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En cumplimiento de lo dispuesto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en Santa Cruz de Tenerife, en el recurso que se tramita como Procedimiento Ordinario nš 642/2004, interpuesto por el Sindicato FSAP-CCOO, contra el Decreto 209/2004, de 6 de septiembre, y las Órdenes departamentales de 7 de septiembre de 2004 de las Consejerías de Presidencia y Justicia; Infraestructuras, Transportes y Vivienda; Economía y Hacienda; Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación; Educación, Cultura y Deportes; Medio Ambiente y Ordenación Territorial; Sanidad; Empleo y Asuntos Sociales; Turismo; e Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías que establecían los servicios mínimos del personal funcionario adscrito a los distintos Departamentos de la Comunidad Autónoma de Canarias, como consecuencia de la huelga convocada para los días 10, 13, 17, 20, 24 y 27 de septiembre de 2004 y a partir del 27 de septiembre con carácter indefinido y dado que el acto objeto de impugnación es subsumible en lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, esta Dirección General, conforme a lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
R E S U E L V E:
Primero.- Ordenar la remisión del expediente administrativo que corresponde al recurso contencioso-administrativo nš 642/2004, seguido a instancia del Sindicato FSAP-CCOO.
Segundo.- Emplazar a cuantos aparezcan como interesados en el recurso contencioso-administrativo que se tramita como Procedimiento Ordinario nš 642/2004 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en Santa Cruz de Tenerife, para que puedan comparecer ante el mencionado Juzgado en el plazo de nueve días, a partir de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de Canarias.
Santa Cruz de Tenerife, a 26 de mayo de 2005.- El Director General de la Función Pública, Juan José Rodríguez Rodríguez.
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