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BOC Nº 128. Jueves 1 de Julio de 2010 - 3781

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V. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Turismo

3781 Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 15 de junio de 2010, sobre notificación de Orden/Resolución de expediente sancionador, a titulares de empresas y actividades turísticas de ignorado domicilio.

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BOC-A-2010-128-3781. Firma electrónica-Descargar

Habiéndose intentado por esta Dirección General sin haberse podido practicar, la notificación de la Orden/Resolución en el expediente incoado con motivo de denuncias o Actas de Inspección formuladas contra los titulares de empresas y actividades turísticas que se relacionan, conforme al artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y siendo precisa su notificación a los efectos de que aleguen lo que a su derecho convenga,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a los titulares de establecimientos y actividades turísticas que se citan, la Orden/Resolución recaída en el expediente que les ha sido instruido por infracción a la legislación en materia turística.

2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos correspondiente.

Santa Cruz de Tenerife, a 15 de junio de 2010.- La Directora General de Ordenación y Promoción Turística, Sandra González Franquis.

Resolución de la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística, del Gobierno de Canarias, recaída en el expediente sancionador nº 186/09 instruido a Pablo Manuel Gil Pazos, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Cafetería Campoamor.

Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido al establecimiento y titular que se cita, iniciado por Resolución de la Directora General de Ordenación y Promoción Turística de 4 de enero de 2010.

Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.

Teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

1º) Por la Inspección de Turismo se realizaron las siguientes actuaciones: acta nº 15602, de fecha 30 de julio de 2009, acta nº 15602, de fecha 30 de julio de 2009 con motivo de las siguientes denuncias/reclamaciones formuladas por: María Jesús Báez Marrero, Juan José Prombol Báez y seguido contra la empresa expedientada Pablo Manuel Gil Pazos titular del establecimiento Campoamor.

2º) El 4 de enero de 2010 se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el nº 186/09, formulándose los hechos imputados y nombrándose al Instructor y Secretario del procedimiento.

Como consecuencia de todo lo anterior, el Instructor del procedimiento con fecha 23 de febrero de 2010, formuló propuesta de sanción de multa en cuantía trescientos cuarenta y cinco (345,00) euros.

Correspondiendo la cantidad por el:

Hecho primero: ciento quince (115,00) euros.

Hecho segundo: ciento quince (115,00) euros.

Hecho tercero: ciento quince (115,00) euros.

3º) No consta en el expediente que se hayan presentado alegaciones a la Propuesta de Resolución.

HECHOS PROBADOS: se consideran probados, en virtud de las inspecciones y actuaciones referidas en los antecedentes, los siguientes hechos:

Primero: se ha producido un cambio de titularidad sin haberlo comunicado a la Administración turística competente como es preceptivo, por tanto, el establecimiento:

Carece de las hojas de reclamaciones a nombre del actual titular en el momento de levantarse el acta de inspección 15602/09.

Segundo: carece en el establecimiento del libro de inspección a nombre del actual titular en el momento de levantarse el acta de inspección nº 15602/09.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS: primera: las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE nº 12, de 14.1.99), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (BOC nº 103, de 21 de agosto).

Segunda: en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.

Tercera: las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.

Cuarta: en el momento de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE nº 12, de 14.1.99), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 48, de 19.4.95), que se indicarán.

Quinta: debe estimarse la responsabilidad administrativa de la empresa expedientada por los hechos primero y segundo que se le imputan, consistentes en: "carece de las hojas de reclamaciones a nombre del actual titular en el momento de levantarse el acta de inspección 15602/09" y "carece en el establecimiento del libro de inspección a nombre del actual titular en el momento de levantarse el acta de inspección 15602/09", y no habiendo formulado alegaciones que los desvirtúen, se mantienen los fundamentos jurídicos recogidos en la Propuesta de Resolución.

En cuanto al tercer hecho infractor inicialmente imputado, no ha notificado a la Administración turística competente los precios que rigen en la prestación de los servicios a nombre del actual titular en el momento de levantarse en acta de inspección 15696/09), queda excluido del ámbito de responsabilidad administrativa de la empresa expedientada al haberse suprimido la tipificación del mismo en la Ley 14/2009, de 30 de diciembre (BOC nº 2, de 5.1.10) por la que se modifica la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, atendiendo a lo establecido en el artículo 128.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE nº 285, de 27 de noviembre).

Asimismo, hay que tener cuenta la carencia de antecedentes de la empresa expedientada por los hechos infractores primero y segundo, no obrando constancia de haberse instruido expedientes sancionadores por los mismos hechos sobre los que haya recaído resolución firme, por lo que se minora la cuantía de las sanciones, imponiéndosele una multa por una cuantía total de 180 euros.

A la hora de considerar la cuantía de la sanción impuesta se ha tenido en cuenta el tiempo transcurrido desde que el expedientado inicia la explotación del establecimiento de referencia, febrero de 2008, hasta el momento en el que se produce la inspección de Turismo, 30 de julio de 2009, en la que se comprueba que la empresa expedientada aún no dispone de las hojas de reclamaciones, ni del libro de inspección.

Sexta: los hechos imputados infringen lo preceptuado en las siguientes normas, vienen tipificados como se indica:

Normas: hecho primero: artículo 8 del Decreto 168/1996, de 4 de julio, por el que se regulan las características de las hojas de reclamaciones y el procedimiento de tramitación de las reclamaciones (BOC nº 88, de 22 de julio), en relación con los artículos 2 y 5 de Orden de 23 de septiembre de 1988, por la que se regula el procedimiento para los cambios de titularidad en los establecimientos turísticos (BOC nº 127, de 7.10.88); hecho segundo: artículo 84 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 48, de 19 de abril), en relación con los artículos 2 y 5 de la Orden de 23 de septiembre de 1988, por la que se regula el procedimiento para los cambios de titularidad de los establecimientos turísticos (BOC nº 127, de 7.10.88).

Tipificación: hecho primero: artículo 76.6 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 48, de 19 de abril), en relación con el artículo 77.7 del mismo cuerpo legal; hecho segundo: artículo 76.9 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 48, de 19 de abril), en relación con el artículo 77.7 del mismo cuerpo legal.

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con el artº. 80.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del turismo de Canarias (BOC nº 48, de 19 de abril), y el artº. 7.2.B).f) del Decreto 240/2008, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo (BOC nº 3, de 7.1.09),

R E S U E L V O:

Imponer a Pablo Manuel Gil Pazos, con N.I.F. 34875915A, titular del establecimiento denominado Cafetería Campoamor sanción de multa por cuantía total de 180,00 euros, correspondiendo la cantidad por el:

Hecho primero: noventa (90,00) euros.

Hecho segundo: noventa (90,00) euros.

La presente Resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso de alzada, ante la Ilma. Viceconsejera de Turismo del Gobierno de Canarias, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE nº 12, de 14.1.99), y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

En el caso de que el recurrente sea un representante y no se haya acreditado dicha representación, deberá aportar Escritura de Poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE nº 12, de 14.1.99).

Transcurrido el plazo de interposición del recurso administrativo correspondiente sin que se hubiera interpuesto aquél, o desistido, se emitirá el instrumento cobratorio del importe de la sanción administrativa con mención del lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecho y los recursos procedentes, en razón de lo establecido en la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda, de 12 de julio de 2006, por la que se regulan determinadas actuaciones en relación a la recaudación de los derechos económicos de naturaleza pública exigidos por las diferentes Consejerías integrantes de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.- La Directora General de Ordenación y Promoción Turística, Sandra González Franquis.

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