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BOC Nº 156. Viernes 3 de Agosto de 2007 - 3132

IV. ANUNCIOS - Administración Local - Cabildo Insular de Tenerife

3132 - ANUNCIO de 25 de julio de 2007, relativo a Resolución de recurso de alzada planteado en el expediente sancionador de transportes nº TF-40968-O-06.

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Providencia de 25 de julio de 2007, del Jefe de Servicio de Carreteras y Transportes del Decreto de la Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife resolutorio del recurso de alzada planteado en expediente sancionador de transportes nº TF-40968-O-06.

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 59, apartado 5º de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, sobre notificación a interesado intentada y no practicada,

D I S P O N G O:

Notificar al recurrente que se cita el Decreto de la Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife de fecha 9 de abril de 2007, resolutorio del recurso de alzada planteado en el expediente sancionador de transportes nº TF-40968-O-06.

Contra este Decreto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día de la publicación del presente Decreto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.

"Visto escrito presentado por Dña. Ágora Rosales Merenciano, en nombre y representación de la entidad mercantil Transportes Darias Hernández, S.L., por el que se interpone recurso de alzada contra la resolución dictada por el Director Insular de Transportes de fecha 12 de diciembre de 2006 recaída en el expediente de referencia, y,

Resultando: que con fecha y hora 3 de marzo de 2006, 11,15, por agente de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil se formuló denuncia contra el vehículo matrícula 2672-DRL, del que es titular Transportes Darias Hernández, S.L. por circular un vehículo transportando muebles careciendo de tarjeta de transportes.

Resultando: que el día 13 de noviembre de 2006 se publicó la Resolución de iniciación del expediente sancionador de transportes nº TF-40968-O-2006 en el Boletín Oficial de Canarias nº 220, de 2006.

Resultando: que por el expedientado no se presentó descargo alguno en defensa de sus intereses.

Resultando: que por el Director Insular de Transportes se dictó resolución, que ahora se impugna, de fecha 12 de diciembre de 2006 que venía a sancionar a Transportes Darias Hernández, S.L. con multa que ascendía a 1.501,00 euros, por infracción de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, artº. 141.31, en relación con el artº. 140.1.9 LOTT, artículos 47 y 90 LOTT, artículos 41 y 109 ROTT y en base al artículo artº. 143.1.f) de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.

Notificándose la citada resolución en fecha 26 de diciembre de 2006.

Resultando: que con fecha 11 de enero de 2007, Dña. Ágora Rosales Merenciano, en nombre y representación de Transportes Darias Hernández, S.L. interpuso recurso de alzada, en súplica de que se deje sin efecto la Resolución y sanción impuesta, alegando, en síntesis, que se ha producido un error en la notificación, en tanto que sin agotar dos intentos de notificación que establece el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se ha pasado directamente a la publicación de la denuncia en el Boletín Oficial de Canarias. La jurisprudencia exige un mínimo de diligencia por parte de la Administración respecto a la averiguación de los datos necesarios para efectuar la notificación personal, no bastando con un solo intento de notificación, citando las sentencias del Tribunal Supremo de fechas 23 de septiembre de 1992, 30 de abril de 1993 y 22 de julio de 1999). Es evidente que la Administración no cumplió con esa mínima diligencia de averiguación antes de proceder a la publicación en el Boletín Oficial de Canarias, en tanto en cuanto, a la notificación de 15 de diciembre de 2006 no ha habido problema alguno para proceder a la notificación personal. Debe tenerse en cuenta que la publicación a través del boletín debe ser, como dice el precepto 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, utilizada en casos en los que no es posible notificar al administrado personalmente en la forma prevista en el apartado segundo del mismo precepto, por ello interesa que se declare la nulidad de la resolución recurrida, ordenando retrotraer las actuaciones al momento en que se debió notificar a su representada la denuncia, otorgándole un plazo de quince días para formular alegaciones y proponer pruebas.

Considerando: que el presente recurso observa los requisitos de índole objetiva determinantes de su admisión a trámite, tales como: capacitación, legitimación suficiente, e interposición en plazo.

Considerando: que el artículo 1 del Decreto 6/2002, de 28 de enero, sobre otorgamiento, modificación y extinción de autorizaciones de transporte público y privado complementario de viajeros y mercancías, en vigor en la fecha de la denuncia, prevé la obligación de contar con una autorización administrativa a cada vehículo que se dedique a los transportes referidos, obligación que viene confirmada por los artículos 47 y 90 de la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de competencia y seguridad en el mercado de transporte por carretera, por la que se modifica parcialmente la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y 41.1 y 109.1 del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, para el supuesto de los transportes públicos discrecionales de mercancías o viajeros; constituyendo su incumplimiento, en el supuesto de un servicio de transporte público de mercancías realizado en vehículo ligero, una infracción grave a la normativa de transportes, debidamente tipificada en el artículo 141.31, en relación con el 140.1.9 de la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de competencia y seguridad en el mercado de transporte por carretera, por la que se modifica parcialmente la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, correspondiéndole una sanción que asciende a mil quinientos un (1.501) euros de conformidad con lo establecido en el artículo 143.1.f) de la misma norma legal, que atribuye a dicha infracción la sanción de menor cuantía dentro de la franja que regula; con pleno acatamiento al principio de proporcionalidad, inherente al actuar administrativo (artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

Considerando: del análisis de los elementos probatorios consignados en el expediente sancionador que examinamos, queda suficientemente acreditado que el vehículo matrícula 2672-DRL realizaba en el momento de ser denunciado un servicio público de mercancías en vehículo ligero, careciendo de autorización administrativa de transportes (M.D.L.) y sin acreditar la reunión de los requisitos reglamentarios para el otorgamiento de la misma, habiendo incurrido la entidad expedientada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 138.1.b) de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, en responsabilidad administrativa, sin que lo alegado o aportado por la entidad recurrente haya desacreditado la presunción de veracidad "iuris tantum" de los hechos infractores consignados en el boletín de denuncia (artículos 137.3 y 46.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, artículo 76 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial), formulado por agente de la Guardia Civil, Agrupación de Tráfico, que, de conformidad con lo establecido en el artículo 32.2 y 3 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres prestan la cooperación necesaria a los miembros de la inspección de transporte terrestre para un eficaz cumplimiento de sus funciones; habida cuenta, que, consultados los archivos de la base de datos del Servicio de Transportes del Cabildo Insular de Tenerife, se constata que en la fecha de la denuncia la entidad mercantil interesada había solicitado autorización administrativa de transportes público de mercancías en vehículo ligero para el vehículo denunciado, en fecha 15 de diciembre de 2005, aportando documentación incompleta, por lo que fue requerida a efectos de su subsanación en fechas 4 de abril de 2006 y 29 de marzo de 2007, sin que hasta la fecha hubiera sido completado por la misma; motivo por el que no puede considerarse que en la fecha de la denuncia de este expediente sancionador la entidad mercantil ni siquiera reuniera los requisitos reglamentariamente exigidos para el otorgamiento del título habilitante interesado.

Considerando: tampoco procede atender a las alegaciones de la entidad expedientada sobre la improcedencia de la notificación de la resolución de incoación del expediente sancionador a través de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, habida cuenta que obra documentalmente en el presente expediente que intentada dicha notificación mediante 2 cartas certificadas, por medio del servicio de Correos, dirigida a la misma dirección en que se practicó con efectividad la notificación de la resolución sancionadora de dicho expediente, sin embargo, fueron devueltos los correspondientes acuses de recibo con las indicaciones de: "ausente reparto 4 de octubre de 2006" y "desconocido 5 de octubre de 2006", procediéndose, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, a practicar dos intentos de notificaciones domiciliarias al interesado, de la incoación del expediente, y de conformidad con lo que establece el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, a la publicación en el Boletín Oficial de Canarias nº 220, de 13 de noviembre de 2006, de Providencia del Instructor de los expedientes sancionadores en materia de transportes sobre notificación de Resoluciones de iniciación de procedimiento sancionador a interesados, cuando una vez intentada la notificación, no se hubiera podido practicar, habiéndose enviado a la misma dirección donde se practicó con efectividad la comunicación de la resolución sancionadora impugnada a la entidad mercantil interesada y que es la que constaba en la base de datos informática del Área de Transportes del Cabildo Insular de Tenerife; sin que tal acto adolezca de defecto formal determinante de su anulabilidad, en el sentido previsto en el artículo 63.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, no causándose indefensión alguna a la entidad ahora recurrente, que pudo hacer uso de los medios de defensa admitidos por el ordenamiento jurídico para hacer valer sus intereses y formular cuantas alegaciones estimase pertinentes, prueba de ello lo constituye la propia interposición en plazo del presente recurso, procediendo confirmar la resolución sancionadora impugnada, dado su conformidad a Derecho, manteniendo la sanción impuesta en la misma.

Por la presente, vistos los preceptos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación, en base a lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo establecido en los artículos 6.1.R) y 61.2 del Reglamento Orgánico de esta Corporación Insular, vengo en desestimar el recurso de alzada interpuesto por Dña. Ágora Rosales Merenciano, en nombre y representación de la entidad mercantil Transportes Darias Hernández, S.L. confirmando la Resolución del Director Insular de Transportes, de fecha 12 de diciembre de 2006, que determinó la imposición de una sanción de mil quinientos uno (1.501,00) euros, manteniéndose, en consecuencia, en todos sus pronunciamientos."

Contra este Decreto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.

La cuantía de la sanción deberá ser ingresada mediante el documento de pago, que se adjunta, por los medios de pago y dentro del período que se establece en el mismo, de conformidad con el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Si el interesado no efectúa el pago al vencimiento del plazo otorgado, se procederá a su cobro por vía de apremio, con el recargo correspondiente, y en su caso, los intereses de demora, de conformidad con el artículo 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Lo que se notifica, advirtiendo de que contra el anterior Decreto cabe interponer el recurso indicado en el mismo.

Santa Cruz de Tenerife, a 25 de julio de 2007.- El Jefe de Servicio de Transportes, Pedro Luis Campos Albarrán.

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