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BOC Nº 239. Jueves 29 de Noviembre de 2007 - 4723

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Empleo, Industria y Comercio

4723 - Secretaría General Técnica.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 13 de noviembre de 2007, que notifica Orden del Consejero de Empleo, Industria y Comercio de 7 de septiembre de 2007, por la que se estima el recurso de alzada interpuesto por Jorge Gándara Maeztu, en representación de Mogán Contactel Teleservicios, S.A., frente a la Resolución de la Dirección General de Consumo de 6 de marzo de 2006, recaída en el expediente nº 38/238/2005.

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Habiendo sido intentada la notificación de la presente Resolución en el domicilio que figuraba en el expediente tramitado por la Dirección General de Consumo sin que haya sido recibida por el recurrente interesado, y de conformidad con lo establecido en el artículo 59, apartado 5º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,

R E S U E L V O:

1º) Notificar a D. Jorge Gándara Maeztu (Mogán Contactel Teleservicios, S.A.), la Resolución de 7 de septiembre de 2007 (libro 01, nº reg. 94/07), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de alzada interpuesto por Jorge Gándara Maeztu en representación de Mogán Contactel Teleservicios, S.A., frente a la Resolución de la Dirección General de Consumo de fecha 6 de marzo de 2006, recaída en el expediente nº 38/238/2005, por la que se le impone al recurrente una sanción de multa de ciento ochenta (180) euros.

2º) Remitir al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de noviembre de 2007.- El Secretario General Técnico, Juan González Fontes.

A N E X O

Orden del Consejero de Empleo, Industria y Comercio de 7 de septiembre de 2007, por la que se estima el recurso de alzada interpuesto por Jorge Gándara Maeztu en representación de Mogán Contactel Teleservicios, S.A., frente a la Resolución de la Dirección General de Consumo de fecha 6 de marzo de 2006, recaída en el expediente nº 38/238/2005, por la que se le impone al recurrente una sanción de multa de ciento ochenta (180) euros.

Visto el recurso de alzada interpuesto ante la Excma. Sra. Consejera de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías por Jorge Gándara Maeztu en representación de Mogán Contactel Teleservicios, S.A., frente a la Resolución de la Dirección General de Consumo de fecha 6 de marzo de 2006, recaída en el expediente nº 38/238/2005, por la que se le impone al recurrente una sanción de multa de ciento ochenta (180) euros y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El día 10 de febrero de 2005 un Inspector de esta Dirección General, realiza una inspección en el establecimiento de rótulo Movistar Telefónica del que es titular Contactel Teleservicios, S.A. con domicilio en el Centro Comercial Meridiano, calle Áurea Díaz, s/n, del término municipal de Santa Cruz de Tenerife y extiende el acta 5689 para comprobar la reclamación nº 2343/2004 formulada por D. José Ramón Darias Suárez provisto de D.N.I. nº 43.973.308, relativa a la supuesta negativa a facilitarle una Hoja de Reclamaciones que había solicitado tras mantener ciertas diferencias con el personal del establecimiento en la recarga de diez euros en su terminal telefónico, hechos ocurridos el día 9 de agosto de 2004.

Personado el Inspector actuante comprueba que las Hojas de Reclamaciones de que dispone el establecimiento no figuran convenientemente cumplimentadas con los datos de identidad de la empresa, hecho que es constitutivo de infracción en materia de consumo.

Segundo.- Que incoado el oportuno expediente sancionador de conformidad con el Título V, de la Ley 3/2003, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (en adelante LECUCAC), el Capítulo IX y Disposición Final Segunda de la Ley 26/1984, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (B.O.E. nº 176), se formuló Acuerdo de iniciación, en el que se imputaba al recurrente la infracción de lo dispuesto en el artº. 3, apartado 1, letras b) y c), artículos 27, 40 apartado 4, letra g), y Disposición Transitoria Segunda de la LECUCAC, en concordancia con los artº. 2.2 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148).

Tercero.- Que la Dirección General de Consumo resuelve sancionar al recurrente previo el trámite de Propuesta de Resolución a que se refiere el artículo 18 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora (en adelante RDPS), en relación con el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (en adelante LRJPAC), con una sanción de multa de ciento ochenta (180) euros.

Cuarto.- Que contra la precitada Resolución se interpone recurso de alzada ante la extinta Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, que tiene entrada en este Departamento el día 7 de abril de 2006 exponiendo, en síntesis, el recurrente lo siguiente:

- Alega nulidad de pleno derecho de la resolución por vulnerar los principios de tipicidad y seguridad jurídica, el de prescripción y el principio de motivación de las resoluciones administrativas. En especial, en cuanto a la tipicidad alega la empresa acertadamente, que no ha infringido los preceptos mencionados en la resolución sancionadora, de manera que el hecho concreto imputado al autor no se corresponde exactamente con el descrito en la norma.

Quinto.- Que la Dirección General de Consumo informa sobre las actuaciones practicadas dando traslado de las mismas.

Y siendo de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- En relación a los requisitos de admisibilidad del presente recurso no cabe realizar objeción alguna por cuanto ha sido interpuesto en plazo y forma, esto es dentro del plazo del mes previsto en el artículo 115.1 de la LRJPAC, la parte recurrente tiene plena legitimación activa para promover el presente recurso, y el órgano competente para su resolución es el Consejero de Empleo, Industria y Comercio de acuerdo con el vigente Reglamento Orgánico y el artículo 12 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la Administración Autonómica de Canaria.

Segundo.- Que la sanción impuesta al recurrente, en la condición que ostenta, tiene como norma habilitante lo dispuesto en el artº. 3, apartado 1, letras b), c) y f), artº. 12, artículos 27 y 40, apartado 4, letras c) y g) y Disposición Transitoria Segunda de la LECUCAC y artº. 3, apartado 1, letras b) y c), artículos 27, 40, apartado 4, letra g) y Disposición Transitoria Segunda de la misma, en concordancia con los artº. 2.2 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148).

Tercero.- Que la determinación de la cuantía de la sanción impuesta, lo fue en el ejercicio por la Dirección General de Consumo de las atribuciones que le confiere el artículo 39, apartado 2, de la LECUCAC y el artº. 21.2.q) del Reglamento Orgánico de la extinta Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías aprobado mediante el Decreto 101/2006, de 11 de julio.

Cuarto.- Que las alegaciones formuladas por el recurrente en su escrito de interposición del recurso pueden ser tomadas en consideración, pues comportan justificación legal suficiente para estimarlo, y ello porque:

- El Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, Boletín Oficial de Canarias nº 148, de 5 diciembre 1994, establece en su artº. 2 que "el establecimiento deberá tener cumplimentados los datos de identificación del mismo que constan en las Hojas de Reclamaciones". Por tanto, los hechos descritos en el acta de infracción sí constituyen una infracción en materia de consumo, sin embargo el procedimiento seguido ha tomado como precepto a imputar al interesado el artº. 40.4.g) de la LECUCAC que describe una infracción distinta ("la carencia o la no tenencia de Hojas de Reclamaciones, la negativa a su entrega o la no exhibición en lugar visible del cartel anunciador de su existencia") por lo que se ha vulnerado el principio de tipicidad de la infracción previsto en el artº. 129 de la LRJPAC que prevé que "sólo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones al ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por una Ley (...)". Y es que en efecto, la infracción a imputar al recurrente debería haber sido la del artº. 40.4.m) de la LECUCAC que regula como infracción leve "el incumplimiento de los requisitos, obligaciones o prohibiciones expresamente establecidos en la normativa en materia de defensa de los consumidores y usuarios y disposiciones complementarias, cuando no suponga falta grave o muy grave."

Todo lo cual supone que debe estimarse el recurso por vulnerar uno de los principios fundamentales del procedimiento sancionador, el de tipicidad, no siendo posible la aplicación analógica de las normas definidoras de infracciones y sanciones (artº. 129.4 de la LRJPAC).

Quinto.- Que en virtud de las competencias atribuidas al titular del Departamento por el artº. 29.1.e) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, modificada parcialmente por la Ley 4/1996, de 5 de noviembre y Ley 8/2001, de 3 de diciembre (B.O.C. nº 161, de 14.12.01), le compete al mismo resolver en última instancia, dentro de la vía administrativa, cuando no corresponda a una autoridad inferior, los recursos promovidos contra las resoluciones de los organismos y autoridades de la Consejería.

VISTOS

El Título V de la Ley 3/2003, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, el Capítulo IX y Disposición Final Segunda de la Ley 26/1984, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (B.O.E. nº 176), el Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285), modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12), y Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, artº. 3, apartado 1, letras b) y c), artículos 27, 40, apartado 4, letra g) y Disposición Transitoria Segunda de la Ley 3/2003, de 12 de febrero, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 34), en concordancia con los artº. 2.2 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148), el artículo 31.3 del Estatuto de Autonomía de Canarias, el Real Decreto 2.916/1983, de 19 de octubre, el Decreto 172/2007, de 17 de julio, por el que se determina la estructura central y periférica, así como las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias y demás disposiciones de general o particular aplicación.

El Consejero de Empleo, Industria y Comercio, en ejercicio de sus competencias,

R E S U E L V E:

Estimar el recurso de alzada interpuesto por Jorge Gándara Maeztu en representación de Mogán Contactel Teleservicios, S.A., frente a la Resolución de la Dirección General de Consumo de fecha 6 de marzo de 2006, recaída en el expediente nº 38/238/2005, por la que se le impone al recurrente una sanción de multa de ciento ochenta (180) euros y por consiguiente anular la sanción impuesta al interesado.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos (2) meses contados a partir del siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente de Las Palmas de Gran Canaria o ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga su domicilio el recurrente, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- El Consejero de Empleo, Industria y Comercio, Jorge M. Rodríguez Díaz.

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