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BOC Nº 228. Miércoles 14 de Noviembre de 2007 - 4468

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

4468 - Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 31 de octubre de 2007, del Director Ejecutivo, sobre notificación a D. Antonio Ruiz de la Torre Álvarez, interesado en el expediente nº 920/06-M.

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No habiéndose podido notificar a D. Antonio Ruiz de la Torre Álvarez en la forma prevista en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la Resolución dictada en el expediente tramitado por esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural con referencia 920/06-M, de conformidad con el apartado cuarto del antes mencionado artículo,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Antonio Ruiz de la Torre Álvarez, la Resolución nº 2943, dictada por Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, de fecha 7 de septiembre de 2007, recaída en el expediente con referencia 920/06-M, y que dice textualmente:

"Vistos los datos y documentos obrantes en el expediente y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

1º) En virtud de denuncia formulada por funcionarios del Cuerpo de la Policía Local de Alajeró, por la que se atribuye a D. Antonio Ruiz de la Torre Álvarez, la comisión de una presunta infracción a la Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias, consistente en el abandono de residuos peligrosos, en concreto, de un vehículo marca Suzuki, con placa de matrícula B-8218-GT, en el lugar conocido por El Paseo Marítimo de Playa de Santiago, término municipal de Alajeró.

2º) Que, en tiempo y forma se notifica requerimiento formal al denunciado para que proceda a la retirada del vehículo, sin que dentro del plazo establecido al efecto haya cumplimentado dicho requerimiento.

3º) Posteriormente, la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, constata la existencia del mismo vehículo en estado de abandono en el lugar antes mencionado.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural es competente para la incoación y tramitación de expedientes sancionadores por infracción a la legislación vigente en materia de residuos, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Primera del vigente Reglamento Orgánico de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, aprobado en virtud del Decreto 20/2004, de 2 de marzo, siendo competentes para su resolución los órganos a que se refiere el artículo 41 de la Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias, en relación con la citada Disposición Adicional Primera del Reglamento Orgánico de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial.

Segunda.- Conforme al artículo 11 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, básica de Residuos "Los poseedores de residuos estarán obligados, siempre que no procedan a gestionarlos por sí mismos, a entregarlos a un gestor de residuos, para su valorización o eliminación, o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración que comprenda estas operaciones.

En todo caso, el poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad".

La Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias, define residuo en el apartado a) del artículo 4 como cualquier sustancia u objeto el cual su poseedor se desprenda o del que tenga la intención o la obligación de desprenderse, teniendo la consideración de residuo, en todo caso, aquellos que figuren en la lista europea de residuos.

Los vehículos al final de su vida útil son residuos peligrosos según se recoge en la lista europea de residuos, publicada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la Lista Europea de Residuos con el Código 16 01 04.

Asimismo resulta de aplicación el Real Decreto 1.383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión de vehículos al final de su vida útil, que incorpora al derecho interno la Directiva 2000/53/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de septiembre de 2002, conforme al cual todos los vehículos deberán descontaminarse al final de su vida útil, antes de ser sometidos a cualquier otro tratamiento, a tal efecto, el artículo 4 impone al titular de un vehículo que vaya a desprenderse del mismo, la obligación de entrega -bien directamente o a través de una instalación de recepción- a un centro autorizado de tratamiento que realizará su descontaminación.

Tercera.- La Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, considera poseedor en su artículo 3 al "productor de los residuos o la persona física o jurídica que los tenga en su poder y que no tenga la condición de gestor de residuos".

La propiedad del vehículo matrícula B-8218-GT, marca Suzuki, corresponde según consta en el anexo de la denuncia a D. Antonio Ruiz de la Torre Álvarez.

Cuarta.- Al poner en relación los preceptos citados con los hechos denunciados, se desprende la presunta comisión de una infracción medioambiental, tipificada y calificada de grave en el apartado j) del artículo 38.3, en relación con el artículo 38.2.c) de la Ley de Residuos de Canarias.

No obstante, en el presente caso y debido a la escasa cuantía y entidad de las consecuencias de la conducta detectada, se trataría de una infracción leve de conformidad con el artículo 38.4.c) de la misma ley.

Quinta.- De conformidad a lo dispuesto en el artículo 33.1 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos "los residuos tendrán siempre un titular responsable, cualidad que corresponderá al productor, poseedor, o gestor de los mismos "y según el artículo 39.1 de la Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias "son responsables de las infracciones tipificadas en esta Ley los que hayan participado en su comisión". En este caso, la presunta responsabilidad recae, en calidad de propietario, en D. Antonio Ruiz de La Torre Álvarez.

Sexta.- La comisión de infracción leve es sancionada en el artículo 42.3 de la citada Ley 1/1999, de 29 de enero, con multa de trescientos euros con cincuenta y un céntimos (300,51 euros) hasta seis mil diez euros con doce céntimos (6.010,12 euros), clausura temporal parcial de las instalaciones y apercibimiento público, siendo en el presente caso la sanción propuesta de mil doscientos euros, en atención a las circunstancias que concurren al caso y de conformidad con los criterios establecidos en el artículo 43 de la citada Ley. Todo ello sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción.

Séptima.- Podrá ser tenida en cuenta como circunstancia atenuante, el haber procedido a la corrección de la situación creada por la comisión de la infracción, en el plazo que se señale en el correspondiente requerimiento, como así queda recogido en el apartado tercero del artículo 43 de la Ley de Residuos de Canarias.

La corrección de la situación creada consistirá, en el presente caso, en la retirada del vehículo y su entrega a gestor autorizado, circunstancia ésta que deberá ser acreditada mediante la aportación del correspondiente justificante de entrega. Todo ello, con anterioridad a la emisión de la Propuesta de Resolución.

Por todo lo expuesto,

R E S U E L V O:

Primero.- Incoar procedimiento administrativo sancionador a D. Antonio Ruiz de la Torre Álvarez como presunto responsable de una infracción administrativa leve a la Ley de Residuos de Canarias, consistente en el abandono de vehículo matrícula B-8218-GT en el lugar conocido por El Paseo Marítimo de Playa de Santiago, del término municipal de Alajeró.

Segundo.- Designar como Instructora y Secretaria de este expediente sancionador a Dña. Marta Martín Ballester y a Dña. Ana Isabel González Hernández, respectivamente y como suplentes de las mismas, como Instructora y Secretaria a Dña. María Ojeda González y a Dña. Ángeles Bouza Cruz. Las nombradas Instructora y Secretaria deberán abstenerse de intervenir en el procedimiento y comunicarlo a su superior inmediato, de concurrir alguno de los motivos de abstención señalados en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, pudiendo ejercer los interesados el derecho de recusación en cualquier momento del procedimiento por los motivos señalados en el artículo 29 de la citada Ley procedimental.

Lo que comunico para su conocimiento, significándole que a partir del día siguiente a la notificación de la presente resolución, dispone de un plazo de quince (15) días para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios de que pretenda valerse según establecen los artículos 3 y 16 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.

El expediente administrativo se encuentra a su disposición en las oficinas de esta Agencia (sita en la Rambla General Franco, 149, Edificio Mónaco, semisótano) de 10 a 12 horas, de lunes a viernes, en orden a garantizar el principio de acceso permanente de conformidad con el artículo 3 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora. En el supuesto de tratarse de una entidad mercantil habrá de acompañar acreditación suficiente de su representante legal.

Si reconoce su responsabilidad o no presenta alegaciones, podrá entenderse concluida la instrucción del expediente, considerándose el presente escrito como Propuesta de Resolución (artículos 8 y 13.2 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora aprobado por el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto). El pago voluntario de la multa implicará igualmente la terminación del procedimiento, sin perjuicio de la posibilidad de interponer los recursos procedentes.

La sanción podrá reducirse si durante el procedimiento corrige la situación ilegal creada por los hechos que se le imputan, procediendo a la reposición de las cosas a su estado anterior, siguiendo las directrices fijadas por los técnicos competentes de esta Agencia mediante la retirada de los residuos peligrosos por gestor autorizado debiendo aportar los justificantes de entrega, de conformidad con el artículo 43.3 de la Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias, en relación con el artículo 8 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.

Notifíquese la presente Resolución, que no tiene carácter definitivo y contra la que no cabe recurso alguno, a las nombradas Instructora y Secretaria, así como al interesado."

Segundo.- Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias, para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 31 de octubre de 2007.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

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