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BOC Nº 195. Viernes 28 de Septiembre de 2007 - 3815

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Economía y Hacienda

3815 - Dirección General del Tesoro y Política Financiera.- Anuncio de 14 de septiembre de 2007, relativo a la notificación de la Resolución de 10 de julio de 2007, por la que se cancela la inscripción de la entidad Planificación, Asesoramiento y Gestión Española de Aseguraciones, S.L., como corredor de seguros, persona jurídica, en el Registro administrativo especial de mediadores de seguros, corredores de reaseguros y de sus altos cargos, de la Comunidad Autónoma de Canarias.

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Habiéndose intentado la notificación personal de la Resolución de 10 de julio de 2007, del Director General del Tesoro y Política Financiera, por la que se cancela la inscripción de la entidad "Planificación, Asesoramiento y Gestión Española de Aseguraciones, S.L.", como corredor de seguros, persona jurídica, en el "Registro administrativo especial de mediadores de seguros, corredores de reaseguros y de sus altos cargos, de la Comunidad Autónoma de Canarias", y no siendo posible su práctica por ignorado domicilio del interesado, se procede, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, tras la reforma operada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, a practicar la notificación de la referida Resolución a través de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, siendo su tenor literal el siguiente:

I. ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La entidad "Planificación, Asesoramiento y Gestión Española de Aseguraciones, S.L." (en adelante, "Pangea, S.L."), previa solicitud formulada por D. Alfredo Monzón Sánchez, como administrador de ésta, mediante escrito de 3 de julio de 2002 (R.E., RG nº 4, nº 5098, de 4.7.02), fue autorizada para ejercer la actividad de correduría de seguros en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, por Resolución del Director General del Tesoro y Política Financiera nº 79, de 18 de febrero de 2003, que determinó igualmente su inscripción con la clave J-0032-CAC, en el que fuera "Registro administrativo de corredores de seguros, de sociedades de correduría de seguros y de sus altos cargos, de la Comunidad Autónoma de Canarias".

Segundo.- Con fecha 18 de agosto de 2006, fue recibido en este Centro Directivo un escrito por el que D. Javier Casado Reboiro, comunicaba su renuncia como Director Técnico de la citada entidad, así como su voluntad de desvincularse de la misma, ante lo cual fue dirigido a "Pangea, S.L." por parte de este órgano de control un escrito fechado el 10 de octubre de 2006 (R.S. R. Gnral. nº 619246/RG nº 4, nº 5228, de 9.10.06), que fue debidamente notificado, según consta, con fecha 17 de octubre de 2006, y por el que se requirió información sobre esta circunstancia, en relación con el cumplimiento del requisito legal de contar la sociedad con un órgano de dirección responsable de la mediación de seguros, advirtiéndose asimismo al interesado de que la normativa vigente establece como causa de cancelación de la inscripción registral dejar de cumplir alguno de los requisitos exigidos para figurar inscrito en el "Registro administrativo especial de mediadores de seguros, corredores de reaseguros y de sus altos cargos", en la denominación que establece la nueva Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados.

Tercero.- Ante la falta de atención por parte de "Pangea, S.L." del requerimiento a que se refiere el antecedente segundo, le fue dirigido a esa sociedad un segundo requerimiento de información con fecha 22 de diciembre de 2006 (R.S. R. Gnral. nº 785210/RG nº 4, nº 7195, de 22.12.06), por el que se le otorgaba un plazo de diez días para presentar la documentación que estimase pertinente, a fin de acreditar el cumplimiento del requisito de contar la sociedad con el preceptivo órgano de dirección, así como la vigencia de la póliza de Responsabilidad Civil profesional obligatoria durante los ejercicios 2005 y 2006, advirtiéndose igualmente de la previsión legal de que pudiera incoarse, de oficio, el oportuno expediente de cancelación de la inscripción registral, en caso de no darse efectivo cumplimiento al requerimiento.

No habiéndose podido practicar la notificación del citado escrito, tras dos intentos, por ignorado domicilio del interesado, se procedió a practicar la misma, de conformidad con la legislación vigente, mediante su publicación en el Boletín Oficial de Canarias nº 20, de 26 de enero de 2007, habiendo vencido el referido plazo de diez días, a contar desde el día siguiente a la publicación, sin que se haya recibido en este órgano de control contestación alguna al citado requerimiento.

Cuarto.- Ante estos hechos, se inició, de oficio, mediante Acuerdo del Director General del Tesoro y Política Financiera, de 27 de febrero de 2007, el oportuno expediente de cancelación de la inscripción registral de "Pangea, S.L.", siendo debidamente notificado al interesado (R.S. R. Gnral. nº 747115/RG nº 4, nº 6763, de 4.12.06), y concediéndosele un plazo de quince días hábiles para alegar y presentar los documentos y justificaciones que a su derecho convinieren.

No habiéndose podido practicar la notificación del citado acto, por ignorado domicilio del interesado, se procedió igualmente a su publicación en el Boletín Oficial de Canarias nº 98, de 16 de mayo de 2007, habiendo expirado el mencionado plazo sin que hasta el día de la fecha se haya recibido en este Centro Directivo comunicación o información alguna.

A estos hechos son de aplicación los siguientes

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Real Decreto 40/1999, de 15 de enero, por el que se traspasaron funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de mediadores de seguros, dispone en el apartado B) de su anexo, que "la Comunidad Autónoma de Canarias ejercerá respecto a los mediadores de seguros cuyo domicilio social y ámbito de operaciones se limiten al territorio de la Comunidad, la concesión de la autorización administrativa para el ejercicio de la actividad de correduría de seguros y su revocación, así como las demás actividades que correspondan, en los términos que establecen las bases del Estado en materia de ordenación del crédito, banca y seguros", asignándose dichas competencias, en virtud del Decreto 23/1999, de 29 de enero, a la Consejería de Economía y Hacienda, cuyo vigente Reglamento Orgánico, aprobado por Decreto 12/2004, de 10 de febrero, atribuye en su artículo 27.6.b) a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, la competencia para la gestión del Registro administrativo de corredores de seguros, de sociedades de correduría de seguros y de sus altos cargos, ahora denominado "Registro administrativo especial de mediadores de seguros, corredores de reaseguros y de sus altos cargos".

Segundo.- El artículo 27.1.b) de la Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados, establece que en las sociedades de correduría de seguros deberá designarse un órgano de dirección responsable de la mediación de seguros, y en la letra e) del mismo precepto legal se recoge como requisito para ejercer la actividad de corredor de seguros contratar un seguro de responsabilidad civil profesional o cualquier otra garantía financiera que cubra en todo el territorio del Espacio Económico Europeo las responsabilidades que pudieran surgir por negligencia profesional, con la cuantía que reglamentariamente se determine, estableciéndose estas cantidades en la Disposición Transitoria Tercera de la misma ley, según la cual será de al menos un millón de euros por siniestro y, en suma, un millón quinientos mil euros para todos los siniestros correspondientes a un determinado año.

Tercero.- De conformidad con el artículo 53.1.b) de la nombrada Ley 26/2006, será causa de cancelación de la inscripción de los mediadores de seguros y corredores de reaseguros en el Registro administrativo especial de mediadores de seguros, corredores de reaseguros y de sus altos cargos, cuando el mediador de seguros o el corredor de reaseguros deje de cumplir alguno de los requisitos exigidos para figurar inscrito, añadiendo el apartado 2 del mismo precepto que la cancelación de la inscripción dará lugar a la exclusión de la sociedad del nombrado Registro.

Vistos los antecedentes mencionados, las disposiciones citadas y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y demás legislación aplicable,

R E S U E L V O:

Primero.- Cancelar la inscripción de la sociedad "Planificación, Asesoramiento y Gestión Española de Aseguraciones, S.L." en el "Registro administrativo especial de mediadores de seguros, corredores de reaseguros y de sus altos cargos, de la Comunidad Autónoma de Canarias", donde figura con la clave J-0032-CAC, determinada en la Resolución del Director General del Tesoro y Política Financiera nº 79, de 18 de febrero de 2003, por concurrencia de la causa de cancelación de la inscripción registral prevista en el artículo 53.1.b) de la Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados, en relación con los requisitos exigidos en las letras b) y e) del artículo 27.1 del mismo cuerpo legal.

Segundo.- Proceder, cuando la presente Resolución administrativa sea firme, a la exclusión de "Planificación, Asesoramiento y Gestión Española de Aseguraciones, S.L." del "Registro administrativo especial de mediadores de seguros, corredores de reaseguros y de sus altos cargos, de la Comunidad Autónoma de Canarias", disponiendo la publicación de la cancelación registral acordada en el Boletín Oficial de Canarias, conforme a lo dispuesto en el artículo 52.2 de la referida Ley 26/2006, de 17 de julio.

Contra la mencionada resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante el Viceconsejero de Hacienda y Planificación, con arreglo al artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a la notificación de la misma, en virtud de lo dispuesto en el artículo 115 de la citada Ley.- Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de julio de 2007.- El Director General del Tesoro y Política Financiera.

Asimismo, se hace saber que, de acuerdo con el contenido del artículo 48 de la citada Ley 30/1992, el plazo de un mes concedido para la potestativa interposición del recurso de alzada citado en el último párrafo de la Resolución transcrita anteriormente, se computará a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de Canarias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de septiembre de 2007.- La Directora General del Tesoro y Política Financiera, Cristina Domingo Yoldi.

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