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BOC Nº 145. Martes 30 de Julio de 2013 - 4077

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V. ANUNCIOS - Cabildo Insular de La Palma

4077 ANUNCIO de 28 de mayo de 2013, relativo a la aprobación definitiva del Reglamento de Participación Ciudadana de esta Corporación.

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El Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en Sesión Plenaria Extraordinaria celebrada el día 18 de marzo de 2013, aprobó con carácter inicial el Reglamento de Participación Ciudadana de esta Corporación, publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia nº 48, de fecha 8 de abril, el correspondiente anuncio de información pública.

No habiéndose formulado reclamaciones, alegaciones ni sugerencias, se considera aprobado con carácter definitivo dicho Reglamento, tal y como se estableció en el acuerdo de aprobación inicial, siendo su contenido el que seguidamente se transcribe:

"REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo 23 de la Constitución consagra el derecho que asiste a la ciudadanía a participar directamente en los asuntos públicos. Asimismo, el apartado 2 del artículo 9 declara que corresponde a los poderes públicos remover los obstáculos que impidan la participación de los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

La Norma Fundamental reclama de la Administración Pública una posición activa, que compense las carencias de un sistema cuya tendencia natural parece orientarse exclusivamente hacia los estrechos cauces de la democracia representativa. En relación a ello, debe precisarse que la calidad de nuestro sistema democrático puede medirse, entre otros indicadores, por el nivel de participación en los asuntos públicos reconocido a la ciudadanía.

Sentado lo anterior, resulta paradójico que, transcurridos veinticinco años desde la aprobación del texto constitucional vigente, el legislador ordinario se vea abocado a abordar la modernización del gobierno local mediante la Ley 57/2003, estableciendo unos estándares mínimos que potencien la participación, a saber: su regulación de detalle mediante reglamento; la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación -administración electrónica- y el establecimiento de las iniciativas ciudadanas como instrumento participativo, todo ello como consecuencia del notorio déficit democrático que ha venido impregnando la relación entre la ciudadanía y los poderes locales.

El Cabildo de La Palma consciente de la necesidad de avanzar hacia una práctica administrativa que implique a las personas en las decisiones de los órganos políticos y, asimismo, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 70 bis, apartado 1, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, aprueba el Reglamento de Participación Ciudadana mediante un texto normativo que aborda en su Título I la fijación de los objetivos que pueden concretarse, sintéticamente, en el establecimiento de órganos y cauces para hacer efectivo el derecho de información y participación ya reconocidos.

En el Título II se desarrolla y concreta el contenido de los derechos de información y participación, ampliando facultades que la normativa de procedimiento administrativo común reconoce a la ciudadanía. Se señala un procedimiento para la tramitación de quejas y sugerencias, y se articula la iniciativa ciudadana en lo que se refiere tanto a la proposición de simples acuerdos, como a la proposición de normas de naturaleza reglamentaria.

El Título III contiene la institucionalización de una organización político administrativa ad hoc, de la que merece destacarse un aspecto, a saber, que la información y la participación ciudadana es un área política con contenido propio, cuya responsabilidad será objeto de delegación por parte de la Presidencia de la Corporación.

A su vez, el Título IV se destina al fortalecimiento de la sociedad civil en cuyo Capítulo I se abordan determinadas líneas en las que ha de incardinarse la política institucional. El capítulo II se refiere a dos instrumentos de participación colectiva de capital importancia: los consejos sectoriales, a los que el Cabildo ampara como parte de su organización complementaria y les otorga, además, el carácter de instrumentos de consulta; y las entidades ciudadanas, cuya naturaleza jurídica y requisitos son los determinados por la legislación territorial de nuestra Comunidad Autónoma.

TÍTULO I

Disposiciones Generales

Artículo 1.- Objeto.

El objeto del presente reglamento es la promoción y garantía de la participación ciudadana en la actividad del Cabildo Insular de La Palma, contribuyendo a la transparencia en la gestión y a la calidad democrática.

Artículo 2.- Objetivos.

El Cabildo de La Palma pretende la consecución de los objetivos siguientes:

a) Facilitar a la ciudadanía información clara y veraz sobre sus actividades, así como sobre el funcionamiento de sus órganos y servicios.

b) Favorecer la intervención de las personas y entidades ciudadanas en la gestión y salvaguarda de los intereses generales de la isla, divulgando una cultura participativa y sin perjuicio de las facultades de decisión que corresponden a los órganos administrativos.

c) Hacer efectivos los derechos reconocidos a la ciudadanía en la legislación de régimen local, estableciendo órganos y cauces que posibiliten su materialización.

d) Fortalecimiento de la sociedad civil mediante la divulgación de valores cívicos como la solidaridad, el respeto a los demás, la corresponsabilidad, la cohesión social y el desarrollo del tejido asociativo.

TÍTULO II

Derecho a la información y a la participación

CAPÍTULO I

Del derecho a la información

Artículo 3.- El derecho a la información.

1. La ciudadanía tiene derecho a ser informada de las actividades insulares; al acceso a los archivos públicos y a utilizar todos los medios de información general que el Cabildo establezca, en los términos y con el alcance que determine la legislación general sobre la materia y el presente reglamento.

2. Todas las personas tienen derecho a obtener copias y certificaciones acreditativas de los actos y acuerdos adoptados por los órganos del Cabildo y de sus antecedentes, así como a consultar los archivos y registros de la Corporación, en los términos y con los límites previstos en la legislación vigente y en el presente reglamento.

La limitación del ejercicio de este derecho deberá expresarse mediante resolución motivada.

Las peticiones en este sentido deberán ser atendidas en el plazo de un mes.

3. Las personas tienen derecho a conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesadas y a obtener copias de los documentos contenidos en ellos, así como recibir información acerca de los requisitos exigidos para las actuaciones que se propongan realizar.

4. Todas las personas tienen derecho a conocer el estado de tramitación y grado de ejecución del Presupuesto.

5. A fin de asegurar la máxima participación, la información se puede articular de las siguientes formas:

a) Información pública general a través de los boletines oficiales, Internet, prensa, radio y, en general, cualquier medio que garantice su amplia difusión en el ámbito insular.

b) Información pública individualizada. Su materialización comporta tanto la posibilidad de acceder a ella mediante el uso de medios electrónicos, como mediante comparecencia personal.

c) A los efectos de lo previsto en la normativa de procedimiento administrativo común, la información pública individualizada no tendrá carácter de notificación.

d) Información pública sectorial, dirigida específicamente al sector de la población destinataria de la actividad administrativa.

e) Consulta directa de la ciudadanía utilizando medios telemáticos, en los términos dispuestos en la Ordenanza reguladora de la Administración Electrónica.

6. La solicitud de acceso a la información se presentará bien por escrito, bien utilizando los cauces telemáticos previstos en la ordenanza insular. La solicitud delimitará de manera clara y precisa el objeto de la petición. El personal responsable de su tramitación tendrá la obligación de orientar a quienes ejerciten esta pretensión.

Artículo 4.- Difusión de la información.

1. El Cabildo utilizará todos los medios a su alcance con el fin de transmitir la información de su actividad y facilitará su más amplia difusión en el ámbito insular. Se difundirán aquellos actos y procesos de participación ciudadana que se produzcan, especialmente se procurará dar a conocer los instrumentos de planificación de cualquier naturaleza, aprobados o en trámite; los proyectos de importancia estratégica y la agenda de actividades públicas de relevancia singular.

2. La información evitará incluir valoraciones, centrándose en el detalle de las distintas alternativas existentes; en los hechos que han servido de fundamento a la decisión adoptada, así como en el estado de tramitación del asunto en cuestión.

3. Las convocatorias y orden del día de las sesiones del Pleno y del Consejo de Gobierno se harán públicas a través del Tablón de Anuncios y en la sede electrónica del Cabildo.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa vigente sobre notificación y publicación de actos y acuerdos, el Cabildo dará publicidad de los adoptados por el Pleno y el Consejo de Gobierno a través de los medios que considere oportunos y, obligatoriamente, en el Tablón de Anuncios y en el sitio web.

5. La publicidad de los acuerdos corporativos se referirá a la parte dispositiva de los mismos, y se hará de modo extractado. Asimismo, se estará a lo dispuesto en la legislación vigente respecto a la protección de datos de carácter personal.

CAPÍTULO II

El derecho a la participación

Artículo 5.- Contenido del derecho de participación.

1. La participación ciudadana constituye un eje esencial de nuestro estado social y democrático de derecho. En ningún caso supondrá menoscabo de las facultades de decisión que tienen atribuidas los órganos que integran la administración insular.

2. Todas las personas y asociaciones ciudadanas tienen el derecho a intervenir en la gestión de los asuntos de interés insular, utilizando los canales de participación establecidos en las leyes y en el presente reglamento.

3. La participación ciudadana está integrada por los siguientes derechos:

a) Derecho de petición.

b) Derecho a la iniciativa.

c) Derecho a presentar quejas, reclamaciones y sugerencias.

d) Derecho a la audiencia pública.

e) Derecho a la consulta popular.

f) Derecho a intervenir en las sesiones de los órganos colegiados.

Artículo 6.- El derecho de petición.

1. Todas las personas físicas o jurídicas podrán formalizar peticiones o solicitudes a los órganos de gobierno insular sobre cualquier asunto o materia de la competencia de estos.

2. La petición deberá presentarse por escrito, de modo presencial en las dependencias de las oficinas de registro del Cabildo o utilizando los medios telemáticos, indicando el nombre, apellidos, domicilio, número del documento nacional de identidad o pasaporte y objeto de la petición.

3. En el caso de peticiones colectivas, además de los requisitos contemplados en el ordinal anterior, será necesaria la firma de todas las personas que las suscriben, con expresión de nombre, apellidos, y número del documento nacional de identidad o pasaporte.

4. El Cabildo, por medio del Servicio de Información y Participación Ciudadana, acusará recibo de la petición y lo comunicará al interesado en el plazo de diez días. Si el escrito no reuniera los requisitos establecidos en el apartado 2 de este precepto, se requerirá al promotor para que en el plazo de quince días subsane las deficiencias advertidas, con la advertencia de que, si no lo hiciera, se archivará la petición sin más trámite.

5. Las peticiones serán inadmitidas en los casos siguientes:

a) Cuando su objeto no esté comprendido en el ámbito competencial del Cabildo. En tal caso, se remitirá a la administración u Organismo competente en el plazo de diez días, informando de ello al peticionario/a.

b) Cuando deba darse a la petición un procedimiento administrativo específico.

c) Cuando se esté tramitando un procedimiento cuyo objeto coincida con el expresado en la petición.

6. La inadmisión por cualquier causa será objeto de resolución motivada en el plazo de quince días, a contar desde el siguiente al de su presentación.

7. Si la petición es admitida, el Cabildo dará respuesta en el plazo de tres meses, informando, si procede, de las medidas adoptadas o de las actuaciones que se tiene previsto realizar.

Artículo 7.- Derecho a presentar quejas y sugerencias.

a) Todas las personas y asociaciones ciudadanas tienen derecho a presentar quejas y sugerencias respecto a la actividad del Cabildo, sin perjuicio del derecho a interponer los recursos administrativos o jurisdiccionales que estimen procedentes.

b) A estos efectos tendrá la consideración de queja la facultad que ostenta cualquier persona, física o jurídica, en orden a poner en conocimiento del Cabildo cualquier actuación irregular producida con ocasión de la gestión de los servicios públicos de su competencia.

c) Tendrá la consideración de sugerencia la facultad que ostenta cualquier persona, física o jurídica, para formular a la administración pautas destinadas a mejorar la calidad de los servicios, incrementar la eficiencia, simplificar trámites innecesarios, o cualquier otra medida que redunde en un mayor grado de satisfacción de la sociedad civil en sus relaciones con la administración insular.

Artículo 8.- Forma y lugar de presentación.

a) Las quejas y sugerencias se formalizarán, al igual que las peticiones, en la forma prevista en los apartados 2, 3, 4 y 5 del artículo 6 del presente reglamento.

b) La administración insular garantizará la existencia de impresos normalizados en todas las dependencias integradas en la Oficina de Atención Ciudadana y registros desconcentrados, en los que se advertirá, expresamente, que lo manifestado por la ciudadanía no tendrá carácter de reclamación administrativa, ni paralizará los plazos para recurrir establecidos en la normativa vigente.

c) Todos los Servicios y Unidades Administrativas se responsabilizarán de la gestión de las quejas que les afecten, colaborando con el Servicio de Información y Participación Ciudadana, en la forma y con la extensión prevista en el presente reglamento.

Artículo 9.- Tramitación.

1. Recibida la queja o sugerencia, comprobado que reúne los requisitos de admisibilidad por el Servicio de Información y Participación Ciudadana, se remitirá a la Unidad o servicio administrativo competente por razón de la materia el cual, en el plazo máximo de un mes, remitirá parecer razonado al Servicio referido. A su vez, el Servicio de Información y Participación Ciudadana dispondrá de un plazo de diez días para contestar al promotor de la iniciativa.

2. Las contestaciones a las quejas y sugerencias no serán susceptibles de recurso alguno y, asimismo, no condicionan el ejercicio de las acciones administrativas o jurisdiccionales que puedan ejercitar los interesados.

3. Las presentadas en formato electrónico tendrán la misma consideración que las presentadas en soporte papel. Su tramitación se realizará siempre a través de la Oficina de Atención Ciudadana para constancia y posterior remisión a la Unidad Administrativa responsable, que deberán ser siempre contestadas por correo ordinario.

Artículo 10.- La Comisión Especial de Quejas y Sugerencias.

1. La Comisión Especial de Quejas y Sugerencias se instituye para supervisar la actividad de la administración insular. Elaborará un informe anual al Pleno, tanto en lo que se refiere a quejas y sugerencias ciudadanas, como en lo relacionado a las deficiencias observadas respecto al funcionamiento de los servicios públicos dependientes de este Cabildo. Dicho informe anual deberá presentarse durante el primer trimestre del año siguiente a aquel cuya gestión constituya su objeto. En estos informes se omitirán los datos personales de los reclamantes.

No obstante, también podrá realizar informes extraordinarios, de oficio o a instancia de cualquier ciudadano, cuando la importancia del asunto así lo aconseje.

2. Estará integrada por un representante de cada uno de los grupos políticos que integran el Pleno, aplicándose un sistema de voto ponderado para la adopción de sus informes. Actuará como Presidente/a el/la de la Corporación, o Consejero/a en quien delegue, siendo Secretario/a quien ostente la Jefatura del Servicio de Información y Participación Ciudadana.

3. El Servicio de Información y Participación Ciudadana remitirá a la Comisión, antes del 31 de diciembre de cada año natural, las contestaciones ofrecidas a los ciudadanos respecto a las quejas y sugerencias presentadas, acompañadas de un informe de valoración.

Artículo 11.- Derecho a la iniciativa ciudadana.

Los ciudadanos de la isla que gocen del derecho de sufragio activo en las elecciones locales y siempre que lo suscriba el 25% del censo electoral o bien 7.500 residentes en la isla podrán ejercitar el derecho de iniciativa ciudadana, pudiendo distinguirse:

a) Para adopción de acuerdos.

Se referirá a propuestas de acuerdo o actuaciones en materias de competencia insular.

La iniciativa será sometida al Pleno en el plazo máximo de tres meses desde su presentación. Será tramitada como Moción, correspondiendo su defensa a la persona designada en el escrito de formalización en las condiciones determinadas en el Reglamento Orgánico.

b) Iniciativa normativa popular.

Se referirá a proyectos de normas en materia de competencia del Cabildo, excluidos los asuntos relativos a la Hacienda Insular, así como los relativos a la potestad autoorganizatoria del Cabildo Insular.

Se tramitarán con sujeción a lo establecido en la normativa de procedimiento administrativo que venga en aplicación por razón de la materia, asegurándose, en todo caso, que se recabará informe de los representantes de la iniciativa en relación a las alegaciones recibidas en el período de información pública.

Artículo 12.- Derecho de consulta popular.

1. La consulta popular es un instrumento participativo a través del cual el Cabildo toma conocimiento de la opinión ciudadana respecto a asuntos de especial relevancia insular.

2. Para que proceda la consulta ha de ser acordada por el Pleno y autorizada en los términos de la legislación estatal y de la Comunidad Autónoma, si la hubiere.

3. Corresponde promover la iniciativa:

a) Al Pleno.

b) A los ciudadanos de la isla que gocen del derecho de sufragio activo en las elecciones locales, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley territorial 10/1986, de 11 de diciembre, es decir que la iniciativa esté suscrita al menos por las firmas acreditadas de 7.500 residentes en la isla, o por el 25% de los electores de la circunscripción insular.

Artículo 13.- Derecho a intervención en las sesiones públicas.

1. Todas las personas físicas y las asociaciones tienen derecho a intervenir en las sesiones públicas del Pleno y de las Comisiones Informativas.

2. Habrán de solicitarlo dentro de las 24 horas siguientes al de la convocatoria de la sesión, siempre que:

- El asunto esté comprendido en el orden del día.

- Que la solicitud se presente por escrito, acreditando la condición de interesado.

La intervención se producirá en el momento de la toma en consideración del asunto, y el interviniente se ceñirá estrictamente al contenido de la petición presentada. Las respuestas que por cualquier motivo no pudieran ofrecerse en la propia sesión, se trasladarán por escrito al interesado en el plazo máximo de diez días.

Artículo 14.- Lista de personas interesadas.

1. Con el objeto de promover la participación de personas a título individual, se impulsará la creación de ficheros por áreas temáticas o de gestión insular en los que voluntariamente podrán incluirse.

2. Las personas incluidas recibirán información periódica sobre la actividad relevante de la Corporación acerca de los ámbitos por ellas seleccionados y se propiciará su implicación en los procesos participativos específicos.

TÍTULO III

Organización Insular para la información y la participación

Artículo 15.- El Servicio de Información y Participación Ciudadana.

1. Esta unidad administrativa coordinará, impulsará y dará uniformidad a la política informativa del Cabildo.

2. Recibirá y canalizará la información, ofrecerá respuesta sobre la actividad de la Corporación.

3. La atención prestada a la ciudadanía será presencial, telefónica y a través de los medios establecidos en la Ordenanza Insular de la Administración Electrónica. A estos efectos, se dotará al Servicio de los medios humanos, materiales y tecnológicos que fueren precisos y se organizará de modo que el servicio que preste sea ágil y eficaz.

4. Canalizará las peticiones, quejas, sugerencias, iniciativas y propuestas. Realizará la función de registro, junto a los registros desconcentrados de la Corporación y con sujeción a la Ordenanza Insular vigente sobre la materia.

Artículo 16.- La Consejería delegada de información y participación ciudadana.

En el organigrama de gobierno insular existirá la delegación de información y participación ciudadana, que recaerá en la Consejería que designe la presidencia de la Corporación. Velará por el correcto funcionamiento de los cauces de información y participación establecidos en este reglamento y asegurará el apoyo material, técnico y de equipamiento necesario para que la administración insular actúe eficazmente.

Artículo 17.- Fomento de los medios electrónicos.

El Cabildo fomentará el uso de los medios técnicos disponibles relacionados con la información y la comunicación con sujeción a la regulación establecida en la Ordenanza de Administración Electrónica, para la consecución de los objetivos siguientes:

a) Facilitar a la ciudadanía las gestiones administrativas que hubiere de realizar.

b) Ofrecer información actualizada sobre la actividad de la Corporación.

c) Establecer un canal de comunicación interactivo entre la administración y la ciudadanía.

TÍTULO IV

Fortalecimiento de la sociedad civil

CAPÍTULO I

Política institucional

Artículo 18.- Buenas prácticas.

1. Las buenas prácticas en lo que a participación ciudadana se refiere se identifican por estar basadas en proyectos y planificación previos, respondiendo de modo eficaz a una problemática concreta, con posibilidad de analizarla y reconducirla de modo que prevalezca el interés general sobre cualquier otro.

2. Contribuyen al acercamiento de las instituciones públicas a la ciudadanía, tratando de involucrarla en la gestión que realizan; establecen mecanismos de evaluación de las políticas públicas y de conocimiento del estado de la opinión ciudadana respecto a ellas.

Artículo 19.- Difusión de valores ciudadanos.

El Cabildo promoverá la realización de campañas divulgativas y formativas dirigidas a la ciudadanía, para el desarrollo de valores democráticos y de la participación y cooperación voluntaria como valores sociales. En su definición y ejecución se procurará el consenso y la colaboración tanto de las entidades ciudadanas, como de los ayuntamientos.

Artículo 20.- Mérito ciudadano.

1. Como reconocimiento a una especial conducta respecto a la difusión de valores y prácticas de participación y mejora de la convivencia, el Cabildo concederá anualmente la medalla al mérito ciudadano.

2. Su régimen y procedimiento de concesión será el establecido en el Reglamento Insular de Honores y Distinciones.

Artículo 21.- Tejido asociativo.

1. El Cabildo valora el tejido asociativo insular como un activo fundamental que forma parte del capital social de La Palma. En consecuencia, destinará recursos públicos al fomento de su desarrollo para afianzar el compromiso de los ciudadanos con la isla.

2. Las asociaciones podrán incluirse, a petición propia, en un fichero de colectivos que confeccionará y actualizará de modo permanente el Servicio de Información y Participación Ciudadana, para la consecución de los siguientes objetivos:

a) Facilitar el ejercicio de los derechos que esta norma les reconoce.

b) Que el Cabildo conozca sus datos relativos a memoria de actividades, representatividad y conexión de su praxis con el interés general.

c) Permitir al Cabildo conocer la percepción que tienen respecto a las políticas insulares.

CAPÍTULO II

Órganos de participación

Artículo 22.- Los consejos sectoriales insulares.

1. Son órganos de participación que canalizan iniciativas e inquietudes de sectores ciudadanos relativas a las áreas de gobierno y actuación del Cabildo. Asimismo, contribuyen a mejorar el proceso de formación de la voluntad de los órganos que ostentan la competencia para resolver.

2. Son órganos de encuentro entre la sociedad civil organizada y el Cabildo, que los asume como parte de su organización complementaria en los términos dispuestos en su propio Reglamento Orgánico y de Funcionamiento.

3. Tienen la consideración de tales, entre otros, los siguientes:

a) El Consejo Económico y Social Insular.

b) El Consejo Insular de la Discapacidad.

c) La Mesa Insular del Transporte Terrestre.

d) El Consejo Insular de Caza.

e) Consejo Insular de la Mujer.

f) Consejo Insular de Rehabilitación Psicológica y Acción Comunitaria para Enfermos Mentales (CIRPAC).

g) Patronato Insular de Espacios Naturales Protegidos.

d) Cualquier otro que el Cabildo, en el ejercicio de la potestad autoorganizatoria, pudiera establecer.

Artículo 23.- Régimen jurídico.

La composición, competencias y funcionamiento de los consejos sectoriales insulares se regirá por lo establecido en las normas reglamentarias que los instituyeron.

Artículo 24.- Las entidades ciudadanas.

1. Son entidades ciudadanas las personas jurídicas sin ánimo de lucro que, por cumplir los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley territorial 5/2010, de 21 de junio, están inscritas en el Registro de Participación Ciudadana a que se refiere el artículo 15 del mismo texto legal.

2. La inscripción en el Registro de Participación Ciudadana otorgará el derecho a ser parte activa en los instrumentos de participación previstos en este reglamento.

3. Las entidades ciudadanas tienen el derecho de acceso a archivos y registros insulares, en las mismas condiciones y con idénticos requisitos que se garantizan a los ciudadanos en la normativa de procedimiento administrativo común. Asimismo, tienen derecho a participar en los programas, planes o políticas de actuación sectorial del Cabildo conforme a los cauces establecidos en el presente reglamento.

Disposición Final Primera.- La regulación contenida en esta norma ha de entenderse sin perjuicio de los derechos de participación reconocidos en la legislación sectorial vigente, ya sea estatal o autonómica.

Disposición Final Segunda.- El presente Reglamento entrará en vigor a los 30 días de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias."

Santa Cruz de La Palma, a 28 de mayo de 2013.- La Presidenta, María Guadalupe González Taño.

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