Gobierno de Canarias

Comunidad Autónoma de Canarias

Boletín Oficial de Canarias

Estás en:

BOC Nº 238. Miércoles 28 de Noviembre de 2007 - 4694

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

4694 - Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 30 de octubre de 2007, del Director Ejecutivo, sobre notificación a D. Juan Sebastián Quintero Padrón, de la Resolución recaída en el expediente de RR 31/2007.

Descargar en formato pdf

RESOLUCIÓN DEL ILMO. SR. DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL.

No habiéndose podido practicar la notificación a D. Juan Sebastián Quintero Padrón, de la Resolución del Ilmo. Sr. Director de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, nº 3002, de fecha 10 de septiembre de 2007, en los términos del apartado primero del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; de conformidad con el apartado cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Juan Sebastián Quintero Padrón, la Resolución del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, nº 3002, de fecha 10 de septiembre de 2007, recaída en el expediente instruido en esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, por interposición de recurso de reposición, contra el cargo de liquidación 385002007110000302, con expediente de referencia RR 31/2007, derivada del expediente sancionador 261/01-U, y cuyo texto es el siguiente:

"Examinado el recurso de reposición interpuesto por D. Juan Sebastián Quintero Padrón, con N.I.F. 41976336W, contra la liquidación (o documento de liquidación) nº 385002007110000302, consecuencia del expediente sancionador 261/01U.

Vistos los documentos obrantes en el expediente, teniendo en cuenta los siguientes:

ANTECEDENTES

Primero.- Mediante documento de liquidación nº 385002007110000302, notificado con fecha 24 de mayo de 2007, relacionado con el expediente sancionador nº 261/01U, incoado contra D. Juan Sebastián Quintero Padrón, se comunica al interesado el período de pago voluntario de la sanción.

Segundo.- Con fecha 18 de junio de 2007, interpone escrito de recurso de reposición contra el precitado acto de recaudación en el que, en síntesis, manifiesta lo siguiente:

- Que se interpuso recurso de alzada donde se contenía de manera expresa solicitud de suspensión del acto administrativo que se recurría, al amparo de lo dispuesto en el artículo 111.3 de la Ley 30/1992, la cual nunca fue contestada.

- Nulidad de pleno derecho de la liquidación que se notifica, pues no he sido responsable de los hechos que se me imputan en el expediente, tal como he expuesto en todo momento.

- Suspensión de la liquidación que se recurre, al entender que el acto administrativo del que trae causa, es nulo de pleno derecho.

Solicitando que se deje sin efecto la liquidación al no ajustarse ésta a derecho y se proceda a la suspensión de la liquidación notificada.

Tercero.- Sobre las cuestiones planteadas en el recurso de reposición presentado por D. Juan Sebastián Quintero Padrón, se solicita con fecha 20 de junio de 2007, al Servicio de Instrucción correspondiente informe, remitido el mismo con fecha de entrada 17 de julio de 2007, que dice literalmente:

1.- Si D. Juan Sebastián Quintero Padrón es el responsable de la infracción cometida y tramitada en expediente de referencia:

- La propia denuncia de la Dirección General de la Guardia Civil, Patrulla del Seprona de la Playa de Las Américas, muestra como denunciado a D. Juan Sebastián Quintero Padrón. Igualmente de las actuaciones del Ayuntamiento de Adeje se responsabiliza a este señor como promotor de la obra expedientada, actuando siempre dicho infractor como tal en las alegaciones presentadas en el procedimiento sancionador. Todo lo cual no deja lugar a dudas sobre la responsabilidad de D. Juan Sebastián Quintero Padrón como promotor de las obras expedientadas, tal y como se desprende del propio procedimiento administrativo finalizado.

2.- Si fue presentado por el interesado recurso de alzada contra la Resolución final del procedimiento sancionador, y si el mismo fue resuelto:

- El denunciado interpuso recurso de alzada contra la Resolución final del procedimiento sancionador (notificada el 13 de agosto de 2004), dentro del plazo previsto (el 7 de septiembre de 2004), desestimándose el mismo por Orden del Consejero el 20 de abril de 2006.

3.- Sobre la solicitud de suspensión solicitada frente a la liquidación practicada:

- La Sentencia (de 3 de julio de 2006) que falla anulando la desestimación presunta del recurso de alzada lo hace sin saber que ya se había resuelto el mismo, desestimándose, luego no es presunto, existiendo por tanto un claro error que afecta plenamente al fondo del asunto, pues el fallo se basa en la posibilidad de que los hechos hayan variado: como cambio de clasificación del suelo, existencia de otro expediente en el Ayuntamiento o preexistencia de la obra; extremos que fueron rebatidos en la resolución del citado recurso de alzada. Sin olvidar que dicha sentencia no es firme.

- En otro orden de cosas, y respecto a la supuesta solicitud de suspensión del acto administrativo no resuelta en el recurso de alzada, ya se refuta en la resolución del mismo que dicho acto fue dictado conforme a derecho, motivo por el cual no se suspendió la supuesta solicitud de la misma, indicando que no ha sido encontrada en el recurso de alzada dicha mención expresa del artículo 111 de la Ley 30/1992 como dice el interesado, toda vez que de otra manera al ser resuelto el recurso de alzada la presunta suspensión mantenida se alzaría, sin olvidar que en la práctica es lo que ocurrió, al no remitirse el cargo de liquidación a ese Servicio (19 de febrero de 2007), hasta que no se resolvió el recurso de alzada interpuesto (20 de abril de 2006). Por tanto carece de fundamento mantener la suspensión de la ejecución de un acto por no resolverle el mismo, cuando sí ha sido resuelto expresamente, no apreciándose en modo alguno la nulidad alegada. Toda vez que, y a mayor abundamiento, esta interpretación ha sido la esgrimida por el TSJC, en su sentencia de 27 de abril de 2007, en donde falla en esta línea, siendo por tanto sentencia firme, en donde confirma la resolución administrativa impugnada, esto es, la Resolución final por la que se impuso multa y se ordenó la demolición.

- Por tanto, de la interpretación planteada, y sobre todo por existir Sentencia firme, confirmando la multa impuesta y la demolición ordenada, no es sostenible suspender la liquidación practicada.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primero.- Que el recurso ha sido presentado en tiempo y conforme a lo establecido al efecto en el artículo 223 de la Ley 58/2003, de 13 de diciembre, por lo que procede entrar a valorar las cuestiones que en el mismo se plantean.

Segundo.- Los principios del procedimiento sancionador en materia administrativa encuentra acomodo en los artículos 134 a 138 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. En concreto, la efectividad de las resoluciones sancionadoras se encuentra regulada en el artículo 138 de la citada Ley, a cuyo tenor las resoluciones que ultimen el procedimiento sancionador serán ejecutivas cuando pongan fin a la vía administrativa. Es decir, que la Administración podrá ejecutar la sanción impuesta en tanto en cuanto se ha agotado la vía administrativa.

Tercero.- En el caso que nos ocupa el procedimiento sancionador del expediente 261/01-U, concluyó con la Orden del Consejero el 20 de abril de 2006, quedando agotada la vía administrativa.

Cuarto.- A tenor de lo dispuesto en el artículo 111 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con el artículo 25 del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de Desarrollo de la Ley 58/2003, de 13 de diciembre, la mera interposición del recurso de reposición no es motivo para suspender la ejecución del acto impugnado.

Quinto.- Las alegaciones realizadas por el recurrente no son causa suficiente para acceder a lo solicitado, no cumpliendo el mismo con los supuestos previstos en el artículo 25 del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, a efectos de la suspensión interesada.

Sexto.- A la vista del informe jurídico de fecha 12 de julio de 2007, no es sostenible suspender la liquidación planteada.

En su virtud, y en ejercicio de las competencias que me corresponden de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 189/2001, de 15 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural y atendiendo a lo dispuesto al efecto en el Convenio entre la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias y la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural,

R E S U E L V O:

Desestimar el recurso de reposición interpuesto por D. Juan Sebastián Quintero Padrón, confirmando el acto de recaudación recurrido y no acceder a la suspensión solicitada por no cumplirse los requisitos establecidos para acordar la misma.

Contra la presente Resolución el interesado podrá formular en el plazo de un mes contado a partir de la recepción de la presente notificación, reclamación económico administrativa dirigida al Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, quien la remitirá a las Juntas Superior y Territoriales de Hacienda del Gobierno de Canarias.

Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias y al correspondiente Ayuntamiento, para su inserción en el tablón de edictos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de octubre de 2007.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

© Gobierno de Canarias