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BOC Nº 070. Lunes 9 de Abril de 2007 - 1348

IV. ANUNCIOS - Administración Local - Cabildo Insular de Lanzarote

1348 - ANUNCIO de 12 de marzo de 2007, relativo a notificación de Resolución de pago voluntario fuera de plazo recaída en expediente sancionador por infracción a la legislación de transportes por carretera.

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Providencia de 12 de marzo de 2007, del Jefe de Servicio del Área de Transportes de este Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote, sobre notificación de Resolución de pago voluntario fuera de plazo recaída en el expediente sancionador por infracción a la legislación de transportes por carretera, que se relaciona.

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 59, apartado 4º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificada parcialmente por la Ley 4/1999, de 13 de enero), sobre notificación a interesados intentada y no practicada,

D I S P O N G O:

Notificar al denunciado que se cita, la Resolución de pago voluntario fuera de plazo recaída en el expediente sancionador por infracción a la legislación de transportes por carretera que le ha sido instruido por este Cabildo Insular.

Visto el informe/acta/denuncia que dio origen a la incoación del expediente.

Visto el Acuerdo de incoación de expediente de fecha 26 de julio de 2006, al que se formuló por el expedientado escrito de descargo en el que efectuó las alegaciones que creyó oportunas en defensa de sus derechos; solicitando por todo ello se deje sin efecto la sanción impuesta.

Una vez el Inspector denunciante se afirmó y ratificó en los extremos de su denuncia, el Instructor de este procedimiento mantuvo que quedaban desvirtuadas las manifestaciones vertidas por el inculpado y se derivaron los siguientes hechos probados: la L.O.T.T. establece que la actuación inspectora tendente a garantizar el cumplimiento de las normas reguladoras del transporte terrestre y de las actividades complementarias y auxiliares del mismo, estará encomendada a los servicios de inspección del transporte terrestre. El personal de los Servicios de Inspección del Transporte Terrestre tendrá, en el ejercicio de sus funciones, la consideración de autoridad. Los hechos constatados por el personal referido en el apartado anterior tendrán valor probatorio cuando se formalice en documento público, observando los requisitos legales pertinentes, sin perjuicio de pruebas que en defensa de sus respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los propios administrados. Los titulares de los servicios y actividades, los titulares de empresas en cuyas instalaciones se realicen actividades de transporte terrestre o relacionadas con el mismo, así como quienes ocupen la posición de cargador o remitente, mero expedidor o destinatario o consignatario en un transporte de mercancías, los usuarios de un transporte de viajeros y, en general, las personas afectadas por sus preceptos vendrán obligadas a facilitar al personal de la Inspección del Transporte Terrestre, en el ejercicio de sus funciones, la inspección de sus vehículos e instalaciones y el examen de los documentos, libros de contabilidad, facturas, títulos de transporte y datos estadísticos que estén obligados a llevar, así como cualquier otra información relativa a las condiciones de prestación de los servicios realizados que resulte necesaria para verificar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la legislación de transportes. Dicha obligación alcanzará, en todo caso, a todos aquellos libros, documentos de gestión, control o estadísticas cuya cumplimentación o llevanza obligatoria venga establecida por la normativa económica, fiscal, social y laboral o medioambiental que resulte de aplicación a los sujetos anteriormente señalados.

A tal efecto, los servicios de inspección podrán recabar la documentación precisa para el mejor cumplimiento de su función en la propia empresa o bien requerir la presentación de dicha documentación en las oficinas públicas correspondientes, así como, en su caso, la comparecencia del empresario o su representante, en los términos establecidos en la legislación de procedimiento administrativo, ante las oficinas públicas cuando sea requerido para ello. A tales efectos, en las inspecciones llevadas a cabo en carretera, el conductor tendrá la consideración de representante de la empresa en relación con la documentación que existe obligación de llevar a bordo del vehículo y la información que le sea requerida respecto del servicio realizado.

De lo practicado hasta el día de hoy se deduce que el vehículo denunciado se encontraba realizando un transporte privado de mercancías -materiales de construcción: ferralla- el día 15 de junio de 2006 por la carretera LZ-701 cuando fue detenido por la autoridad competente requiriéndose verbalmente al conductor la Tarjeta de Transporte, el permiso de circulación, la ficha técnica y seguro del vehículo matrícula 8174-DTZ, y su certificado de alta o TC2 actualizado. Al no poderla facilitar se requiere por escrito en la persona del conductor D. Hamoud Ould Ahmel Salem Ould Bouboutt con N.I.E. X-2606044-Y para que en el plazo de 10 días aporte la misma, advirtiéndole de que el incumplimiento acarrearía la instrucción del correspondiente expediente sancionador por obstrucción a la labor inspectora, que es el que nos ocupa.

Transcurridos más de un mes desde el requerimiento, no se hizo caso alguno al mismo desoyéndolo; siendo el conductor del vehículo representante de la empresa en la carretera y siendo responsable de la infracción por tanto la ahora expedientada.

A pesar de lo dicho y atendiendo al principio de proporcionalidad, la infracción se gradúa de conformidad a que es la primera vez que se imputan los hechos a la infractora además de que los hechos pudieron no ser intencionados, sino productos de la falta de diligencia debida en el buen empresario o de los propios trabajadores de la empresa.

Resultando que mediante la Resolución nº 3165/2006, se procedió a la incoación del expediente sancionador antes mencionado, para determinar la responsabilidad administrativa en que hubiese podido incurrir el inculpado por obstrucción a la labor inspectora al no facilitar a la inspección la documentación requerida -mediante requerimiento notificado al conductor D. Hamoud Ould Ahmel Salem Ould Bouboutt el día 15 de junio de 2006 que recoge y firma y se adjunta a esta incoación-, en el vehículo matrícula 8174-DTZ.

Resultando que, nombrado Instructor, sin que, notificado, el inculpado promoviese recusación, se instruyó el oportuno expediente para el esclarecimiento de los hechos.

Resultando que, notificada la oportuna resolución de incoación, así como la Propuesta de Resolución, el inculpado con fecha 3 de octubre de 2006, abona voluntariamente la sanción inicialmente propuesta de cuatrocientos un (401) euros (66.721 pesetas).

Considerando que, conforme establece la Ley 16/1987, de 30 de julio (modificada parcialmente por la Ley 29/2003, de 8 de octubre), el Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre y el artículo 8.2 del Real Decreto 1.398/1993, cuando la sanción tenga carácter pecuniario, el pago voluntario de la misma en cualquier momento anterior a la resolución podrá implicar la terminación del procedimiento.

Considerando que, conforme a lo previsto en los artículos 36.e), 44 y Disposición Adicional 1ª, letra o) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, corresponde a este Cabildo las competencias en materia de transporte, conforme al Decreto 159/1994, de 21 de julio, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos en materia de Transportes Terrestres.

Considerando que en la tramitación de este expediente se han observado las prescripciones legales y, en especial, las prescripciones de la Ley 16/1987, de 30 de julio (modificada parcialmente por la Ley 29/2003, de 8 de octubre); del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre y del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.

Dar por concluido el procedimiento instruido, estimar cometidos los hechos que se declaran probados y mantener la sanción pecuniaria propuesta de cuatrocientos un (401) euros, que ha sido íntegramente satisfecha por el sancionado; y no derivarse otra responsabilidad del expediente tramitado.

Lo que le comunico haciéndole saber que contra dicha Resolución, de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, podrá interponer con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que lo ha dictado, o directamente formular recurso contencioso-administrativo, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas o, en su caso, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el plazo de dos meses computados desde la fecha de notificación de la Resolución. Para el supuesto de interposición de recurso de reposición no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta. El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes si el acto fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo será de tres meses a partir del día en que se produzca el acto presunto. Transcurridos dichos plazos, podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Orden Jurisdiccional Contencioso anteriormente mencionado, sin perjuicio, en su caso, de interponer cualquier otro recurso que estime le asiste en derecho.

EXPEDIENTE SANCIONADOR Nº: GC/3030512/I/2006; POBLACIÓN: Arrecife (Lanzarote); TITULAR/PRESUNTO RESPONSABLE: Ould Bayada, Sidi Mohamed; N.I.F./C.I.F.: X2606044Y; MATRÍCULA DEL VEHÍCULO DENUNCIADO: 8174-DTZ; HECHO INFRACTOR, LUGAR Y FECHA: como consecuencia del acta de infracción nº 5724 formulada por el Inspector Jefe de Transportes D. Antonio Manchado Peñate/Inspectora: Dña. Elena María González Betancort- de fecha 15 de junio de 2006 (9,18,00) en la Vía LZ-701 (donde se hacen constar los hechos que se imputan y que motivan la incoación del presente procedimiento), y de las actuaciones practicadas se aprecia la comisión de una infracción a la normativa reguladora de los transportes terrestres, consistente en obstrucción a la labor inspectora al no facilitar a la inspección la documentación requerida -mediante requerimiento notificado al conductor D. Hamoud Ould Ahmel Salem Ould Bouboutt el día 15 de junio de 2006 que recoge y firma; PRECEPTOS INFRINGIDOS: artº. 141.10, artº. 33.3 y 4 de la Ley 16/1987, de 30 de julio (modificada parcialmente por la Ley 29/2003, de 8 de octubre), artº. 19 ROTT; CUANTÍA DE LA SANCIÓN: mil quinientos un (1.501) euros; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 143.1.f) de la Ley 16/1987, de 30 de julio (modificada parcialmente por la Ley 29/2003, de 8 de octubre), que la califica de grave.

Arrecife, a 12 de marzo de 2007.- El Secretario General, p.d., el Jefe del Servicio de Transportes Sanciones, Pedro M. Fraile Bonafonte.

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