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BOC Nº 140. Martes 19 de Julio de 2005 - 2541

IV. ANUNCIOS - Administración Local - Cabildo Insular de Gran Canaria

2541 - ANUNCIO de 6 de julio de 2005, relativo a notificación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 2 de junio de 2005, sobre resolución del recurso de reposición interpuesto en el procedimiento sancionador en materia de transportes terrestres nº GC-101400-O-04.

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Intentada la notificación personal al interesado y no habiéndose podido practicar, de conformidad con el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción modificada por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, procede insertar anuncio relativo a notificación de la Resolución recaída en el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de procedimiento sancionador en materia de transportes terrestres por la entidad Juga Canary Service, S.L., con fecha 23 de abril de 2005.

Rfa. procedimiento sancionador nº GC-101400-O-04.

Por medio del presente anuncio se le comunica que el Consejo de Gobierno Insular de esta Corporación, en sesión de fecha 2 de junio de 2005, ha resuelto el recurso interpuesto en el expediente sancionador antes referenciado, con el siguiente tenor literal:

"Examinados el procedimiento y el recurso de reposición, se han apreciado los siguientes

HECHOS

Primero.- El interesado ha interpuesto recurso de reposición, presentado a través del Servicio de Correos y Telégrafos, Sucursal nº 6, con fecha 23 de abril de 2005, contra la Resolución del Consejero de Turismo y Transportes de fecha 7 de marzo de 2005, recaída en el procedimiento sancionador antes referenciado, que resolvió sancionarle por infracción muy grave en materia de transporte terrestre.

Segundo.- El recurrente fundamenta su pretensión manifestando, en síntesis, su disconformidad con la desestimación de sus alegaciones del Pliego de Descargos relativas a la caducidad y al defecto de forma que observa en la denuncia, dada su ambigüedad. Que en sus anteriores alegaciones no entró en el fondo del asunto por considerar que la caducidad del procedimiento alegada era por sí suficiente para la anulación del expediente. Que la cuantía de la sanción es excesiva y desproporcionada. Que en la incoación del procedimiento no se han considerado algunas circunstancias concurrentes que hubiesen podido desvirtuar el hecho denunciado. Que el procedimiento se ha fundamentado en base a que las notificaciones hayan sido incorrectas. Que la resolución carece de la motivación suficiente, así como de la ponderación que debe presidir el ejercicio de potestad sancionadora.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La materia objeto de recurso es competencia de este Cabildo Insular, de conformidad con lo establecido en la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias y el Decreto 159/1994, de 21 de julio, de transferencias de funciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares en materia de transportes terrestres y por cable.

Segundo.- Artículos 54.1.b) y 113 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Tercero.- Examinados los requisitos de admisibilidad del recurso, relativos a la legitimación, forma y plazo para su interposición, se aprecia su cumplimiento.

Cuarto.- Las cuestiones planteadas por el recurrente se examinan a continuación:

1ª) En primer lugar, procede analizar la caducidad del procedimiento que excepciona el recurrente.

Al efecto, cabe decir que al procedimiento sancionador objeto de recurso es de aplicación la nueva regulación que establece la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de competencia y seguridad en el mercado de transporte por carretera, que modificó parcialmente la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT). En consecuencia, el régimen de la caducidad se regula en el artº. 146 de dicha Ley, y en dicho artículo expresamente se establece que "el plazo máximo en que debe notificarle la resolución del procedimiento sancionador será de un año, contado desde la fecha de iniciación del procedimiento" (artº. 146.2.3er pfo.); y, de conformidad con el párrafo 4º del artº. 146.2 de la LOTT "la iniciación del procedimiento se produce de oficio con el acuerdo del órgano competente".

Por lo cual, en virtud del artº. 145 de la LOTT y 132.2 de la LRJAP-PAC, el plazo que transcurre desde la fecha de la denuncia (4 de junio de 2004) hasta la notificación al interesado de la iniciación del procedimiento sancionador (1 de febrero de 2005), es de prescripción de la infracción, que resulta interrumpido en este último momento (notificación del acuerdo de incoación); entrando en juego el plazo de caducidad del procedimiento, cuyo cómputo comprende las fechas desde el acuerdo de incoación hasta la notificación de la resolución sancionadora [artículos 146 LOTT y 42.2 y 42.3.a) LRJAP-PAC].

2ª) Tras el examen del expediente, a la vista de las alegaciones del recurrente relativas al procedimiento sancionador, se observa que la tramitación del mismo se ha seguido según lo dispuesto en las normas de procedimiento aplicables. En virtud del principio de especialidad, resultan de aplicación los artículos 203 y siguientes del Reglamento que desarrolla la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre (ROTT).

En particular, en cuanto a la práctica de las notificaciones que el recurrente refiere como defectuosas, del examen de las actuaciones no se desprende dicha apreciación.

3ª) Respecto de las pruebas que fundamentan la resolución, cabe decir que constan en el expediente y que, como interesado, en todo momento ha podido comparecer y examinar el mismo, así como obtener las copias de los documentos que interesara a su defensa.

En este sentido, la denuncia da fe de que en el momento en que el vehículo fue objeto de control se realizaba un transporte y de que el vehículo fue sometido a un control de peso, constando en dicha denuncia los datos precisos que la relacionan con el tique que adjunta, sin que en su contenido se advierta ambigüedad ni defecto de forma que refiere el recurrente; el tique de pesaje, que igualmente da fe del peso del vehículo en dicho momento, por cuanto contiene el número de boletín al que se vincula, la matrícula de los vehículos sometidos a control, así como el número de identificación del Agente denunciante; y por encontrarse la báscula verificada a la fecha de la denuncia (4 de junio de 2004), según los Certificados de Ensayo y Verificación Periódica de la única báscula propiedad de esta Corporación adscrita al Servicio de Transportes (marca HAENNI, mod. WL 103/10t) en la que se efectuó el pesaje, de fecha 25 de abril de 2003 y validez de dos años, en los cuales se establece que su funcionamiento es correcto.

Las pruebas señaladas son suficientes para atribuirle la realización de un transporte con el exceso de peso que se determina en la resolución.

4ª) Por último, en cuanto a las consideraciones del recurrente relativas a la graduación de la sanción, cabe decir que se considera debidamente graduada, pues al efecto hay que precisar que el exceso de peso imputado es del 27,63% y que el peso máximo autorizado (PMA) del conjunto articulado es de 38.000 kg; por lo que a tenor del artº. 140.19 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, modificada parcialmente por la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de competencia y seguridad en el mercado de transporte por carretera, el exceso de peso superior al 15% en vehículos de más de 20 toneladas métricas de PMA es constitutivo de una infracción muy grave, sancionable con multa de 3.301 a 4.600 euros, artº. 143.1.h) de dicha Ley, habiéndose impuesto la sanción en la franja máxima prevista para tales infracciones, en razón al grave riesgo que comporta circular transportando tan elevado exceso de peso en un vehículo de gran tonelaje; siendo, por otra parte, la cuantía impuesta la que se establece en el baremo sancionador de la Dirección General de Transportes por Carretera del Ministerio de Fomento, de 23 de octubre de 2003, aplicable a las infracciones en materia de transporte por carretera cometidas a partir del 29 de octubre de 2003.

Por todo lo cual, la resolución impugnada se estima conforme a derecho y, en consecuencia, procede confirmarla.

En su virtud, el Consejo de Gobierno Insular, de acuerdo con la atribución conferida por el artº. 127.1.l), en relación con la Disposición Adicional Decimocuarta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, y con el artº. 73.A) del Reglamento Orgánico del Cabildo de Gran Canaria (B.O.P. de 24.2.92), en su redacción modificada en Acuerdo Plenario de fecha 31 de enero de 2000,

ACUERDA:

Desestimar la pretensión formulada en el recurso de reposición interpuesto por la entidad Juga Canary Service, S.L., presentado a través del Servicio de Correos y Telégrafos, Sucursal nº 6, con fecha 23 de abril de 2005, contra la resolución del procedimiento sancionador nº GC-101400-O-04, confirmando y manteniendo la resolución del Consejero de Turismo y Transportes, que impone una sanción de 4.081 euros."

Contra esta Resolución, que es firme en vía administrativa, podrá usted interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, de conformidad con los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de julio de 2005.- El Vicesecretario General, Órgano de Apoyo al Consejo de Gobierno Insular (Decreto nº 9, de 15.3.04), Sergio Ramírez Rivero.

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