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BOC Nº 156. Viernes 3 de Agosto de 2007 - 3131

IV. ANUNCIOS - Administración Local - Cabildo Insular de Tenerife

3131 - ANUNCIO de 25 de julio de 2007, relativo a Resolución de recurso de alzada planteado en el expediente sancionador de transportes nº TF-40840-O-06.

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Providencia de 25 de julio de 2007, del Jefe de Servicio de Carreteras y Transportes del Decreto de la Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife resolutorio de recurso de alzada planteado en el expediente sancionador de transportes nº TF-40840-O-06.

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 59, apartado 5º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, sobre notificación a interesado intentada y no practicada,

D I S P O N G O:

Notificar al recurrente que se cita el Decreto de la Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife de fecha 9 de abril de 2007, resolutorio del recurso de alzada planteado en el expediente sancionador de transportes nº TF-40840-O-06.

Contra este Decreto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día de la publicación del presente Decreto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.

"Visto escrito presentado por D. Pedro Hernández Jacinto, en nombre y representación de la entidad mercantil Transportes Vircan 2003, S.L., por el que se interpone recurso de alzada contra la resolución dictada por el Director Insular de Transportes de fecha 29 de noviembre de 2006 recaída en el expediente de referencia, y,

Resultando: que con fecha y hora 7 de marzo de 2006, 15,10, por agente de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil se formuló denuncia contra el vehículo matrícula 2145-DRX, del que es titular Transportes Vircan 2003, S.L. por circular con vehículo pesado desde La Esperanza hasta Buenavista, transportando madera triturada, para ser utilizada como abono, careciendo de documento de control conforme la Orden de FOM. 238/2003. El conductor desconoce los datos del destinatario. Presenta solicitud tarjeta de transportes MDP con fecha de entrada al Cabildo el 27 de octubre de 2005.

Resultando: que el día 9 de noviembre de 2006 se publicó la Resolución de iniciación del expediente sancionador de transportes nº TF-40840-O-2006 en el Boletín Oficial de Canarias nº 218, de 2006.

Resultando: que por el Director Insular de Transportes se dictó resolución, que ahora se impugna, de fecha 29 de noviembre de 2006 que venía a sancionar a Transportes Vircan 2003, S.L. con multa que ascendía a 1.001,00 euros, por infracción de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, artº. 141.19 LOTT, O. FOM 238/2003, de 31 de enero (B.O.E. de 13.2) y en base al artículo artº. 143.1.e) de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.

Notificándose la citada Resolución en fecha 19 de diciembre de 2006.

Resultando: que con fecha 4 de enero de 2007, D. Pedro Hernández Jacinto, en nombre y representación de Transportes Vircan 2003, S.L. interpuso recurso de alzada, en súplica de que se deje sin efecto la Resolución y sanción impuesta, alegando, en síntesis, que el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, en el artículo 6.2, sobre prescripción y archivo de las actuaciones, se indica que "transcurridos dos meses desde la fecha en que se inició el procedimiento sin haberse practicado la notificación de éste al imputado, se procederá al archivo de las actuaciones, notificándoselo al imputado, sin perjuicio de las responsabilidades en que se hubiera podido incurrir". Es más que evidente que han transcurrido más de dos meses desde el 7 de marzo hasta la fecha de publicación el día 9 de noviembre, un total de 219 días, en vez de los 60 días correspondientes a los dos meses que se indican. Que en el artículo 20 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, se establece que "si no hubiese recaído resolución transcurridos seis meses desde la iniciación, teniendo en cuenta las posibles interrupciones de su cómputo por causas imputables a los interesados o por la suspensión del procedimiento a que se refieren los artículos 5 y 7, se iniciará el cómputo del plazo de caducidad establecido en el artículo 43.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común". Desde la fecha de infracción a la fecha de publicación, han transcurrido más de siete meses, un total de 219 días y en la resolución no se hace mención a interrupciones por causas imputables al interesado.

Considerando: que el presente recurso observa los requisitos de índole objetiva determinantes de su admisión a trámite, tales como: capacitación, legitimación suficiente, e interposición en plazo.

Considerando: a tenor de la normativa sobre prescripción vigente al tiempo de la comisión de los hechos infractores, artículo 145.1 de la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de competencia y seguridad en el mercado de transporte por carretera, por la que se modifica parcialmente la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres "Las infracciones de la legislación reguladora de los transportes terrestres prescribirán de conformidad con las condiciones establecidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de un año". Determinándose en el artículo 132.2 de la mencionada ley procedimental que el plazo de la prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado más de un mes por causa no imputable al presunto responsable; y dado que entre las actuaciones sucesivas practicadas procedimentalmente no ha sido superado el plazo prescriptorio preceptuado, al no constatarse inactividad administrativa ni presunción de abandono por parte de la Administración en este tiempo, exigido por el Tribunal Supremo para configurar la prescripción, es por lo que resulta inoperante en el presente caso, no pudiendo estimarse que la potestad sancionadora se haya extinguido o haya decaído.

Considerando: determinando el artículo 146.2.3er párrafo, de la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de competencia y seguridad en el mercado de transporte por carretera, por la que se modifica parcialmente la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, que "El plazo máximo en que deberá notificarse la resolución del procedimiento sancionador será de un año, contado desde la fecha de iniciación del procedimiento", añadiendo el cuarto párrafo del mismo precepto que "el procedimiento para la imposición de sanciones previstas en esta Ley se iniciará de oficio por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia", siendo de aplicación, si se sobrepasase dicho plazo lo previsto en el punto 2 del artículo 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en cuanto que la resolución que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en el artículo 92; figurando técnicamente comprendido dicho espacio temporal entre la fecha de la Resolución de iniciación del procedimiento sancionador de transportes y la fecha de notificación de la Resolución sancionadora que lo finaliza; en este mismo sentido, al considerar el inicio del cómputo del plazo de caducidad desde la Resolución de iniciación del expediente sancionador adoptada de oficio por el órgano sancionador, ya se han pronunciado las últimas sentencias dictadas por los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, tales como las referidas a los Procedimientos Abreviados números 215/05, 254/05 ó 329/05.

Considerando: que el expediente que analizamos, según constancia documental en el mismo, se inició en fecha 11 de septiembre de 2006, siendo notificada la resolución sancionadora dictada por el Director Insular de Transportes en fecha 19 de diciembre de 2006, habiendo sido tramitado reglamentariamente el expediente sancionador por el Servicio de Transportes de esta Corporación Insular, no ha sido superado, en consecuencia, el plazo citado, a los efectos de entender el procedimiento sancionador caducado.

Considerando: del análisis de los elementos probatorios consignados en el expediente sancionador que examinamos, queda suficientemente acreditado que el vehículo TF-2145-DRX realizaba en el momento de ser denunciado un servicio de transporte público de mercancías, sin llevar a bordo del vehículo la carta de porte, albarán u otro que acompañara a las mercancías durante su desplazamiento, donde se documentara cada uno de los envíos en que se materialicen los contratos de transporte de mercancías por carreteras que celebren; incumpliendo la obligación determinada en el artículo 147.1 de la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de competencia y seguridad en el mercado de transporte por carretera, por la que se modifica parcialmente la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y en la Orden FOM 238/2003, de 31 de enero, por la que se establecen normas de control en relación con los transportes públicos de mercancías por carretera; constituyendo su incumplimiento una infracción grave a la normativa de transportes, debidamente tipificada en el artículo 141.19 de la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de competencia y seguridad en el mercado de transporte por carretera, por la que se modifica parcialmente la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.

Habiendo incurrido la entidad mercantil expedientada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 138.1.c) de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, en relación con el artículo único de la Orden FOM/238/2003, de 31 de octubre, por la que se establecen normas de control en relación con los transportes públicos de mercancías por carretera, en responsabilidad administrativa, sin que lo alegado o aportado por la entidad mercantil recurrente constituyera causa alguna de inimputabilidad de responsabilidad en la comisión de la infracción, recogidas en el artículo 194.2 del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, ni hubiera desacreditado la presunción de veracidad "iuris tantum" de los hechos infractores consignados en el boletín de denuncia (artículos 137.3 y 46.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), formulado por agente de la Guardia Civil, Agrupación de Tráfico, que, de conformidad con lo establecido en el artículo 32.2 y 3 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, prestan la cooperación necesaria a los miembros de la inspección de transporte terrestre para un eficaz cumplimiento de sus funciones, habiéndose ya graduado y atemperado desde un principio la gravedad de la infracción tanto en su consideración de leve como en la reducción ostensible de la cuantía de la sanción impuesta, con pleno acatamiento al principio de proporcionalidad, siguiendo los criterios que el legislador prevé para la graduación de las infracciones (artículo 143 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y 201.1 del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres), señalando, por demás, que la proporcionalidad es principio informador y de aplicación general a la actividad administrativa, como así es reconocido en el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, responsabilidad que se ha hecho efectiva a través de la Resolución sancionadora impugnada, cuya revocación ni modificación procede por haber sido dictada conforme a Derecho.

Por la presente, vistos los preceptos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación, en base a lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo establecido en los artículos 6.1.R) y 61.2 del Reglamento Orgánico de esta Corporación Insular, vengo en desestimar el recurso de alzada interpuesto por D. Pedro Hernández Jacinto, en nombre y representación de la entidad mercantil Transportes Vircan 2003, S.L., confirmando la Resolución del Director Insular de Transportes, de fecha 29 de noviembre de 2006, que determinó la imposición de una sanción de mil un (1.001,00) euros, manteniéndose, en consecuencia, en todos sus pronunciamientos."

Contra este Decreto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.

La cuantía de la sanción deberá ser ingresada mediante el documento de pago, que se adjunta, por los medios de pago y dentro del período que se establece en el mismo, de conformidad con el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Si el interesado no efectúa el pago al vencimiento del plazo otorgado, se procederá a su cobro por vía de apremio, con el recargo correspondiente, y en su caso, los intereses de demora, de conformidad con el artículo 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Lo que se notifica, advirtiendo de que contra el anterior Decreto cabe interponer el recurso indicado en el mismo.

Santa Cruz de Tenerife, a 25 de julio de 2007.- El Jefe de Servicio de Transportes, Pedro Luis Campos Albarrán.

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