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BOC Nº 192. Miércoles 28 de Septiembre de 2011 - 5116

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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - Juzgado de Primera Instancia nº 6 de San Cristóbal de La Laguna

5116 EDICTO de 21 de julio de 2011, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de juicio ordinario nº 0000739/2011.

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BOC-A-2011-192-5116. Firma electrónica-Descargar

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:

SENTENCIA

En San Cristóbal de La Laguna, a doce de julio de dos mil once.

Vistos por mí, Dña. Raquel Díaz Díaz, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº Seis de los de esta ciudad y su partido judicial, los autos de Juicio Ordinario nº 739/2011, seguidos a instancia de Dña. Catalina Concepción Álvarez Díaz, actuando en su propio nombre y en representación de D. Juan Agustín Borges Díaz, representada por el Procurador D. José Luis Salazar de Frías y de Benito y asistida por los Letrados D. Juan Francisco Correa Hernández y Dña. Verónica María Álvarez Liddell, contra la entidad mercantil "Blandy S.G.P., S.L.", declarada en situación procesal de rebeldía, que versan sobre acción de reclamación de emisión de declaración de voluntad, dicto la presente en base a los siguientes antecedentes de hecho y fundamentos de derecho.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por la representación de la parte actora se presentó demanda contra el referido demandado, basada en los hechos y fundamentos de Derecho que estimó pertinentes y consta en las presentes actuaciones, solicitando se acuerde la formalización por el Juez de la Escritura Pública de Compraventa de fecha 9 de diciembre de 1981, autorizada por el Notario de Santa Cruz de Tenerife D. Julián Marazuela González, bajo el número 2.277 de su protocolo, teniendo por subsanada la misma, con todos los efectos legales, y ello en virtud del artículo 400.2 de la Ley de Sociedades de Capital (por NO constar inscrita la sociedad mercantil Blandy S.G.P., S.L., en todo el territorio nacional). Subsidiariamente, para el caso de no estimarse la petición anterior de formalización por el Juez, se requiera a la aludida mercantil para que, a través de su representante legal, comparezca al acto de la vista, con los apercibimientos correspondientes, si a su derecho conviniere y, previos los trámites legales, incluso el recibimiento de la presente litis a prueba, se dicte sentencia por la que estimando íntegramente la demanda, se condena a Blandy S.G.P., S.L., a través de su representante legal, a emitir una declaración de voluntad consistente en ratificar el contenido de la Escritura Pública de Compraventa autorizada por el Notario de Santa Cruz de Tenerife D. Julián Marazuela González, bajo el número 2.277 de su protocolo, con expresa condena en costas a la demandada.

Segundo.- Admitida a trámite la demanda, se emplazó a la parte demandada a fin de que contestara la misma en tiempo y forma, no haciéndolo, por lo que fue declarada en situación procesal de rebeldía mediante diligencia de fecha 30 de junio de 2011.

Tercero.- Convocadas las partes a la celebración de la audiencia previa, esta tuvo lugar el día de la presente, a la que no compareció la parte demandada pese a estar citada en legal forma, y en la que la parte actora, previo desistimiento de la solicitud de adopción de medidas cautelares, se afirmó y ratificó en su escrito de demanda, e interesó se procediera a dictar sentencia, sin previa celebración de juicio, al amparo de lo dispuesto en el artículo 429.8 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Cuarto.- En la tramitación del presente procedimiento se han observado las prescripciones legales vigentes.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- Se basa la reclamación de la parte actora en la escritura pública de compraventa otorgada en fecha 9 de diciembre de 1981, en virtud de la cual se formalizó la compraventa de la mitad indivisa de cuatro fincas registrales, sitas en el término municipal de Yaiza, Lanzarote, con los números 5813-N, 5814-N, 5815-N y 5811-N. En dicha escritura pública intervino como parte compradora D. Juan Agustín Borges Díaz, casado en sociedad de gananciales con Dña. Catalina Concepción Álvarez Díaz, y como parte vendedora D. Alfredo Armando Murray, quien actuaba en nombre y representación de la entidad Distribuidora Insular Productos Alimenticios, S.A., (DIPA), resultando facultado con la intervención conjunta en todo caso con cualquier otro apoderado de dicha sociedad para enajenar bienes inmuebles, razón por la que el Sr. Murray intervino también como mandatario verbal del otro apoderado de dicha compañía, D. José Ricardo García Díaz, el cual no ratificó la escritura de compraventa, en su condición de apoderado. En Junta General Extraordinaria y Universal celebrada el día 30 de septiembre de 1984, la entidad vendedora cambió su denominación a Blandy Tenerife, S.A., y en Junta Universal Extraordinaria de fecha 16 de marzo de 1998 volvió a cambiar de denominación a BBT Importadores, S.A. Esta última entidad fue disuelta, liquidada y extinguida por la entidad Blandy S.G.P., S.L., su liquidadora única, formalizándose en escritura pública de fecha 11 de enero de 2002. En fecha 19 de julio de 2010 se presentó copia autorizada de la escritura pública de compraventa al objeto de inscribir las fincas, dictándose en fecha 4 de agosto de 2010 acuerdo de calificación registral negativo de dicho documento, por no constar ratificación posterior otorgada por D. José Ricardo García Díaz, o por otro representante de la entidad vendedora. Tras la disolución de BBT Importadores, S.A., la actora manifiesta haber intentado contactar con la liquidadora única Blandy S.G.P., S.L., pero la misma ya no existe en el territorio nacional, según certificación negativa del Registro Mercantil Central.

Segundo.- Teniendo en cuenta que el artículo 400 de la Ley de Sociedades de Capital (Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio), referente a la formalización de actos jurídicos tras la cancelación de la sociedad dispone que: "1. Para el cumplimiento de requisitos de forma relativos a actos jurídicos anteriores a la cancelación de los asientos de la sociedad, o cuando fuere necesario, los antiguos liquidadores podrán formalizar actos jurídicos en nombre de la sociedad extinguida con posterioridad a la cancelación registral de esta. 2. En defecto de liquidadores, cualquier interesado podrá solicitar la formalización por el juez del domicilio que hubiere tenido la sociedad."; y a la vista de la documental aportada con el escrito de demanda, que acredita la existencia de los hechos constitutivos de su pretensión, sin que por la parte demandada se hayan negado los mismos ni se haya aportado elemento probatorio alguno que los desvirtuase, procede la estimación íntegra de la demanda, en relación a la petición subsidiaria del suplico, acordando, por tanto, condenar a Blandy S.G.P., S.L., a través de su representante legal, a emitir una declaración de voluntad consistente en ratificar el contenido de la Escritura Pública de Compraventa autorizada por el Notario de Santa Cruz de Tenerife D. Julián Marazuela González, bajo el número 2.277 de su protocolo.

Tercero.- Según el artículo 394 de la LEC, al resultar estimada la demanda procede imponer la totalidad de las costas causadas en el presente procedimiento a la parte demandada.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación al caso

FALLO

Que estimando la demanda presentada por el Procurador D. José Luis Salazar de Frías y de Benito, actuando en nombre y representación de Dña. Catalina Concepción Álvarez Díaz, quien actúa en su propio nombre y en representación de D. Juan Agustín Borges Díaz, contra la entidad mercantil "Blandy S.G.P., S.L.", declarada en situación procesal de rebeldía:

1) Debo condenar y condeno a Blandy S.G.P., S.L., a través de su representante legal, a emitir una declaración de voluntad consistente en ratificar el contenido de la Escritura Pública de Compraventa autorizada por el Notario de Santa Cruz de Tenerife D. Julián Marazuela González, bajo el número 2.277 de su protocolo.

2) Todo ello con expresa imposición de las costas causadas a la parte demandada.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que la misma no es firme y que contra ella cabe preparar, ante este Juzgado y para ante la Audiencia Provincial, recurso de apelación en el plazo de cinco días desde la notificación de esta resolución, previa constitución de depósito, de conformidad con la Disposición Adicional Decimoquinta, de la LOPJ, conforme redacción de la LO 1/2009, de 3 de noviembre.

Así, por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión a los autos, la pronuncio, mando y firmo.

E/.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Sra. Magistrado-Juez que la suscribe, estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha. Doy fe.

Y como consecuencia del ignorado paradero de D./Dña. Blandy S.G.P., S.L., se extiende la presente para que sirva de cédula de notificación.

En San Cristóbal de La Laguna, a 21 de julio de 2011.- El/la Secretario Judicial.

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