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BOC Nº 015. Lunes 25 de Enero de 2010 - 376

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III. OTRAS RESOLUCIONES - Presidencia del Gobierno

376 Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información.- Resolución de 30 de diciembre de 2009, del Director, por la que se aprueban las bases reguladoras con vigencia indefinida, que han de regir en la concesión de préstamos reembolsables para la creación y consolidación de empresas de base tecnológica y realización de proyectos de desarrollo tecnológico e innovación.

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BOC-A-2010-015-376. Firma electrónica-Descargar

Examinado el expediente tramitado por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información por el que se aprueban las bases reguladoras con vigencia indefinida, para la concesión de préstamos reembolsables para la creación y consolidación de empresas de base tecnológica y realización de proyectos de desarrollo tecnológico e innovación.

Vista la propuesta de la Secretaría General de la Presidencia.

En el ejercicio de las competencias delegadas por el Decreto 81/2008, de 10 de junio, del Presidente (BOC nº 119, de 16.6.08)), y teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

Primero.- El Plan Canario de I+D+I+d es el instrumento de programación en el que se establecen los objetivos y prioridades de la política de investigación, desarrollo e innovación en el período 2007-2010 en Canarias. Incluye entre sus áreas prioritarias el incrementar las capacidades y la calidad del sistema canario de ciencia, tecnología e innovación, así como fomentar y desarrollar la economía del conocimiento y la innovación mejorando además la gestión y la difusión de la I+D+i.

Entre los objetivos concretos que se persiguen se encuentran:

1. Incrementar el capital humano cualificado (investigadores, tecnólogos y gestores) entre un 30 y 40% en el sistema de I+D+i, de los cuales el 75% sean contratados por las empresas.

2. Aumentar la atracción y la movilidad de los investigadores tanto en formación como en intercambio de excelencia, en sus modalidades de estancias en centros de investigación y empresas.

3. Fortalecer la participación en el Programa Marco y en el Plan Nacional duplicando la cifra de proyectos y las cantidades totales de financiación actual, obteniendo una financiación anual del 2% del total respecto a España.

4. Apoyar a los grupos de investigación emergentes y las ideas y proyectos innovadores, creando espacios, modalidades e instrumentos para ello.

5. Incentivar las empresas innovadoras aumentando en un 60% las de nueva creación y de base tecnológica, introduciendo medidas en la contratación pública que primen la innovación e incorporando más personal cualificado en las empresas en tareas de I+D+i+d.

6. Apoyar el desarrollo de servicios públicos de intermediación aumentando sus recursos y mejorando la coordinación y capacitación, así como los servicios empresariales intensivos de conocimiento, que faciliten innovación y transferencia de conocimientos a las pymes canarias.

7. Disponer de infraestructuras adecuadas para el desarrollo del tejido empresarial innovador: parques tecnológicos, centros de innovación, oficinas de transferencia, etc.

8. Aumentar la colaboración y las sinergias entre agentes del sistema, en especial entre las universidades y las empresas, logrando un aumento significativo del número de contratos y de proyectos en cooperación.

9. Adecuar y alinear los instrumentos financieros de apoyo a la innovación, entre otros los que permitan confianza para materializar la RIC a inversiones en I+D+i y favoreciendo la creación de fondos de capital de apoyo público y privado.

Segundo.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 129/2008, de 3 de junio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Presidencia del Gobierno (BOC nº 115, de 10.6.08)), la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, bajo la dependencia directa del Presidente del Gobierno, es el órgano, con rango de dirección general, encargado de desempeñar las competencias relativas a las políticas y programas públicos en materia de investigación, desarrollo tecnológico, innovación empresarial y despliegue de la sociedad de la información de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (CAC), así como de las entidades dependientes de la misma.

Tercero.- La Estrategia de Lisboa relanzada en 2005 aspira a convertir Europa en una economía próspera y respetuosa con el medio ambiente que permita mantener el actual nivel de vida, amenazado ahora por un contexto de envejecimiento de la población, de aumento de la competitividad mundial y con muchas economías emergentes fuera de la Unión Europea. En este entorno, el conocimiento y la innovación han de ser los motores del crecimiento sostenible europeo.

Cuarto.- La creación de empresas orientadas a la tecnología impulsa la reactivación económica contribuyendo a un nuevo modelo económico basado en el conocimiento, imprescindible también para el crecimiento sostenible de Canarias, en tanto que coadyuvaría a la diversificación de la economía regional y a crear empleo de calidad.

Quinto.- El presente programa de ayudas está destinado a potenciar la creación y consolidación de empresas innovadoras de base tecnológica (EBTs), así como promover la realización de proyectos de desarrollo (científico/tecnológico) e innovación, efectuados por empresas radicadas en Canarias.

Sexto.- La política de cohesión de la Unión Europea para el período 2007-2013 se caracteriza por la implantación de estrategias que permitan un crecimiento sostenible. Como instrumento financiero para ello, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) es un fondo estructural que, con arreglo al objetivo de "competitividad regional y empleo" de dicha política de cohesión, se centra, además de promover el empleo, en atender principalmente a unas prioridades. Entre ellas, la innovación y la economía del conocimiento. En esta prioridad se incluye la promoción del espíritu empresarial, en particular facilitando la explotación económica de nuevas ideas e impulsando la creación de nuevas empresas por parte de centros de investigación, según reza la letra c) del apartado 1, artículo 5, del Reglamento (CE) nº 1080/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1783/1999.

El Programa Operativo FEDER Canarias 2007-2013 contempla en su Eje 1 "Desarrollo de la economía del conocimiento (I+D+i, Educación, Sociedad de la Información y TIC" la categoría de gasto 7, para inversiones en empresas directamente vinculadas con la innovación (tecnologías innovadoras, creación de nuevas empresas emprendidas por universidades, centros y empresas de IDT y empresas existentes). El presente programa es susceptible de ser cofinanciado mediante el citado programa operativo.

Séptimo.- Estas actuaciones se enmarcan dentro del Convenio de colaboración firmado el 14 de diciembre de 2009, entre la Administración General del Estado (Ministerio de Ciencia e Innovación) y la Comunidad Autónoma de Canarias, para el fomento del sector de la innovación empresarial mediante la concesión de un préstamo para la creación y consolidación de empresas de base tecnológica y realización de proyectos de desarrollo tecnológico e innovación.

De acuerdo con la Disposición Adicional Sexta de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, los créditos concedidos por la Administración a particulares sin interés, o con interés inferior al de mercado se regirán por su normativa específica y, en su defecto, por las prescripciones de la citada Ley que resulten adecuadas a la naturaleza de estas operaciones, en particular, los principios generales, requisitos y obligaciones de beneficiarios y entidades colaboradoras, y procedimiento de concesión.

La subvención bruta equivalente de un préstamo concedido representa el ahorro actualizado de intereses de un préstamo privado, que depende de:

· Período de amortización y carencia del préstamo.

· Tasa de actualización del préstamo.

A su vez, la tasa de actualización del préstamo es la suma de 2 términos:

1) Tipo de interés de referencia, valor que mensualmente publica la Unión Europea.

2) Márgenes adicionales a aplicar por la posible no exigencia de garantías, y por calificación financiera de la empresa [según la Comunicación de la Comisión Relativa a la Revisión del Método de Fijación de los Tipos de Referencia y Actualización (2008/C14/02)].

Octavo.- Con fecha 23 de diciembre de 2009, la Dirección General de Asuntos Económicos con la Unión Europea emite informe favorable a la propuesta de Resolución, al ser compatible con la normativa comunitaria.

Noveno.- Con fecha 30 de diciembre de 2009, la Intervención General emite informe favorable de fiscalización.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 129/2008, de 3 de junio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Presidencia del Gobierno (BOC nº 115, de 10.6.08)), la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, bajo la dependencia directa del Presidente del Gobierno, es el órgano, con rango de dirección general, encargado de desempeñar las competencias relativas a las políticas y programas públicos en materia de investigación, desarrollo tecnológico, innovación empresarial y despliegue de la sociedad de la información de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (CAC), así como de las entidades dependientes de la misma.

Específicamente, tiene atribuidas las siguientes competencias:

· En materia de innovación, la ejecución de actividades de apoyo a la innovación empresarial y la emprendeduría de base tecnológica, directamente o a través de centros de innovación propios o adscritos, así como la coordinación con otros centros de apoyo a la innovación empresarial públicos o privados; la gestión de programas de ayudas y subvenciones para el desarrollo de proyectos de desarrollo tecnológico e innovación, tanto tecnológica como de proceso y producto, por los agentes del sistema canario de ciencia-tecnología-empresa, así como para la creación y consolidación de empresas de base tecnológica; la difusión social de la cultura innovadora y emprendedora.

Por el Decreto 81/2008, de 10 de junio, del Presidente, se delegan en el Director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, las competencias que correspondan al titular del Departamento según las normas reguladoras de las subvenciones, y se deja sin efecto la delegación conferida en el apartado tercero del Decreto 383/2007, de 3 de diciembre, del Presidente (BOC nº 248, de 13 de diciembre).

Segunda.- La Ley 5/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2009 (BOC nº 261, de 31 de diciembre), contempla dotación económica para los proyectos a que se alude en el presente régimen de ayudas.

Tercera.- La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (B.O.E. nº 276, de 18 de noviembre) regula el régimen jurídico general de las subvenciones otorgadas por las Administraciones Públicas. Los créditos sin interés, o con interés inferior al de mercado, concedidos por los entes contemplados en el artículo 3 de esta Ley a particulares, se regirán por su normativa específica y, en su defecto, por las prescripciones de esta Ley que resulten adecuadas a la naturaleza de estas operaciones, en particular, los principios generales, requisitos y obligaciones de beneficiarios y entidades colaboradoras, y procedimiento de concesión, tal como se establece en la Disposición Adicional Sexta de dicha Ley.

Cuarta.- El artículo 9.1 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, establece que los titulares de los Departamentos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma, establecerán las oportunas bases reguladoras de la concesión. El artículo 3.1 del mismo Decreto considera titulares de los Departamentos el Presidente del Gobierno, el Vicepresidente, los Consejeros y el Comisionado de Acción Exterior.

Quinta.- El procedimiento para la aprobación y modificación de las bases reguladoras contendrá la iniciativa del órgano gestor en la que se especificará la adecuación de las mismas al plan estratégico de subvenciones, la propuesta de la Secretaría General Técnica que deberá pronunciarse sobre la legalidad de las mismas y el informe previo de la Intervención General.

El tercer párrafo del apartado 1 del artículo 9 del citado Decreto 36/2009, de 31 de marzo, señala que las bases y sus modificaciones se publicarán en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).

Sexta.- El artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, referido a delegación de competencias, dispone que los órganos de las diferentes Administraciones Públicas podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros órganos de la misma Administración, aun cuando no sean jerárquicamente dependientes, o de las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de aquéllas.

La citada competencia ha sido delegada en el Director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información por el Decreto 81/2008, de 10 de junio, del Presidente (BOC nº 119, de 16.6.08)), según lo expuesto en la consideración jurídica primera.

Por todo ello, y en el ejercicio de las competencias delegadas por el Decreto 81/2008, de 10 de junio, del Presidente (BOC nº 119, de 16 de junio),

R E S U E L V O:

Primero.- Aprobar las bases reguladoras que figuran en el anexo I de la presente Resolución, que han de regir con vigencia indefinida en la concesión de préstamos reembolsables para la creación y consolidación de empresas de base tecnológica y realización de proyectos de desarrollo tecnológico e innovación.

Santa Cruz de Tenerife, a 30 de diciembre de 2009.- El Director (p.d. Decreto 81/2008, de 10 de junio, del Presidente), Juan Ruiz Alzola.

A N E X O I

BASES ESPECÍFICAS

Primera.- Objeto.

El objeto de estas bases es la regulación de los préstamos reembolsables en régimen de publicidad, objetividad y concurrencia para favorecer:

1. La creación de empresas de base tecnológica (EBT).

2. Consolidar las actividades de las EBTs de investigación, desarrollo e innovación tecnológica, la industrialización, la comercialización y la internacionalización de sus actividades.

3. Proyectos Empresariales de desarrollo tecnológico de carácter aplicado para la creación o la mejora significativa de un proceso productivo, producto o servicio. Como resultado de los mismos se podrán desarrollar una planta piloto, un prototipo, un demostrador, un programa informático o una preserie industrial.

4. Proyectos Empresariales de innovación tecnológica cuyos objetivos cubran alguno de los siguientes supuestos:

· Incorporación y adaptación activa de tecnologías en la empresa que supongan una innovación para la misma, así como los procesos de adaptación y mejora de tecnologías a nuevos mercados. También pueden contemplar la aplicación del diseño industrial e ingeniería de producto y proceso para la mejora tecnológica de los mismos. Se trata de proyectos que impliquen no sólo una modernización para la empresa, sino algún tipo de salto tecnológico en el sector en que se mueve la empresa.

· Aplicación de un método de producción, de prestación de servicio, de ventas, de suministro o significativamente mejorado (incluidos cambios significativos en cuanto a técnicas, equipos y programas informáticos). No se consideran los cambios o mejoras de importancia menor, el aumento de las capacidades de producción o servicio mediante la introducción de sistemas de fabricación o logística muy similares a los ya utilizados, el abandono de un proceso, la mera sustitución o ampliación de capital, los cambios exclusivamente derivados de variaciones del precio de los factores, la personalización (customisation), los cambios periódicos de carácter estacional u otros y el comercio de productos nuevos o significativamente mejorados.

Segunda.- Definiciones.

A los efectos de la presente Resolución, se entiende por:

A) Empresa: persona jurídica, cualquiera que sea su régimen jurídico, que esté válida y totalmente constituida en el momento de presentación de la solicitud de ayuda, y cuya actividad principal consista en la producción de bienes y servicios destinados al mercado. Se integran en el concepto de empresa los empresarios o profesionales autónomos.

1. Se tomará como definición de pequeña y mediana empresa (PYME) la dispuesta en el anexo I del Reglamento (CE) nº 70/2001, de la Comisión, de 12 de enero (DO L 10, de 13 de enero), modificado por el Reglamento (CE) nº 364/2004, de la Comisión, de 25 de febrero de 2004 (DO L 63, de 28.2.04), que incorpora la Recomendación 2003/361/CE, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas, publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea de 20 de mayo de 2003 (DO L 124).

Se entenderá por pequeña y mediana empresa aquella que ocupa a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocio anual no excede de 50 millones de euros o cuyo balance general no excede de 43 millones de euros.

En la categoría de Pyme se distingue entre microempresa, pequeña y mediana empresa según los efectivos y límites financieros siguientes:

Pequeña empresa: efectivo de personal 50 y (facturación o activo) = 10 M euros.

Micropyme: efectivo de personal 10 y (facturación o activo) = 2 M euros.

Mediana empresa: aquella Pyme que no es ni micro ni pequeña empresa.

2. Pequeña empresa autónoma: es aquella pequeña empresa que responde, además, a la definición del artículo tercero del anexo I del Reglamento (CE) nº 364/2004, de la Comisión. En esencia, se trata de pequeñas empresas donde el 25% o más de su capital o de los derechos de voto no pertenece ni individual ni conjuntamente a otras empresas. No obstante, este umbral puede superarse cuando estén presentes las categorías de inversores siguientes, y a condición de que entre éstos, individual o conjuntamente, y la empresa en cuestión no existan los vínculos descritos en el apartado 3 del artículo 3º del anexo citado:

a) sociedades públicas de participación, sociedades de capital riesgo, personas físicas o grupos de personas físicas que realicen una actividad regular de inversión en capital riesgo (inversores providenciales o business angels) e inviertan fondos propios en empresas sin cotización bursátil, siempre y cuando la inversión de dichos business angels en la misma empresa no supere 1.250.000 euros;

b) universidades o centros de investigación sin fines lucrativos;

c) inversores institucionales, incluidos los fondos de desarrollo regional;

d) autoridades locales autónomas con un presupuesto anual de menos de 10 millones de euros y una población inferior a 5.000 habitantes.

B) "Empresa de Base Tecnológica (EBT)": aquellas empresas cuya actividad requiere la generación o un uso intensivo de tecnologías, para la creación o mejora de productos, procesos o servicios, derivados de la investigación, el desarrollo y la innovación para su comercialización o transferencia de sus resultados al mercado.

C) Asociación Empresarial Innovadora, Cluster: es la agrupación de empresas de un ámbito geográfico o sector económico concreto, sin ánimo de lucro, válida y totalmente constituida e inscrita en el correspondiente registro en la que pueden incluirse centros de investigación y desarrollo, grupos de investigación y otros agentes públicos o privados, involucrados en procesos de intercambio colaborativo o en la cadena de valor, dirigidos a obtener ventajas o beneficios derivados de la ejecución de proyectos conjuntos de carácter innovador.

D) Centros de Investigación y Desarrollo: las Universidades Públicas, los Organismos Públicos de investigación reconocidos como tales por la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación de la Investigación Científica y Técnica; cualquier centro de I+D dependiente de las Administraciones Públicas. También se admitirán Universidades y entidades privadas, con personalidad jurídica propia y sin ánimo de lucro, con capacidad o actividad demostradas en la realización directa de actividades de investigación y desarrollo.

E) Centro Tecnológico: persona jurídica, legalmente constituida sin ánimo de lucro, que estatutariamente tenga por objeto contribuir, mediante el perfeccionamiento tecnológico y la gestión tecnológica, a la mejora de la competitividad de las empresas y que esté inscrita como Centro de Innovación y Tecnología (CIT) en el Registro regulado por el Real Decreto 2.609/1996, de 20 de diciembre, a la fecha de presentación de la solicitud.

F) Grado de riesgo de un proyecto: se determina a partir de estudios de viabilidad y de dictámenes de expertos, atendiendo en particular a la irreversibilidad de la inversión, la probabilidad de fracaso comercial, el riesgo de que el proyecto resulte menos productivo de lo esperado, de que su realización vaya en detrimento de otras actividades y de que sus costes pongan en peligro la viabilidad financiera de la empresa (Marco de I+D+i, DO C 323, de 30.12.06, página 21).

G) Plan de empresa: documento que analiza y describe la idea de negocio, así como su viabilidad técnica, de mercado, económica y financiera, y determina la estrategia a seguir para convertir la idea en una realidad. A efectos de este Programa, el plan de empresa abordará el siguiente contenido mínimo: mercado, producto, posicionamiento en el mercado, estrategia global de la empresa, estrategia tecnológica, estrategia de marketing, producción, gestión y control de la empresa, proyecciones económico-financieras y plan de financiación.

Tercera.- Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de estas ayudas aquellas empresas que tengan su establecimiento permanente en la Comunidad Autónoma de Canarias. El concepto de empresa debe responder a las definiciones de la base específica segunda, apartado A).

Los beneficiarios no podrán encontrarse incursos en ninguna de las circunstancias que prohíben la obtención de la condición de beneficiario, recogidas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones. Los beneficiarios deberán cumplir las obligaciones recogidas en el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones.

Cuarta.- Entidades colaboradoras.

La entrega y disposición de fondos o bienes públicos en que consistan las ayudas y subvenciones podrán realizarse a través de entidades colaboradoras, que actuarán a estos efectos en nombre y por cuenta de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias o de las Entidades de Derecho Público vinculadas o dependientes de la misma.

Será entidad colaboradora aquella que, actuando en nombre y por cuenta del órgano concedente a todos los efectos relacionados con la ayuda, entregue y distribuya los fondos públicos a los beneficiarios cuando así se establezca en las bases reguladoras, o colabore en la gestión de la ayuda sin que se produzca la previa entrega y distribución. Pueden ser entidades colaboradoras, las empresas públicas de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma y las Fundaciones que estén bajo el protectorado de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma.

No podrán obtener la condición de entidad colaboradora las personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias previstas en el artº. 13.2 de la Ley General de Subvenciones, salvo que por la naturaleza de la subvención se exceptúe por su normativa reguladora.

Las entidades colaboradoras vendrán obligadas al cumplimiento de las obligaciones recogidas en el artº. 15.1 de la Ley General de Subvenciones, así como las recogidas en el Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias. Asimismo, habrán de acreditar el cumplimiento de las condiciones de solvencia y eficacia previstas en la Orden de 10 de marzo de 1995, de la Consejería de Economía y Hacienda.

Los fondos públicos que reciban las entidades colaboradoras para su distribución en concepto de ayudas o subvenciones no se integrarán en su patrimonio, ni podrán retenerse o minorarse para remunerar o compensar los gastos a los que pudiera dar lugar su colaboración.

La participación de las entidades colaboradoras en la entrega y distribución de las ayudas y subvenciones deberá formalizarse en un convenio de colaboración, en el que se regularán las condiciones y obligaciones asumidas por aquéllas.

Quinta.- Características de la financiación.

Para cada uno de los sucesivos ejercicios presupuestarios se publicará la correspondiente convocatoria en el Boletín Oficial de Canarias en el que se establecerá lo siguiente:

· Dotación y aplicación presupuestaria.

· Porcentaje máximo de concesión de préstamo en función del presupuesto aprobado.

· Importe mínimo y máximo de financiación.

· Plazo máximo de amortización.

· Tipo de interés.

· Años de carencia.

· Garantías para el abono.

· Fecha de finalización de realización de la actuación.

La Comisión de evaluación podría reducir el importe máximo de financiación hasta los 100.000,00 euros en función de las solicitudes recibidas.

Sexta.- Gastos susceptibles de ayuda.

1. Serán gastos susceptibles de la ayuda aquellos que tengan tal consideración, de conformidad con lo dispuesto en el artº. 56 del Reglamento CE 1083/2006, del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión, y se deroga el Reglamento CE nº 1260/1999, y en el artº. 11 del Reglamento CE nº 1080/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, y por el que se deroga el Reglamento CE 1783/1999 (FEDER).

En todo caso, al tratarse de una ayuda cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, sólo serán financiables aquellos gastos que tengan la consideración de elegibles con arreglo a los criterios de elegibilidad de gastos contemplados en la Orden EHA/524/2008, de 26 de febrero (B.O.E. nº 53, de 1 de marzo), y que de manera indubitada, respondan a la naturaleza de la actividad financiada y se realicen en el plazo de ejecución establecido. Asimismo, le resulta de aplicación la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 10 de noviembre de 2009, por la que se establecen normas para la gestión, seguimiento y control de las operaciones cofinanciadas con Fondos Estructurales. Los gastos deberán ser efectivamente realizados y pagados por los beneficiarios de las ayudas.

2. Sólo serán financiables aquellos gastos que de manera inequívoca respondan a la naturaleza de la actividad financiada. El período de cobertura de los gastos relativos a las actividades a reflejar será el que establezca anualmente la convocatoria correspondiente.

3. Se podrán financiar los siguientes gastos:

INVERSIONES:

La inversión en activos materiales e intangibles estará limitada al 70% del presupuesto total aprobado.

1.- Inversiones en activos materiales:

· Adquisición y montaje de maquinaria y bienes de equipo, siempre que sean de primer uso y específicos para el proyecto.

· Instalaciones relacionadas con la maquinaria inherente al proyecto.

· Terrenos y construcciones (naves, laboratorio, locales, talleres, oficinas, etc.).

· Materiales.

2.- Inversiones en activos intangibles:

· Consistirá exclusivamente en transferencia de tecnología externa a la empresa solicitante, bajo las modalidades "incorporada a los recursos humanos" y/o "no incorporada", tales como "know-how" o conocimientos técnicos no patentados, y contratos de asistencia técnica y de ingeniería para la primera y adquisición de derechos de patentes y licencias para la segunda.

· Los activos intangibles serán adquiridos a fuentes externas a precios y condiciones de mercado y sin elemento alguno de colusión.

· Los costes de activos intangibles se referirán a tecnologías asociadas al proyecto y deberán ser desglosados expresamente en la solicitud y ser aprobados como inversión financiable, debiéndose aportar documentación acreditativa suficiente del coste propuesto.

PERSONAL:

· Costes de personal dedicado exclusivamente al proyecto, hasta un máximo del 40% del presupuesto del proyecto.

COLABORACIONES EXTERNAS:

· Consultorías externas.

· Gastos en servicios de información tecnológica y de mercado.

· Redacción de proyecto y dirección facultativa, hasta un máximo del 9% de las inversiones aprobadas fijas materiales.

· Estudios de viabilidad técnico-económica, con un importe máximo financiable del 1,5% de la inversión total aprobada y limitando la cuantía a 15.000 euros.

· Costes de las colaboraciones externas de personal científico y tecnológico perteneciente a universidades y organismos públicos de investigación.

COSTES INDIRECTOS:

· Costes indirectos hasta el 10% de los costes de personal dedicado al proyecto.

OTROS GASTOS:

· Gastos de registro de derechos de propiedad industrial y propiedad intelectual.

· Gastos de alquiler de locales y equipos.

· Gastos de difusión y publicidad relacionados con el proyecto.

4. La aceptación como financiables de gastos correspondientes a proveedores vinculados con el beneficiario quedará condicionada a justificación expresa por parte de la empresa o entidad solicitante, que deberá ser valorada por la Entidad Gestora. En ningún caso se admitirán gastos que no aporten valor añadido a las actividades a llevar a cabo dentro del proyecto (como por ejemplo beneficio industrial facturado entre empresas vinculadas). A los efectos de estas bases se considera que dos entidades y/o empresas están vinculadas si incurren en alguno de los supuestos que se establecen en el apartado 2 del artículo 68 del Reglamento de la Ley de Subvenciones.

5. El préstamo reembolsable concedido será compatible con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o Entes públicos o privados financiadas, debiendo respetar los límites máximos en cuanto a la acumulación de ayudas públicas establecidas por la Unión Europea.

Séptima.- Condiciones generales de los proyectos o actuaciones.

Las entidades que pretendan beneficiarse del presente régimen de ayudas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Que de los datos aportados, tanto en los impresos normalizados como en la memoria que acompaña a la solicitud, se deduzca que el proyecto está adecuadamente definido, tal que permita ser evaluado conforme a los criterios establecidos en la base específica 8ª.

Octava.- Evaluación de las solicitudes.

a) La Comisión de Evaluación como órgano colegiado será el encargado de evaluar las solicitudes de acuerdo con los criterios objetivos fijados en la presente base, así como de proponer la concesión o denegación de las ayudas.

b) La Comisión de Evaluación será nombrada por el Director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información. El número de miembros que integrarán el citado órgano no será superior a cinco, y los mismos serán de reconocido prestigio. La comisión podrá recabar los informes técnicos que considere oportuno, y en particular de las entidades colaboradoras.

c) Las solicitudes admitidas serán evaluadas por la Comisión de Evaluación anteriormente definida en función de los siguientes criterios objetivos que servirán de base para adoptar la resolución:

· Componente innovadora y tecnológica predominante (0-25 puntos).

· Viabilidad Empresarial (0-50 puntos).

· Empleo Generado (0-25 puntos).

Puntuación máxima total: 100 puntos.

La propuesta de concesión de préstamos se priorizará de mayor a menor puntuación de baremo, hasta agotar las disponibilidades presupuestarias, teniendo en cuenta, a efectos de elaborar la propuesta final de actuaciones, que para el último expediente propuesto, la cantidad podrá resultar inferior a lo solicitado, en función del presupuesto disponible.

En igualdad de puntuación se atenderá a la fecha en la que el beneficiario haya presentado la documentación completa, o en su caso, subsanada.

Se podrán desestimar expedientes por disponer de un informe negativo por la no viabilidad técnica o financiera del proyecto.

Novena.- Procedimiento de devolución de los préstamos.

El importe a reembolsar a la Comunidad Autónoma de Canarias por el beneficiario será igual al montante del préstamo concedido. Dicha cantidad se ingresará en la cuenta que la Comunidad Autónoma de Canarias asigne para tal fin.

La modalidad de pago será de cuota constante comprensiva de amortización del préstamo. Las cuotas de amortización a pagar en cada vencimiento se determinarán en la respectiva resolución de concesión, atendiendo a la naturaleza y las características de la propuesta presentada.

En el supuesto de que se hubiera establecido carencia en el pago de amortizaciones se devengarán y se harán efectivos desde su respectivo vencimiento.

El beneficiario realizará el reembolso del préstamo, en el período comprendido del 1 de agosto al 31 de octubre de cada año determinado en la resolución de concesión.

El préstamo no devengará intereses, salvo en los siguientes casos:

1. Si se incumple por parte del beneficiario la obligación de reembolso, la cuota anual no satisfecha se verá incrementada por el interés legal del dinero.

2. Si se cancelase total o parcialmente el proyecto por causas imputables al beneficiario. Salvo el reembolso anticipado voluntario el reintegro se verá incrementado por el interés legal del dinero correspondiente a las cuotas ya satisfechas y las pendientes de satisfacer.

3. Si cumplido el período de realización del proyecto, el beneficiario no ha utilizado toda la cuantía prestada, el reintegro se verá incrementado por el interés legal del dinero respecto de la cantidad no utilizada.

El beneficiario podrá cancelar anticipadamente el préstamo previo el reembolso a la Comunidad Autónoma Canaria de todas las cantidades adeudadas.

BASES GENERALES

Primera.- Solicitudes.

1. La presentación de solicitudes se tramitará, obligatoriamente, mediante la utilización de medios electrónicos a través de los correspondientes modelos o sistemas electrónicos de solicitud, los cuales se cumplimentarán necesariamente con los medios electrónicos de ayuda disponibles en la sede electrónica de la ACIISI. Dicho modelo podrá ser modificado en las convocatorias que se realicen en el marco de la presente Resolución.

Las instancias, solicitudes, comunicaciones y demás documentación exigible relativa a los proyectos objeto de la ayuda serán presentadas en el Registro electrónico de la ACIISI.

Las solicitudes se presentarán mediante sistemas de identificación y autentificación electrónica, de acuerdo con lo dispuesto en el artº. 5.2 del Decreto 56/2009, de 18 de mayo, del Presidente, por el que se regula la utilización de medios electrónicos en la ACIISI. El D.N.I. electrónico (DNIe), la firma electrónica, el certificado electrónico o las claves concertadas con las que se firme la solicitud deberán corresponder obligatoriamente con la del solicitante. Asimismo, toda la documentación complementaria que los interesados deban aportar en la fase procedimental correspondiente deberá venir firmada electrónicamente por una persona que ostente poder bastante en el seno de la entidad que representa.

En caso de que el firmante sea una persona distinta de la que firmó la solicitud de ayuda se deberá aportar la acreditación del poder con que actúa el nuevo firmante que deberá ser suficiente para ejercer dicha representación.

El incumplimiento de alguna de estas obligaciones podrá ser causa de inadmisión de la solicitud o desistimiento, según la fase procedimental de que se trate.

A la solicitud citada, se acompañarán, en su caso, escrituras de constitución de la entidad solicitante o documentación equivalente acreditativa de la personalidad y desarrollo de su actividad económica, así como acreditación válida del poder del firmante de la solicitud, que deberán ser aportados mediante documentos digitalizados.

Si la documentación aportada no reuniera los requisitos exigidos, se requerirá al interesado para que, en el plazo de 10 días hábiles desde el día siguiente al de la recepción del requerimiento, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con advertencia de que si no se hiciese, se le tendrá por desistido de su solicitud, de acuerdo con lo establecido en el artº. 71 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

La presentación de la solicitud con firma electrónica permitirá el acceso, con el mismo certificado, a la sede electrónica de la ACIISI, donde se podrán consultar los documentos presentados y el estado de tramitación del expediente. Asimismo, conllevará la aceptación para recibir todas las comunicaciones y notificaciones que se realicen a lo largo de la tramitación del expediente electrónico a través de dicha sede electrónica. Adicionalmente a la publicación de comunicaciones y notificaciones a través de la sede electrónica de la ACIISI, se pondrá a disposición del interesado un sistema complementario de alertas por medio de correo electrónico, mensajes SMS o, en su defecto, fax.

2. El correo electrónico (cuenta declarada por la empresa solicitante) será el método preferente de contacto entre la ACIISI y la empresa solicitante, por lo que la empresa se comprometerá a mantener actualizada dicha dirección de contacto.

La ACIISI podrá requerir al beneficiario cuanta documentación y/o información adicional relacionada considere necesaria para la adecuada comprensión y evaluación del proyecto.

En caso de no disponibilidad telemática de los formularios por cualquier razón de causa mayor se habilitará un procedimiento alternativo que podrá ser consultado de forma detallada a través de la dirección: http://www.gobiernodecanarias.org/aciisi.

La presentación de la solicitud conlleva la autorización a la ACIISI (o a la entidad colaboradora que se establezca para la gestión de esta convocatoria), salvo manifestación en contrario por el solicitante, para recabar los certificados a emitir y por la Tesorería General de la Seguridad Social, en los que se acredite que el solicitante se encuentra al corriente en sus obligaciones con dichas administraciones. En cualquier caso la ACIISI se reserva el derecho a requerir directamente al solicitante en caso de que la información obtenida presente alguna incidencia.

Si la solicitud aportada fuera incompleta o presentara errores subsanables se requerirá al interesado para que en el plazo de 10 días hábiles subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con advertencia de que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud.

Los requerimientos a los que se hace referencia en este artículo, así como cualquier otro que pudiera realizarse por la ACIISI se publicarán en la sede electrónica de la ACIISI y se comunicarán por correo electrónico a la dirección indicada por el solicitante en el modelo de solicitud.

3. Los solicitantes no estarán obligados a presentar los documentos que ya obren en poder de la ACIISI, de conformidad con lo previsto en el artº. 35.f) de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, debiendo indicar en el formulario de solicitud el número de expediente que le fue comunicado en aquella ocasión, siempre que no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento que corresponda o bien la dirección electrónica del documento. En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el órgano competente podrá requerir al solicitante su presentación o, en su defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos a que se refiere el documento, con anterioridad a la formulación de la propuesta de resolución.

4. De conformidad con el artº. 15.1 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, la presentación de la solicitud para la obtención de la ayuda conllevará la autorización del solicitante para que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social a través de certificados electrónicos. El solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar dicha certificación cuando le sea requerida por la Administración.

5. La publicación de las resoluciones provisionales y definitivas, así como de las resoluciones de concesión y sus posibles modificaciones ulteriores y de los demás actos del procedimiento en la indicada sede electrónica de la ACIISI, surtirá todos los efectos de la notificación practicada según lo dispuesto en el artº. 59.6.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con los procedimientos de concurrencia competitiva. Desde esta dirección de Internet, los interesados tras identificarse electrónicamente de forma segura, podrán consultar las propias resoluciones.

Segunda.- Plazo de presentación.

1. El plazo de presentación de solicitudes será a partir del día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de Canarias de la Resolución de la correspondiente convocatoria hasta las fechas indicadas en la misma.

2. Las solicitudes deberán ir acompañadas de los siguientes documentos:

a) Impresos normalizados, según anexo II.

b) Memoria explicativa y presupuesto del proyecto, según anexo III.

c) Poder del representante.

d) C.I.F. o N.I.F. del solicitante.

e) Certificados de estar al corriente del pago de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social, salvo autorización del solicitante a la ACIISI para su consulta por vía telemática, certificación o declaración jurada con la relación mensual de trabajadores dados de alta en el último año natural y copia del TC1 y TC2 del mes anterior al de la solicitud.

f) Últimas cuentas anuales auditadas.

3. La presentación de la solicitud de ayuda implicará la aceptación de la inclusión del solicitante, en su caso, en la lista de beneficiarios que se publicará electrónicamente, o por otros medios, con el nombre de los proyectos y la cantidad de fondos públicos asignados a ellos.

Tercera.- Inicio del período financiable.

Los proyectos financiables deberán iniciarse a partir de la fecha de presentación de la solicitud y ser realizados en el plazo estipulado en la publicación de la convocatoria correspondiente.

Cuarta.- Instrucción del procedimiento.

1. El órgano competente para la instrucción del procedimiento será la ACIISI, pudiendo delegar esta facultad en las entidades colaboradoras que oportunamente se establezcan. Una vez recibida la solicitud, se examinará si reúne los requisitos exigidos y si se acompaña a la misma la preceptiva documentación, requiriéndose en caso contrario al interesado para que, en el plazo de diez (10) días subsane, y/o complete los documentos y/o datos que deben presentarse según se indica en la base general segunda, advirtiéndose de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42, de conformidad con lo establecido en el artículo 71.1, ambos de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

2. Una vez evaluadas las solicitudes por la Comisión de Evaluación, se elevará la propuesta de resolución provisional a la ACIISI. Dicha propuesta deberá notificarse a los interesados en el plazo de 10 días a partir de la fecha de su adopción, según el artº. 58.2 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a cada una de las empresas propuestas como beneficiarias del préstamo reembolsable concedido, concediéndoles un plazo de 15 días hábiles para que presenten la aceptación expresa de la financiación. En caso de que no se otorgue la aceptación expresa dentro del referido plazo, se entenderá que el interesado no acepta el préstamo reembolsable.

Los interesados que hubieran elegido la utilización de medios electrónicos para comunicarse con la ACIISI, podrán consultar en la sede electrónica de la misma dicha propuesta de resolución provisional. En el plazo indicado en el párrafo anterior (15 días hábiles) a contar desde el momento de la comparecencia por el interesado en la sede electrónica, deberán presentar en el Registro electrónico junto con la aceptación, que irá firmada electrónicamente por el solicitante, anexada la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y ante la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) en caso de que la comprobación realizada por el órgano instructor fuera insatisfactoria, por medio del certificado acreditativo expedido por el órgano competente.

Quinta.- Terminación.

Los proyectos serán definitivamente seleccionados y tipificados de acuerdo a los criterios, formas y prioridades de valoración establecidos en la base específica octava, formulándose la propuesta de resolución provisional para el otorgamiento del préstamo reembolsable a los solicitantes incluidos en dicha propuesta.

Si se considerara que el presupuesto del proyecto solicitado es excesivo en comparación con el coste medio de proyectos de análoga naturaleza, el Director de la ACIISI, a propuesta razonada de la Comisión de Evaluación, podrá reducir la base financiable, en la cuantía correspondiente, a lo que se considere un gasto ajustado y proporcionado.

Sexta.- Resolución.

1. Transcurrido el plazo para la aceptación expresa de los solicitantes, de acuerdo con lo previsto en el artº. 89 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se adoptará por el Director de la ACIISI la propuesta de resolución de concesión que resuelve el procedimiento.

2. La propuesta de concesión expresará el solicitante o relación de solicitantes para los que se propone la concesión del préstamo reembolsable, y su cuantía, especificando su evaluación.

Si no se aceptase el préstamo reembolsable por alguno de los solicitantes incluidos en la propuesta de resolución provisional, y se hubiera liberado crédito para atender al menos una de las solicitudes denegadas que siguen en orden de puntuación, la ACIISI podrá incluir en la propuesta de concesión, sin necesidad de nueva convocatoria, al solicitante o solicitantes por orden de puntuación que reuniendo los requisitos establecidos en las bases, no hubieran resultado beneficiarios en la propuesta de resolución provisional por haberse agotado la dotación presupuestaria.

3. En la propuesta de resolución de concesión se contendrá tanto el otorgamiento de los préstamos reembolsables, como la propuesta de desestimación y la no concesión, por desistimiento, o la imposibilidad material sobrevenida. La resolución de concesión pondrá fin a la vía administrativa y contra ella podrá interponerse potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación de la resolución.

4. En el caso de que en la resolución de concesión se hubiese incluido a solicitantes que no hubieran resultado beneficiarios en la propuesta de resolución provisional, se les concederá un plazo de 15 días hábiles para que presenten la aceptación expresa del préstamo reembolsable. En caso de que no se otorgue la aceptación dentro del referido plazo, se entenderá que el interesado no acepta el préstamo reembolsable. Los solicitantes que hubieran aceptado la propuesta de resolución provisional no deberán presentar nueva aceptación.

5. La resolución provisional y la concesión no crean derecho alguno a favor del beneficiario propuesto frente a la Administración, mientras no hayan sido notificadas y aceptadas.

6. La notificación de la resolución se producirá en el plazo de 10 días a partir de la fecha de la resolución, según el artº. 17.3.g) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, a cada una de las empresas beneficiarias, así como las condiciones específicas y generales que deberán cumplir. Asimismo, y dentro del mismo plazo, serán notificadas aquellas solicitudes que resulten desestimadas o desistidas.

7. Los interesados podrán consultar en la sede electrónica de la misma dicha resolución de concesión, entendiéndose producida la notificación desde el momento de la comparecencia de tales interesados en dicha sede electrónica.

Séptima.- Abono, medios y plazo de justificación.

1. El abono de los préstamos reembolsables será conforme determine la resolución de concesión.

2. No podrá realizarse el pago de la ayuda en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro de subvenciones o ayudas.

3. Plazo de justificación: la justificación de la realización de la actividad objeto de ayuda se realizará mediante la presentación telemática de la documentación acreditativa de su ejecución, de acuerdo con lo establecido en las presentes bases y en la resolución de concesión, en un plazo máximo de 30 días naturales desde la finalización del plazo de ejecución, esto es, el período durante el cual ha de quedar acreditado el cumplimiento de todas y cada una de las condiciones y obligaciones fijadas al beneficiario.

4. Informe Técnico: el beneficiario se encargará de redactar un Informe Técnico descriptivo de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos. En él se debe incluir un resumen de las inversiones y tareas realizadas y resultados más representativos del proyecto:

· Actuaciones realizadas y adecuación a la planificación inicial.

· Resultados obtenidos cuantificados o valorados.

· Modificaciones realizadas y justificación de las mismas.

5. Informe Económico: el beneficiario reunirá y presentará, de manera conjunta con el Informe Técnico, un Informe Económico justificativo de los gastos efectuados en la ejecución del proyecto que le haya sido concedido. Constará de la siguiente documentación:

· Certificación emitida por el representante legal de la entidad beneficiaria que acredite que la ayuda ha sido utilizada para los fines que fue concedida e incluya la relación detallada de los gastos e inversiones encuadrados en cada una de las actuaciones del proyecto. Esta certificación se acompañará de las facturas o documentos con valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa y, en su caso, de la documentación acreditativa del pago. La fecha de emisión de las facturas y documentos acreditativos de abono deberá ajustarse al plazo de ejecución fijado en la resolución de concesión. Dicho certificado incluirá para cada gasto justificado:

· Nº de factura y descriptor del gasto.

· Nombre y C.I.F. del proveedor.

· Fecha de facturación y de pago.

La presentación electrónica de la documentación justificativa en el Registro de la ACIISI, se refiere tanto a la documentación justificativa inicial como a los documentos que posteriormente sean solicitados a los beneficiarios por el órgano instructor.

· Cuando las actividades hayan sido cofinanciadas con otras subvenciones o ayudas deberá acreditarse el importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades objeto de ayuda. En su caso, se incluirá copia completa del expediente justificativo remitido al organismo gestor correspondiente, así como copia de la comunicación resolutoria.

6. Se deberá entregar un informe complementario elaborado por un auditor de cuentas y siguiendo lo previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta del Real Decreto 1.636/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas.

Dicha auditoría recogerá, de forma literal, el alcance siguiente:

1.- Verificación de que la naturaleza, cuantía y características de las inversiones y gastos realizados corresponden a los fines para los que se concedió el préstamo subvencionado, de acuerdo con lo detallado en la Resolución de concesión.

2.- Comprobación de que los justificantes acreditativos de las inversiones y gastos efectuados se ajustan a los requisitos recogidos en la Resolución de concesión y corresponden al período establecido en la misma.

3.- Comprobación de que las inversiones y gastos se han efectuado en propiedad por el beneficiario, sin limitación de dominio y que han sido pagados dentro del plazo de realización establecido en la Resolución de concesión.

4.- Verificación en los registros contables de la inversión y gastos efectuados en relación con la actividad subvencionada, y el pago de los mismos, así como de que las fechas de estos pagos estén dentro del plazo de realización establecido en la Resolución de concesión.

5.- Comprobación de que facturas y documentos justificativos de los gastos efectuados cumplen los requisitos de expedición establecidos en la normativa vigente de aplicación.

7. La ACIISI o la entidad colaboradora correspondiente llevará a cabo la comprobación de la justificación documental del préstamo reembolsable, a cuyo fin revisará la documentación que obligatoriamente deba aportar el beneficiario. La citada comprobación técnico-económica comprenderá:

a) La realización de la actividad o la adopción de la conducta conforme a las condiciones impuestas en la concesión.

b) El empleo de los fondos recibidos en el desarrollo de la actividad o en la adopción de las conductas financiadas.

c) El coste real de la actividad o conducta financiada.

d) La concesión de otras subvenciones o de cualesquiera atribuciones patrimoniales gratuitas, públicas o privadas, para la misma actividad o conducta.

e) La obtención de ingresos propios o afectos a la actividad o conducta financiada.

f) El cumplimiento de los demás requisitos o condiciones exigidos por las presentes bases reguladoras y demás establecidos en el citado Decreto 36/2009, de 31 de marzo.

El pronunciamiento de la ACIISI respecto de la aplicación de los fondos se entenderá sin perjuicio de las actuaciones de control financiero que competen a la Intervención General.

8. Inspección y calidad.

Con el objeto de obtener la máxima calidad del sistema, la ACIISI se reserva el derecho de realizar cuantas comprobaciones, inspecciones y demás medidas de control estime oportunas para velar por la correcta aplicación de los recursos públicos y para verificar el correcto desarrollo y aplicación de las bases, sin perjuicio de cualesquiera otras actuaciones de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales (Intervención General, Tribunal de Cuentas, Audiencia de Cuentas de Canarias) como comunitarios, debiendo los beneficiarios aportar cuanta información les sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

La ACIISI mantendrá de forma continua un servicio de revisiones aleatorias entre los beneficiarios, para velar por la correcta utilización de los préstamos reembolsables.

Si en el curso de dichas verificaciones se detectase que el beneficiario de los préstamos reembolsables ha incumplido alguna de las condiciones establecidas, se procederá, por parte de la ACIISI, a solicitar la devolución de las cantidades percibidas y, en su caso, a poner en marcha cuantas actuaciones legales considere necesarias con el objeto de percibir su reintegro.

Octava.- Obligaciones del beneficiario.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, y al Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo que no se oponga o contradiga al citado precepto básico, el beneficiario del préstamo reembolsable queda sometido a las siguientes:

1. Obligaciones:

a) A reembolsar a la Comunidad Autónoma de Canarias el montante del préstamo concedido.

b) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de los préstamos reembolsables.

c) Justificar ante el órgano concedente, en su caso, el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute del préstamo reembolsable.

d) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente o la entidad colaboradora, en su caso, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información les sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

e) Comunicar a la ACIISI la aceptación de la concesión del préstamo reembolsable y proceder a la ejecución de las actuaciones financiables de acuerdo con la Ley General de Subvenciones.

f) Cumplir con sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social de forma que quede acreditada esta circunstancia en el momento previo al otorgamiento de la ayuda en los términos establecidos en la normativa vigente en la materia, y a la acreditación de su personalidad jurídica referida al momento de la solicitud de la ayuda.

g) Respetar la normativa medioambiental vigente, de modo que se asegure el desarrollo de los objetivos del proyecto financiado dentro de un marco de desarrollo sostenible y del fomento a la protección y mejora del medio ambiente, tal y como se recoge en el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea.

h) Conservar los documentos justificativos de la realización de las actividades financiadas, y los relacionados con los gastos y pagos y con las auditorías correspondientes durante un plazo de quince años o durante un plazo mayor en tanto puedan ser objeto de comprobación y control. Se conservarán los originales de los documentos -o copias certificadas conformes con los originales- sobre soportes de datos generalmente aceptados.

i) Disponer de libros contables y registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil, así como los estados contables. Sin menoscabo de lo anteriormente expuesto, el beneficiario deberá identificar aquellos bienes inventariables (equipos y soportes informáticos, bienes materiales de cualquier naturaleza, etc.) que hayan sido cofinanciados con Fondos Estructurales mediante los adhesivos que con tal fin facilitará la ACIISI.

j) Los beneficiarios con carácter general en todas las acciones relacionadas con el objetivo de la convocatoria, y en particular con las actividades que generen los proyectos financiados, son responsables de su difusión, debiendo hacer conocedor y partícipe a la ACIISI de todas las acciones promocionales y de comunicación previstas tanto en la fase previa de solicitud como, con la suficiente antelación, a lo largo del desarrollo de las mismas, incluida la difusión de los resultados en soportes físicos o electrónicos, debiendo utilizar para ello la normativa de imagen que determine la ACIISI.

k) Garantizar que el proyecto financiado no sufra, antes de transcurridos cinco años desde su término, una modificación sustancial, entendiendo por ésta aquella modificación que afecte a su naturaleza o a sus condiciones de ejecución o que otorgue a una empresa o a un organismo público ventajas indebidas, y que se derive de un cambio en la naturaleza de la propiedad de una infraestructura o del cese de una actividad productiva.

l) Las actuaciones financiadas no deberán vulnerar en ningún caso el principio de no discriminación por razón de sexo, raza, origen étnico, religión, convicciones, minusvalías, edad, u orientación sexual. Así mismo facilitarán, o al menos no impedirán, la accesibilidad para las personas discapacitadas.

m) Presentar una declaración responsable por parte del representante legal de la empresa de las ayudas recibidas en los últimos tres años -incluido el actual- de ésta u otra administración sometidas a la regla comunitaria de mínimis, así como de aquellas ayudas recibidas para los mismos costes financiables.

La totalidad de ayudas sujetas al régimen de mínimis concedidas a una empresa no será superior a 200.000 euros durante cualquier período de tres ejercicios fiscales. Si se trata de una empresa que opera en el sector del transporte por carretera, la ayuda total de mínimis no será superior a 100.000 euros durante ese mismo período. Cuando la ayuda de mínimis se acumule a otras ayudas estatales por los mismos gastos subvencionables, dicha acumulación no podrá dar lugar a una intensidad superior a la fijada en el reglamento de exención de que se trate o la decisión correspondiente adoptada por la Comisión.

n) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades financiadas.

o) Cumplir con cuantas obligaciones se establecen en la normativa de aplicación especificada en el apartado correspondiente a los beneficiarios.

2. El incumplimiento de estas obligaciones dará lugar a la minoración o revocación, y en su caso, al reintegro del préstamo reembolsable recibido y a la exigencia del interés de demora desde el momento del pago del préstamo reembolsable, en los términos previstos por la legislación vigente en materia de subvenciones.

3. La rendición de cuentas de los perceptores de ayudas a que se refiere el artículo 34.3 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento del Tribunal de Cuentas, se instrumentará a través del cumplimiento de la obligación de justificación al órgano concedente o entidad colaboradora, en su caso, de la subvención, regulada en el párrafo b) del apartado 1 de esta base.

4. La obligación de dar cumplimiento a las normas de información y publicidad según pone de relieve el artículo 69 del Reglamento (CE) nº 1083/2006, del Consejo, por el que se establecen las disposiciones generales relativas a los Fondos Estructurales (DO L 210, de 31.7.06) y contenidas en el Reglamento (CE) nº 1828/2006, de la Comisión, de 8 de diciembre, según redacción publicada en el DO L 45, de 15 de febrero de 2007, en el caso de que la ayuda tenga financiación comunitaria. Específicamente, el artículo 8 del citado Reglamento establece las responsabilidades de los beneficiarios relativas a medidas de información y publicidad. En aplicación del artículo citado, el beneficiario se asegurará de que las partes que intervienen han sido informadas de la financiación comunitaria. Cualquier documento relativo al proyecto objeto de financiación incluirá una declaración en la que se informe de que el programa operativo, si procediera, ha sido cofinanciado con el Fondo Estructural que corresponda.

En cuanto al emblema del FEDER, la entidad beneficiaria deberá observar lo dispuesto en el anexo I del Reglamento 1828/2006, de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006, que fija normas de desarrollo para el Reglamento (CE) nº 1083/2006, del Consejo, e incluirá la referencia al "Fondo Europeo de Desarrollo General" y la declaración "Canarias objetivo de progreso".

5. La aceptación del préstamo reembolsable por parte de la entidad beneficiaria implica su aceptación de ser incluido en una lista de beneficiarios publicada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.2.d) del indicado Reglamento 1828/2006, de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006.

Novena.- Reintegro.

Se procederá a la devolución íntegra de las cantidades percibidas, cuando concurra alguno de los supuestos de los artículos 19.3 y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (B.O.E. nº 276, de 18 de noviembre). El procedimiento se regirá según lo previsto en el Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Décima.- Modificaciones.

1. Una vez recaída la resolución de concesión, el beneficiario podrá solicitar la modificación de su contenido, que se podrá autorizar siempre que no dañe derechos de tercero y se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que la actividad o conducta a realizar conforme a la modificación solicitada esté comprendida dentro de la finalidad prevista en la línea de actuación o proyecto de inversión contemplado en la Ley de Presupuestos y de las actividades o conductas previstas en las presentes bases reguladoras.

b) Que las circunstancias que justifiquen la modificación no hayan dependido de la voluntad del beneficiario inicial.

c) Que los nuevos elementos o circunstancias que motivan la modificación, de haber concurrido en la concesión inicial, no hubiesen determinado la denegación o disminuido la cuantía del préstamo reembolsable concedido.

2. Dará lugar a la modificación de la resolución de concesión por el órgano que la haya dictado, sin que en ningún caso pueda variarse el destino o finalidad del préstamo reembolsable, la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias:

a) La alteración de las circunstancias o de los requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión del préstamo reembolsable.

b) La obtención por el beneficiario de subvenciones concedidas por otros órganos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias o por otras Administraciones o Entes públicos para el mismo destino o finalidad.

c) La obtención de ayudas y otras atribuciones patrimoniales gratuitas de entidades privadas o particulares para el mismo destino o finalidad.

d) La superación de los topes previstos en la normativa comunitaria como consecuencia de la acumulación de subvenciones en los períodos establecidos en la misma.

3. Tanto la solicitud de modificación prevista en el apartado 1 de la presente base como la comunicación de las circunstancias a que hace referencia el apartado 2, deberán presentarse a través de los medios y formas previstos en las presentes bases para la presentación inicial de solicitudes, antes de que concluya el plazo para la realización de la actividad.

Undécima.- "Mínimis" y acumulación de ayudas.

1. El presente Programa se acoge al Reglamento (CE) nº 1998/2006, de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de mínimis (DO L 379, de 28.12.06). En este sentido, las ayudas de mínimis son ayudas concedidas por la Administración a una empresa, cuyos importes deben considerarse como de poca importancia. El importe total de las ayudas mínimis concedidas a cualquier empresa no puede sobrepasar los 200.000 euros en cualquier período de 3 ejercicios fiscales (100.000 euros para empresas de transporte de mercancías por carretera). Este límite se aplicará independientemente de la forma de la ayuda o del objetivo perseguido.

2. No obstante lo anterior, para los sectores agrícola y pesquero serán de aplicación en su ámbito correspondiente, los Reglamentos (CE) nº 1860/2004, de la Comisión, de 6 de octubre de 2004, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de mínimis en los sectores agrario y pesquero y el Reglamento (CE) nº 875/2007, de la Comisión, de 24 de julio de 2007, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de mínimis en el sector pesquero.

3. Dado que la presente convocatoria es susceptible de cofinanciación con Fondos Estructurales, específicamente con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), los mismos costes subvencionables no podrán acogerse a ayudas procedentes de otros instrumentos comunitarios, ni con el Fondo Social Europeo de Desarrollo Regional (FSE), tal como establece el artículo 54.5 del Reglamento General de los Fondos Estructurales.

4. En todo caso, la acumulación de ayudas para los mismos gastos financiables no podrá superar el coste real de los mismos.

Duodécima.- Normativa de aplicación.

En lo no regulado por estas bases se estará a lo establecido en las siguientes normas:

1. En relación a la normativa de la Unión Europea:

- Reglamento (CE) nº 1998/2006, de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de mínimis (DO L 379, de 28.12.06).

- Reglamento (CE) nº 1860/2004, de la Comisión, de 6 de octubre de 2004, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de mínimis en los sectores agrario y pesquero.

- Reglamento (CE) nº 875/2007, de la Comisión, de 24 de julio de 2007, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de mínimis en el sector pesquero.

- Reglamento (CE) nº 1083/2006, del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) nº 1230/1999 (DO L 210, de 31.7.06).

- Reglamento (CE) nº 1828/2006, de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006, que fija normas de desarrollo para el Reglamento (CE) nº 1083/2006, del Consejo (según redacción publicada en el DO L 45, de 15.2.07).

- Reglamento (CE) nº 1081/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativo al Fondo Social Europeo y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1784/1999 (DO L 210, de 31.7.06).

2. En el ámbito de la legislación española (normativa reguladora de procedimiento):

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (B.O.E. nº 276, de 18.11.03), en lo referente a sus preceptos básicos.

- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (B.O.E. nº 176, de 25.7.06).

- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99).

3. En el ámbito de la normativa autonómica:

- Decreto Territorial 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo que no se oponga o contradiga a los preceptos básicos de la Ley General de Subvenciones.

- Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 10 de noviembre de 2009, por la que se establecen normas para la gestión, seguimiento y control de las operaciones cofinanciadas con Fondos Estructurales.

4. Resto de normativa que pudiera afectar a las ayudas públicas.

Decimotercera.- Final.

Se faculta al Director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información para interpretar el contenido de las presentes bases.

Ver anexo en las páginas 3150-3169 del documento Descargar

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