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BOC-A-2011-041-950.
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La Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo dictó Sentencia de 19 de julio de 2010, recaída en el recurso de casación nº 376/2007, interpuesto por el Abogado del Estado en representación de la Administración del Estado, contra la sentencia de 7 de noviembre de 2006, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, recaída en el recurso contencioso-administrativo nº 199/2003, en el que se impugna el Decreto de 7 de octubre de 2002 de la Comunidad Autónoma sobre régimen de personal docente e investigador contratado y sobre complementos retributivos del profesorado de las Universidades canarias.
En su virtud, vistas las disposiciones legales de aplicación, de conformidad con lo previsto en el artículo 118 de la Constitución Española, el artículo 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y artículo 104.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
R E S U E L V O:
Dar publicidad en el Boletín Oficial de Canarias, para general conocimiento y cumplimiento, al fallo de la Sentencia de 19 de julio de 2010, dictada por la Sección Séptima de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, del siguiente tenor: "Ha lugar a estimar el recurso contencioso-administrativo 199/2003 y se anula y se deja sin efecto por ser contraria a derecho la disposición transitoria tercera del Decreto de 7 de octubre de 2002 de la Comunidad Autónoma sobre régimen de personal docente e investigador contratado y sobre complementos retributivos del profesorado de las Universidades canarias."
Santa Cruz de Tenerife, a 18 de febrero de 2011.- El Secretario General, Fernando Ríos Rull.
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