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BOC Nº 223. Viernes 12 de Noviembre de 2010 - 6252

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III. OTRAS RESOLUCIONES - Consejería de Obras Públicas y Transportes

6252 DECRETO 220/2010, de 4 de noviembre, por el que se declara urgente la ocupación de los bienes y derechos afectados por la expropiación forzosa derivada de la ejecución del proyecto denominado "Construcción carretera Agaete-La Aldea. Tramo: La Aldea-El Risco. Isla de Gran Canaria. Clave: 02-GC-265".

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BOC-A-2010-223-6252. Firma electrónica-Descargar

Examinado el expediente administrativo instruido por la Secretaría General Técnica de la Consejería de Obras Públicas y Transportes para declarar urgente la ocupación de los bienes y derechos afectados por la expropiación forzosa derivada de la ejecución del proyecto denominado "Construcción carretera Agaete-La Aldea. Tramo: La Aldea-El Risco. Isla de Gran Canaria. Clave: 02-GC-265", resultan los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El proyecto de construcción "Carretera Agaete-La Aldea. Tramo: La Aldea-El Risco. Isla de Gran Canaria. Clave: 02-GC-265" se aprobó técnicamente por Orden del Consejero de Obras Públicas y Transportes de 25 de abril de 2008; iniciándose el expediente de expropiación forzosa de los bienes y derechos afectados por la ejecución de dicho proyecto mediante Orden del citado Consejero, de 20 de abril de 2009.

Segundo.- Se ha tramitado expediente de información pública, publicándose anuncio en el Boletín Oficial de Canarias nº 91, de 14 de mayo de 2009, en un diario de la provincia de Las Palmas y en los tablones de anuncios de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, y de los Ayuntamientos de Agaete, Artenara y La Aldea de San Nicolás; habiéndose presentado alegaciones sobre las que el Secretario General Técnico del citado departamento dictó Resolución de 7 de julio de 2009, por la que fueron estimadas las que versaban sobre errores cometidos en la descripción de las fincas que acreditaron lo alegado y desestimadas las restantes.

Tercero.- La Dirección General de Infraestructura Viaria de la Consejería de Obras Públicas y Transportes y el Cabildo Insular de Gran Canaria han evacuado informes justificativos de la necesidad de declarar urgente la ocupación de los bienes y derechos afectados por la expropiación forzosa derivada de la ejecución del referido proyecto.

Asimismo, la Dirección General del Servicio Jurídico ha emitido informe favorable al respecto.

Cuarto.- Se ha acreditado la existencia de crédito adecuado y suficiente para la actuación que se pretende con cargo a la aplicación presupuestaria 02.513M.600, proyecto de inversión 00611169, denominado "Expropiaciones carreteras (Convenio Ministerio de Fomento)", mediante los correspondientes documentos contables, por importe de tres millones setecientos treinta y tres mil seiscientos ochenta y nueve euros con setenta y cinco céntimos (3.733.689,75 euros), de acuerdo con el informe técnico de valoración del presupuesto de la expropiación, de 7 de junio de 2009.

A los citados hechos les son de aplicación las siguientes

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I.- En el ejercicio de sus competencias, la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias goza de las potestades y privilegios propios de la Administración General del Estado y, en todo caso, la potestad expropiatoria, incluida la declaración de urgente ocupación de los bienes afectados y el ejercicio de las restantes competencias de la legislación expropiatoria atribuidas a la Administración General del Estado, cuando se trate de materia de competencia de la Comunidad Autónoma, según lo dispuesto en el artículo 34.b) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, con relación a lo previsto en los artículos 30.18 y 41.b) del Estatuto de Autonomía de Canarias.

II.- De acuerdo con lo indicado en el artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, excepcionalmente, y mediante acuerdo del Consejo de Gobierno, podrá declararse urgente, en cualquier momento, la ocupación de los bienes afectados por la expropiación a que dé lugar la realización de una obra o finalidad determinada. En el expediente que se eleve al Consejo de Gobierno deberá figurar, necesariamente, la oportuna retención de crédito, con cargo al ejercicio en que se prevea la conclusión del expediente expropiatorio y la realización efectiva del pago, por el importe a que ascendería el justiprecio calculado en virtud de las reglas previstas para su determinación en dicha ley. Tal declaración implicará, entre otras consecuencias, que se entenderá cumplido el trámite de declaración de necesidad de la ocupación de los bienes que hayan de ser expropiados, según el proyecto y replanteo aprobados y los reformados posteriormente, y dará derecho a su ocupación inmediata.

III.- El artículo 56 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, aprobado por el Decreto de 26 de abril de 1957, en relación con el artículo 86.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece que el acuerdo en que se declare la urgente ocupación de bienes afectados por una expropiación deberá estar debidamente motivado, con la exposición de las circunstancias que, en su caso, justifican el excepcional procedimiento previsto en el artículo 52 de la Ley y conteniendo referencia expresa a los bienes a que la ocupación afecta o al proyecto de obras en que se determina, así como el resultado de la información pública en la que por plazo de veinte días, se haya oído a los afectados por la expropiación de que se trate.

IV.- La utilidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes y la adquisición de los derechos afectados por la expropiación forzosa, resulta implícita en la aprobación del proyecto de construcción de referencia por el Consejero de Obras Públicas y Transportes, mediante Orden departamental de 25 de abril de 2008, a tenor de lo establecido en los artículos 13.1 de la Ley 9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras de Canarias, y 27.1 del Reglamento de Carreteras de Canarias, aprobado por el Decreto 131/1995, de 11 de mayo.

V.- El artículo 89.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, señala que la aceptación de informes o dictámenes servirá de motivación a la resolución cuando se incorporen al texto de la misma.

VI.- La urgencia en declarar la ocupación de los bienes y derechos afectados por la expropiación forzosa está debidamente motivada en el informe técnico del Jefe del Área de Carreteras de la Dirección General de Infraestructura Viaria, de 29 de septiembre de 2010, que obra en el expediente, y en el que se indica lo siguiente:

"Las características del trazado actual de la carretera de acceso a La Aldea de San Nicolás por el Norte, carretera GC-200 en su actual denominación, -en especial las fuertes pendientes y pequeños radios de sus curvas- sujeta a frecuentes desprendimientos, han hecho que La Aldea de San Nicolás haya quedado relegada de los procesos de integración intrainsular que con tanta energía se han manifestado en la isla de Gran Canaria a partir de los años setenta, situación que sólo la pujante agricultura de invernadero, desmantelada en otros municipios para dar cabida a expansiones industriales, turísticas o residenciales, ha impedido que se convierta en un franco despoblamiento lo que fue uno de los primeros enclaves humanos en la isla.

Esta agricultura, que es el motor económico del municipio, es una agricultura de exportación, con lo que le es imprescindible una vía de comunicación segura con el Puerto de Las Palmas de Gran Canaria. Actualmente la distancia por el norte entre La Aldea de San Nicolás es de 70 kilómetros y por el sur de 130 kilómetros.

La necesidad de la nueva vía viene, también, justificada por la peligrosidad de la actual.

La orografía del terreno y el diseño de la actual carretera, carretera a media ladera a través de taludes de mucha pendiente, hace que caigan sobre la vía desprendimientos en épocas de lluvia, vientos u, ocasionalmente, por causa del ganado o las diferencias de temperatura que, incluso, obligan a cerrar la carretera.

Otra cuestión importante, es que la población de La Aldea de San Nicolás, más de 8.000 habitantes, sólo dispone de Centro de Salud, por lo que la atención hospitalaria de dicha población se realiza en los hospitales de Las Palmas de Gran Canaria, situados a 69 kilómetros.

La peligrosidad de la actual carretera influye en la dificultad de contratar médicos y profesores estables tanto en el Centro Sanitario como en el Educacional.

El tiempo estimado en recorrer a través de la actual carretera el tramo Agaete-La Aldea de San Nicolás se estima, para un vehículo pesado en más de 70 minutos.

En el tramo que se pretende ejecutar, las características de la actual carretera, que no cumplen con las vigentes instrucciones de carreteras, son las siguientes:

- Curvas con radios muy pequeños (hasta 8,00 m).

- Con relación de radios consecutivos muy grandes, no aceptable según la vigente instrucción de trazado de carreteras.

- Escasa visibilidad.

- Gran dificultad para realizar adelantamientos.

- Plataforma escasa: 5,90 m en la actual carretera, sin arcenes, lo que impide en algunas zonas el cruce de dos vehículos pesados, y con elevadas pendientes.

Este tramo es el más peligroso, dado que es donde se producen el mayor número de desprendimientos y, a su vez, es el tramo de mayor valor natural dentro del Parque Natural de Tamadaba.

El acondicionamiento de la actual carretera se ha desechado en los diferentes estudios técnicos realizados por diversas razones entre las que cabe destacar las siguientes:

- El deterioro irreversible de la zona del Andén Verde, con nula capacidad de acogida y alto valor medioambiental que, dada la gran pendiente de sus laderas, vería afectada toda la zona comprendida entre el mar y la carretera y una parte muy amplia del área situada por encima de la misma.

- La interrupción del tráfico existente durante largos períodos de tiempo, que sólo podría ser desviado a través del centro de la isla o por el Sur, con el consecuente y considerable aumento de recorrido, tiempo y coste.

- La dificultad de impedir que se sigan produciendo los frecuentes desprendimientos de rocas.

- La rectificación de muchas de las curvas llevaría implícito el aumento de la pendiente, ya de por sí muy elevada.

El Valle de La Aldea, dadas sus características, se encuentra rodeado de espacios naturales protegidos.

Tanto el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Natural de Tamadaba, instrumento de planeamiento del espacio natural, como el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria, en su doble vertiente de ordenación territorial y ordenación de los recursos naturales, recogen la nueva vía.

...

El Plan Rector del Parque Natural de Tamadaba acepta la ejecución de la nueva carretera, cuyo proyecto ha sido sometido a las preceptivas tramitaciones ambientales, dando carácter prioritario al cierre del tramo del Andén Verde tramo que se encuentra en la nueva carretera que se pretende ejecutar.

...

Por parte del Área de Carreteras se ha solicitado un nuevo informe al Cabildo Insular de Gran Canaria sobre las incidencias producidas en la actual carretera a partir del año 2005, con el fin de comprobar si el problema se había estabilizado en lo que se refiere a incidencias de desprendimientos sobre la carretera o, por el contrario si, a pesar de las medidas que se hubieran tomado, el número de incidencias se hubiera incrementado.

Se considera necesario destacar algunos aspectos del informe emitido por el Cabildo Insular de Gran Canaria.

"De manera menos frecuente se producen desprendimientos aislados de piedras de grandes dimensiones de forma imprevisible en todo el tramo de la carretera, llegando incluso a desprenderse masas rocosas que llegan a ocupar todo el ancho de la calzada. Estos desprendimientos han causado daños materiales importantes a vehículos, traspasando en algunos casos el cristal parabrisas o el techo del vehículo, y han puesto, por lo tanto, en grave peligro la vida de sus ocupantes".

...

Como se observa de estos datos y de la lectura del informe del Cabildo Insular de Gran Canaria es evidente la peligrosidad de la actual vía y a pesar de las medidas paliativas tomadas tendentes a evitar los desprendimientos directos sobre la calzada, no se han impedido los mismos, incrementándose tanto las intervenciones de los servicios de mantenimiento de la carretera, como los días en los que ha sido necesario el cierre de la misma, cierre que se realiza en días de lluvias intensas.

La actual carretera tiene un peligro evidente como consecuencia de los desprendimientos que se producen en las laderas colindantes, que ponen en peligro la vida de los usuarios de la misma.

La nueva vía permitirá una circulación fluida y segura, con un tiempo de recorrido muy inferior al que se realiza en la actual carretera. La distancia se reducirá un 50% y el tiempo de recorrido disminuirá en un 70%, aproximadamente."

Además, debe tenerse en cuenta lo expuesto en el informe de 26 de mayo de 2010, del Jefe de Contratación y Expropiaciones de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, que obra en el expediente, y en el cual se pone de manifiesto lo siguiente:

"El número de fincas afectadas en el expediente de expropiación forzosa para la ejecución del proyecto "Construcción de la carretera de Agaete-La Aldea. Tramo: La Aldea-El Risco. Isla de Gran Canaria. Clave 02-GC-265", al día de la fecha, son 118 fincas.

- La cronología del procedimiento ordinario sería:

1.- Concreción sobre el terreno de los bienes y derechos afectados con sus titulares: 1 mes.

2.- Estudio de Valoraciones individualizadas: 1 mes.

3.- Tramitación de las piezas separadas de determinación de los justiprecios:

a) Con Actas de Mutuo Acuerdo: 1 mes.

b) Sin mutuo acuerdo: 6 meses.

- Expedientes contradictorios (hojas de aprecios de las partes): 6 meses.

- Expedientes ante la Comisión de Valoraciones de Canarias: entre 6 y 18 meses.

4.- Pagos y levantamientos de actas de ocupación: 2 meses desde la determinación de los justiprecios.

No obstante, teniendo en cuenta las vicisitudes acaecidas en la instrucción de expedientes expropiatorios semejantes, es previsible que la estimación puramente teórica citada en el párrafo anterior se amplíe hasta los cuatro años, con el consiguiente perjuicio para el interés general.

El problema expuesto quedaría solventado optando por la tramitación urgente prevista en el artº. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa habida cuenta de que en este último procedimiento se pueden ocupar las fincas necesarias con el simple pago o consignación del depósito previo sin perjuicio de que el justiprecio pueda ser discutido posteriormente a la ocupación, en vía administrativa o jurisdiccional, con lo cual la disponibilidad y ocupación de los terrenos se realizaría de forma inmediata, cumpliendo así la finalidad de la urgencia."

VII.- Se ha tramitado expediente de información pública, conforme a lo dispuesto en el artículo 18 y siguientes de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa y en los artículos 17 y 24 de su Reglamento, aprobado por el Decreto de 26 de abril de 1957; así como en el artículo 86.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Obras Públicas y Transportes y previa deliberación del Gobierno en su sesión celebrada el día 4 de noviembre de 2010,

D I S P O N G O:

1.- Declarar urgente la ocupación de los bienes y derechos afectados por la expropiación forzosa derivada de la ejecución del proyecto denominado "Construcción carretera Agaete-La Aldea. Tramo: La Aldea-El Risco. Isla de Gran Canaria. Clave: 02-GC-265", aprobado por Orden de 25 de abril de 2008, del Consejero de Obras Públicas y Transportes.

Los bienes y derechos cuya urgente ocupación se declara, quedan descritos en forma individualizada, con indicación de sus titulares en el anexo del presente Decreto.

2.- Los interesados podrán formular ante la Consejería de Obras Públicas y Transportes y hasta el momento del levantamiento de las correspondientes actas previas, alegaciones a los únicos efectos de subsanar posibles errores materiales en la enumeración o descripción de los bienes y derechos afectados.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición ante el Gobierno de Canarias, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación o publicación, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala competente de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación o publicación; significando que, en el caso de presentar recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que se resuelva expresamente el recurso de reposición o se produzca la desestimación presunta del mismo, y todo ello sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse. No obstante, en el caso de tratarse de Administraciones Públicas se acudirá al requerimiento previo previsto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de noviembre de 2010.

EL PRESIDENTE

DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

EL CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS

Y TRANSPORTES,

p.s., EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA,

JUSTICIA Y SEGURIDAD

(Decreto 203/2010, de 4 de noviembre,

del Presidente),

José Miguel Ruano León.

Ver anexo en las páginas 29006-29010 del documento Descargar

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