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BOC Nº 166. Miércoles 20 de Agosto de 2008 - 1303

III. OTRAS RESOLUCIONES - Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

1303 - Instituto Canario de la Vivienda.- Resolución de 13 de agosto de 2008, del Director, por la que se convocan y aprueban las bases que han de regir para el otorgamiento de subvenciones a los Ayuntamientos, para atender situaciones de emergencia social, en el área de la vivienda habitual.

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El Instituto Canario de la Vivienda, creado por la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias, se configura como Organismo Autónomo de carácter administrativo, adscrito a la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, al que le corresponde el ejercicio de las competencias que en materia de vivienda ostenta la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Por su parte, corresponde a los Ayuntamientos como órganos de gobierno del municipio y conforme a lo que establece el artículo 25 de la Ley de Bases del Régimen Local, la prestación de servicios sociales.

En uso de esta competencia y dentro del marco fijado por la Ley 9/1987, de 28 de abril, de Servicios Sociales, los diversos Ayuntamientos de las islas han venido realizando prestaciones de diferente naturaleza, encaminadas a proporcionar las condiciones necesarias para la mejora de la calidad de vida y del bienestar de sus vecinos.

Las actuales condiciones económicas generadas en todo el territorio del Estado han determinado la necesidad de que por parte de las citadas Corporaciones se hayan de reforzar las medidas de apoyo a aquellas personas y familias que, cada vez en mayor medida y por encontrarse en situaciones extremas, demandan una rápida intervención pública.

Así, entre las diferentes áreas objeto de atención por las Entidades Locales Canarias cobra especial relevancia, por enlazar con las competencias que ostenta este Organismo y por tratarse de una necesidad básica, la que se proyecta en materia de vivienda, especialmente cuando ésta constituye el domicilio habitual y permanente de sus ocupantes.

Se entiende por tanto imprescindible desde el deber de asistencia y cooperación que esta Comunidad Autónoma tiene respecto al ejercicio de las competencias municipales, coadyuvar, mediante el otorgamiento de las subvenciones cuyas bases se aprueban por la presente Resolución, en el ejercicio de las competencias que las citadas Corporaciones Locales ostentan en materia de bienestar social y calidad de vida; subvenciones que van dirigidas, de forma específica, a atender situaciones de emergencia social en el área de la vivienda habitual.

En su consecuencia, y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas,

R E S U E L V O:

Primero.- Convocar para el ejercicio 2008, subvenciones destinadas a los municipios canarios para atender las situaciones de emergencia social, en el área de la vivienda habitual.

Segundo.- Aprobar las bases por las que se rige la presente convocatoria, y que se incorporan como anexo I a la presente Resolución.

Tercero.- Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de Canarias.

Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Presidente del Instituto Canario de la Vivienda en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación, tal como establecen los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Santa Cruz de Tenerife, a 13 de agosto de 2008.- El Director, p.s., el Secretario (Resolución de 28.7.08), Juan Manuel Pino Martín.

A N E X O I

BASES DE LA CONVOCATORIA

Base 1.- Objeto de la convocatoria.

1. La presente convocatoria tiene por objeto el otorgamiento de subvenciones a los Ayuntamientos canarios para coadyuvar en el ejercicio de las competencias que las citadas Corporaciones Locales ostentan en materia de bienestar social y calidad de vida.

2. Las subvenciones que se convocan, irán dirigidas, de forma específica, a atender situaciones de emergencia social en el área de la vivienda habitual y serán compatibles con las que, en su caso, puedan ser otorgadas por otras Administraciones con el mismo objeto, siempre que el importe total no exceda del coste de la actividad subvencionada.

Base 2.- Actividad subvencionada.

1. Constituye la actividad objeto de subvención la prestación por parte de los Ayuntamientos canarios, dentro de su ámbito territorial, del apoyo económico a aquellas personas o familias que, de acuerdo con la normativa específica de las referidas Corporaciones, se hallen en una situación de emergencia social y cuenten con ingresos que no superen 1,5 el IPREM.

2. En defecto de normativa local aplicable se entenderá que constituyen situaciones de emergencia social aquellos supuestos en los que en razón de las condiciones del inmueble y de los ingresos de las personas o unidades familiares afectadas se haga necesaria una inmediata intervención pública en orden a evitar situaciones de desamparo o marginación social.

3. La subvenciones que se convocan, habrán de destinarse al equipamiento, uso y mantenimiento de la vivienda habitual, al pago de las rentas no abonadas cuando concurran circunstancias que hagan previsible el desahucio, o de las cantidades adeudadas en los casos de inminente corte del suministro eléctrico y, de agua.

4. Para el cálculo de los ingresos familiares se estará a lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 27/2006, de 7 de marzo, por el que se regulan las actuaciones del Plan de Vivienda de Canarias, modificado recientemente por el Decreto 185/2008, de 29 de julio.

Base 3.- Beneficiarios y requisitos.

1. Para resultar beneficiarios de las subvenciones a las que se refieren las presentes bases, los Ayuntamientos canarios deberán presentar la correspondiente solicitud en la forma y plazo indicado en la base 4, acompañada de una memoria explicativa de las necesidades del municipio, elaborada en los siguientes términos:

- Relación de las situaciones a atender conforme a las peticiones presentadas por los vecinos del municipio de acuerdo al anexo III, desde el período comprendido entre el 1 de enero de 2008, hasta la fecha presentación de solicitud a la que se refiere la base 4.

- Previsión de situaciones a atender desde la fecha de presentación de la citada solicitud hasta el 31 de diciembre de 2008, en atención a las necesidades detectadas por el correspondiente Ayuntamiento.

- Importe total de la subvención que se solicita.

- Número de habitantes que integran el censo del municipio.

2. Además de la documentación que se relaciona en el apartado 1 de esta base, se acompañará la siguiente:

a) Certificado o documentación acreditativa de la personalidad del firmante y, en su caso, de la representación o delegación que ostente.

b) Documentación acreditativa de Alta en la Base de Datos de Terceros del Plan Informático Contable de la Comunidad Autónoma de Canarias y número de cuenta en que deba realizarse el ingreso de la subvención en caso de ser concedida.

c) Justificación de no estar incursos en las prohibiciones para ser beneficiarios, señaladas en el apartado 2, letras e) y g), del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que se podrá realizar mediante cualquiera de los medios previstos en el apartado 7 del artículo 13 de la misma.

Base 4.- Solicitudes.

1. Las solicitudes ajustadas al modelo que figura como anexo II de esta Resolución, junto con la memoria, a las que se refiere la base anterior, deberán presentarse en el Registro General del Instituto Canario de la Vivienda en el plazo de dos meses a contar desde la fecha de publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de Canarias.

2. Presentada la correspondiente solicitud se estará, en su caso, a lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Base 5.- Dotación presupuestaria y cuantía de la subvención.

1. Las subvenciones a las que se refiere la presente convocatoria, serán otorgadas con cargo a los créditos consignados en los actuales presupuestos del Instituto Canario de la Vivienda 23.01.431A.450 00 PI/LA 234D4002 "Ayudas a los Ayuntamientos para atender situaciones de emergencia social, en el área de vivienda" dotado económicamente de 4.000.000,00 de euros.

2. Este crédito inicial tendrá carácter de ampliable, en función de las solicitudes presentadas, siempre que dicha ampliación de la dotación económica se acuerde con anterioridad a la adopción de la Resolución de concesión.

Base 6.- Procedimiento de concesión.

El Instituto Canario de la Vivienda, dentro de los límites presupuestarios, atenderá a todas las solicitudes presentadas por los Ayuntamientos que cumplan los requisitos establecidos en estas bases, si bien para determinar el importe total de la subvención a otorgar en cada caso, se establecerá un orden de prelación en función de la valoración de los criterios consignados en la base 7.

Base 7.- Criterios de valoración.

De acuerdo con lo establecido en la base anterior una vez recibidas las correspondientes solicitudes, el Instituto Canario de la Vivienda, a través de los servicios adscritos a la Secretaría, procederá a ordenar las mismas en atención a la relación que exista entre el número de necesidades del municipio, conforme a lo expuesto en la correspondiente memoria a la que se refiere la base 3 y el número de habitantes que integran el censo municipal.

Base 8.- Importe de la subvención.

Una vez establecido el orden de prelación, de acuerdo a los criterios establecidos en el apartado anterior, el importe de la subvención se determinará prorrateando proporcionalmente el crédito existente entre las solicitudes presentadas, sin que en ningún caso pueda exceder de la cuantía que figure en la correspondiente memoria como presupuesto total de las actuaciones.

Base 9.- Instrucción y resolución.

1. Corresponde la instrucción del procedimiento de concesión de las subvenciones objeto de las presentes bases al Director del Instituto Canario de la Vivienda.

2. La valoración de las solicitudes se llevará a cabo por los Servicios adscritos a la Secretaría del Instituto Canario de la Vivienda, que emitirán un informe en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada, así como el importe de cada una de las subvenciones a otorgar.

3. A la vista del citado informe, el Director del Instituto Canario de la Vivienda formulará la correspondiente Propuesta de Resolución que contendrá la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención, y su cuantía, así como las solicitudes no admitidas a trámite y las desestimadas por no cumplir o acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos en estas bases.

4. Formulada la Propuesta de Resolución, la Presidenta del Instituto Canario de la Vivienda dictará y notificará la Resolución de concesión en el plazo máximo de tres meses a contar desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes. Dicha notificación se efectuará mediante su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

5. La efectividad de la Resolución de concesión de las presentes subvenciones está supeditada a la aceptación expresa por el beneficiario, que deberá otorgarla dentro del plazo de los 30 días siguientes a su notificación. En caso de que no se otorgue dentro del referido plazo quedará sin efecto la subvención concedida.

Base 10.- Abono y justificación de la subvención.

1. Una vez aceptada, en los términos expuestos en la base anterior, la subvención otorgada, el pago de la misma se hará de forma anticipada en su totalidad, siempre que la entidad beneficiaria acredite al momento de presentar la correspondiente solicitud, la imposibilidad de desarrollar la actuación objeto de subvención sin la previa entrega del importe de la subvención.

2. En caso contrario el abono de la subvención se efectuará una vez acreditada la realización de la actividad en los términos previstos en el apartado siguiente de esta base.

3. La justificación de la subvención se realizará mediante documentación expedida por el órgano de la correspondiente Corporación que tenga atribuida la función de control de los fondos, en la que conste la relación de situaciones atendidas, su importe y objeto de la actuación.

4. El plazo de justificación de la subvención finalizará el 28 de febrero de 2009.

Base 11.- Condiciones del otorgamiento.

1. Además de las condiciones generales establecidas en la base 13, el Ayuntamiento beneficiario vendrá obligado a distribuir el importe total de la subvención entre las situaciones de emergencia social existentes en el municipio, hasta un máximo de 300 euros.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, cuando circunstancias excepcionales así lo justifiquen, el Ayuntamiento beneficiario podrá ampliar de forma sucesiva dicha prestación mediante el otorgamiento de hasta dos veces más la referida cantidad.

Base 12.- Modificación de la Resolución de concesión.

Dará lugar a la modificación de la Resolución de concesión por el órgano que la haya dictado, sin que en ningún caso pueda variarse el destino o finalidad de la ayuda o subvención, la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias:

a) La alteración de las circunstancias o de los requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de una ayuda o subvención.

b) La obtención por el beneficiario de ayudas o subvenciones concedidas por otros órganos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma o por otras Administraciones o Entes públicos para el mismo destino o finalidad.

c) La obtención de ayudas u otras atribuciones patrimoniales gratuitas de entidades privadas o particulares para el mismo destino o finalidad.

d) La superación de los topes previstos por la normativa comunitaria como consecuencia de la acumulación de ayudas o subvenciones en los períodos establecidos en la misma.

Base 13.- Obligaciones de los beneficiarios.

1. Son obligaciones del beneficiario:

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones.

b) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

d) Comunicar al órgano concedente o la entidad colaboradora la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas.

Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la Propuesta de Resolución de concesión que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, así como cuantos estados contables y registros específicos sean exigidos por las bases reguladoras de las subvenciones, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.

g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.

h) Dar adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención, en los términos reglamentariamente establecidos.

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

j) Realizar la actividad con sujeción expresa a lo dispuesto en la letra d) del artículo 29.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en relación con el artículo 68.2 de su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

2. Por otra parte, los beneficiarios de las subvenciones deberán comunicar al Instituto Canario de la Vivienda las alteraciones que se produzcan en las circunstancias y requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de la subvención y toda la información que les sea requerida por el mismo y por los órganos de control interno y externo de la actividad económico-financiera de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma.

Base 14.- Reintegro.

1. La declaración judicial o administrativa de nulidad o anulación de la Resolución de concesión llevará consigo la obligación de devolver las cantidades percibidas.

2. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas, así como la exigencia del interés de demora desde el momento del pago de la subvención y hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, como establece el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en la cuantía fijada en los artículos 37 y 38 de la citada Ley, en los siguientes casos:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello y ocultando aquellas que lo hubieran impedido. En este caso procederá el reintegro de la totalidad de la cantidad percibida.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención. En caso de incumplimiento parcial, la cantidad a reintegrar será un porcentaje de lo percibido equivalente al porcentaje de incumplimiento.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los términos establecidos en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y, en su caso, en las normas reguladoras de la subvención. Deberán devolverse las cantidades no justificadas debidamente.

d) Incumplimiento de las obligaciones de adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. En caso de incumplimiento total deberá devolverse el 20 por ciento de la cantidad percibida; si el incumplimiento es parcial, en proporción a éste.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero previstas en los artículos 14 y 15 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o Entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea, o de organismos internacionales. En este caso procederá el reintegro de la totalidad de la cantidad percibida.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a los beneficiarios, así como de los compromisos por éstos asumidos con motivo de la concesión de la subvención distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad procedentes de cualesquiera Administraciones o Entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. En caso de incumplimiento parcial, la cantidad a reintegrar será un porcentaje de lo percibido equivalente al porcentaje de incumplimiento.

g) La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 87 a 89 del Tratado de la Unión Europea, de una decisión de la cual se derive una necesidad de reintegro. En este caso procederá el reintegro de la totalidad de la cantidad percibida.

h) En los demás supuestos previstos en la normativa reguladora de la subvención.

3. También será causa de reintegro el supuesto contemplado en el apartado 3 del artículo 19 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, que establece que procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad subvencionada, así como la exigencia del interés de demora correspondiente.

4. Asimismo, no será exigible el abono o procederá el reintegro del exceso en cualquiera de los supuestos siguientes:

a) Cuando la cantidad recibida exceda del porcentaje del coste total de la actividad o conducta fijado en las bases de la convocatoria o en la Resolución de concesión.

b) Cuando, por concesión de ayudas y subvenciones de otros Departamentos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma, de otras Administraciones o Entes públicos, la cuantía de las ayudas y subvenciones concedidas o recibidas supere el coste del objeto de la ayuda o subvención.

c) Cuando por haber recibido cualquier ayuda o auxilio económico de entidades privadas o particulares para el mismo destino, la cuantía de las ayudas o subvenciones concedidas supere el coste del objeto de las mismas.

d) Cuando por obtención de otros ingresos propios de la actividad o conducta subvencionada o afectos a las mismas o a la situación, estado o hecho en que se encuentre o soporte el beneficiario, la cuantía de las ayudas o subvenciones concedidas supere el coste del objeto de las mismas.

e) Cuando por acumulación de ayudas o subvenciones la cantidad recibida supere la cuantía compatible con la normativa comunitaria.

En todos estos casos procederá el reintegro de dicho exceso.

Base 15.- Régimen jurídico.

En lo no previsto en las presentes bases será de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, en cuanto no se oponga a la misma, las restantes normas de derecho administrativo.

Asimismo, es de aplicación el régimen sancionador previsto en el Título VIII de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias.

Ver anexos - páginas 16447-16448

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