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BOC Nº 168. Jueves 26 de Agosto de 2010 - 4958

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V. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

4958 Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 13 de agosto de 2010, del Director Ejecutivo, sobre notificación a D. Francisco José Navarro Santana, de la Resolución recaída en el expediente de R.P. 366/2009.

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BOC-A-2010-168-4958. Firma electrónica-Descargar

No habiéndose podido practicar la notificación a D. Francisco José Navarro Santana de la Resolución del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, nº 1220, de fecha 15 de junio de 2010, en los términos del apartado primero del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; de conformidad con el apartado cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Francisco José Navarro Santana la Resolución del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, nº 1220, de fecha 15 de junio de 2010, recaída en el expediente instruido en esta Agencia por infracción a la Ordenación Territorial con referencia R.P. 366/2009, que dice textualmente:

"Primero.- Iniciar procedimiento sancionador contra don Francisco José Navarro Santana como presunto responsable de las infracciones cometidas en el taller sito en la Carretera a Gando, nº 20, en el término municipal de Telde, consistentes en:

A) Infracción tipificada y clasificada de leve en el artículo 38.4.a) de la Ley 1/1999, de Residuos de Canarias, consistente en el ejercicio de una actividad productora de residuos peligrosos (aceites de motor, filtros, pinturas, disolventes, baterías de plomo y piezas mecánicas diversas con aceites y grasas) sin estar inscrito en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Tóxicos y Peligrosos, dado que el mismo produce tales residuos en cantidad inferior a 10.000 kilogramos al año, y sancionada en el artículo 42.3 del mismo Texto Legal, con multa de 300,51 hasta 6.010,12 euros, clausura temporal parcial de instalaciones y apercibimiento público; siendo en el presente caso la sanción que corresponde de tres mil ciento cincuenta y cinco (3.155) euros, correspondiente a su grado medio, en función de las circunstancias que concurren en el presente expediente, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción.

B) Infracción tipificada y clasificada de leve en el artículo 38.4.c), en relación con el artículo 38.3.d), ambos de la Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias, en relación con los artículos 13, 14 y 15 del Reglamento para la Ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado por Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, modificado por el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, y el artículo 19.2 de la Ley 1/1999, consistente en el incumplimiento de las determinaciones legales en la gestión y manejo de los residuos peligrosos, en lo relativo al almacenamiento inadecuado de los mismos, y sancionada en el artículo 42.3 del mismo Texto Legal con multa de 300,51 hasta 6.010,12 euros, clausura temporal parcial de instalaciones y apercibimiento público; siendo en el presente caso la sanción que corresponde de tres mil ciento cincuenta y cinco (3.155) euros, correspondiente a su grado medio, en función de las circunstancias que concurren en el presente expediente, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción.

Segundo.- Requerir a don Francisco José Navarro Santana para que proceda a la reposición de las cosas al estado anterior a la comisión de la infracción, en el plazo de un mes, a partir de la notificación de la presente resolución, mediante el almacenamiento y etiquetado de los residuos peligrosos generados de acuerdo con lo establecido en la normativa de aplicación, advirtiéndole que de no cumplimentar el antedicho requerimiento, no podrá ser tenida en cuenta como circunstancia atenuante de conformidad con el artículo 43.3 de la Ley de Residuos de Canarias.

Tercero.- Nombrar Instructora a Dña. María Isabel Puerta González y suplente a Dña. Sonia Gómez Castro, y Secretario a D. Fernando Cáceres Santana y suplente a Dña. María Soledad González Castellano, respectivamente, quienes podrán ser recusados en los casos y formas previstos en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Cuarto.- Al amparo de lo dispuesto en el artículo 3.2 del Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, los interesados tienen derecho a formular alegaciones y a aportar los documentos que consideren convenientes en cualquier momento del procedimiento a partir de la notificación del presente acuerdo y con anterioridad al trámite de audiencia.

a) Al amparo de lo dispuesto en el artículo 16.1 del citado Reglamento, los interesados disponen de un plazo de quince días, a contar desde la notificación del presente acuerdo, para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes y, en su caso, proponer pruebas concretando los medios de que pretendan valerse. De no presentarse alegaciones en dicho plazo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 13.2 del mismo Texto Legal, el presente acuerdo de iniciación podrá considerarse como propuesta de resolución, toda vez que contiene un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada.

b) De conformidad con el artículo 8.1 del Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, si el infractor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento, con la imposición de la sanción que proceda, y ello sin perjuicio de la reposición de la realidad física alterada prevista en el artículo 46 de la Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias. Asimismo, según dispone el apartado segundo del artículo 8 del citado Reglamento, el pago voluntario por el imputado en cualquier momento anterior a la resolución, podrá implicar igualmente la terminación del procedimiento sin perjuicio de interponer los recursos procedentes.

c) Una vez notificada la propuesta de resolución, los interesados dispondrán de un plazo de audiencia de quince días para formular alegaciones, así como para presentar los documentos e informaciones que estimen pertinentes, según lo dispuesto en el artículo 19 del mismo Reglamento.

d) El presente procedimiento sancionador se desarrolla de acuerdo con el principio de acceso permanente. Por tanto, el expediente administrativo se encuentra a disposición de los interesados en las oficinas de esta Agencia, sitas en la calle Venegas, nº 65, segunda planta, en Las Palmas de Gran Canaria, en horario de 10 a 12 horas, de lunes a viernes.

e) Según preceptúa el artículo 20.6 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora y a tenor de lo dispuesto en el artículo 42.2 de la Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, el plazo máximo para resolver el presente procedimiento y notificar su resolución es de seis meses, transcurrido el cual se producirá la caducidad del mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.2 de la precitada Ley.

Comuníquese la presente Resolución a los nombrados Instructora y Secretario, así como al denunciado y demás interesados.

Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos."

Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de agosto de 2010.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

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