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BOC Nº 056. Jueves 17 de Marzo de 2011 - 1347

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V. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Economía y Hacienda

1347 ANUNCIO por el que se hace pública la Resolución de 24 de febrero de 2011, de la Secretaria de la Comisión de Valoraciones de Canarias, que notifica el Acuerdo de esta Comisión de 16 de diciembre de 2010, relativo al expediente 176/2009, sobre Informe Propuesta relativo a la parcela nº 22, finca 3, del polígono 4 derivado de la imposición de una servidumbre forzosa de acueducto, como consecuencia de las obras contenidas en el proyecto denominado Aducción de agua desalada a los depósitos municipales de Costa del Silencio, término municipal de Arona.

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BOC-A-2011-056-1347. Firma electrónica-Descargar

No pudiendo practicarse la notificación a Olidel, S.A., por ser desconocido el lugar de la notificación, es por lo que, conforme a lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

1º) Notificar a Olidel, S.A., el Acuerdo de la Comisión de Valoraciones de Canarias de 16 de diciembre de 2010, relativo al expediente 176/2009, sobre informe propuesta relativo a la parcela nº 22, finca 3, del polígono 4 derivado de la imposición de una servidumbre forzosa de acueducto, como consecuencia de las obras contenidas en el proyecto denominado "Aducción de agua desalada a los depósitos municipales de Costa del Silencio" (término municipal de Arona), con el siguiente tenor literal:

"Acuerdo de la Comisión de Valoraciones de Canarias de 16 de diciembre de 2010, relativa a la parcela nº 22, finca 3 del polígono 4 derivado de la imposición de una servidumbre forzosa de acueducto, como consecuencia de las obras contenidas en el proyecto denominado "Aducción de agua desalada a los depósitos municipales de Costa del Silencio" (término municipal de Arona).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante Decreto de la Presidencia del Consejo Insular de Aguas de Tenerife de fecha de 27 de marzo de 2008, se inicia la tramitación del expediente de imposición de una servidumbre forzosa de acueducto, por motivos de interés público, como consecuencia del Proyecto denominado "Aducción de agua desalada a los depósitos municipales de Costa del Silencio" (término municipal de Arona), sobre la parcela nº 22, finca 3, del polígono 4, del término municipal de Arona, titularidad de la entidad Olidel, S.A., concediéndole un plazo de 15 días para presentar las alegaciones que estime oportunas para la defensa de su derecho.

Así mismo se le concede un plazo de 15 días para alcanzar el mutuo acuerdo en relación con la indemnización propuesta, que asciende a la cantidad de 1.019,73 euros.

Dicho Decreto fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife el 24 de abril de 2008.

Segundo.- Mediante Decreto de la Presidencia del Consejo Insular de Aguas de Tenerife de fecha de 9 de febrero de 2009, adoptó entre otros el siguiente acuerdo:

"Imponer una servidumbre forzosa de acueducto, por motivos de interés público, como consecuencia de las obras comprendidas en el proyecto denominado "Aducción de agua desalada a los depósitos municipales de Costa del Silencio" (término municipal de Arona)". Las parcelas afectadas por dicha servidumbre, según anejo del proyecto de referencia, son las siguientes:

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Tercero.- Mediante escrito del Gerente del Consejo Insular de Aguas de Tenerife se concede un plazo de 20 días hábiles para presentar la hoja de aprecio en la que se concrete de forma motivada el valor de la indemnización por la imposición de la servidumbre forzosa de acueducto de referencia.

Cuarto.- Dicho expediente se recibe en la Comisión de Valoraciones de Canarias el 12 de noviembre de 2009.

Quinto.- Mediante escrito de la Secretaria de la Comisión de Valoraciones de Canarias, de fecha 11 de enero de 2010, se requiere al Consejo Insular de Aguas de Tenerife para que en plazo de 10 días remita la acreditación de la cumplimentación del trámite previsto en el artículo 30.2 de la LEF, así como el rechazo por el expropiado de la correspondiente Hoja de Aprecio de ese Consejo Insular de Aguas de Tenerife.

Con esa misma fecha se suspende el plazo para resolver y notificar la resolución del procedimiento.

Sexto.- El 15 de diciembre de 2010 el Consejo Insular de Aguas de Tenerife remite a la Comisión de Valoraciones de Canarias escrito en el que se contiene la "hoja de aprecio" de dicho organismo, que señala que fue notificada en virtud al artº. 59.5 de la LPC al propietario a través del Boletín Oficial de la Provincia de 8 de noviembre de 2010, en el tablón de edictos municipal y tablón de anuncios de aquel organismo, concediendo un plazo de diez días hábiles al titular de la finca para aceptarla lisa y llanamente o rechazarla.

En dicho escrito considera el Consejo Insular de Aguas de Tenerife que al haber transcurrido el plazo sin que haya mostrado conformidad o disconformidad expresa el propietario, hay que interpretar su silencio como disconformidad con la cantidad ofertada por la Administración, citando las Sentencias del TS de 2 de febrero de 1990 y de 28 de febrero de 1986.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Compete a la Comisión de Valoraciones de Canarias la fijación del justiprecio de conformidad con lo establecido en el artículo 228 del Decreto legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, en relación con el artículo 3.1.a) del Decreto 124/2007, de 24 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Comisión de Valoraciones de Canarias.

II.- No obstante lo anterior, a tenor de lo previsto en el artículo 31 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, es necesario que el propietario rechace el precio fundado ofrecido por la Administración para pasar el expediente de justiprecio a la Comisión de Valoraciones de Canarias; hemos de entender que el particular tiene la carga, que no la obligación, de impugnar el precio que fija la Administración en su hoja de aprecio (Sentencia del TS. de 14 de junio de 1999), y en el presente supuesto no consta que haya habido rechazo expreso por los propietarios.

A mayor abundamiento cabe señalar que una vez intentado el mutuo acuerdo con los titulares de las fincas objeto de un procedimiento de expropiación forzosa, sin que este se alcance, se inicia el expediente de justiprecio (artículos 24 y 25 de la LEF). En esta pieza separada ha de requerirse a los propietarios a fin de que presenten su hoja de aprecio, si no ejercieran este derecho, efectivamente no puede presumirse que hay conformidad con la valoración que les fue ofertada en el mutuo acuerdo por la Administración expropiante, por lo que habrá de continuar la Administración con la tramitación del procedimiento establecido en la LEF, esto es elaborar y notificar su hoja de aprecio a los afectados en el procedimiento expropiatorio (artº. 30.2), pues hasta entonces y como tal no existe en el expediente administrativo. Es entonces cuando el particular tiene el derecho de aceptar la hoja de aprecio notificada, o bien, la carga de rechazarla. El rechazo a tenor del artº. 31 no es tácito, pues de otro modo, esta Comisión tendría que dilucidar sobre un valor no controvertido. El procedimiento de la fase de justiprecio que hemos relatado conforme a la Ley de Expropiación Forzosa, ha de ser interpretado de esa forma tal y como se hace en la sentencia de 30 de enero de 2007, del Tribunal Superior de Justicia de Aragón:

"... Esta alegación debe ser plenamente acogida pues, como expresamente se desprende del artº. 30 de la Ley de Expropiación Forzosa, una vez formulada por el expropiado hoja de aprecio y rechazada esta por la Administración expropiante efectuando la correspondiente valoración, el expropiado ... podrá aceptarla lisa y llanamente o bien rechazarla, y en este segundo caso tendrá derecho a hacer las alegaciones que estime pertinentes, empleando los métodos valorativos que juzgue más adecuados para justificar su propia valoración a los efectos del artº. 43 , y asimismo a aportar las pruebas que considere oportunas en justificación de dichas alegaciones ...", añadiendo el artº. 31 que "... si el propietario rechazase el precio fundado ofrecido por la Administración, se pasará el expediente de justiprecio al Jurado Provincial de Expropiación.

De estos preceptos se deduce que el trámite de determinación del justiprecio, en caso de rechazo por el expropiado de la hoja de aprecio de la Administración, con formulación de alegaciones y aportación de pruebas, no es otro que la remisión del expediente al Jurado ..."

Finalmente habrá de tenerse en cuenta que las sentencias del Tribunal Supremo que cita el Consejo Insular de Aguas de Tenerife, en su escrito presentado el 15 de diciembre de 2010, para considerar la que no es necesario el rechazo expreso del particular de la hoja de aprecio de la Administración, para que se remita el expediente de justiprecio al Jurado, no son trasladables al presente supuesto, ya que en tales sentencias la omisión que se analiza es la falta de presentación por el particular de "su hoja de aprecio", y esta Comisión obviamente coincide con dicha jurisprudencia en que la no elaboración de la hoja por el particular no supone una aceptación de la Administración.

Nuestro supuesto de hecho es distinto: lo que no consta en el expediente, y así se reconoce por el Consejo Insular de Aguas de Tenerife, es el rechazo expreso a la hoja de aquél, y ello es necesario para que el procedimiento ante este órgano tenga "objeto y contenido" pues la competencia de la Comisión recae exclusivamente sobre las controversias respecto del valor de los bienes y derechos expropiados.

Por todo ello,

Se acuerda inadmitir a trámite la solicitud de fijación de justiprecio, formulada por Consejo Insular de Aguas de Tenerife, sobre la parcela nº 22, finca 3 del polígono 4 derivado de la imposición de una servidumbre forzosa de acueducto, como consecuencia de las obras contenidas en el proyecto denominado "Aducción de agua desalada a los depósitos municipales de Costa del Silencio" (término municipal de Arona).

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición ante la Comisión de Valoraciones de Canarias, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, o alternativamente recurso contencioso-administrativo, Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de que los interesados puedan interponer cualquier otro que considere pertinente.

Por parte de la Administración afectada por el presente acuerdo, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a la notificación de la presente resolución, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa".

2º) Ordenar la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de Canarias.

3º) Remitir la presente Resolución al Ayuntamiento de Arona, para su exposición pública en el tablón de edictos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de febrero de 2011.- La Secretaria de la Comisión de Valoraciones de Canarias, María Guayarmina Quintana López.

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