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BOC-A-2010-111-3298.
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Siendo ignorado el paradero de D. Lorenzo J. Marrero Lorenzo, a efectos de notificación del trámite de vista y audiencia en relación al expediente de subvención prevista en el Decreto 12/1996, de 26 de enero, para la adquisición de vivienda de protección oficial de promoción pública perteneciente al Grupo "Francisco Afonso Carrillo", cuenta nº 37, término municipal de Güímar, y siendo necesario notificarle dicho trámite, al ser parte interesada, conforme a lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en virtud de lo establecido en el artículo 11.1.B).f) del Decreto 152/2008, de 7 de julio, por el que se aprueban los Estatutos del Instituto Canario de la Vivienda, por medio del presente anuncio se hace pública dicha notificación en los siguientes términos:
Notificar, mediante la oportuna publicación en el Boletín Oficial de Canarias y en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, a D. Lorenzo J. Marrero Lorenzo, el trámite de vista y audiencia de fecha 12 de marzo de 2010, correspondiente al expediente de subvención que le ha sido instruido, que dice textualmente:
"Con fecha 14 de julio de 1998, por Orden de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas, se le concede la subvención para adquirir la vivienda de la que es usted adjudicatario, en el Grupo "Francisco Afonso Carrillo" Cuenta nº 37.
En fecha 14 de mayo de 1999 es remitida a este Instituto Canario de la Vivienda la aceptación de la forma de pago de las cantidades pendientes de amortizar, eligiendo como forma de pago, al contado, sin que hasta el momento se haya procedido a realizar dicho ingreso.
De conformidad con los apartados 2 y 3 del artículo 8 del Decreto 12/1996, de 26 de enero, si transcurrido el plazo de tres meses no se hubiere procedido a formalizar en escritura pública, por causa imputable al interesado, se entenderá la renuncia a la subvención.
Visto lo anterior, en virtud de lo establecido en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dispone de un plazo de quince días, contado a partir del día siguiente al de su notificación, para que alegue lo que estime pertinente, presentando, en su caso, los documentos o justificaciones correspondientes."
Santa Cruz de Tenerife, a 13 de mayo de 2010.- La Secretaria, María Teresa Larrea Díez.
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