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BOC Nº 070. Martes 14 de Abril de 2009 - 541

III. OTRAS RESOLUCIONES - Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

541 - ORDEN de 1 de abril de 2009, por la que se convocan, para el año 2009, las subvenciones previstas en el Decreto 25/1990, de 7 de febrero, que establece ayudas para la mejora de los regadíos y se aprueban las bases que rigen la misma.

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Examinada la iniciativa de la Dirección General Desarrollo Rural para convocar para el año 2009 las subvenciones previstas en el Decreto 25/1990, de 7 de febrero, por el que se establecen ayudas para la mejora de regadíos y aprobar las bases que rigen la misma, así como la propuesta formulada por la Secretaría General Técnica de esta Consejería en relación con dicha iniciativa y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por el Decreto 25/1990, de 7 de febrero (B.O.C. nº 31, de 12.3.90), se establecen ayudas para la mejora de regadíos.

Segundo.- Las subvenciones que se convocan aparecen recogidas en Programa de Desarrollo Rural de Canarias para el período de programación 2007 a 2013 en el eje 1, medida 1.2.5.1 "Mejora y Desarrollo de infraestructuras agrícolas y forestales relacionadas con la evolución y la adaptación de la agricultura y la silvicultura (Gestión de recursos hídricos)".

Tercero.- En la Ley 5/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2009, existe crédito suficiente para atender las subvenciones que se convocan. Dichos créditos están cofinanciados por la Unión Europea, a través del FEADER en un 34,83%, y por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino en un 26,10%.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La aprobación de esta Orden corresponde a la titular de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.4 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre (B.O.C. nº 170, de 31.12.97), que indica que corresponde aprobar las bases y efectuar las convocatorias a los titulares de los Departamentos, a iniciativa de los órganos gestores y a propuesta de la Secretaría General Técnica, en relación con lo dispuesto en los artículos 6º del Decreto 25/1990, de 7 de febrero (B.O.C. nº 31, de 12.3.90), por el que se establecen ayudas para la mejora de regadíos, y 1. 2.e) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, aprobado por Decreto 31/2007, de 5 de febrero.

Segundo.- Las actividades objeto de subvención con arreglo a esta convocatoria se ajustan a las disposiciones del Tratado Constitutivo de la Unión Europea y a los actos derivados en virtud de éste, así como a las políticas y acciones comunitarias, en concreto, las relativas a la competencia, a la contratación pública, a la protección y mejora del medio ambiente, a la eliminación de las desigualdades y al fomento de la igualdad entre hombres y mujeres. También se ajusta al Programa de Desarrollo Rural de Canarias para el período de programación 2007 al 2013 y los reglamentos de aplicación.

Asimismo se ajustan a lo previsto en el Reglamento (CE) 1698/2005, del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), a los Reglamentos (CE) nº 1974/2006, de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 1698/2005, y nº 1975/2006, de la Comisión, de 7 de diciembre de 2006, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 1698/2005, en lo que respecta a la aplicación de los procedimientos de control y la condicionalidad en relación con las medidas de ayuda al desarrollo rural, y a la Decisión de la Comisión C (2008), de 17 de julio de 2008, por la que se aprueba el programa de Desarrollo Rural de Canarias (en adelante PDR).

Tercero.- El Decreto 82/1989, de 1 de junio (B.O.C. nº 84, de 20.6.89), regula la colaboración por parte de los Cabildos, a través de las Agencias de Extensión Agraria, en la divulgación, información, asesoramiento y tramitación de los programas y líneas de auxilio económico a los que pueden acceder los agricultores.

Cuarto.- En virtud de lo establecido en el artículo 5.1 del Decreto 337/1997, en relación con el ámbito funcional establecido en el artículo 1.2.f) del Reglamento Orgánico de la Conserjería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, aprobado por Decreto 31/2007, de 5 de febrero, corresponde al titular de Departamento la competencia para conceder subvenciones. Dicha competencia puede delegarse a tenor de lo establecido en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el Director General de Desarrollo Rural por razones de eficacia y agilidad administrativa.

Vistos los hechos y fundamentos enunciados, y en uso de la facultad que tengo legalmente atribuida,

R E S U E L V O:

Primero.- Convocar para el ejercicio del año 2009 las subvenciones destinadas a la mejora de regadíos previstas en el Decreto 25/1990, de 7 de febrero (B.O.C. nº 31, de 12.3.90), por el que se establecen ayudas para la mejora de regadíos.

Segundo.- Aprobar las bases que rigen las subvenciones que se convocan, las cuales aparecen recogidas en esta Orden.

Tercero.- Facultar al Director General de Desarrollo Rural a dictar cuantas actuaciones sean necesarias para la ejecución de la presente resolución, así como delegar en el mismo la facultad de resolver la presente convocatoria.

Cuarto.- La presente resolución producirá sus efectos al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a su publicación, sin perjuicio de que pueda interponerse recurso potestativo de reposición ante este Órgano en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación de la misma, con los efectos previstos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Santa Cruz de Tenerife, a 1 de abril de 2009.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA,

GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN,

María del Pilar Merino Troncoso.

A N E X O

BASES DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES

A LA MEJORA DE LOS REGADÍOS

Base 1.- Objeto y finalidad.

1. Las presentes bases tienen como objeto establecer las normas que han de regir la convocatoria 2009 de las subvenciones destinadas a la realización de obras de mejora de regadíos de iniciativa privada que redunden en beneficio exclusivo de la agricultura, previstas en el Decreto 25/1990, de 7 de febrero, por el que se establecen las ayudas para la mejora de regadíos.

2. Las subvenciones que se convocan tendrán por finalidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Decreto 25/1990, de 7 de febrero, ya mencionado, la mejora de la infraestructura hidráulica de una zona concreta o grupo de explotaciones.

3. No serán subvencionables con cargo a esta convocatoria las siguientes inversiones:

a) Las redes interiores de las explotaciones agrarias.

b) La mejora y conservación de obras existentes entendiendo como tales la simple reposición o reparación que no aporten mejoras tecnológicas.

c) Las Plantas de desalación y depuración.

d) La compra de terrenos, aunque sean necesarios para llevar a cabo la inversión objeto de subvención.

Base 2.- Requisitos.

1. Para obtener las subvenciones objeto de las presentes bases, los beneficiarios y las obras de regadíos deberán reunir los siguientes requisitos.

A) De los beneficiarios:

Que sean personas jurídicas bajo cualquiera de las formas admitidas en derecho o asociaciones sin personalidad jurídica, siempre y cuando entre el objeto social o finalidad de las mismas figure el suministro o reparto de aguas con fines agrícolas o la explotación de fincas agrícolas, que además cumplan los siguientes requisitos:

a) Que se hallen al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Comunidad Autónoma.

b) Que no hayan recibido ayudas o subvenciones con el mismo objeto de cualquier Administración o Ente público. En otro caso, hará constar las que haya solicitado y el importe de las recibidas.

c) Que no hayan recibido ayudas u otras atribuciones patrimoniales gratuitas de las entidades privadas o particulares para el mismo destino o, en su caso, el importe de las recibidas.

d) Que no estén inhabilitados para recibir ayudas o subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma.

e) Que hayan procedido a la justificación de las subvenciones concedidas con anterioridad por los órganos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma en los términos establecidos en el artículo 31 del Decreto 337/1997, citado.

B) De las obras de regadíos:

a) Que sean de iniciativa privada.

b) Que su presupuesto sea superior a 300.000,00 euros.

c) Que beneficien directamente a un mínimo de quince explotaciones, pertenecientes a los socios o partícipes de la entidad solicitante.

d) Que se hayan iniciado con posterioridad al 15 de mayo de 2008. Este requisito no será de aplicación a las obras acogidas a la convocatoria de regadíos de 2008, que cumpliendo los requisitos exigidos en la misma no pudieron ser subvencionadas por causas ajenas al solicitante.

e) Que se ejecute en un plazo máximo de dos ejercicios presupuestarios a partir de la notificación de la resolución de concesión.

2. No podrán obtener la condición de beneficiario las personas o entidades en quienes concurra alguno de los siguientes requisitos:

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas.

b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declarados en concurso, estar sujetos a la intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia.

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.

d) Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibilidades de los Miembros de la Nación y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 junio, de Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias.

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

f) Tener residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.

g) No hallarse al corriente del pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.

h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según la Ley General de Subvenciones o la Ley General Tributaria.

i) Asociaciones incursas en las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.

j) Asociaciones respecto de las que se hubiera suspendido el procedimiento administrativo de inscripción por encontrarse indicios racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002 en tanto no recaiga resolución judicial firme en cuya virtud pueda practicarse la inscripción en el correspondiente registro.

Base 3.- Dotación presupuestaria e importe de la subvención.

1. Dotación presupuestaria.

Para la presente convocatoria se destinan créditos por importe global de 1.850.000,00 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 13.04.531A.770.00, P.I.: 08713813 denominada: "Mejora de Regadíos de Iniciativa Privada- FEADER 2007/2013 - M 1.2.5.1", de los cuales 1.169.155,78 euros, se destinarán al ejercicio 2009 y 680.844, 22 euros al ejercicio 2010.

Dichas cuantías podrán verse incrementadas con los créditos que pudieran destinarse a tales fines, siempre que dicho incremento se produzca antes de dictarse la Resolución que pone fin al procedimiento.

2. Importe de la subvención.

Las subvenciones a conceder con cargo a la presente Orden podrán alcanzar hasta el cincuenta por ciento (50%) de la inversión a realizar, la cual se valorará de conformidad con el presupuesto de las obras, presentado de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1.A).d) de la base 4 y aprobado por la Dirección General de Desarrollo Rural.

El importe de la subvención no podrá superar en ningún caso el límite de 6.000 euros por hectárea.

Base 4.- Documentación y plazo de presentación de solicitudes.

1. Las solicitudes para acogerse a esta convocatoria se presentarán cumplimentadas en todos sus apartados, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente de la publicación de estas bases en el Boletín Oficial de Canarias, ajustadas al modelo normalizado que figura en el anexo I estas bases y acompañadas de la siguiente documentación:

A) Con carácter general:

a) Documentos acreditativos de la personalidad del solicitante y, en su caso, de la representación de quien actúa en su nombre.

b) Documentación de identificación fiscal del solicitante.

c) Plan de financiación, consistente en las previsiones de ingresos y gastos de la actividad a desarrollar, aprobado por la Junta de la entidad.

d) Dos copias en papel del anteproyecto de la obra a ejecutar, realizado por técnico competente en la materia y para el caso de ingenieros técnicos y arquitectos técnicos se estará a lo dispuesto en la Ley 12/1986, de 1 de abril, sobre regulación de las atribuciones profesionales y visado por el correspondiente colegio profesional, que constará de los siguientes documentos:

- Memoria que considerará las necesidades a satisfacer, los factores de todo orden a tener en cuenta y la justificación de la solución adoptada.

- Planos de situación general y de conjunto necesarios para definir la obra en sus aspectos esenciales y basar en ellos las mediciones suficientes para la confección del presupuesto.

- Plan de ejecución de las obras indicando, en su caso, las fases del mismo.

- Presupuesto formado por un estado de mediciones de las distintas unidades de obras, especificando claramente el contenido de cada una de ellas, cuadro de precios adoptados para las diferentes unidades de obra y el correspondiente resumen o presupuesto general que comprenda todos los gastos.

En su valoración podrán incluirse los gastos directos e indirectos derivados de la ejecución de las obras, así como el beneficio del contratista, si existiese computados conforme a las reglas habituales de formación de presupuestos de obras. La inversión total podrá incluir los gastos de asistencia y de asesoramiento técnico, honorarios de anteproyectos, proyectos y de dirección de obras, que deberán ser justificados documentalmente.

En el caso de que la obra se divida en fases, se incorporará un presupuesto parcial para cada una de ellas.

e) Una copia digital del citado anteproyecto. En dicha copia, los archivos que contengan los planos del anteproyecto deberán estar en formato DXF, DWG, DGN o compatibles.

f) Estudio agronómico que justifique los beneficios de orden agronómico a obtener con las actuaciones previstas, firmado por técnico competente en materia agraria. El estudio agronómico deberá especificar la superficie cultivada de la zona afectada, tipo de cultivos afectados, necesidades hídricas de los mismos y cálculo de los requerimientos para abastecer estas necesidades hídricas en el que se justifiquen las necesidades de agua para riego de los distintos cultivos que permitan justificar el dimensionamiento hidráulico y cualquier otro cálculo contenido en el proyecto.

g) Certificación emitida por el solicitante en la que se relacionen nominalmente los socios o partícipes beneficiados con la mejora solicitada, la superficie directamente afectada de cada uno de ellos, así como el polígono y la parcela catastral afectada.

B) Documentación específica:

1. En el supuesto de asociaciones sin personalidad jurídica deberá aportarse además por cada uno de los integrantes de la misma, la siguiente documentación:

a) Documento acreditativo de la personalidad del peticionario y, en su caso, de la representación con que actúa.

b) Tarjeta de identificación fiscal del interesado.

c) Acuerdo de todos los integrantes por el que se regirá la realización de la inversión y su mantenimiento, que contemplará los siguientes aspectos:

- Decisión de realizar la inversión con expresión de la forma de ejecución y su plazo.

- Subvenciones a solicitar para financiar la inversión.

- Compromiso sobre las aportaciones a realizar por los integrantes de la entidad señalando su naturaleza y su cuantía, indicando el porcentaje de cada participante.

- Plan de financiación con las aportaciones a realizar por los integrantes de la entidad.

- Designación del representante o representantes que gestionen las subvenciones ante la administración, y que cobre la misma.

- Autorización de la obra objeto de la subvención.

- Asunción de los riesgos derivados de la inversión.

- Justificación que la finalidad de la inversión es el suministro o reparto de agua con fines agrarios.

- Compromiso de mantener la obra o mejora objeto de la inversión durante un plazo no inferior a cinco años contados desde la fecha de certificación de su ejecución.

2. En el supuesto de entidades con personalidad jurídica deberá presentarse además la siguiente documentación:

a) Certificación del Acuerdo de la Junta de la entidad en el que se autorice la realización de las obras.

b) Justificación de que entre su objeto social o finalidad figura el suministro o reparto de aguas con fines agrarios, o la explotación de fincas agrícolas.

3. No tendrán que aportar la documentación exigida en el apartado 1 y 2 de esta base, de conformidad con lo establecido en el artículo 35.f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, aquellos solicitantes que ya la hubieran presentado ante esta Consejería. En este supuesto deberán indicar en la solicitud el procedimiento o procedimientos en los que conste la misma y declarar bajo su responsabilidad que la documentación presentada no ha experimentado variación alguna.

4. La presentación de las solicitudes presupone la aceptación incondicional de las bases de la presente convocatoria, así como de las condiciones, requisitos y obligaciones que se contienen en la misma. Igualmente, implicará la autorización a esta Consejería, por el solicitante, para obtener los datos necesarios para acreditar el alta de terceros en el P.I.C.C.A.C., estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Comunidad Autónoma de Canarias y que no se halla inhabilitado para recibir ayudas o subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Base 5.- Criterios de concesión.

1. Las subvenciones se adjudicarán, dentro de las disponibilidades presupuestarias, por el procedimiento de convocatoria pública con concurso.

2. En la concesión de las subvenciones se tendrá en cuenta la puntuación obtenida por la suma de los criterios que a continuación se especifican, dando preferencia a aquellas solicitudes que obtengan mayor puntuación.

a) Por razón de los solicitantes:

- Número de socios o partícipes beneficiarios: se valorará de 0 a 10 puntos, primándose aquellas inversiones que con menor importe se beneficie a un mayor número de socios o partícipes directamente beneficiados por la inversión subvencionada (ver puntuación en la tabla que aparece al final de esta base).

- Las solicitudes formuladas por las comunidades de regantes, de aguas, heredamientos, SAT, y otras entidades de carácter cooperativo; y las realizadas conjuntamente por las entidades con personalidad jurídica con el compromiso de proceder a la integración en una sola entidad, con la finalidad de mejorar el suministro o reparto de agua de riego en una misma zona entre sus asociados, 3 puntos.

- Expedientes incluidos en la lista de reserva de la convocatoria anterior, que no pudieron ser subvencionados, 2 puntos.

b) Por razón de la obra de regadío:

- Superficie agrícola mejorada: se valorará de 0 a 10 puntos, primándose aquellas inversiones que con menor importe se beneficie a una mayor superficie (ver puntuación en la tabla que aparece al final de esta base).

- Se valorará de 0 a 5 puntos la obra dentro del contexto regional, dando preferencia a aquellos proyectos que conecten con infraestructuras de regadíos ejecutadas por la administración, que permitan una mayor racionalización y reducción del consumo de agua; que permitan la posibilidad posterior de implantar en las explotaciones agrarias sistemas de riego que economicen agua y a los que protejan y mejoren el medio ambiente frente a aquellos que se limiten a cumplir la normativa exigible.

PUNTUACIÓN Y COEFICIENTE


Nº ha o nº agricultores Puntos



>500 10

300-500 9

250-299 8

200-249 7

150-199 6

100-149 5

75-99 4

50-74 3

25-49 2

5-24 1

5 0


Este valor se multiplicará por el siguiente coeficiente:


Euro/ha o euro/agricultor Coeficiente

601,01 1

601,01-1.202,02 0,9

1.202,03-1.803,04 0,8

1.803,05-3.005,06 0,7

3.005,07-5.000,00 0,6

5.000,01-9.015,18 0,5

> 9.015,18 0,4


Base 6.- Procedimiento de concesión.

1. La solicitud se presentará, acompañada de la documentación que resulte preceptiva, en la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación o en cualquiera de las dependencias o formas previstas en el Decreto 164/1994, de 29 de julio, por el que se adaptan los procedimientos administrativos de la Comunidad Autónoma a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Las solicitudes presentadas en las Agencias de Extensión Agraria deberán remitirse a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, en cumplimiento de lo establecido en la Disposición Adicional Quinta y en el artículo 3 del Decreto 105/2000, de 26 de junio, por el que se regulan determinados aspectos de los registros de la Administración Autonómica de Canarias, con carácter inmediato y siempre dentro de las 24 horas siguientes a la de su recepción.

2. La Dirección General de Desarrollo Rural, una vez recibida la solicitud, examinará si reúne los requisitos exigidos y si se acompaña a la misma la documentación preceptiva, requiriéndose en caso contrario al interesado mediante anuncio en el Boletín Oficial de Canarias para que en el plazo de 10 días hábiles a contar desde la publicación del requerimiento subsane o complete los documentos o datos que deben presentarse, advirtiéndole de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común.

3. Para la evaluación de las solicitudes y la elaboración de la propuesta de resolución provisional o listado provisional de beneficiarios se constituirá un Comité de Evaluación como órgano colegiado, con la siguiente composición:

- El Jefe de Servicio de Planificación de Obras y Ordenación Rural en calidad de Presidente. En ausencia del Presidente actuará como suplente un Jefe de Sección.

Dos vocales elegidos entre el personal del Servicio, uno de los cuales será Jefe de Sección (salvo en el caso de que actúe como suplente del presidente).Uno de los vocales, que ostentará la condición de funcionario, actuará como Secretario.

El régimen jurídico de dicho órgano colegiado será el previsto con carácter general en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Será función del Comité de Evaluación, analizar y valor las solicitudes presentadas, tras lo cual emitirá un informe propuesta en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada que será elevado al órgano concedente a través del órgano instructor.

4. Antes de dictarse la propuesta de resolución, la Dirección General de Desarrollo Rural dará trámite de audiencia a los interesados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ya mencionada, en los supuestos de que a la vista de los datos consultados por esta Dirección General, procediera la desestimación de la subvención solicitada. También será preceptivo dicho trámite en el supuesto de que haya de tenerse en cuenta en la resolución que pone fin al procedimiento, cualquier otro hecho, alegación o prueba distinta a las aducidas por los mismos.

5. La Dirección General de Desarrollo Rural, tras la aplicación de los criterios de priorización recogidos en la base 5 por el Comité de Evaluación, y de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias, elaborará, en el plazo dos meses, una lista provisional de beneficiarios de las subvenciones, en la que constarán las distintas fases de las obras objeto de la subvención, el presupuesto aprobado y el importe de la subvención a conceder.

Dicha lista será notificada a los interesados mediante su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Asimismo, elaborará una lista de reserva entre las solicitudes que, reuniendo los requisitos exigidos en estas bases, no hayan sido incluidas en el listado provisional de admitidos por falta de disponibilidades presupuestarias. El orden de la citada lista irá en función de la mayor puntuación obtenida aplicando los criterios de preferencia establecidos en la base 5.

6. Los beneficiarios incluidos en la lista provisional dispondrán de un plazo máximo de un mes, contado desde la notificación, para presentar la siguiente documentación:

a) Dos copias del proyecto técnico redactado por técnico competente en la materia y para el caso de ingenieros técnicos y arquitectos técnicos se estará a lo dispuesto en la Ley 12/1986, de 1 de abril, sobre regulación de las atribuciones profesionales y visado por el correspondiente colegio profesional, en el que se incluya el Estudio de Impacto Ecológico correspondiente, conforme exige la Ley Territorial 11/1990, de 13 de julio (B.O.C. nº 92, de 23.7.90), de Prevención del Impacto Ecológico, el Estudio de Seguridad y Salud conforme a lo establecido en el Real Decreto 1.627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

b) Una copia digital del proyecto técnico. En dicha copia, los archivos que contengan los planos del proyecto deberán estar en formato DXF, DWG, DGN o compatibles.

c) Plan de financiación incluyendo la documentación sobre la procedencia de los fondos.

d) Autorización administrativa de la Dirección General de Aguas o del órgano administrativo competente, en los casos exigidos en la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas: la instalación de depósitos de capacidad superior a mil metros cúbicos, o de más de cinco metros de altura (artículo 93.2).

e) Licencia de obra.

7. La Dirección General de Desarrollo Rural, una vez evaluada y examinada la documentación exigida en el apartado anterior, dictará la resolución que proceda en el plazo de seis meses contados desde que surta efecto esta Orden.

Dicha resolución será notificada a los interesados mediante su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

8. La resolución de concesión contendrá además de los extremos exigidos en las presentes bases los establecidos en el artículo 25 del Decreto 337/1997.

9. Una vez resuelta la convocatoria si se constatase la existencia de créditos, se podrán conceder subvenciones a los integrantes de la lista de reserva prevista en el apartado 5 de esta base, atendiendo al orden establecido en la misma.

10. Sin perjuicio de la obligación de resolver, se podrán entender desestimadas las solicitudes presentadas por los interesados sobre las que no recaiga resolución expresa en el plazo de que dispone la Administración para resolver.

11. La efectividad de la resolución de concesión de la subvención estará supeditada a la aceptación expresa por el beneficiario, que deberá otorgarla en el plazo que se señala en la base 7. En caso de que no se otorgue dentro del referido plazo quedará sin efecto la subvención concedida.

Base 7.- Condiciones a que se sujeta la concesión.

1. Las condiciones a que se sujeta la concesión de la subvención y que se deberán especificar en la resolución de concesión, son las siguientes:

a) La aceptación expresa por el beneficiario, que deberá otorgarla dentro del plazo de los 30 días siguientes a su notificación, caso contrario quedará sin efecto la subvención concedida.

b) El comienzo de las obras objeto de subvención en el plazo de un mes contado a partir de la notificación de la resolución de concesión y la comunicación a esta Consejería de dicho inicio dentro de los quince días siguientes al mismo. El incumplimiento de estas condiciones dará lugar a dejar sin efecto la subvención concedida.

c) La ejecución de las obras en el plazo que se determine en la resolución de concesión, sin que pueda superar los 18 meses contados desde su notificación. No obstante, por razones justificadas podrá incrementarse dicho plazo en seis meses más. La ampliación de plazo a petición del beneficiario deberá solicitarse por éste al menos un mes antes del vencimiento del mismo.

2. Por otra parte, y a tenor de lo establecido en el artículo 15.2 del Decreto 337/1997 citado, otra de las condiciones específicas a las que se sujeta la concesión de la subvención es la prevista en el apartado 1 de dicho artículo.

Base 8.- Abono y justificación de las subvenciones.

1. Con carácter general, las subvenciones se abonarán a los beneficiarios una vez que acrediten, sin necesidad de requerimiento previo, la finalización de la obra objeto de subvención.

2. Cuando el proyecto pueda dividirse en fases, una vez terminada cada fase, podrá abonarse la parte de la subvención que le corresponda siempre que no exceda de la anualidad vigente.

3. La fase de abono se iniciará mediante la comunicación del beneficiario a la Dirección General de Desarrollo Rural de la realización de la obra objeto de subvención, de cualquiera de las fases en que se pueda dividir la misma o de la anualidad vigente. Dicha comunicación irá acompañada de los medios de justificación que se señalan en la base 9.

4. En el supuesto de que las inversiones y gastos realizados sean inferiores a los aprobados, como consecuencia de una disminución del coste de la actividad realizada, se abonará la subvención en proporción a lo debidamente justificado, siempre que se cumpla a juicio del órgano concedente con el objeto y finalidad de la convocatoria.

Base 9.- Plazos y medios de justificación.

1. Se entiende por justificación de las subvenciones la acreditación del empleo de los fondos públicos en la realización de la actividad o en la adopción de la conducta subvencionada, de las mismas y de la efectiva realización de la actividad o adopción de la conducta, así como su coste real.

2. El plazo de justificación de la subvención se fijará en la resolución de concesión sin que supere el plazo de dos meses contados desde la finalización del plazo de realización de la actividad prevista en la base 7. Dicho plazo podrá ampliarse en un mes más, a petición del beneficiario, cuando existan razones justificadas.

3. Los medios de justificación de las subvenciones serán los siguientes:

a) Para acreditar la realización y el coste de la actividad subvencionada:

Las certificaciones de obras emitidas por el Ingeniero Director de las obras, visadas por el Colegio Profesional correspondiente y conformadas por el solicitante.

De acuerdo con el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el beneficiario deberá, antes de la contratación de las obras, la prestación de servicios o la entrega del bien solicitar, al menos, tres ofertas de proveedores que se deberán incluir en la documentación justificativa de la subvención así como la justificación de la elección de la oferta contratada, salvo en los casos explicitados en la citada ley.

b) Para acreditar el pago efectuado por el beneficiario de la actividad subvencionada:

· Facturas originales acreditativas de los gastos efectuados con cargo a la inversión realizada que se ajustarán a lo establecido en el artículo 30.3 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones. Dichas facturas pagadas que describan las distintas unidades de obras o elementos que las integran se ajustarán a lo dispuesto en el Real Decreto 1.496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento que regula las obligaciones de facturación (B.O.E. de 29.11.03). Además deberá incluir el tipo y cuota del I.G.I.C. así como los justificantes de pago. Para la acreditación de los pagos se aportará certificación bancaria acreditativa de los pagos realizados con cargo a la cuenta del beneficiario o, en su lugar, fotocopia de cheques nominativos o letras de cambio nominativos u órdenes de transferencias nominativas, con los correspondientes apuntes bancarios con cargo a la cuenta del beneficiario, que justifiquen la efectiva realización de los pagos o cualquier otro documento mercantil que pueda justificar la efectiva realización de dichos pagos.

· Junto con las facturas, deberá presentarse una relación de las mismas con su importe, excluido el I.G.I.C., debiendo además corresponder con las unidades de obras certificadas por el director de las mismas además de los correspondientes justificantes de pago.

4. Junto con la primera certificación de obra deberán aportarse fotografías acreditativas de que las obras objeto de la subvención se han señalizado de acuerdo con el cartel tipo de la medida 1.2.5.1 que se muestra en "obligaciones publicitarias del beneficiario" dentro del apartado de "subvenciones y ayudas" que se puede consultar en http://www. pdrcanarias.org.

Base 10.- Obligaciones del beneficiario.

Los beneficiarios de las subvenciones que se convocan están sujetos a las siguientes obligaciones:

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones.

b) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información les sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de concesión que se halla al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en la forma que se determina reglamentariamente.

f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos contables debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, así como cuantos estados contables y registros específicos sean exigidos en las bases reguladoras de las presentes subvenciones, con la finalizad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.

g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.

h) Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003 precitada.

j) Comunicar al órgano concedente las alteraciones que se produzcan en las circunstancias y requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de las ayudas.

k) Los titulares de las subvenciones reguladas estarán obligados a instalar un cartel de obra de acuerdo con el modelo descrito en el punto 4 de la base 9.

Base 11.- Reintegro.

1. No será exigible el abono de la subvención o procederá su reintegro cuando concurra alguno de los supuestos establecidos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el apartado 3 del artículo 35 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

2. Cuando el cumplimiento del beneficiario se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por éste una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada por la aplicación del siguiente criterio: se reintegrará la parte de ayuda en exceso, incrementada con los intereses legalmente establecidos.

Base 12.- Régimen jurídico.

Para lo no establecido en estas bases se estará a lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1698/2005, del Consejo (D.O. nº L277/14, de 21.10.05), relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), Reglamento (CE) 1974/2006, de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 1698/2005, del Consejo, y Reglamento (CE) 1975/2006, de la Comisión, de 7 de diciembre de 2006, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 1698/2005, del Consejo, en lo que respecta a la aplicación de los procedimientos de control y la condicionalidad en relación con las medidas de ayudas al desarrollo rural, en el Decreto 25/1990, de 7 de febrero, por el que se establecen ayudas para la mejora de regadíos.

Asimismo se estará a lo dispuesto en los preceptos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y en el Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, en todo lo que no se oponga o contradiga a los preceptos básicos de la citada Ley o su Reglamento.

Ver anexos - página 7111

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