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BOC Nº 081. Martes 24 de Abril de 2007 - 1581

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

1581 - Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 13 de abril de 2007, del Director Ejecutivo, sobre notificación a D. Erasmo García Dóniz, interesado en el expediente nº 1302/06-M.

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No habiéndose podido notificar a D. Erasmo García Dóniz en la forma prevista en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la Resolución dictada en el expediente tramitado por esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural con referencia 1302/06-M de conformidad con el apartado cuarto del antes mencionado artículo,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Erasmo García Dóniz la Resolución de fecha 13 de marzo de 2007, recaída en el expediente de referencia 1302/06-M, y que dice textualmente:

"Incoa procedimiento sancionador

Vista la documentación que consta en el expediente nº 1302/06-M y teniendo en cuenta los siguientes antecedentes y consideraciones jurídicas,

ANTECEDENTES

1º) Con fecha 16 de marzo de 2004 se formula denuncia por Agentes de Medio Ambiente con motivo del vertido de escombros en el lugar conocido por Palo Blanco-Las Llanadas, término municipal de Los Realejos, resultando presunto responsable D. Erasmo García Dóniz.

2º) Con fecha 27 de mayo de 2004 se emite informe técnico en el que consta la ejecución de vertidos de escombros ocupando una superficie próxima a los 300 metros cúbicos.

3º) Con fecha 12 de junio de 2006 se emite nuevo informe técnico, comprobándose que la actuación denunciada se ha incrementado fundamentalmente con la aportación de tierra vegetal, dando lugar a una explanada de unos 2.000 m2.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I

Es competente para la incoación, tramitación y resolución del presente expediente la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 190.c).2 y 229 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2000, modificado por la Ley 4/2006, de 22 de mayo, en relación con el Decreto 189/2001, de 15 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia.

II

El hecho objeto del presente procedimiento, movimientos de tierras no autorizado, es constitutivo de presunta infracción administrativa al Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias aprobado por el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de agosto, modificado por la Ley 4/2006, de 22 de mayo, tipificada y calificada como grave en el apartado b) del artículo 202.3 que dispone "... la realización de actos y actividades de transformación del suelo mediante la realización de obras, construcciones, edificaciones e instalaciones sin la cobertura formal de la o las aprobaciones, calificaciones territoriales, autorizaciones, licencias u órdenes de ejecución preceptivas (...). Tendrán, en todo caso, la consideración de graves los actos consistentes en los movimientos de tierra (É)".

III

En virtud de lo prescrito en el artículo 189.1 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias aprobado por el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, serán responsables las personas físicas y jurídicas que infrinjan lo prevenido en este Texto Refundido y, en especial: a) en las obras, instalaciones, construcciones, edificaciones, actividades o usos del suelo ejecutados o desarrollados sin concurrencia de los presupuestos legales para su legitimidad [...] 1) Los promotores y constructores de las obras o instalaciones, actividades o usos [...]", y teniendo en cuenta los hechos expuestos, se imputa la presunta responsabilidad de los hechos a D. Erasmo García Dóniz.

IV

El artículo 219 del Texto Refundido sanciona con multa de 601,01 a 60.101,21 euros los movimientos de tierra no autorizados, proponiéndose, en el presente caso, una multa de quince mil (15.000) euros, de conformidad con lo informado por técnico competente en la materia, y sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción.

V

De conformidad con el artículo 179.1 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias, se procederá a la reposición de las cosas a su estado anterior a la presunta infracción en los siguientes supuestos:

a) Cuando se ubiquen o realicen en suelo urbanizable, cuya ordenación no se haya pormenorizado, o en suelo rústico, cuando sea necesaria la calificación territorial, carezcan de la misma.

b) Cuando instada la legalización, ésta haya sido denegada.

c) Cuando no se haya instado la legalización en el plazo concedido al efecto y de la instrucción del procedimiento resulte la incompatibilidad de lo realizado y proyectado con las determinaciones de ordenación ambiental, territorial y urbanística aplicables.

Por todo lo expuesto y en virtud de las competencias que me han sido conferidas,

R E S U E L V O:

a) Incoar procedimiento administrativo sancionador a D. Erasmo García Dóniz, por la presunta comisión de infracción grave al Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales Protegidos de Canarias aprobado por el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, modificado por la Ley 4/2006, de 22 de mayo, consistente en movimientos de tierra, afectando a una superficie de unos 2.000 metros cuadrados, sin los actos administrativos legitimantes, en el lugar conocido por Palo Blanco-Las Llanadas, término municipal de Los Realejos.

b) Designar como Instructor y Secretaria de este expediente sancionador a los funcionarios D. Felipe Sosa Plasencia y a Dña. Ana González Hernández, respectivamente, y como suplentes de los mismos, a Dña. Concepción Zamorín Fernández y Dña. Ángeles Bouza Cruz. Los nombrados Instructor y Secretaria deberán abstenerse de intervenir en el procedimiento y comunicarlo a su superior inmediato, de concurrir alguno de los motivos de abstención señalados en el artº. 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, pudiendo ejercer los interesados el derecho de recusación en cualquier momento del procedimiento por los motivos señalados en el artº. 29 de la citada Ley procedimental.

c) Significar al interesado que dispone de un plazo de quince días contados a partir de la notificación de la presente Resolución, para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer prueba, concretando los medios de que pretenda valerse hacerla efectiva, según lo que establece el artículo 16.1 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprobó el Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.

d) Advertir al interesado, asimismo, que si reconociera su responsabilidad o no presentase alegaciones, dentro del plazo de 15 días de que dispone, sobre el contenido del presente acto administrativo por el que se inicia la incoación del referido expediente sancionador, aquél podrá entenderse como Propuesta de Resolución de dicho expediente, a cuyo efecto dispondrá de un plazo de audiencia de quince días para alegar cuanto considere conveniente en su defensa, así como presentar los documentos e informaciones que estime pertinentes ante el Instructor del procedimiento, todo ello en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 8, 13.2 y 19 del Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.

e) Advertir al interesado que si al tiempo de formularse la Propuesta de Resolución o dictar la resolución definitiva del procedimiento sancionador, se hubiese obtenido la legalización de la edificación o resolución judicial firme suspensoria de la orden de demolición, se propondrá o acordará la multa que deba imponerse, con aplicación sobre la misma de una reducción del sesenta por ciento (60%), de conformidad con la Ley 4/2006, de 22 de mayo.

f) Advertir al interesado que en los supuestos contemplados en el fundamento de derecho V, se procederá a demoler las obras objeto del presente expediente. No obstante, de conformidad con el artículo 182.1, si procede a la demolición por si mismo en los términos que disponga la Administración, tendrá derecho a la reducción en un noventa por ciento (90%), según lo previsto en la Ley 4/2006, de 22 de mayo, de modificación del TRLOTENC, de la multa que deba imponerse o que se haya impuesto, siempre que se solicite con anterioridad a la finalización del correspondiente procedimiento de recaudación, mediante el correspondiente pago.

Si el restablecimiento del orden jurídico perturbado tuviera lugar mediante la legalización obtenida tras la imposición de la multa, los responsables de la perturbación que hubiesen instado la legalización dentro del plazo habilitado al efecto, tendrán derecho a la reducción en un sesenta por ciento (60%) de la multa que se haya impuesto en el procedimiento sancionador, de conformidad con la Ley 4/2006, de 22 de mayo, de modificación del TRLOTENC, siempre que se solicite con anterioridad a la finalización del procedimiento de recaudación mediante el correspondiente pago.

g) A los efectos de los apartados anteriores, el expediente administrativo se encuentra a su disposición en las oficinas de esta Agencia (sita en la Rambla General Franco, 149, Edificio Mónaco, semisótano) de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, en orden a garantizar el principio de acceso permanente de conformidad con el artº. 3 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.

El plazo máximo para resolver el presente procedimiento y notificar su resolución es de seis meses, transcurrido el cual se producirá la caducidad del mismo y consecuente archivo de las actuaciones, sin perjuicio de una nueva iniciación, de no haber prescrito la infracción.

Notifíquese la presente Resolución a los nombrados Instructor y Secretaria, así como al interesado."

Segundo.- Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias, para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 13 de abril de 2007.- El Director Ejecutivo, Pedro Gómez Jiménez.

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