BOC - 2007/103. Miércoles 23 de Mayo de 2007 - 801

III. OTRAS RESOLUCIONES - Consejería de Empleo y Asuntos Sociales

801 - ORDEN de 11 de mayo de 2007, por la que se aprueban las bases que han de regir en la concesión de subvenciones destinadas a entidades y organizaciones que realicen proyectos para mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y se efectúa la convocatoria para el año 2007.

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La concertación social en Canarias, fruto de la voluntad negociadora de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas y del Gobierno de Canarias, cuenta con una extensa tradición en la Comunidad Autónoma. En ella, y en los aspectos relacionados con la prevención de riesgos laborales, se abordan tradicionalmente diferentes cuestiones que tratan, de una parte, de mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, y, de otra, íntimamente relacionada con la anterior, de reducir los índices de siniestralidad laboral que afectan a nuestra Comunidad. Dichos objetivos tratan de alcanzarse mediante la definición y puesta en práctica del II Plan de Reducción de la Siniestralidad Laboral acordado por los interlocutores económicos y sociales más representativos y el propio Gobierno de Canarias, para el período 2005-2008, en el marco de la actualización de los Acuerdos de Concertación Social de Canarias de 21 de mayo de 2004.

El referido Plan de Reducción de la Siniestralidad Laboral contiene una serie de acciones a desarrollar para conseguir los objetivos señalados, por parte de los interlocutores económicos y sociales y por la Dirección General de Trabajo, de esta Consejería de Empleo y Asuntos Sociales y el Instituto Canario de Seguridad Laboral, adscrito a ella, así como por organizaciones o entidades creadas para la defensa de los intereses económicos y sociales que les sean propios y que realicen proyectos para la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

Estas acciones son financiadas a partir de los fondos procedentes del importe de las sanciones impuestas por infracciones a la normativa sobre prevención de riesgos laborales en los términos establecidos en la Ley 12/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2007, la cual prevé un crédito ampliable destinado a dar cobertura a los gastos de acciones dirigidas a la prevención de los riesgos laborales y a la minoración de la siniestralidad laboral, por el importe de la recaudación de ingresos que derive de sanciones impuestas.

Lo expuesto justifica la procedencia y conveniencia de articular las bases y efectuar una convocatoria de concesión de subvenciones, para el presente año 2007, a organizaciones o entidades sin ánimo de lucro que realicen proyectos para la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y reducir la siniestralidad laboral.

En su virtud, a iniciativa de la Dirección General de Trabajo y a propuesta de la Secretaría General Técnica, en uso de la competencia que me atribuye el artículo 10.4 del citado Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, modificado parcialmente por el Decreto 103/2000, de 12 de junio,

R E S U E L V O:

Primero.- Aprobar las bases, contenidas en el anexo I de la presente Orden y, efectuar la convocatoria para el año 2007, con destino a la concesión de subvenciones a organizaciones o entidades creadas para la defensa de los intereses económicos y sociales que les sean propios y que realicen proyectos para la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

Segundo.- Delegar, en el titular de la Dirección General de Trabajo, la resolución del procedimiento de concesión de las subvenciones, objeto de la presente convocatoria.

Tercero.- Facultar al Director General de Trabajo, a dictar cuantas Resoluciones se precisen para la aplicación de la presente Orden.

Cuarto.- Será de aplicación a la presente Orden, lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, hasta tanto se produzca la plena entrada en vigor de todo el articulado de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, que será el día 1 de enero de 2008, y en el Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, en todo aquello que no se oponga a los preceptos, de carácter básico, que se recogen en la citada Ley General de Subvenciones y en las bases de la presente convocatoria.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, a elección del interesado, recurso potestativo de reposición ante la titular de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en su sede de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la referida publicación, sin perjuicio de cualquier otro recurso que sea procedente.

De optarse por la interposición del recurso potestativo de reposición, no se podrá interponer el contencioso-administrativo hasta la notificación de la resolución expresa del recurso de reposición o hasta que se produzca la desestimación presunta del mismo.

Santa Cruz de Tenerife, a 11 de mayo de 2007.

LA CONSEJERA DE EMPLEO

Y ASUNTOS SOCIALES,

María Luisa Zamora Rodríguez.

A N E X O I

Bases que han de regir en la convocatoria para la concesión de subvenciones, destinadas a entidades y organizaciones creadas para la defensa de los intereses económicos y sociales que les sean propios y que realicen proyectos para mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

Base primera.- Objeto.

Uno. Las presentes bases tienen por objeto regular el régimen de concesión de subvenciones a organizaciones o entidades creadas para la defensa de los intereses económicos y sociales que les sean propios y que realicen proyectos para la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, en Canarias y que reduzcan la siniestralidad laboral, mediante la puesta en práctica de las actuaciones que se indican en el siguiente apartado.

Dos. Los proyectos a subvencionar deberán contener, como objetivos operacionales, los siguientes:

· La reducción del número de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales.

· El refuerzo de la prevención de las enfermedades profesionales y de las enfermedades derivadas del trabajo, entre las que se encuentran las enfermedades provocadas por el amianto, la pérdida de capacidad auditiva y los trastornos músculo-esqueléticos.

· La protección de los trabajadores, especialmente sensibles a determinados riesgos, de la maternidad, de los menores, así como de aquellos trabajadores con relaciones de trabajo temporales o de duración determinada, o contratados por empresas de trabajo temporal.

· La prevención y protección de los trabajadores frente a los riesgos nuevos o emergentes, especialmente aquellos asociados a la interacción entre agentes químicos, físicos y biológicos, así como al entorno de trabajo en su conjunto (riesgos ergonómicos, y riesgos psicológicos y sociales tales como el estrés y el acoso en el trabajo).

· La integración de la prevención en las empresas, mediante la implantación y aplicación de sistemas de gestión de la prevención de riesgos laborales.

Base segunda.- Requisitos de los proyectos.

Uno. Los proyectos a subvencionar deberán desarrollar acciones dirigidas a la consecución de uno o varios de los objetivos operacionales recogidos en la anterior base y, con destino a las pequeñas o medianas empresas de Canarias y/o a sectores/actividades económicos, que registren mayor siniestralidad.

Dos. Los proyectos que se presenten han de definir los siguientes extremos:

· Antecedentes y justificación de la necesidad de realizar la acción.

· Objetivos a alcanzar, detallando el contenido de la acción y su metodología.

· Materiales de apoyo.

· Fases en el desarrollo de la acción.

· Sector, rama o actividad a los que se dirige la acción, con determinación genérica de las empresas, sectores o actividades económicas a los que se dirige el proyecto.

· Ámbito territorial.

· Destinatarios dentro de las empresas, debiendo cuantificarse el colectivo a quienes se dirige la acción y precisarse los medios asignados a la misma.

· Resultados esperados.

· Evaluación de la acción.

· Dedicación de recursos.

· Retribución del personal que realiza la acción.

· Adquisición de material de apoyo.

· Alquileres de locales.

· Gastos directamente relacionados con la ejecución de la acción y la subcontratación.

· Otros costes generados en el desarrollo del proyecto.

· Determinación del personal que desarrollará las acciones.

Tres. Además de lo anterior, en atención a las acciones que se persigan con la ejecución de los proyectos, éstos deben contener lo siguiente:

A) Proyectos basados en acciones de colaboración, asistencia técnica y seguimiento de las actuaciones preventivas que se realicen en las empresas, deberán contener una o varias de las actuaciones siguientes:

· La determinación de las acciones de asistencia técnica dirigidas a la resolución de problemas derivados de la aplicación práctica y material de las actuaciones preventivas.

· El establecimiento de un Plan de visitas a las empresas a las que se refiere el proyecto.

· La determinación de las acciones encaminadas a la realización de la evaluación de riesgos y a la planificación de la actividad preventiva en las empresas.

· La definición de las acciones encaminadas a la implantación efectiva de las medidas de emergencia establecidas en el artículo 20 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en adelante L.P.R.L.

· El establecimiento de las acciones que lleven a la implantación y aplicación del plan de prevención de riesgos laborales, previsto en el artículo 16 de la L.P.R.L., así como la elaboración de la documentación prevista en el artículo 23 de la citada Ley.

B) Proyectos basados en acciones de información, divulgación o formación, deberán incluir una o varias de las actuaciones siguientes:

· El diseño de los métodos y contenidos de los programas relativos a la formación específica de los trabajadores, en relación con los riesgos específicos de sus puestos de trabajo (artº. 19 de la L.P.R.L.) incluyendo el desarrollo de dicha formación.

· El diseño de los métodos y contenidos de los programas relativos a la formación de técnicos de las empresas, encargados y mandos intermedios, incluyendo el desarrollo de dicha formación.

· El diseño de los métodos y contenidos de los programas relativos a la formación de empresarios, incluyendo el desarrollo de dicha formación.

· El desarrollo de acciones que fomenten el conocimiento y la aplicación por empresarios y trabajadores de las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales, en materia de prevención de riesgos laborales.

· El desarrollo de acciones de difusión entre los trabajadores y empresarios de los principios de acción preventiva de los riesgos laborales o de las normas concretas de aplicación de tales principios.

C) Proyectos basados en acciones de investigación, en materia preventiva, éstos deberán incluir:

· Memoria del proyecto de investigación, conteniendo los siguientes apartados: resumen estructurado, antecedentes y estado actual del tema, bibliografía comentada, objetivos, aplicabilidad y utilidad práctica de los resultados previsibles, hipótesis, metodología, plan de trabajo, experiencia del equipo investigador sobre el tema, recursos disponibles para la realización del proyecto y recursos necesarios no disponibles.

Base tercera.- Beneficiarios.

Uno. Serán beneficiarios de la concesión de las subvenciones reguladas en la presente Orden, las organizaciones o entidades sin ánimo de lucro, creadas para la defensa de los intereses económicos y sociales que les sean propios.

Quedan expresamente excluidos de esta convocatoria los Servicios de prevención ajenos y las Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social.

Dos. No podrán concederse nuevas subvenciones a los beneficiarios que tengan pendiente el reintegro total o parcial de subvenciones concedidas por cualquiera de los órganos previstos en el artículo 5 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, modificado parcialmente por el Decreto 103/2000, de 12 de junio, siempre que la Resolución de reintegro sea firme en vía administrativa y mientras no conste que se ha realizado el ingreso de la cantidad a reintegrar.

Así mismo no podrán concederse nuevas subvenciones hasta que el beneficiario justifique, conforme a lo establecido en el Decreto reseñado, las concedidas con anterioridad por el mismo órgano, siempre que haya concluido el plazo establecido para dicha justificación.

Tres. Los beneficiarios no podrán encontrarse incursos en ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13.2 y 3 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

Base cuarta.- Financiación y cuantía de la subvención.

Uno. El importe del crédito presupuestario que ha de financiar la presente convocatoria, asciende a la cantidad de cuatrocientos mil (400.000) euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 23.05.315B.480.00. P.I./LA 23419702 "Prevención Riesgos Laborales".

Dos. Solamente podrá ser objeto de subvención, un proyecto de los presentados por cada una de las entidades u organizaciones solicitantes.

Tres. Cada proyecto será subvencionado con una cantidad máxima de cuarenta mil (40.000,00) euros y mínimo de treinta y cinco mil (35.000,00) euros por proyecto, la cual compensará totalmente cada uno de los costes relativos a las acciones a desarrollar, pudiendo producirse modificaciones en los importes de las distintas partidas de gasto: A, B y C que se describen en la base quinta siguiente de la presente Orden, en cuantías que, en conjunto, no superen el 10% del importe total del proyecto y sin que, en ningún caso, pueda superarse el importe máximo del mismo.

Base quinta.- Costes subvencionables.

La actividad subvencionable comprenderá los siguientes gastos:

A) Las retribuciones del personal que realiza la acción. La retribución del personal administrativo, de coordinación, dirección o supervisión del proyecto, aunque recaiga en varias personas, no podrá superar el 25% de las retribuciones totales de la partida de personal. Se considerarán incluidos en esta partida tanto los gastos salariales como extrasalariales que constituyan los emolumentos percibidos por el trabajador.

B) Los gastos que se relacionan a continuación, los cuales no podrán superar el 25% del importe total de la subvención.

- Los gastos de adquisición de los materiales de apoyo relacionados directamente con la ejecución del proyecto.

- Los gastos de alquiler de locales, talleres u otras superficies en donde se realiza la acción en función de la dedicación de los mismos al proyecto, así como los gastos de arrendamiento de equipos, material didáctico que se distribuya, fichas prácticas o que se utilicen en el desarrollo de las actividades, gastos de difusión y publicidad del proyecto, trípticos, mailing, gastos de traducción, gastos de reproducción de aquellos materiales que sean un producto final de la operación y gasto de tratamiento informático de datos.

C) Otros costes generados en el desarrollo del proyecto. Se podrá incluir hasta un máximo del 5 por ciento de la suma de los apartados anteriores y podrán referirse a los siguientes:

- Agua, gas y electricidad: mensajería y teléfonos; material de oficina consumido; vigilancia y limpieza; gastos generales de administración y gestión; gastos de garantía bancaria y otros gastos financieros, siempre que estén directamente relacionados con la actividad subvencionada y que sean indispensables para la adecuada preparación o ejecución de la misma.

Base sexta.- Criterios de valoración.

A los efectos de establecer un orden objetivo de prelación, entre las solicitudes presentadas, los proyectos se valorarán atendiendo a los siguientes criterios y baremos:

- Antigüedad de la organización o entidad.


ANTIGÜEDAD PUNTUACIÓN

Más de 3 años 3 puntos

Entre 2 y 3 años 2 puntos

Entre 1 y 2 años 1 punto


- Experiencia de la organización o entidad en las materias objeto del proyecto.


EXPERIENCIA PUNTUACIÓN

Más de 3 años 3 puntos

Entre 2 y 3 años 2 puntos

Entre 1 y 2 años 1 punto


- Ámbito territorial del proyecto.

ÁMBITO TERRITORIAL PUNTUACIÓN


En toda la Comunidad 3,5 puntos

Autónoma Canaria

En 6 islas 3 puntos

En 5 islas 2,5 puntos

En 4 islas 2 puntos

En 3 islas 1,5 puntos

En 2 islas 1 punto

En 1 isla 0,5 puntos


- Índice de siniestralidad laboral del sector o actividad económica al que se dirige la acción. Dicho índice se define como la relación entre el número de accidentes registrados en un período de tiempo y el número promedio de personas expuestas al riesgo considerado, todo ello referido al período de tiempo de un año.

ÍNDICE PUNTUACIÓN


Más de 100 3 puntos

Entre 50 y 100 2 puntos

Menos de 50 1 punto


- Número de técnicos de prevención que ejecutan la acción.


NÚMERO DE TÉCNICOS PUNTUACIÓN

Más de tres 4 puntos

Tres 3 puntos

Dos 2 puntos

Uno 1 punto


- Experiencia y antigüedad de los técnicos de prevención que ejecutan la acción.


EXPERIENCIA PUNTUACIÓN

Y ANTIGÜEDAD



Más de tres años 4 puntos

Tres años 3 puntos

Dos años 2 puntos

Un año 1 punto


- Número de empresas afectadas por la acción.


EMPRESAS AFECTADAS PUNTUACIÓN



Más de 300 3 puntos

Entre 200 y 299 2 puntos

Entre 100 y 199 1 punto


Base séptima.- Solicitudes y documentación.

Uno. Las solicitudes, según modelo anexo II, se presentarán por duplicado y serán dirigidas al Ilmo. Director General de Trabajo de esta Consejería de Empleo y Asuntos Sociales, acompañadas de la documentación general, así como del proyecto que se pretende ejecutar.

Dos. En la solicitud, el interesado hará constar los siguientes extremos:

· Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales, autonómicas y frente a la Seguridad Social.

· Que no ha recibido ayudas o subvenciones con el mismo objeto de cualquier Administración o Ente público. En otro caso, hará constar las que haya solicitado y el importe de las recibidas.

· Que no ha recibido ayudas u otras atribuciones patrimoniales gratuitas de entidades privadas o particulares para el mismo destino o, en su caso, el importe de las recibidas.

· Que no se halla inhabilitado para recibir ayudas o subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma.

· Que el solicitante ha procedido a la justificación de las subvenciones concedidas con anterioridad por los órganos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma, en los términos establecidos en el artículo 31 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

· Que se compromete a cumplir lo dispuesto en los párrafos segundo y tercero del número 11 del artículo 52 de la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

· Que interesa el abono anticipado de la subvención, acreditando ante el órgano gestor que no puede desarrollar la actividad o conducta sin la entrega de los fondos públicos.

· Que acepta las bases, condiciones, requisitos y obligaciones que se contienen en la presente convocatoria.

Tres. Las solicitudes irán acompañadas de la siguiente documentación:

a) Documentos acreditativos de la personalidad del solicitante y, en su caso, de la representación de quien actúa en su nombre.

b) Documento de identificación fiscal del solicitante.

c) Copia del alta de terceros en el Plan Informático Contable de la Comunidad Autónoma de Canarias, debidamente cumplimentada por la Tesorería de dicha Comunidad Autónoma, en el supuesto de que el alta haya tenido alguna modificación o cuando la solicitud de subvención se realice por primera vez.

d) Plan de financiación o previsión de gastos e ingresos de la actividad a desarrollar o conducta a adoptar.

e) Proyecto a ejecutar.

f) Último recibo abonado del Impuesto de Actividades Económicas, en su caso.

g) Certificado de la Tesorería de la Seguridad Social de estar al corriente de las obligaciones de cotización.

h) Certificado de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias estatales y autonómicas.

i) No obstante lo anterior, en virtud de lo establecido en la Orden de 7 de marzo de 2005 (B.O.C. nº 53, de 15.3.05), desarrollada por Resolución de 16 de marzo de 2005 (B.O.C. nº 59, de 23.3.05) y la Resolución de 6 de junio de 2002, del Ministerio de Hacienda, departamento de Organización, Planificación y Relaciones Institucionales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se dispone la publicación del Convenio suscrito entre dicho ente y la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de suministro de información para finalidades no tributarias (B.O.E. nº 148, de 21.6.02), quedarán exonerados de aportar la acreditación de dichas obligaciones tributarias autonómicas y estatales, los interesados que, expresamente, autoricen a la Dirección General de Trabajo, a su obtención directa de dichas Administraciones.

j) Copia del alta de terceros en el Plan Informático Contable de la Comunidad Autónoma de Canarias, debidamente cumplimentada por la Tesorería de dicha Comunidad Autónoma.

k) Documento acreditativo de la antigüedad de la organización o entidad, así como de su experiencia en las materias objeto del proyecto.

l) Ámbito territorial del proyecto, índice de siniestralidad laboral del sector o actividad económica al que se dirige la acción y número de Técnicos de Prevención que la ejecutan con indicación de su experiencia.

m) Número de empresas afectadas por la acción y número de trabajadores de las mismas.

n) Documentos acreditativos, en su caso, del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 42 de la Ley 4/2003, de 28 de febrero, de Asociaciones de Canarias.

o) Declaración responsable, otorgada ante autoridad administrativa o notario público, acreditativa de no estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario de subvenciones, establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Base octava.- Lugar y plazo de presentación de las solicitudes.

Uno. Las solicitudes, con la documentación requerida en la base anterior, podrán presentarse en las siguientes dependencias:

- En Las Palmas de Gran Canaria, Instituto Canario de Seguridad Laboral, sito en la calle Alicante, 1, 35016.

- En Santa Cruz de Tenerife, Prolongación de la calle Ramón y Cajal, 3, Edificio Salesianos, planta semisótano 1, local 5, 38071.

Así mismo se podrán presentar en cualquiera de los registros, oficinas o representaciones señaladas en el artículo 3.1 del Decreto 164/1994, de 29 de julio (B.O.C. nº 102, de 19 de agosto), o bien en la forma prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Dos. El plazo de presentación de las solicitudes será de 15 días hábiles a partir del día siguiente al de publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de Canarias.

Base novena.- Comisión de Valoración.

Uno. Se constituirá una Comisión de Valoración, presidida por la persona designada por el titular de la Dirección General de Trabajo y de la que formarán parte, el Director del Instituto Canario de Seguridad Laboral, dos técnicos de este Instituto, que actuarán como expertos, y un funcionario del mismo que actuará como Secretario, todos designados por el referido Director General de Trabajo.

Dos. Son funciones de la Comisión de Valoración, analizar y valorar las solicitudes y documentación, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la base sexta anterior de la presente Orden y formular, al titular de la Dirección General de Trabajo, las propuestas de aprobación o denegación de solicitudes de subvención.

Base décima.- Procedimiento de concesión.

El procedimiento de concesión se realizará mediante concurrencia competitiva y se ajustará a lo previsto en el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 11 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, debiendo instruirse por el Servicio correspondiente de la Dirección General de Trabajo.

Base undécima.- Instrucción y resolución de la convocatoria.

Uno. Las solicitudes presentadas se tramitarán por el Servicio competente de la Dirección General de Trabajo, el cual verificará la documentación presentada por los interesados, formulando, en su caso, los requerimientos dirigidos a la subsanación de la documentación presentada y realizará los actos necesarios para la completa tramitación del expediente.

Dos. Las solicitudes de subvenciones serán resueltas por el titular de la Dirección General de Trabajo, por delegación de la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales.

Tres. El plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento de concesión de las subvenciones objeto de estas bases será, como máximo, hasta el 2 de noviembre de 2007.

Transcurrido el plazo anterior sin que se haya dictado resolución expresa, se entenderá desestimada la solicitud por silencio administrativo, de conformidad con lo previsto en el artículo 44.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y ello sin perjuicio de que subsista la obligación legal de resolver sobre la petición formulada.

Cuatro. Las Resoluciones de concesión se notificarán en la forma prevista por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Además, se efectuará su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, en los términos previstos en el artículo 10.5 del citado Decreto 337/1997, de 19 de diciembre.

Cinco. La efectividad de la Resolución de concesión de subvención está supeditada a la aceptación expresa por el beneficiario, que deberá otorgarla dentro del plazo de los 30 días siguientes a su notificación. En el caso de que no se otorgue, dentro del referido plazo, quedará sin efecto la subvención concedida.

Seis. En las Resoluciones de concesión se hará constar el abono anticipado de las subvenciones que se conceden. Esta forma de pago se justifica, habida cuenta del interés público que revisten los proyectos que se subvencionan y, la inexistencia del ánimo de lucro que preside el espíritu de las entidades beneficiarias, que no cuentan con los medios económicos suficientes para afrontar el gasto que ello conlleva. Se pretende de esta forma, garantizar el éxito y efectividad a las actuaciones que se subvencionan por la presente Orden.

Base duodécima.- Modificación de las Resoluciones de concesión.

Uno. Dará lugar a la modificación de las Resoluciones de concesión por el órgano que las haya dictado, sin que en ningún caso pueda variarse el destino o finalidad de la ayuda o subvención, la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias:

a) La alteración de las circunstancias o de los requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de la subvención.

b) La obtención por la entidad beneficiaria de ayudas o subvenciones concedidas por otros órganos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma y por otras Administraciones o Entes públicos para el mismo destino o finalidad.

c) La obtención de ayudas u otras atribuciones patrimoniales gratuitas de entidades privadas o particulares para el mismo destino o finalidad.

d) La superación de los topes previstos por la normativa comunitaria como consecuencia de la acumulación de ayudas o subvenciones en los períodos establecidos en la misma.

Dos. La modificación de las Resoluciones de concesión a solicitud de las entidades beneficiarias sólo procederá cuando concurran los requisitos establecidos en el artículo 26 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre.

Base decimotercera.- Plazo de ejecución de las actividades subvencionadas.

Uno. Las actividades subvencionadas deberán realizarse antes del 31 de diciembre de 2007.

Dos. No obstante lo anterior y, en su caso, los beneficiarios podrán solicitar la ampliación de dicho plazo, antes del vencimiento del mismo.

En base a lo expuesto, el órgano de concesión podrá acordar la modificación de la Resolución de concesión, siempre que se cumplan los requisitos del artículo 26 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, modificado parcialmente por el Decreto 103/2000, de 12 de junio.

Base decimocuarta.- Abono de las subvenciones.

Uno. El abono de las subvenciones se efectuará de forma anticipada, en atención a lo consignado en la base undécima, apartado cinco, de la presente Orden, dado que se trata de entidades que no pueden desarrollar la actividad o conducta sin la entrega de los fondos públicos, concurriendo en su concesión razones de interés público y social, por las características que revisten los proyectos que se subvencionan contribuyendo, de esta forma, al éxito y efectividad a las actuaciones que se subvencionan por la presente Orden.

Dos. En su caso, los beneficiarios habrán de prestar las garantías precisas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones que derivan de la concesión de las mismas, en la forma y cuantía establecidas en la Orden de 27 de julio de 2001, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se establecen las garantías para el abono anticipado de las subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

No obstante lo anterior, en las subvenciones cuya cuantía sea inferior a quince mil (15.000,00) euros, el órgano concedente podrá eximir a los beneficiarios de la prestación de garantías, siempre que concurran razones de interés público o social que lo justifiquen.

Tres. Asimismo, están exentas de prestar garantías para asegurar el cumplimiento de las obligaciones generadas por la concesión de subvenciones las personas y entidades que tengan reconocido tal privilegio por precepto legal, así como las siguientes, que se relacionan a continuación:

a) Los entes administrativos de la Administración autonómica y local.

b) Las empresas públicas de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma.

c) Las Universidades canarias.

d) Las Fundaciones que estén bajo el protectorado de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma.

e) Las entidades declaradas de utilidad pública.

f) Las entidades inscritas en el Registro de Entidades Colaboradoras en la prestación de Servicios Sociales.

Cuatro. Igualmente y, en atención a lo previsto en el artículo 29.7 del citado Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, y el Decreto 47/2005, de 5 de abril, por el que se delegan determinadas competencias en los titulares de los Departamentos, se podrá exceptuar a las personas físicas o jurídicas de la prestación de garantías, siempre que las mismas reúnan los siguientes requisitos:

a) Que hayan cumplido las obligaciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas anteriormente por cualquiera de los órganos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma.

b) Que acrediten hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y autonómicas y con la Seguridad Social.

Base decimoquinta.- Plazo y medios de justificación de la subvención.

Uno. El plazo de justificación de la realización de la actividad, del empleo de los fondos públicos recibidos, así como del coste real de la actividad, mediante la presentación de la documentación, relacionado en el apartado dos siguiente de esta base, será hasta el 28 de febrero de 2008. No obstante, en el caso de que se autorice una prórroga del plazo de ejecución de la actividad, automáticamente, quedará prorrogado el de justificación, en dos meses, contados a partir de la finalización de la actividad subvencionada.

Dos. Los medios de justificación:

a) Memoria que acredite la realización de la actividad subvencionada.

b) Relación nominal de facturas, acompañada del original, con indicación de la empresa, C.I.F. o N.I.F. de ésta y número de factura. Los justificantes originales presentados se marcarán con una estampilla, indicando en la misma la subvención para cuya justificación han sido presentados y si el importe del justificante se imputa total o parcialmente a la subvención, indicándose, en este último caso, la cuantía exacta que resulte afectada por la subvención. En todos los casos, se deberá cumplir con los requisitos previstos en el Real Decreto 1.486/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento que regula las obligaciones de facturación, modificado por el Real Decreto 87/2005, de 31 de enero.

c) Se adjuntará, asimismo, documento comprensivo de relación de facturas o documentos aportados en cumplimiento de lo previsto en el párrafo anterior, que incluirá: nombre y domicilio del proveedor, número de factura y cuantía de cada una, haciéndose constar la suma total del importe de las mismas.

Base decimosexta.- Obligaciones de los beneficiarios.

Los beneficiarios de las subvenciones quedarán obligados a:

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención. Así mismo justificar, ante el órgano concedente, el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimento de la finalidad que determine la concesión o disfrute de la subvención.

b) Realizar y acreditar la realización de la actividad que fundamenta la concesión de la misma, en el plazo y con los medios establecidos en la base decimoquinta de la presente Orden.

c) Acreditar el coste total de la actividad o conducta subvencionada, así como el importe de las ayudas, subvenciones u otros auxilios económicos recibidos de cualesquiera Administraciones, Entes públicos, entidades privadas o particulares.

d) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, la Intervención General, la Audiencia de Cuentas de Canarias o el Tribunal de Cuentas, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competente (Intervención General, la Audiencia de Cuentas de Canarias o el Tribunal de Cuentas), tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información les sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

e) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas.

Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos recibidos.

f) Acreditar, mediante certificado expedido por los órganos competentes y con anterioridad a dictarse la Propuesta de Resolución de concesión, que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y sin perjuicio de lo establecido en la Disposición Adicional Decimoctava de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.

h) Adoptar las medidas de difusión contenidas en la base decimonovena de la presente Orden.

i) Proceder al reintegro de los fondos recibidos en los supuestos contemplados en la base decimoséptima de la presente Orden.

j) Comunicar al órgano concedente las alteraciones que se produzcan en las circunstancias y requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de la subvención.

k) Llevar los registros contables a que vengan obligados de modo que permitan identificar de forma diferenciada las partidas o gastos concretos en que se han materializado las subvenciones concedidas, así como los demás ingresos propios o afectos a la actividad o conducta subvencionada, incluyendo las ayudas y subvenciones concedidas con el mismo objeto, y que por diferencia permitan obtener un estado de rendición de cuentas de las cantidades o fondos públicos percibidos en concepto de subvención.

l) No emplear los fondos recibidos en la adquisición de bienes o servicios entregados o prestados por personas o entidades vinculadas con el perceptor, sus administradores o apoderados. Así mismo, cuando el importe de la subvención concedida sea inferior al coste global de la actividad o adopción de la conducta que fundamentó su concesión, siendo la realización completa de la misma el requisito para la obtención de aquélla, la diferencia no podrá corresponder a adquisiciones de bienes o servicios entregados o prestados por personas o entidades vinculadas.

Se consideran personas o entidades vinculadas:

1) En el caso de que una de las partes intervinientes sea un sujeto pasivo del Impuesto sobre Sociedades, cuando así se deduzca de las normas reguladoras del mismo.

2) En el caso de que ambas partes sean personas físicas, cuando exista relación de consanguinidad hasta el segundo grado inclusive, o relación de afinidad hasta el tercer grado inclusive, y entre cónyuges.

m) Someterse a las actuaciones de control y seguimiento, por parte del Instituto Canario de Seguridad Laboral.

n) Observar y cumplir las instrucciones que, en relación con la actividad o conducta subvencionada, dimanen de la Dirección General de Trabajo de esta Consejería de Empleo y Asuntos Sociales y, en su caso, del Instituto Canario de Seguridad Laboral.

Base decimoséptima.- Reintegro.

Uno. El procedimiento de reintegro se ajustará a lo regulado en el artículo 36 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, modificado parcialmente por el Decreto 103/2000, de 12 de junio, regulador de las ayudas y subvenciones de la Administración Pública de Canarias, en todo aquello que no se oponga a los preceptos, de carácter básico, que se recogen en la citada Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Dos. Conforme a lo establecido en el artículo 37 de la citada Ley 38/2003, procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente, desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los supuestos que se indican a continuación, a los que les serán de aplicación los criterios de graduación siguientes, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera establecerse, a posteriori, por el órgano competente.

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran impedido. En este caso, procederá el reintegro de la totalidad de la cantidad percibida.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención.

c) En caso de incumplimiento parcial, la cantidad a reintegrar será un porcentaje de lo percibido equivalente al porcentaje de incumplimiento.

d) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los términos establecidos en las normas reguladoras de la subvención. Deberán devolverse las cantidades no justificadas debidamente.

e) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de la Ley 38/2003. En caso de incumplimiento total deberá devolverse el 20% de la cantidad percibida; si el incumplimiento es parcial, en proporción a éste.

f) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero previstas en los artículos 14 y 15 de la citada Ley 38/2003, así como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o Entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. En este caso, procederá el reintegro de la totalidad de la cantidad percibida.

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a los beneficiarios, así como de los compromisos por éstos asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, siempre que afecten o se refieran al modo en que se han de conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención. En caso de incumplimiento parcial, la cantidad a reintegrar será un porcentaje de lo percibido equivalente al porcentaje de incumplimiento.

h) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración, así como de los compromisos por éstos asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o Entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. En caso de incumplimiento parcial, la cantidad a reintegrar será un porcentaje de lo percibido equivalente al porcentaje de incumplimiento.

Los criterios de graduación indicados serán de aplicación, cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime, de modo significativo, al cumplimiento total y se acredite por éste una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos.

En el supuesto contemplado en el apartado 3 del artículo 19 del referido texto legal, procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad subvencionada, así como la exigencia del interés de demora correspondiente.

Asimismo, no será exigible el abono o procederá el reintegro del exceso en cualquiera de los supuestos siguientes:

a) Cuando la cantidad recibida exceda del porcentaje del coste total de la actividad o conducta fijado en las bases de la convocatoria o en la Resolución de concesión.

b) Cuando, por concesión de ayudas y subvenciones de otros Departamentos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma, de otras Administraciones o Entes públicos, la cuantía de las ayudas y subvenciones concedidas o recibidas supere el coste del objeto de la ayuda o subvención.

c) Cuando por haber recibido cualquier ayuda o auxilio económico de entidades privadas o particulares para el mismo destino, la cuantía de las ayudas o subvenciones concedidas supere el coste del objeto de las mismas.

d) Cuando por obtención de otros ingresos propios de la actividad o conducta subvencionada o afectos a las mismas o a la situación, estado o hecho en que se encuentre o soporte el beneficiario, la cuantía de las ayudas o subvenciones concedidas supere el coste del objeto de las mismas.

e) Cuando por acumulación de ayudas o subvenciones la cantidad recibida supere la cuantía compatible con la normativa comunitaria.

En todos los supuestos de reintegro indicados anteriormente, además de la devolución, total o parcial, de los fondos públicos percibidos indebidamente, se exigirá el interés legal de demora devengado desde el momento de abono de los mismos.

El interés de demora a que se refiere el apartado anterior se calculará sobre el importe a reintegrar de la subvención concedida o, en su caso, sobre la cuantía del exceso del coste que deba reintegrarse.

Base decimoctava.- Infracciones y sanciones.

Se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, y en el Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, en todo aquello que no se oponga a los preceptos, de carácter básico, que se recogen en la citada Ley General de Subvenciones.

Base decimonovena.- Publicidad.

Siempre que se haga publicidad a través de cualquier medio de comunicación o carteles anunciadores de los proyectos subvencionados, será obligatorio hacer constar explícitamente que se subvenciona por la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales.

Ver anexos - páginas 10979-10981



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