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BOC Nº 239. Jueves 29 de Noviembre de 2007 - 4724

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Empleo, Industria y Comercio

4724 - Secretaría General Técnica.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 13 de noviembre de 2007, que notifica Orden del Consejero de Empleo, Industria y Comercio de 7 de septiembre de 2007, por la que se desestima el recurso de alzada interpuesto por Dña. Milagros Estrella Gil, en representación del establecimiento Virgin, frente a la Resolución de la Dirección General de Consumo de 28 de marzo de 2006, recaída en el expediente nº 38/365/2005.

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Habiendo sido intentada la notificación de la presente Resolución en el domicilio que figuraba en el expediente tramitado por la Dirección General de Consumo sin que haya sido recibida por el recurrente interesado, y de conformidad con lo establecido en el artículo 59, apartado 5º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,

R E S U E L V O:

1º) Notificar a la entidad Virgin, la Orden de 7 de septiembre de 2007 (libro 01, nº reg. 98/07) que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de alzada interpuesto por Dña. Milagros Estrella Gil, en representación del establecimiento Virgin, frente a la Resolución de la Dirección General de Consumo de fecha 28 de marzo de 2006, recaída en el expediente nº 38/365/2005, por la que se impone al recurrente una sanción de trescientos (300) euros.

2º) Remitir al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de noviembre de 2007.- El Secretario General Técnico, Juan González Fontes.

A N E X O

Orden del Consejero de Empleo, Industria y Comercio de 7 de septiembre de 2007, por la que se desestima el recurso de alzada interpuesto por Dña. Milagros Estrella Gil en representación del establecimiento Virgin, frente a la Resolución de la Dirección General de Consumo de fecha 28 de marzo de 2006 recaída en el expediente nº 38/365/2005 por la que se impone al recurrente una sanción de trescientos (300) euros.

Visto el recurso de alzada interpuesto ante la extinta Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías por Dña. Milagros Estrella Gil, en representación del establecimiento Virgin, frente a la citada resolución, y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

Primero.- El día 17 de febrero de 2005 un Inspector de la Dirección General de Consumo realiza una inspección en el establecimiento de venta menor de lencería y moda infantil del que es titular Milagros Estella Gil, con domicilio en la Carretera General del Sur, km 6.300, Centro Comercial Concorde, local 32, Taco del término municipal de Santa Cruz de Tenerife y extiende el acta nº 2503 para comprobar la reclamación nº 2192/2004 formulada por Begoña Calcedo Delgado, relativa a la adquisición de un coche con una hamaca, de la marca Baby Relax, en el mes de marzo de 2004, por el importe de 216 euros, siendo imposible su utilización en el asiento trasero del vehículo, tal y como indica el manual de instrucciones.

De las actuaciones inspectoras llevadas a cabo y de la documentación que obra en el expediente se comprueba que el artículo presentaba dentro de los 6 meses de su adquisición, una falta de conformidad con el contrato de compraventa, al no poder ser utilizado en el asiento trasero del vehículo de la reclamante; negándole las opciones que la vigente Ley de Garantías le ofrece al comprador, reparación, sustitución y en su defecto, devolución del precio o rebaja, sin embargo el vendedor, que durante esos primeros seis meses corre con la carga de la prueba, no aporta medio probatorio alguno para desvirtuar la falta de conformidad que presenta el artículo. Este hecho es constitutivo de infracción en materia de consumo.

Segundo.- Que incoado el oportuno expediente sancionador de conformidad con el Título V, de la Ley 3/2003, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (en adelante LECUCAC) el Capítulo IX y Disposición Final Segunda de la Ley 26/1984, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (B.O.E. nº 176), se formuló Acuerdo de iniciación, en el que se imputaba al recurrente la infracción de lo dispuesto en los artículos: 11.1.b) y 40.4.j) de la LECUCAC, en concordancia con los artículos 5 y 6 de la Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo (B.O.E. nº 165) y en relación con el Real Decreto 1.507/2000, de 1 de septiembre, por el que se actualizan los catálogos de productos y servicios de uso o consumo común, ordinario y generalizado y de bienes de naturaleza duradera, a efectos de lo dispuesto, respectivamente , en los artículos 2, apartado 2, y 11, apartados 2 y 5, de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y normas concordantes.

Tercero.- Que la Dirección General de Consumo resuelve sancionar al recurrente previo el trámite de Propuesta de Resolución a que se refiere el artículo 18 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora (en adelante RDPS), en relación con el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (en adelante LRJPAC), con una sanción de multa de trescientos (300) euros.

Cuarto.- Que contra la precitada Resolución se interpone recurso alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, que tiene entrada en este Departamento el día 18 de abril de 2005 exponiendo, en síntesis, el recurrente lo siguiente:

- En el momento de la compra del artículo objeto de reclamación, éste era idóneo y apto para el fin al que iba a ser destinado, eximiendo de cualquier responsabilidad al vendedor por un posterior cambio de circunstancias provocadas exclusivamente por la compradora (...). Ésta esperó unos días antes a cumplirse el plazo máximo para que tuviera virtualidad el derecho de devolución del producto comprado, después de su uso intenso y constante, alegando invalidez del mismo para su uso.

- No se expresa en la resolución recurrida cual es el hecho tipificado que se ha vulnerado, limitándose a la cita de los fundamentos jurídicos en que el supuesto hecho se circunscribe, produciendo una evidente indefensión en el expedientado. No basta para imponer una sanción la mención de los artículos en los que presuntamente está tipificada la conducta del infractor, sino que debe especificarse el hecho constitutivo de la misma, para que, de esta forma, el legítimo derecho de defensa puede ser válido y adecuadamente ejercitado por la recurrente.

Por tal motivo consideramos la nulidad de pleno derecho de la resolución impugnada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62.1.a) y e) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Quinto.- Que la Dirección General de Consumo informa sobre las actuaciones practicadas dando traslado de las mismas.

Y siendo de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- En relación a los requisitos de admisibilidad del presente recurso no cabe realizar objeción alguna por cuanto ha sido interpuesto en plazo y forma, esto es dentro del plazo del mes previsto en el artículo 115.1 de la LRJPAC, la parte recurrente tiene plena legitimación activa para promover el presente recurso, y el órgano competente para su resolución es la Consejera de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, de acuerdo con el vigente Reglamento Orgánico y el artículo 12 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias.

Segundo.- Que la sanción impuesta al recurrente, en la condición que ostenta, tiene como norma habilitante lo dispuesto en los artículos: 11.1.b) y 40.4.j) de la LECUCAC, en concordancia con los artículos 5 y 6 de la Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo (B.O.E. nº 165) y en relación con el Real Decreto 1.507/2000, de 1 de septiembre, por el que se actualizan los catálogos de productos y servicios de uso o consumo, ordinario y generalizado y de bienes de naturaleza duradera, a efectos de lo dispuesto, respectivamente, en los artículos 2, apartado 2 y 11, apartados 2 y 5, de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y normas concordantes.

Tercero.- Que la determinación de la cuantía de la sanción impuesta, lo fue en el ejercicio por la Dirección General de Consumo de las atribuciones que le confiere el artículo 39, apartado 2, de la LECUCAC y el artº. 21, apartado q) de Decreto 101/2006, de 11 de julio (B.O.C. nº 137), por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la extinta Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, del Gobierno de Canarias.

Cuarto.- Que las alegaciones formuladas por el recurrente en su escrito de interposición del recurso, no pueden ser tomadas en consideración, pues no comportan justificación legal que permite modificar la calificación jurídica del hecho infractor comprobado y no puede estimarse la petición de que se revoque la resolución sancionadora del Director General de Consumo, en base a las siguientes consideraciones:

- En cuanto a que no encuentra debidamente motivada y justificada la infracción que se le imputa, basta traer a colación algunos de los artículos que se le han mencionado a lo largo del procedimiento administrativo:

1.- Los artículos 11.1.b) y 40.4.j) de la LECUCAC, hacen referencia respectivamente a "los derechos reconocidos a los consumidores y usuarios, en particular: la entrega por parte de los proveedores de bienes, productos y servicios de la garantía por escrito en la compra o adquisición de bienes (...) y a la infracción consistente en "la vulneración o inobservando de los derechos que las normas o los documentos de garantía entregados u ofertados reconocen a los consumidores y usuarios".

2.- Este artículo 40.j) es el que debe enlazarse con los artículos 5 y 6 de la Ley de Garantías que básicamente recogen las "reglas de reparación y sustitución de los bienes".

El presente expediente imputa al vendedor una infracción en materia de garantías (no se ha cumplido con los derechos de los consumidores previstos en los artículos mencionados 5 y 6 de la LG, y este incumplimiento lo prevé el artº. 40.4.j), de manera que al incumplirse la normativa de la LG, se está cometiendo una infracción leve de las tipificadas en la LECUCAC.

- En cuanto a la cuestión de fondo debatida en el presente expediente sancionador, lo que puede deducirse es que, a pesar de que la cliente no ha aportado la factura del objeto controvertido, la empresa recurrente ha reconocido en el recurso, que "la compradora estaba dentro del plazo para que tuviera virtualidad el derecho de opción", de manera que deducimos de otros datos del expediente, que está dentro del plazo de los 6 meses previstos en el artº. 9 (y por tanto también dentro del plazo de los 2 años también previsto). El caso es que el objeto de compra no puede considerarse "conforme con el contrato" porque no se dio uno de los requisitos del artº. 3 de la LG ("no resultó ser apto para el uso a que ordinariamente estaban destinados los bienes del mismo tipo"), la cliente no pudo usarlo en su vehículo, y quería devolverlo a la tienda. Desde este momento, le ampara al cliente el artº. 4, es decir "se le reconoce el derecho a la reparación, sustitución, a la rebaja del precio y a la resolución del contrato" (desarrollados en los artículos 5 y 6). Pues bien, la empresa que se sanciona, no quiso cumplir con ninguna de estas obligaciones, negociando dentro de la legalidad la forma de resolver la falta de conformidad, así pues, debe confirmarse la sanción impuesta, por vulnerar la Ley de Garantía.

Quinto.- Que en virtud de las competencias atribuidas al Titular del Departamento por el artº. 29.1.e) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, modificada parcialmente por la Ley 4/1996, de 5 de noviembre y Ley 8/2001, de 3 de diciembre (B.O.C. nº 161, de 14.12.01), le compete al mismo resolver en última instancia, dentro de la vía administrativa, cuando no corresponda a una autoridad inferior, los recursos promovidos contra las resoluciones de los organismos y autoridades de la Consejería.

VISTOS

El Título V de la Ley 3/2003, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, el Capítulo IX y Disposición Final Segunda de la Ley 26/1984, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (B.O.E. nº 176), el Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285), modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12), y Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, el artículo 31.3) del Estatuto de Autonomía de Canarias, el Real Decreto 2.916/1983, de 19 de octubre, y Decreto 101/2006, de 11 de julio (B.O.C. nº 137) por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, del Gobierno de Canarias, y demás disposiciones de general o particular aplicación,

R E S U E L V E:

Desestimar el recurso de alzada interpuesto por Dña. Milagros Estrella Gil en nombre y representación del establecimiento (Virgin) frente a la Resolución de la Dirección General de Consumo de fecha 25 de enero de 2005, recaída en el expediente nº 38/318/2005 por la que se impone al recurrente una sanción de trescientos (300) euros, confirmando la sanción impuesta.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos (2) meses contados a partir del siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente de Las Palmas de Gran Canaria o ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga su domicilio el recurrente, sin prejuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.

En relación con el acto administrativo de referencia se adjuntan las correspondientes carta de pago y talón de cargo.

LUGAR Y FORMA DE INGRESO:

a) En el Servicio de Caja de los Órganos de recaudación de la Consejería de Economía y Hacienda en metálico o cheque conformado a nombre de la Tesorería de la Comunidad Autónoma de Canarias.

b) A través de Bancos o Cajas de Ahorros en los que no se precisa tener cuenta abierta.

c) Por Internet a través del dominio http://www.gobiernodecanarias.org/tributos.

PLAZOS DE INGRESO: (artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, aplicable conforme al artículo 20.1 de la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y el artículo 11 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria):

a) Si la notificación se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

b) Si la notificación se realiza entre el día 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior, o si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Si vencidos dichos plazos de ingreso, no se hubiese satisfecho la deuda, se iniciará el período ejecutivo y la Administración Tributaria Canaria efectuará la recaudación de las deudas por el procedimiento de apremio sobre el patrimonio del obligado al pago. El inicio del período ejecutivo determinará la exigencia de los intereses de demora y de los recargos del período ejecutivo en las términos previstos en los artículos 26 y 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y, en su caso, de los gastos del procedimiento de apremio.

El pago de la deuda podrá aplazarse o fraccionarse previa solicitud del obligado al pago que deberá presentarse en el Servicio de Recaudación de la Administración Tributaria.

RECURSOS: contra los actos de recaudación, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación, el interesado podrá interponer indistinta pero no simultáneamente:

- Recurso de reposición ante el órgano que dictó el acto.

- Reclamación económico-administrativa ante el Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias. El escrito de interposición de la reclamación económico-administrativa deberá presentarse ante el órgano que dictó el acto (artículo 235.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria).- El Consejero de Empleo, Industria y Comercio, Jorge M. Rodríguez Díaz.

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