidad con las competencias y facultades que le son conferidas en el artículo 11 de sus Estatutos Fundacionales otorgados en Madrid, en fecha de 12 de noviembre de 2006 y autenticados notarialmente ante el Notario del Ilustre Colegio de Madrid D. José Gregorio Juncos Martínez en fecha de 5 de diciembre de 2006 siendo anotada en el Libro Indicador con el nº 4531/2006.

Ambas partes, se reconocen mutua capacidad legal para la suscripción del presente Convenio de Colaboración y en su virtud

EXPONEN

Primero.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.D) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda aprobado por Decreto 64/2013, de 6 de junio, le corresponde a la Dirección General de Dependencia, Infancia y Familia de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda la competencia administrativa en materia de ejecución de medidas judiciales de menores infractores/as.

Segundo.- La Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, de Responsabilidad Penal de los Menores, en su artículo 45.1, establece que la ejecución de las medidas adoptadas por los Jueces de Menores es competencia de las Comunidades Autónomas, indicando su exposición de motivos que la ejecución de las medidas judicialmente impuestas corresponde a las Entidades Públicas de protección y reforma de menores de la Comunidad Autónoma, bajo el inexcusable control del Juez de Menores.

Tercero.- A su vez, el artículo 45.3 de la citada Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, establece que las Comunidades Autónomas podrán establecer los convenios o acuerdos de colaboración necesarios con otras Entidades, bien sean públicas, de la Administración del Estado, Local o de otras Comunidades Autónomas, o privadas sin ánimo de lucro, para la ejecución de las medidas de su competencia, bajo su directa supervisión, sin que ello suponga en ningún caso la cesión de la titularidad y responsabilidad derivada de dicha ejecución.

Cuarto.- La Asociación Opción 3 (en adelante, la entidad colaboradora) conforme a sus Estatutos Fundacionales en vigor, es una asociación sin ánimo de lucro constituida al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, con personalidad jurídica propia y plena capacidad jurídica de obrar que tiene como fines, entre otros, la rehabilitación y formación de menores y jóvenes así como el desarrollo de acciones encaminadas a evitar la exclusión social de menores y jóvenes y que está habilitada por la Dirección General de Dependencia, Infancia y Familia como entidad colaboradora de atención integral a menores, para la actividad de ejecución de medidas educativas y de carácter rehabilitador con menores sujetos a medidas judiciales y con sus familias, mediante Resolución nº 4121, de 22 de diciembre de 2010.

Quinto.- En su virtud, ambas partes estiman conveniente desarrollar una actividad que facilite el logro de tales objetivos de interés común a través de la colaboración y seguimiento en la ejecución de medidas judiciales y, en su virtud, acuerdan suscribir el presente Convenio de Colaboración con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto.

1. El objeto del presente Convenio de Colaboración es establecer las condiciones y requisitos a los que se ajustará la ejecución, en la isla de Tenerife, por parte de la entidad colaboradora de las siguientes medidas judiciales previstas en los apartados e), f), g), y h), j), k) y l) del artículo 7.1 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de menores, adoptadas por los juzgados de menores:

- Asistencia a un centro de día.

- Permanencia fin de semana en domicilio.

- Libertad Vigilada.

- Convivencia en grupo educativo.

- Prestaciones en Beneficio de la Comunidad.

- Realización de tareas socioeducativas.

- Tratamiento ambulatorio.

2. La gestión de las actividades comprenderá la realización material de aquellas funciones que en cada caso sean atribuidas por la entidad pública en el ámbito de la ejecución de medidas judiciales sin que en ningún caso constituya asunción de competencias o potestades administrativas y sin que en ningún caso ello comporte la cesión de la titularidad y responsabilidad de las competencias por parte de la entidad pública, de forma que esta ejercerá sobre la entidad las potestades de dirección y supervisión de las actividades encomendadas.

3. El proyecto educativo de la entidad colaboradora que figura en el Anexo I del presente Convenio forma parte indisociable del mismo. Se supervisará y aprobará por la entidad pública en el plazo máximo de cuatro meses desde la firma del presente Convenio de Colaboración.

Segunda.- Plazas y recursos convenidos.

1. El proyecto educativo se implementará en la isla de Tenerife.

2. El número de plazas de medidas judiciales en medio abierto objeto del presente Convenio son 170 en cómputo diario, de las cuales solo 150 tendrán contraprestación económica. Además gestionará la medida de asistencia a Centro de Día.

3. Para la ejecución de la medida judicial de convivencia en grupo educativo la entidad colaboradora gestionará un grupo de convivencia con un total de 6 plazas descrito en el Proyecto de Centro de Convivencia en Grupo Educativo que figura como parte indisociable de este Convenio en el Anexo III , en una vivienda que aportará la Asociación.

4. De otra parte, la entidad colaboradora gestionará dos Centros de Medio Abierto (CMA), inspeccionados y autorizados por la entidad pública, como espacios polivalentes para el cumplimiento de las medidas judiciales en medio abierto descritas en el apartado 2 anterior objeto del presente Convenio donde se implementarán los programas, servicios y actividades que sean necesarios para la reinserción social y reeducación de los menores y jóvenes y cuyo contenido viene descrito en el Proyecto de Centro de Medio Abierto que figura como parte indisociable de este Convenio en el Anexo II.

5. Cualquier modificación mediante adenda, del régimen de plazas convenidas, dará lugar a la modificación del régimen económico y de personal establecido en el presente Convenio.

En particular, el número de plazas inicialmente convenidas podrá ser objeto de aumento o disminución en función de la evolución del número de medidas judiciales objeto del presente Convenio dictadas por los juzgados de menores, a propuesta de la Comisión de Seguimiento.

6. Son personas destinatarias del servicio los/as menores de 14 o más años que sean derivados por la entidad pública a la entidad colaboradora para cumplir una medida judicial en medio abierto objeto del presente Convenio en la isla de Tenerife.

7. La Dirección General de Dependencia, Infancia y Familia, siempre que haya crédito disponible y suficiente, se reserva la posibilidad de encomendar a la entidad colaboradora el seguimiento posterior a la finalización de determinadas medidas judiciales cuando desde el punto de vista técnico se considere procedente consolidar los procesos de reinserción social y evaluar la intervención realizada con el menor o joven infractor.

Tercera.- Obligaciones de las partes.

1. La entidad colaboradora, a través del presente Convenio, y de conformidad con la legislación que resulte de aplicación, se obliga a:

- Prestar, de manera eficaz y diligente, la atención a los/as menores y jóvenes que sean derivados por la entidad pública previo pronunciamiento del juzgado de menores.

- Implementar de forma individualizada en cada medida judicial a ejecutar los proyectos educativos convenidos a través de la elaboración en tiempo y forma de los correspondientes programas individuales de ejecución de medida judicial.

- Cumplir con los protocolos de actuación, procedimientos de gestión de expedientes y criterios técnicos establecidos por la entidad pública, y en particular, emitir en tiempo y forma los informes y demás documentos que conformen el expediente de ejecución.

- Ejecutar las medidas judiciales que le sean derivadas siguiendo el contenido de los programas individuales de ejecución de medidas judiciales en contacto con personas e instituciones de la comunidad así como favoreciendo la inserción social de los/as menores.

- Apoyo y orientaciones a los/as familiares de los/as menores, con el propósito de favorecer cambios, facilitar pautas educativas, potenciar y valorar las capacidades y recursos propios de la familia y su implantación en el proceso educativo de el/la menor y si fuera necesario, su derivación hacia otros recursos especializados.

- Cumplir con el protocolo de gestión de medidas judiciales en medio abierto.

- Presentar anualmente un informe-memoria sobre el funcionamiento de los programas cuyo contenido se ajustará a lo previsto en la cláusula duodécima del presente Convenio.

- Presentar al inicio de cada trimestre un listado de todo el personal que desempeñan el servicio a efectos de supervisar el cumplimiento de la ratio que permita la óptima prestación del servicio conforme a la cláusula octava.

- Cumplir las instrucciones que pueda dictar la persona titular de la Dirección General de Dependencia, Infancia y Familia para el mejor cumplimiento de las medidas judiciales.

- Mantener informada a la Dirección General de Dependencia, Infancia y Familia de cualquier incidencia que se produzca en la atención de los menores, comunicándolo con carácter inmediato.

- Introducir en la aplicación informática, creada al efecto por la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, toda la información que se refiera al cumplimiento de las medidas impuestas a los/as menores.

- Selección del personal que, reuniendo, en su caso, los requisitos de titulación y experiencia exigidos, formará parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del convenio, sin perjuicio de la verificación por parte de la Dirección General de Dependencia, Infancia y Familia del cumplimiento de aquellos requisitos.

- Ejercer de modo real, efectivo y periódico el poder de dirección inherente a todo empresario en relación con sus trabajadores, asumiendo la negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, sustituciones, obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, y la imposición de las sanciones disciplinarias que fueran procedentes, responsabilizándose, como empleadores, del cumplimiento de todas las obligaciones de la Seguridad Social respecto a los trabajadores con los que va a ejecutar las prestaciones que constituyen el objeto del presente Convenio, en particular del abono de las cotizaciones y del pago de las prestaciones, y cuantos otros derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y empleador.

- Velar especialmente por que los trabajadores adscritos a la ejecución del convenio desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de la actividad delimitada en el presente Convenio.

- En el caso de que la empresa contratista incumpla las obligaciones asumidas en relación a su personal, dando lugar a que el órgano o ente contratante resulte sancionado o condenado, la empresa contratista deberá indemnizar a este de todos los daños y perjuicios que se deriven del incumplimiento y de las actuaciones de su personal.

2. Por su parte, en virtud del presente Convenio, y de acuerdo con la legislación que resulte de aplicación, la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, a través de la Dirección General de Dependencia, Infancia y Familia se obliga a:

- Poner a disposición de la entidad colaboradora toda la información de la que disponga sobre cada menor y que resulte necesaria para su atención.

- Asumir y desempeñar aquellas funciones que estén relacionadas con la titularidad y responsabilidad derivadas de la ejecución de las medidas adoptadas por los juzgados de Menores.

- Informar a la entidad colaboradora del personal técnico del Servicio competente en materia de medidas judiciales que vaya a desempeñar las funciones de seguimiento de las medidas judiciales convenidas, incluyendo el correspondiente período vacacional, a efectos de garantizar y favorecer la normalidad en la prestación del servicio por parte de la entidad colaboradora.

- Retribuir económicamente a la entidad colaboradora por los servicios que presta en la forma que se establece en la cláusula sexta.

Cuarta.- Régimen económico.

1. Durante la vigencia del convenio, la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda a través de la Dirección General de Dependencia, Infancia y Familia se compromete a abonar el importe máximo de un millón ciento cuarenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y cinco euros con cuarenta céntimos (1.147.445,40 euros), según el siguiente desglose por medidas:

Ver anexo en la página 19932 del documento Descargar

2. El gasto efectivo estará condicionado por las necesidades reales del servicio, que por tanto no obliga a la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda a concertar un número mayor de plazas convenidas ni aplicar la totalidad del importe máximo señalado.

3. El coste efectivo diario por plaza efectivamente ocupada asciende a la cantidad de ciento veinticinco euros con sesenta y seis céntimos (125,66 euros) respecto a la medida judicial de convivencia en grupo educativo, y once (11) euros respecto al resto de medidas de medio abierto.

4. El coste efectivo diario por plaza no ocupada asciende a la cantidad de noventa y cuatro euros con veinticuatro céntimos (94,24 euros) respecto a la medida judicial de convivencia en grupo educativo, y ocho (8) euros respecto al resto de medidas de medio abierto.

5. El abono de las plazas de "resto de medidas en medio abierto" se efectuará por módulos de treinta (30) plazas, de manera que se satisfará el importe de las plazas efectivamente ocupadas y un número de plazas no ocupadas hasta completar el módulo correspondiente.

6. La medida de permanencia fin de semana en domicilio se abonará computando por cada fin de semana de ejecución dos días.

5. El abono para el mantenimiento del servicio a prestar en los dos centros de Medio Abierto se realizará en pagos de 22.500 euros mensuales.

7. La medida de asistencia a centro de día, se desarrollará en los Centros de Medio Abierto sin coste adicional alguno sobre el coste efectivo de dichos centros.

Quinta.- Cobertura presupuestaria.

El coste de la prestación del servicio de ejecución de medidas judiciales se imputará al Presupuesto de Gastos de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, a la aplicación presupuestaria 23.08.231K.2292000 "ejecución de medidas judiciales menores infractores".

Existe crédito adecuado y suficiente disponible en el presupuesto de gastos del ejercicio 2014 para la ejecución del presente convenio.

Sexta.- Forma de pago.

1. La entidad colaboradora, en los cinco primeros días hábiles de cada mes, presentará por registro de entrada de la Dirección General de Dependencia, Infancia y Familia, un listado nominal de los menores y jóvenes atendidos/as con referencia a la/s medida/s judicial/es que estén cumpliendo así como los/as profesionales asignados/as a cada menor o joven por parte de la entidad colaboradora.

2. En igual plazo la entidad colaboradora deberá presentar la correspondiente factura.

3. Toda la documentación presentada deberá estar debidamente suscrita por el/la representante legal de la entidad colaboradora.

4. La documentación presentada deberá ser supervisada por el Servicio competente en materia de medidas judiciales de la Dirección General de Dependencia, Infancia y Familia, que en su caso deberá conformarla.

5. La Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda abonará mensualmente a la entidad colaboradora el importe resultante de la aplicación de la cláusula cuarta.

6. Con carácter trimestral la Entidad colaboradora deberá presentar una relación de todos los gastos realizados con cargo al convenio suscrito. Los gastos de personal se detallarán en sus retribuciones brutas y cotizaciones a la Seguridad Social con la misma periodicidad.

Séptima.- Personal.

1. Para la ejecución de las medidas judiciales de libertad vigilada, permanencia fin de semana, prestaciones en beneficio de la comunidad realización de tareas socioeducativas y tratamiento ambulatorio, la entidad deberá contar con un Equipo Técnico compuesto por un número de Técnicos/as de Ejecución de Medidas Judiciales acorde a la ratio establecida por la entidad pública en su Resolución nº 2695, de 14 de agosto de 2012.

2. Para la medida de permanencia de fin de semana en domicilio la entidad colaboradora asignará un/a técnico/a de ejecución que, de simultanear sus funciones con el seguimiento de otras medidas judiciales, no podrá en ningún caso afectar las ratios establecidas ni superarse la jornada laboral semanal aplicable a la entidad colaboradora.

3. El Centro de Medio Abierto contará con la estructura organizativa y de personal que consta en el proyecto educativo anexo al presente Convenio, Anexo II.

4. El Grupo de Convivencia contará con la estructura organizativa y de personal que consta en el proyecto educativo anexo al presente Convenio, Anexo III.

5. La entidad contará al menos con un/a Coordinador/a bajo cuya responsabilidad se ejecuten el conjunto del Proyecto Educativo tanto de ejecución de medidas judiciales como de los centros de medio abierto.

6. El personal contratado por la entidad colaboradora deberá cumplir los requisitos de titulación, formación y experiencia profesional establecidos por la entidad pública en su Resolución de número 2695, de 14 de agosto de 2012.

A tal fin, la entidad colaboradora deberá presentar en el plazo de quince días, copia de los contratos de trabajo que suscriba.

7. Una vez suscrito el Convenio la entidad colaboradora enviará a la Dirección General de Dependencia, Infancia y Familia, para su supervisión, la relación de personal destinado a la prestación del servicio, con indicación de jornada, titulación y funciones.

Igualmente, deberá presentar, con una antelación mínima de 15 días antes de los diferentes períodos vacacionales, un cuadrante de vacaciones de todo el personal y la derivación de los casos entre los/as profesionales, a efectos de conocer el/la técnico/a de ejecución en cada momento y garantizar la normalidad en la prestación del servicio.

Asimismo, cualquier circunstancia imprevista, alta y/o baja que se produzca en el personal deberá ser comunicada con carácter inmediato a la Dirección General.

8. Dicho personal dependerá exclusivamente de la entidad colaboradora la cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su condición de empleadora del mismo, siendo la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda ajena a las relaciones laborales que por tal motivo se generen.

A tal fin, el personal de la entidad colaboradora en el momento de firmar el correspondiente contrato de trabajo, deberá suscribir un documento por el que manifieste haber sido informado del contenido de este apartado.

Dicho documento que deberá ser igualmente suscrito por el/la representante legal de la entidad colaboradora, será enviado a la Dirección General de Dependencia, Infancia y Familia.

9. La Dirección General de Dependencia, Infancia y Familia designará un responsable del convenio. Dicho responsable deberá controlar que la ejecución del convenio no se desvía de lo estipulado, así como la efectiva finalización de la prestación del servicio cuando concluya el plazo de vigencia del convenio. Igualmente, deberá, en su caso, informar y fundamentar la necesidad y procedencia de las posibles prórrogas.

Por su parte, la persona o personas que habrá de designar la entidad colaboradora como coordinadores o responsables de la ejecución de las medidas judiciales objeto del presente Convenio, integrados en su propia plantilla, tendrán entre sus obligaciones las siguientes:

a) Actuar como interlocutor en la entidad colaboradora frente a la Dirección General de Dependencia, Infancia y Familia, canalizando la comunicación entre la entidad colaboradora y el personal integrante del equipo del trabajo adscrito al convenio y la citada Dirección General, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del Convenio.

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del convenio, e impartir a dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación con la prestación de las medidas judiciales convenidas.

c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las funciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho personal al puesto de trabajo.

d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito al a ejecución del convenio, de forma que no se altere la correcta ejecución de las medidas judiciales.

e) Informar a la Dirección General de Dependencia, Infancia y Familia sobre las variaciones, ocasionales o permanentes, en la composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del convenio.

10. En todo lo que no esté expresamente previsto en materia de personal en el presente convenio, y en cuanto resulte aplicable, por analogía, se estará a lo dispuesto en el Acuerdo de Gobierno de 12 de septiembre de 2013, por el que se dictan instrucciones para la correcta ejecución de los servicios externos que se contraten en el ámbito del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 183, de 23 de septiembre de 2013).

Octava.- Expediente personal de los menores.

1. El expediente administrativo de ejecución de las medidas judiciales de un/a menor o joven será custodiado por el Servicio competente en materia de reforma de menores de la Dirección General de Dependencia, Infancia y Familia.

2. Los documentos que hayan de ser entregados a la entidad colaboradora serán siempre copia simple o copia compulsada, si fuere necesario, conservándose en todo momento los documentos originales en el expediente.

3. A la finalización de la medida judicial, los documentos que en su caso obren en poder de la entidad colaboradora deberán ponerse de nuevo a disposición de la Dirección General Dependencia, Infancia y Familia sin que pueda quedarse la entidad con copia alguna.

4. En todo caso, finalizado el período de vigencia del presente Convenio de colaboración, toda la documentación y archivos correspondientes a menores que sigan cumpliendo la medida judicial, deberán ser entregados en la Dirección General de Dependencia, Infancia y Familia.

5. El personal que tenga relación directa o indirecta con los/as menores y jóvenes, o sus familiares, deberán guardar el debido sigilo profesional sobre toda la información, documentación y asuntos en general a los que tengan acceso o de los que tengan conocimiento, deber que persiste una vez finalizada la medida.

A tal fin, los contratos de trabajo que suscriba la entidad colaboradora deberán incluir expresamente la cláusula de sigilo profesional.

6. La entidad colaboradora se obliga a establecer todos los medios que sean necesarios para cumplir con las obligaciones dimanantes de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y cualquier otra norma de aplicación, así como a formar e informar a su personal en las obligaciones que de tales normas dimanen.

7. En ningún caso la entidad colaboradora ni su personal podrán facilitar datos de los expedientes a particulares e instituciones que no sean la Dirección General de Dependencia, Infancia y Familia, si no es con la autorización de esta.

Novena.- Derechos de los menores.

La entidad colaboradora deberá promover, respecto a los/as menores y jóvenes atendidos/as unas condiciones educativas y un seguimiento adecuado para reorientar su comportamiento, favoreciendo en todo momento su proceso de integración social.

Asimismo, deberá respetar el derecho a la propia personalidad del menor, su libertad ideológica y religiosa y los derechos e intereses legítimos no afectados por el contenido de la medida, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a tratos degradantes de palabra, ni ser objeto de un rigor arbitrario o innecesario en la aplicación de las medidas.

Décima.- Informes-Memorias.

1. De acuerdo con la cláusula tercera del presente Convenio los Informes-Memorias a presentar por la entidad colaboradora deberán contener al menos los siguientes aspectos:

a) Relación nominal de menores y jóvenes atendidos/as.

b) Sexo y edades de los/as menores y jóvenes.

c) Tipo de medidas y delitos.

d) Zonas.

e) Clasificación según la evolución: favorables, desfavorables, incumplidas(alzadas o ingreso en centro).

f) Menores escolarizados/as o en inserción-formación laboral y recursos o centros de trabajo donde se inserten los/as menores.

g) Menores reincidentes.

h) Menores con intervención específica.

2. El Informe-Memoria anual deberá ser presentado por la entidad colaboradora en los quince primeros días del año siguiente y en todo caso con carácter previo al pago de la factura correspondiente al mes de diciembre.

Decimoprimera.- Seguro de responsabilidad civil.

1. La entidad colaboradora con carácter simultáneo al inicio de la prestación del servicio, se obliga a la suscripción de un seguro específico de responsabilidad civil que responda de los daños que puedan sufrir las personas y/o sus bienes (los propios menores, el personal de la entidad colaboradora y terceras personas) por cualquier incidencia o circunstancia derivada de la gestión de las medidas judiciales convenidas, como consecuencia del funcionamiento del servicio, en todas sus instalaciones y/o actividades, incluidos los actos de los/as menores y jóvenes mientras se encuentren bajo su custodia y del personal de la entidad.

Las pólizas de seguro deberán reflejar clara y expresamente el colectivo asegurado, el riesgo cubierto, así como en su caso la ubicación concreta de los inmuebles donde se desarrolla la actividad asegurada.

2. La póliza de seguro deberá tener un período de vigencia al menos coincidente con el período de vigencia del presente Convenio.

3. La entidad colaboradora deberá entregar copia compulsada de la póliza de responsabilidad civil suscrita ante la Dirección General Dependencia, Infancia y Familia en los quince días siguientes al inicio de la prestación del servicio.

Asimismo la entidad colaboradora deberá presentar copia compulsada del documento que acredite el pago de la prima con la periodicidad que se establezca en la póliza de seguro.

Decimosegunda.- Comisión de Seguimiento del Convenio.

1. Para el correcto seguimiento del presente Convenio se constituye una comisión mixta, integrada por los siguientes miembros:

- Por parte de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda:

* El/la Directora/a General de Dependencia, Infancia y Familia, o en su caso, por delegación, el/la Jefe/a de Servicio de Justicia Juvenil, que asumirá el cargo de Presidente.

* Un técnico/a responsable del servicio designado/a por el/la Jefe/a de Servicio de Justicia Juvenil, el cual asumirá el cargo de Secretario.

- Por parte de la entidad colaboradora:

* El/la representante legal de la entidad.

* El/la Coordinador/a del proyecto.

2. La Comisión se reunirá con la periodicidad que se determine en el momento de su constitución, que se llevará a cabo dentro de la primera semana siguiente a la firma del presente Convenio.

3. Son funciones de la Comisión de Seguimiento del Convenio la interpretación del mismo y el conocimiento, seguimiento y evaluación del desarrollo de las acciones previstas en el mismo.

A la Comisión de Seguimiento le serán de aplicación las disposiciones contenidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común para los órganos colegiados.

La Comisión podrá elevar a la Dirección General de Dependencia, Infancia y Familia las propuestas que estime oportunas en relación a la ejecución del Convenio.

Decimotercera.- Inspección y control.

1. La Dirección General de Dependencia, Infancia y Familia inspeccionará y controlará el servicio prestado por la entidad colaboradora al amparo del presente Convenio, abarcando, en todo caso los siguientes extremos:

a) Respeto de los derechos reconocidos a los menores por el Ordenamiento Jurídico.

b) Condiciones e idoneidad de los medios personales con que desarrolla las tareas y actividades, así como los requisitos profesionales y aptitudes personales de quienes los realizan.

c) Control de la utilización de los fondos públicos que pudieran recibir en relación a su aplicación a las finalidades y condiciones con que los recibieran.

2. La entidad colaboradora deberá conocer y cumplir con el Protocolo de Actuación de la Inspección del Servicio de Ejecución de Medidas Judiciales.

Decimocuarta.- Vigencia.

El presente Convenio tendrá una vigencia desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2014. Podrá ser objeto de prórrogas, previa conformidad expresa, de las partes, que se formalizarán mediante la correspondiente adenda, y la duración máxima del mismo, incluidas las prórrogas, no podrá exceder de cuatro años.

Las prórrogas del presente convenio quedan supeditadas a la existencia de crédito adecuado, suficiente y disponible en el Presupuesto de Gastos de la Comunidad Autónoma de Canarias del ejercicio que corresponda.

Decimoquinta.- Régimen de penalizaciones económicas.

1. Son causas de penalización:

- El incumplimiento de las obligaciones de la entidad colaboradora recogidas en la cláusula tercera del presente Convenio.

- El incumplimiento reiterado de las instrucciones que pueda dictar la persona titular de la Dirección General de Dependencia, Infancia y Familia para el mejor cumplimiento de las medidas judiciales.

- El incumplimiento de las demás obligaciones que se recogen en el resto de cláusulas del mismo, entre las que cabe destacar las comunicaciones que debe realizar la Entidad colaboradora en materia de personal así como de seguimiento de las medidas judiciales de los menores.

2. Los incumplimientos serán objeto de análisis en la Comisión de Seguimiento, que se reunirá con carácter extraordinario, por tal motivo, cuando así lo solicite cualquiera de las partes firmantes. En caso contrario los incumplimientos serán analizados en las sesiones ordinarias de la Comisión.

3. La Comisión elevará un Informe a la Dirección General donde se haga constar el acuerdo alcanzado, con indicación en su caso, de las opiniones contrarias manifestadas, siendo la entidad pública en todo caso la titular de las competencias para resolver sobre las penalizaciones económicas a que se refiere la presente cláusula.

4. Las penalizaciones económicas susceptibles de ser impuestas a la entidad colaboradora consistirán en la aplicación de un tanto por ciento del coste económico a satisfacer mensualmente a la entidad colaboradora y que se aplicará en las mensualidades en las que se produzca el incumplimiento y que en ningún caso podrá superar el 50% de dicha facturación ni tampoco suponer a la entidad colaboradora un menor coste económico que el beneficio obtenido por el incumplimiento de sus obligaciones.

5. Para la imposición de penalizaciones, la Jefatura de Servicio, previa convocatoria de la Comisión de Seguimiento, elevará a la persona titular de la Dirección General, un informe de valoración de los daños derivados de los incumplimientos así como de las circunstancias en que dichos incumplimientos se han desarrollado y de las actuaciones administrativas seguidas por la entidad pública en orden a su corrección.

6. La penalización no será impedimento para la posible resolución del Convenio de Colaboración que en todo caso operará cuando de los incumplimientos realizados por parte de la entidad colaboradora hubiere que aplicar una penalización superior al 50% de la facturación de referencia.

Decimosexta.- Causas de resolución del Convenio.

1. Son causas de Resolución del Convenio, sin perjuicio, de la legislación que en su caso resulte aplicable:

a) La renuncia expresa y por escrito de cualquiera de las partes, realizada con cuatro meses de antelación al vencimiento del presente Convenio.

b) El mutuo acuerdo de las partes.

c) El incumplimiento de las obligaciones asumidas por cualquiera de las partes, sin perjuicio de las correspondientes penalizaciones que pudiesen imponerse, en su caso, a la entidad colaboradora.

2. La entidad colaboradora deberá poner a disposición de la entidad pública, antes de la finalización de la vigencia del convenio por cualquiera de las causas previstas en el presente Convenio, los expedientes de ejecución de medidas judiciales cuya responsabilidad le haya sido atribuida, en la forma y en el momento en que así se determine por el Servicio de Justicia Juvenil de la Dirección General de Dependencia, Infancia y Familia, toda vez que respecto de tales medidas judiciales en ejecución, la entidad colaboradora deberá emitir por cada una de ellas un informe extraordinario de seguimiento, o en su caso, el informe final que proceda, como máximo a la fecha de terminación del convenio.

Decimoséptima.- Régimen jurídico y jurisdicción competente.

1. Para todo lo no previsto en el presente Convenio de colaboración se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de menores, su normativa reglamentaria de desarrollo, la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención Integral a los menores, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y la demás normativa legal y reglamentaria aplicable.

2. Sin perjuicio de las competencias de la Comisión de Seguimiento, la ejecución administrativa del presente Convenio es competencia de la Dirección General de Dependencia, Infancia y Familia, por lo que sus resoluciones administrativas e instrucciones se ajustarán al régimen jurídico de las Administraciones Públicas y al procedimiento administrativo común, gozando de las prerrogativas de validez y eficacia, siendo por tanto ejecutivas, sin perjuicio de su impugnación en sede administrativa y/o contencioso-administrativa por parte de la entidad colaboradora.

3. Las cuestiones litigiosas que pudieran derivarse del presente Convenio de colaboración, serán sometidas a la jurisdicción contencioso-administrativa.

Decimoctava.- Rescisión de Convenios.

Ambas partes, de conformidad con las cláusulas reguladoras de la Resolución de los Convenios suscritos entre aquellas, mediante la firma del presente Convenio, proceden por mutuo acuerdo a la Resolución del Convenio de Colaboración entre la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y la Asociación Opción 3 para la Prestación de Ciertas Actividades Esenciales en el Ámbito del Servicio de Ejecución de Medidas Judiciales Dictadas por los Juzgados de Menores Radicados en Canarias Competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias, suscrito el 28 de diciembre de 2012 e inscrito en el Registro de Convenios de este Departamento con el nº 2 de fecha 21 de enero de 2013 sin que por el mismo queden obligaciones pendientes de cumplimiento entre ambas partes.

Y en prueba de conformidad y aceptación de las estipulaciones procedentes, se firma el presente Convenio de colaboración por triplicado ejemplar, a un solo efecto y tenor, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.- Por la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, Inés Nieves Rojas de León.- Por la Asociación Opción 3, Martín Lomas Álvarez.

Ver anexo en las páginas 19941-20078 del documento Descargar

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