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BOC Nº 181. Viernes 14 de Septiembre de 2012 - 4556

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III. OTRAS RESOLUCIONES - Consejería de Sanidad

4556 ORDEN de 8 de agosto de 2012, por la que se establecen los servicios mínimos a realizar por el personal facultativo, incluido el residente en formación, adscrito al Servicio de Pediatría del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno-Infantil, en el Área de Salud de Gran Canaria, durante la huelga convocada con carácter indefinido, de lunes a sábado, a partir del día 17 de septiembre de 2012 (inclusive).

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BOC-A-2012-181-4556. Firma electrónica-Descargar

Por escrito de 27 de julio de 2012, con registro de entrada en la Secretaría General del Servicio Canario de la Salud el 30 de julio de 2012, bajo el nº 801.078/SCS-164.703, se comunica por Dña. Rafaela del Carmen Nuez León, en nombre y representación del Sindicato Profesional de Médicos de Las Palmas, la decisión de convocar huelga con carácter indefinido, de lunes a sábado, a partir del día 17 de septiembre de 2012 (inclusive), respecto del personal facultativo, incluido el residente en formación, adscrito al Servicio de Pediatría del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno-Infantil, en el Área de Salud de Gran Canaria.

En la tramitación de la presente Orden se ha dado audiencia al Comité de Huelga, en reunión celebrada el 2 de agosto de 2012.

El artículo 28.2 de la Constitución Española reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses, reservando a la Ley que regule el ejercicio de este derecho el establecimiento de las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad, de donde se infiere que la huelga -suspensión colectiva y concertada en la prestación de trabajo por iniciativa de los trabajadores- no es un derecho absoluto, sino limitado por el mantenimiento efectivo de los servicios esenciales de la comunidad.

Sostiene el Tribunal Supremo en sentencia de fecha 19 de enero de 1988 (RJ 1988\285) que cuando la huelga se declare en empresas encargadas de la prestación de cualquier género de servicios públicos o de reconocida e inaplazable necesidad y concurran circunstancias de especial gravedad, la autoridad gubernativa está facultada para acordar las medidas necesarias en orden a asegurar, de forma tal que el ejercicio del derecho de huelga no menoscabe los intereses sociales, el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad, como límite del derecho de huelga que recoge el artículo 28.2 de la Constitución, debiendo de entenderse como tales servicios mínimos, los racionalmente necesarios para que la comunidad o cuerpo social pueda recibir las prestaciones vitales o esenciales para la misma. Habiendo declarado el Tribunal Constitucional, en sentencias de 8 de abril de 1981 (RTC 1981\11) y 24 de abril de 1986 (RTC 1986\51), que "el derecho de los trabajadores de defender sus intereses mediante la utilización de un instrumento de presión en el proceso de producción de bienes o servicios, cede cuando con ello se ocasiona, o se puede ocasionar, un mal más grave que el que los huelguistas experimentan si su reivindicación o pretensión no tuviere éxito". De donde se infiere que, al tomarse las medidas de garantía para los ciudadanos, hay que conjugar el interés general y el de los trabajadores, de tal suerte que aquel no haga inane el derecho de estos, ni el de los trabajadores, al ejercitarse, distorsione aquel de la comunidad.

El Decreto 24/1987, de 13 de marzo, de establecimiento de los servicios mínimos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 32, de 16.3.87; c.e. BOC nº 34, de 20.3.87), establece que el derecho de huelga del personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias se entenderá condicionado a que se mantengan los servicios esenciales en los distintos centros y dependencias de la misma, facultando a los titulares de las diversas Consejerías del Gobierno de Canarias para que, oído el Comité de Huelga, determinen los servicios mínimos que sean necesarios prestar en caso de huelga, así como el personal preciso para su desempeño, todo ello dentro del ámbito de sus respectivos Departamentos. El citado Decreto establece que tendrán la consideración de servicios esenciales, entre otros, los referidos a recepción y registro de documentos, salud pública y asistencia sanitaria.

Como se desprende de las sentencias del Tribunal Constitucional de 17 de julio de 1981 (RTC 1981\26) y de 5 de mayo de 1986 (RTC 1986\53), en la adopción de las medidas que garanticen el mantenimiento de los servicios esenciales, la autoridad gubernativa ha de ponderar la extensión territorial y personal, la duración prevista y las demás circunstancias concurrentes en la huelga, así como las concretas necesidades del servicio y la naturaleza de los derechos o bienes constitucionalmente protegidos sobre los que aquella repercute.

Siendo preciso garantizar un mínimo de actividad asistencial durante la huelga convocada, y tomando en consideración el ámbito temporal y subjetivo preavisado, por la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil se estima conveniente garantizar, con carácter general, la atención sanitaria de carácter urgente, incluyendo las prescripciones farmacéuticas.

En el Servicio de Pediatría del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno-Infantil resulta procedente fijar, con carácter general, servicios mínimos equivalentes a los previstos para los domingos y festivos, regla que se excepciona respecto de ciertos servicios hospitalarios encuadrados dentro de lo que en la práctica hospitalaria suele denominarse "actividad urgente o crítica", como los de Oncología Pediátrica (Hospitalización y Consultas Externas) y Hospital de Día, en los que se presta una asistencia vital y se aplican tratamientos pautados según protocolos que habitualmente no se administran en domingos y festivos, siendo necesario garantizar el 100% de la asistencia.

Visto el artículo 2 del Decreto 24/1987, de 13 de marzo (BOC nº 34, de 29.3.87), así como la propuesta de establecimiento de servicios mínimos de la Dirección del Servicio Canario de la Salud,

D I S P O N G O:

Fijar los servicios mínimos que han de prestarse por el personal facultativo, incluido el residente en formación, adscrito al Servicio de Pediatría del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno-Infantil, en el Área de Salud de Gran Canaria, durante la huelga convocada con carácter indefinido, de lunes a sábado, a partir del día 17 de septiembre de 2012 (inclusive), en los siguientes términos:

A) Servicios a prestar:

- Asistencia sanitaria de carácter urgente, incluyendo las prescripciones farmacéuticas.

- Servicios de Oncología Pediátrica y Hospital de Día.

B) Efectivos Mínimos:

- Con carácter general, los efectivos mínimos serán equivalentes a los previstos para los domingos y festivos.

- Servicios de Oncología Pediátrica (Hospitalización y Consultas Externas) y Hospital de Día: el 100% de los efectivos.

Por la Directora Gerente del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno-Infantil se determinará la relación nominal del personal sujeto a la prestación de los servicios mínimos, notificándoselo a los interesados por cualquier procedimiento que permita tener constancia de su recepción.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria, o ante aquel en cuya circunscripción tenga su domicilio el recurrente, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación, o de diez días, si se acudiera al procedimiento previsto en los artículos 114 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Potestativamente, para el supuesto de que se acudiera al procedimiento ordinario, podrá interponerse recurso de reposición ante esta Consejera, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación, significando que, en el caso de presentar recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que se resuelva expresamente el recurso de reposición o se produzca la desestimación presunta del mismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada, entre otras, por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de agosto de 2012.

LA CONSEJERA

DE SANIDAD,

Brígida Mendoza Betancor.

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