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BOC Nº 253. Lunes 27 de Diciembre de 2010 - 7131

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V. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente

7131 Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 17 de diciembre de 2010, del Director Ejecutivo, sobre notificación a D. Gabriel Flores Barandela, de la Resolución que acuerda la incoación del procedimiento sancionador, recaída en el expediente 624/06.M (IM-1537/06).

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BOC-A-2010-253-7131. Firma electrónica-Descargar

No habiéndose podido practicar la notificación en el domicilio conocido a D. Gabriel Flores Barandela, de la Resolución por la que se acuerda la incoación del procedimiento sancionador, de fecha 9 de noviembre de 2010, procede la notificación por los medios previstos en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En consecuencia, a continuación se transcribe y para que sirva de notificación, extracto de la citada resolución,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Gabriel Flores Barandela, la Resolución nº 2188, de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, de fecha 9 de noviembre de 2010, recaída en el expediente instruido en esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural por infracción a la Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias, con referencia 624/06.M (IM-1537/06) y cuya parte dispositiva dice textualmente:

"R E S U E L V O:

Primero.- Incoar procedimiento sancionador a D. Gabriel Flores Barandela, en calidad de productor de residuos peligrosos, como presunto responsable por la comisión de las siguientes infracciones administrativas:

A) Infracción administrativa tipificada y calificada de leve en el artículo 38.4.c), en relación con su apartado 3.d) de la Ley 1/1999, de 29 de enero, relativa al incumplimiento de las determinaciones legales en la gestión y manejo de los residuos tóxicos y peligrosos sin que se haya producido un daño grave para el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la salud de las personas, en concreto, la prevista en el apartado 3 del artículo 19 de la citada Ley, y sancionada conforme preceptúa el artículo 42.3 del mismo cuerpo legal, con multa de 300,51 euros hasta 6.010,12 euros, siendo en el presente caso la sanción que corresponde de tres mil ciento cincuenta y cinco (3.155,00) euros, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción.

B) Infracción administrativa tipificada y calificada de grave en el artículo 38.3.d) de la Ley 1/1999, de 29 de enero, relativa al incumplimiento de las determinaciones legales en la gestión y manejo de los residuos tóxicos y peligrosos sin que se haya producido un daño grave para el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la salud de las personas, en concreto, la prevista en el apartado 1 del artículo 19 de la citada Ley, y sancionada conforme preceptúa el artículo 42.2 del mismo cuerpo legal, con multa de 6.010,13 hasta 300.506,05 euros, siendo en el presente caso la sanción que corresponde de treinta mil (30.000,00) euros, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción.

Segundo.- Requerir a D. Gabriel Flores Barandela para que, en el plazo de un mes, proceda a corregir la situación ilegal creada como consecuencia de la presunta comisión de las infracciones, acreditando la posesión del libro-registro de los residuos producidos, así como su entrega a gestor autorizado, advirtiéndole que de no cumplimentar el antedicho requerimiento no podrá ser tenida en cuenta como circunstancia atenuante de conformidad con el artículo 43.3 de la Ley de Residuos de Canarias.

Tercero.- Nombrar instructora a María Ojeda González y suplente a Sonia Gómez Castro y secretaria a María Reyes García y suplente a María del Carmen Báez Cejas, quienes podrán ser recusadas en los casos y formas previstos en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Cuarto.- Al amparo de lo dispuesto en el artículo 3.2 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, los interesados tienen derecho a formular alegaciones y a aportar los documentos que consideren convenientes en cualquier momento del procedimiento a partir de la notificación del presente acuerdo y con anterioridad al trámite de audiencia.

a) Al amparo de lo dispuesto en el artículo 16.1 del citado Reglamento, los interesados disponen de un plazo de quince días, a contar desde la notificación del presente acuerdo, para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes y, en su caso, proponer pruebas concretando los medios de que pretendan valerse. De no presentarse alegaciones en dicho plazo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 13.2 del mismo Texto Legal, el presente acuerdo de iniciación podrá considerarse como propuesta de resolución, toda vez que contiene un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada.

b) De conformidad con el artículo 8.1 del Real Decreto 1398/1993, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, si el infractor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento, con la imposición de la sanción que proceda, y ello sin perjuicio de la reposición de la realidad física alterada prevista en el artículo 179 del citado Texto Refundido. Asimismo, según dispone el apartado segundo del precitado artículo, el pago voluntario por el imputado en cualquier momento anterior a la resolución, podrá implicar igualmente la terminación del procedimiento sin perjuicio de interponer los recursos procedentes.

c) Una vez notificada la propuesta de resolución, los interesados dispondrán de un plazo de audiencia de quince días para formular alegaciones, así como para presentar los documentos e informaciones que estimen pertinentes, según lo dispuesto en el artículo 19 del mismo Reglamento.

d) El presente procedimiento sancionador se desarrolla de acuerdo con el principio de acceso permanente. Por tanto, el expediente administrativo se encuentra a disposición de los interesados en las oficinas de esta Agencia, sita en la Rambla de Santa Cruz, nº 149, entresuelo, en Santa Cruz de Tenerife, en horario de 10 a 12 horas, de lunes a viernes.

e) Según preceptúa el artículo 20.6 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora y a tenor de lo dispuesto en el artículo 42.2 de la Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, el plazo máximo para resolver el presente procedimiento y notificar su resolución es de seis meses, transcurrido el cual se producirá la caducidad del mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.2 de la precitada Ley.

Comuníquese la presente Resolución a las nombradas instructora y secretaria, así como al denunciado, demás interesados y al Ayuntamiento."

Lo que comunico para su conocimiento y efectos oportunos.

Segundo.- Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias, para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 17 de diciembre de 2010.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

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