BOC Nº 227. Martes 13 de Noviembre de 2007 - 4440

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

4440 - Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 30 de octubre de 2007, del Director Ejecutivo, sobre notificación a D. Juan Carlos Tabares Cabrera y Dña. Luz Matoso Méndez, de la Resolución definitiva recaída en el expediente I.U. 255/02.

Descargar en formato pdf

No habiéndose podido practicar la notificación a D. Juan Carlos Tabares Cabrera y Dña. Luz Matoso Méndez, de la Resolución definitiva, de fecha 19 de septiembre de 2007, en los términos del apartado primero del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; de conformidad con el apartado cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Juan Carlos Tabares Cabrera y Dña. Luz Matoso Méndez, la Resolución definitiva, de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, de fecha 19 de septiembre de 2007, recaída en el expediente instruido en esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural por infracción de la legalidad urbanística con referencia I.U. 255/02 y cuya parte dispositiva dice textualmente:

"R E S U E L V O:

Primero.- Imponer a D. Juan Carlos Tabares Cabrera y Dña. Luz Matoso Méndez la sanción con multa de cincuenta y un mil quinientos (51.500) euros, como responsables de una infracción administrativa grave consistente en las obras de construcción de una edificación destinada a un aljibe semienterrado y acondicionamiento de parcela, ubicadas en suelo clasificado como rústico potencialmente productivo, en el lugar denominado "Mala", del término municipal de Haría, sin los títulos legitimantes necesarios para su ejecución (calificación territorial y licencia urbanística), sancionada en el artículo 203.1.b) del mencionado Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, con multa de 6.010,13 a 150.253,03 euros, en función de las circunstancias que concurren en el presente expediente.

Segundo.- Ordenar el restablecimiento del orden jurídico infringido y la realidad física alterada y transformada de las obras y actuaciones realizadas adoptando al efecto las medidas de demolición de las obras y la reposición de las cosas al estado anterior a la infracción y, a tal efecto, requerir a los expedientados para que en el plazo de un mes presenten, ante la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, el correspondiente proyecto, como primer trámite de la ejecución voluntaria de lo ordenado, advirtiéndole de que el incumplimiento de tal requerimiento, dará lugar a que la Administración ejecutará subsidiariamente la orden de reposición, con cargo al infractor, conforme a lo dispuesto en los artículos 95 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999.

El cumplimiento de las obligaciones económicas se hará efectivo en el tiempo y forma que se establezca en la notificación que le remitirá la Consejería de Hacienda a este fin, una vez sea firme la presente Resolución en vía administrativa, de conformidad con lo establecido en la Resolución de 13 de agosto de 2002, por la que se da publicidad a la suscripción del Convenio entre la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio del Gobierno de Canarias y la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, para la prestación del servicio de gestión de cobro de los ingresos de derecho público propios de la Agencia, tanto en período voluntario como en vía ejecutiva."

Contra el presente acto, que agota la vía administrativa, cabe interponer potestativamente, recurso de reposición ante el Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente en Derecho o, directamente, recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que por turno corresponda en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de octubre de 2007.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.